La justicia y el tráfico de influencias

Introducción

El Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia ha impulsado un proceso de depuración en el sistema judicial, sin embargo existen males que han resultado difíciles de disminuir, uno de ellos es el "tráfico de influencias", un tema del que a diario se habla en los corrillos judiciales, pero que pocos se atreven abordar públicamente.

Debido a lo anterior, muchos litigantes y usuarios de la justicia, comentan con sorna que, el símbolo de la justicia, una mujer con los ojos vendados sosteniendo en las manos una balanza, es simplemente un adorno decorativo en algunos despachos judiciales.

El dinero y el tráfico de influencias en el Poder Judicial se convierten en muchos casos en las palabras claves para ganar juicios civiles y criminales. Aunque estas prácticas no son nuevas, se han profundizado a partir de 1990, cuando el frente sandinista perdió el poder y ganó las elecciones Violeta Barrios de Chamorro y comenzaron cambios en el Poder Judicial, nacidos de otras modificaciones institucionales, ya que en la década anterior existía un total control partidario sobre la administración de justicia.

Funcionarios de la administración pública, a partir de 1990 comenzaron a ver en el Poder Judicial, una forma de ejercer la profesión del derecho ventajosamente, especialmente con casos ligados al problema de la propiedad, lo que les dejaría excelentes réditos económicos.

Por su parte, muchos policías y miembros del Ejército, comenzaron a estudiar derecho al darse cuenta que sus posibilidades como militares desaparecían pero se abría el camino para ejercer el derecho utilizando las influencias en ciertas instituciones y deciden incursionar en procesos penales.

Fue así como a partir de 1992, en el Perú, se comenzó a crear de manera lenta y silenciosa pero fuerte, lo que algunos abogados denominan "mafia de litigantes". Con el pasar de los años a ello se sumó el cambio casi total de jueces, porque algunos renunciaron y otros fueron retirados de sus cargos.

Hoy, muchos funcionarios y ex funcionarios gubernamentales, diputados, ex policías, ex militares, ex jueces y ex procuradores, se han convertido en abogados cotizados, no por su basta experiencia, ya que en muchos casos es corta, sino por las influencias que tienen en instituciones relacionadas al poder judicial, como la Procuraduría y la Policía.

Un factor común

Estos abogados son buscados por "moros y cristianos" sin distinción de colores políticos, pero con un denominador común, dinero para pagar altos honorarios, dentro de lo cual se incluye las influencias que en determinados casos, constituye el factor fundamental, para salir victorioso de un proceso judicial.

Es así como se observa que ex funcionarios del gobierno o personas influyentes económicamente, no van a prisión o fácilmente salen de la cárcel por "razones graves de salud" como la torcedura de un tobillo o gastritis, mientras procesados que padecen de enfermedades terminales como cáncer, pasan sus últimos días tras las rejas.

De igual forma se observan casos, como el del socio mayoritario de Banco del Sur (BANCOSUR), Mario Hernández Colindres, quien se entregó a la Policía Nacional después de que su abogado, el ex juez, Ramón Centeno informara de un arreglo con la Policía Nacional para la entrega.

Hernández fue sobreseído después de que Centeno con "argucias legales" llevó el caso hasta el juzgado que estimó de su conveniencia y que al final lo sobreseyó definitivamente de todo delito.

De las pocas personas influyentes que han llegado a los juzgados o la cárcel, ninguno permanece ahí. El ex ministro de gobernación Alfredo Mendieta, sigue libre por un problema gástrico y de la columna, Orlando Murillo y Dionisio Chamorro, acusados de defraudar al extinto BANADES, fueron excarcelados, el primero por una torcedura de tobillo y el segundo por hipertensión, al final el Tribunal de Apelaciones los libró de toda responsabilidad.

Personajes como el ex presidente de la Asamblea Nacional, Alfredo César, pese a varias órdenes de captura aún se encuentra libre. En el caso de los Cuadra Shultz, nunca fueron detenidos pese a la orden de detención.

Un caso patético

Mientras, por ejemplo, al reo, Juan Carlos Jiménez Pavón le fue suspendida la condena un día antes de morir, después de que su familia gestionó por largos meses el beneficio para que muriera en su casa.

El Tribunal de Apelaciones, recientemente, se aprestó a sobreseer definitivamente a los procesados del "Narcojet", entre ellos a dos ex funcionarios del gobierno, cuando tenían nueve meses de permanecer presos, gozando de buena salud.

Mientras reos graves que padecen enfermedades terminales, como Francisco Gutiérrez, quien se encuentra desahuciado por leucemia, tiene 18 meses de estar en prisión cumpliendo una condena de cinco años por hurto de confianza de dos mil Nuevos Soles, sigue en espera de su resolución en dicho tribunal.

A los privilegios no tienen acceso todos, porque aunque "La Justicia es ciega" los reos que, llegan hediondos a quienes se les nombra abogado de oficio ante la carencia de dinero no son tratados de igual forma que los procesados de "saco y corbata" que llegan con un abogado influyente.

Por lo general los reos pobres, que son la mayoría, al final son sentenciados por ínfimas cantidades de dinero, como el menor de 15 años, Javier Manuel Mendoza, quien tuvo que pasar preso nueve meses por un supuesto hurto de cincuenta Nuevos Soles.

Aunque la Corte Suprema de Justicia ha hecho esfuerzos porque se disminuya la discrecionalidad en la aplicación de la Ley, la práctica persiste.

Una encuesta realizada por una magistrada de la sala civil del Tribunal de Apelaciones, reveló que el 48 por ciento de los encuestados considera que la administración de justicia es deficiente, 18 por ciento muy deficiente y sólo un 13 por ciento la calificó de eficiente.

Los encuestados atribuyeron la deficiencia a factores de: corrupción un 39.8 por ciento, desconocimiento de la Ley un 36 por ciento y falta de presupuesto un 37 por ciento.

La ley sirve para negociar

El sociólogo y analista político, Oscar René Vargas, considera que el tráfico de influencias es algo tipificado como una actitud corrupta, pero aceptado por la clase política nacional, porque los políticos lo practican, pero existe una aceptación social, porque no se entiende que es un acto de corrupción.

Es por ello que vemos a procuradores que todavía están ejerciendo a través de presta-nombres que cartulan en otro protocolo, pero son ellos los que tienen los clientes, indicó.

Vargas considera que para combatir el mal es necesario la educación pero también imparcialidad de la Ley porque aquí hay desprecio a la Ley y sólo se aplica para los enemigos no para los amigos. Es decir se aplica la Ley a quien se quiere "joder" entonces la gente recurre al "tráfico de influencia" para poder contrarrestar esa discrecionalidad de aplicación de la Ley, ahí radica el problema.

Hay que comenzar a cambiar las leyes, porque actualmente no hay procedimientos establecidos para algunos delitos como "el tráfico de influencias" lo que deja una discrecionalidad extraordinaria a los jueces, que sobre una misma sentencia pueden condenar a alguien y absolver al otro.

Aquí, agregó el analista, la Ley se utiliza para a partir de ella negociar la discrecionalidad de su aplicación, porque todo mundo sabe que se permite hacerlo y si no negocias se te aplica.

Vargas cree que por ello, ningún político está dispuesto a cambiar a profundidad las leyes porque todos están negociando con la Ley. Un ejemplo es el caso de los trabajadores del azúcar. Todo mundo sabe que no se aplicaron correctamente los Acuerdos de Concertación, pero dice Alemán, en el caso del Victoria de Julio: te voy a aplicar la Ley. Entonces por debajo le dieron cinco millones de dólares y dejó de molestar.

En el caso de los Certificados de Beneficio Tributario (CBT), como había una cuestión política, le dijeron a Camino Cristiano: o te plegás con nosotros o "jodemos" al que te financia, y el resultado fue –aparte de la venta de Osorno con todo y túnica– el sobre seguimiento definitivo para los Hermosos y a los otros los rempujaron. Esa es forma de aplicar discrecionalmente la Ley, indicó.

Vargas considera que el tráfico de influencias se ha convertido en una forma de ganarse la vida para cierto grupo de personas que tienen capacidad para hacerlo, ya que la Ley no prohíbe, por ejemplo, que los diputados litiguen aunque es un amoral.

Debido a ello, señaló se observa a bufetes de diputados o ministros que tienen a sus esposas o familiares litigando con tráfico de influencia desde sus despachos.

Para Vargas "el tráfico de influencias" tiene escalas; desde el grande hasta el pequeño. Del ex policía que conecta con su amigo que tuvo en la Policía y logra sacar al cliente en 24 horas, hasta el diputado o funcionario de alto nivel que usa su poder para obtener ventajas.

La gente, agregó el analista, siente que la justicia no funciona porque se ven casos como el de un hombre que tiene un año de estar preso, porque presuntamente se robó un cepillo para madera y se perdió un banco entero y no hay nadie preso.

Por eso la gente de abajo también busca cómo utilizar su "tráfico de influencias" con el policía menor.

Litigantes reconocen

Por su parte el ex procurador y ex juez, Boanerjes Ojeda, dijo que ha escuchado muchas afirmaciones de abogados sobre "el tráfico de influencias", pero habría que investigarlo para evitarlo, porque son formas de corrupción sobre la cual no se atreven a legislar.

Ojeda indicó que en su caso más bien ha tenido quejas de parte de funcionarios judiciales a quienes les ha dicho que están violando la Ley y se molestan.

Enrique Chavarría, litigante, ex oficial de Policía y ex juez, afirmó que no ha tenido oportunidades de tener ventajas porque los jueces que están ahorita no son los que estaban cuando él era judicial, y por el contrario, ha sentido rechazo.

Chavarría, quien litiga desde 1992, considera muy difícil demostrar "el tráfico de influencias", sin embargo en algunos jueces es notoria la parcialidad y la inclinación del procurador a determinados juicios, que hacen presumir alguna parcialidad en el proceso. Indicó que existen personas que tratan de actuar utilizando influencias porque quizá en sus cargos actuaron con abuso de poder.

La ley debería prohibir

El ex–juez, del Quinto Juzgado Penal de Lima, Eduardo Boza, afirmó que existen funcionarios y diputados que litigan a través de otros abogados, haciendo uso de sus influencias en instancias relacionadas al Poder Judicial, como la Procuraduría, para obtener ventajas.

Boza indicó que estas prácticas se presentan sobre todo en procesos judiciales sonados. En mi experiencia tuve dos casos en los cuales recibí llamadas e invitación a encuentros para hablar de la investigación, a lo cual siempre me negué. Por lo general se habla de corrupción en el Poder Judicial pero hay que buscarla en su entorno también, indicó Boza.

La juez Del Primer Juzgado Penal de Lima, Martha Quezada, recordó que en la Legislación Penal existen el delito denominado, negocios incompatibles con el destino, que se refiere a funcionarios que utilizando cargos públicos se dedican a esas mismas actividades, utilizando sus influencias.

Por ejemplo, "no estoy de acuerdo en que a los diputados se les permita litigar, ellos están en ventaja respecto al resto de litigantes y la población, incluso si le falta el respeto al juez, no se les puede llamar la atención porque se van amparar en su inmunidad". Para los diputados, el litigar debería ser una actividad incompatible con sus funciones.

Tampoco estoy de acuerdo, dijo Quezada, en que litiguen los militares o policías, a no ser cuando los designen defensores de miembros de la institución a la que pertenecen.

En cuanto a los ex jueces, Quezada no considera que su actividad sea incompatible con sus funciones, pero como juez hay que tener la entereza de aplicar la Ley sin necesidad de que se pueda ejercer alguna influencia, por sus relaciones con los demás judiciales. Eso se da pero hay que saber mantener la diferencia.

Bibliografía

NAVARRETE OBANDO, Luis Alberto: "Corrupción en la administración de justicia: ética y moral". 2014. www.monografias.com.

NAVARRETE OBANDO, Luis Alberto: "El sentido del derecho". 2013. www.monografías.com.

NAVARRETE OBANDO, Luis Alberto: "Una aproximación al derecho y sus complejidades". 2013. www.monografias.com.

NAVARRETE OBANDO, Luis Alberto: "Ética judicial". 2013. www.edu.red.

Autor:

Dr. Luis Alberto Navarrete Obando*

ABOGADO – DOCENTE UNIVERSITARIO – ESCRITOR

Cajamarca, 22 de Mayo del 2014.