- Resumen
- La autorregulación
- El caso español
- Los consejos audiovisuales en las Comunidades Autónomas
- Los consejos audiovisuales en otros países
- EPRA, Plataforma Europea de autoridades reguladoras del audiovisual
- Conclusión
- Anexos
- Bibliografía
Resumen
Los medios de comunicación, pese al gran poder que poseen hoy en día, siguen sin estar regulados. Esta labor no puede hacerla ni el Estado ni las leyes del mercado. Es por ello que deben constituirse organismos independientes que lleven a cabo la denominada autorregulación de las empresas comunicativas.
Los Consejos Audiovisuales son los organismos autorreguladores de este tipo de medios de radiodifusión. En este trabajo se analizará el porqué de la autorregulación y la naturaleza de los Consejos Audiovisuales de las comunidades autónomas españolas y de algunos de los países que ya cuentan con un organismo de esta índole. Asimismo, estudiaremos las características que ha de tener el Consejo Audiovisual de España.
Palabras clave: consejo audiovisual, EPRA, autorregulación, deontología periodística.
La autorregulación
El porqué de la autorregulación
Los medios de comunicación han alcanzado progresivamente un poder inmenso: política, cultura, economía…, en definitiva, todas las esferas de la sociedad se ven representadas, de un modo u otro, en los medios de comunicación. Es una muestra más de la libertad que tienen los países occidentales actualmente. No obstante, esa libertad debe ser administrada con una responsabilidad que, en muchos casos, se olvida.
Hugo Aznar[1]destaca que «resulta necesario llamar la atención sobre los riesgos que comporta la nueva situación. Riesgos como la degradación cultural provocada por unos medios que difunden contenidos de escaso o nulo valor, como el debilitamiento de una democracia sujeta a la manipulación de la opinión pública y la obsesión por la imagen, como la diseminación a todas horas de contenidos violentos, como el consumismo favorecido desde los medios, como el gigantesco desequilibrio Norte-Sur en la producción y difusión de los productos culturales, etc.». Pero, además, hay otros peligros ligados a la esencia misma de los grupos de comunicación: el aumento del poder en todo el mundo de los grandes magnates y la formación de los nuevos gigantes mundiales de la comunicación mediante fusiones y acuerdos de empresas que ya dominaban el mercado. El problema, concluye Aznar, es que «el verdadero riesgo en relación a los medios está en el desfase entre estos dos aspectos: su creciente protagonismo social, por una parte, y la ausencia de mecanismos para promover su responsabilidad, por otra.»
Otras actividades están reguladas por el Estado y/o por el mercado. En el caso de los medios de comunicación, no cabe ninguno de estos tipos de regulación.
Las regulaciones empresariales por parte del Estado se llevan a cabo desde dos posibles vías: el derecho y la propia prestación del servicio. En el primer caso, el ordenamiento jurídico español, a semejanza de otros países, contempla como derecho fundamental la libertad de expresión. Por lo tanto, una regulación a través del Derecho sería imposible por las limitaciones con las que éste cuenta: la universalidad de la ley, el peligro de su instrumentación política y la cuestionabilidad de cualquier regulación jurídica de la actividad de los medios, dado el valor preferente concedido a la libertad de expresión en las sociedades democráticas. En el caso de que el Estado pretendiera una propia prestación del servicio, se incurriría en inconstitucionalidad al existir un alto grado de peligro de censura y manipulación informativa. El único ámbito en el cual el Estado tiene potestad para ejercer en materia de comunicación es en los medios públicos, que no pueden monopolizar el ámbito de la información.
El mercado tampoco debe regular los medios de comunicación. Eso es lo que se puede concluir tras analizar el comportamiento de éstos a lo largo de las últimas décadas, en las que se ha producido un auge del neoliberalismo económico a nivel global. Los criterios de mercado han sido utilizados muchas veces por las empresas comunicativas con el fin de legitimar su falta de responsabilidad, argumentando que "es la audiencia la que elige y, si el medio tiene éxito es porque satisface al público". De esta manera, las leyes del mercado se imponen en las redacciones, como si éstas fueran un negocio cualquiera.
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