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Educación, Socialismo y Postmodernidad


Partes: 1, 2

    1. Resumen
    2. Socialismo del siglo XXI
    3. El debate posmoderno
    4. El desarrollo endógeno
    5. Papel de las Universidades y las Misiones
    6. Bibliografía

    RESUMEN

    La educación formal (institucional o informal) responde a un proceso histórico social, a unas condiciones económicas políticas y sociocultural determinadas, no es un proceso neutro, que pueda ser percibido solamente desde el punto de vista organizacional, de las funciones, roles de los miembros que la conformar, sino que es eminentemente social y se rige por principios filosóficos políticos y culturales del tipo de hombre que desea formar una sociedad y/o nación particular.

    La educación, en cualquiera de sus manifestaciones, no ha sido ni será nunca neutra, mas aun en el contexto actual, en el contexto de la globalización, del debate posmoderno y de las propuestas alternativas o adversas, de nuevas formas de organización societal , en el cuestionamiento de lo que ha sido las consecuencias de las ciencias frente al exaltamiento de la revolución informática y concretamente frente a los cambios que vienen ocurriendo en nuestro país donde se intenta replantear un nuevo tipo de sociedad y se ha dado inicio a un numero importante de propuestas educativas, se hace imprescindible el abordaje de la educación desde la perspectiva filosófica y sociopolítica.

    1-INTRODUCCIÓN

    Desde el año 2003, el actual gobierno con las misiones Robinsón, Ribas y Sucre, dio inicio a una propuesta de carácter educativo, cuyo propósito central es dar respuesta a quienes históricamente por sus condiciones de pobreza han sido excluidos del sistema educativo. En el caso concreto de la Misión Sucre, que persigue incluir en los estudios universitarios a mas de 400 mil jóvenes se ha dado inicio a un proceso con 22 programas que no solo persiguen la inclusión sino la creación de una nueva universidad que contribuya a su vez a la formación de un nuevo proyecto de país donde predomine la democracia participativa y protagónica, propulsar una economía de carácter colectivo cooperativista, donde se garantice la justicia social.

    El ministerio de educación ha señalado que esta misión podría durar de 7 a 10 años al tiempo que se va constituyendo la nueva política universitaria que tiene en la municipalización de la educación superior uno de sus principales propósitos.

    La municipalización o aldeas universitarias, que deben crearse en la mayoría de los municipios del país deben tener entre sus principios contribuir al desarrollo local y regional, pero con plena articulación al proyecto de país. No se trata de la típica descentralización educativa que solo busca deslastrar al estado nacional de una de sus principales responsabilidades como es la de garantizar la educación y mucho menos contribuir a la desarticulación de los Estados Nacionales como se hizo en el pasado reciente, con el aval y financiamiento de organismos públicos y privados nacionales e internacionales. Se trata de una universidad consona y comprometida con las realidades locales, que masifiquen sus potencialidades económicas pero no con fines de lucro individuales sino para el beneficio de todos cuya tarea fundamental sea enfrentar el problema de exclusión y pobreza contribuyendo al surgimiento de nuevas áreas de producción pero con condiciones diferentes a la del modo de producción y relaciones sociales del capitalismo.

    Sin embargo, es necesario advertir que muchas de estas propuestas de profunda intencionalidad de justicia social no están aun claramente definidas, salvo legítimos propósitos generales los cuales apoya la mayoría del país, los sustentos teóricos y filosóficos de esta nueva propuesta educativa tienen profundas ambigüedades y contradicciones que ponen en peligro sus buenos propósitos

    El gobierno ha anunciado su intención de enrumbar al país a un socialismo del siglo XXI el cual esta por definirse. Pero tanto el proyecto de país como el proyecto de educación que va a ser posible de ese nuevo hombre y esa sociedad deben ser el producto del debate no solo del presidente y de quienes lo acompañan en el gobierno, sino a través de un debate público del cual no puede ser excluido nadie entre esos las universidades tradicionales. Existe ya un consenso del papel excluyente de nuestras universidades, de su poca conexión y pertinencia con la realidad nacional, de haberse convertido en muchos casos en ghetos no solamente intelectuales sino en trinchera de oposición política del actual gobierno de no haber podido satisfacer la demanda de miles jóvenes en edades para estudiar, sino lo mas importante, no dar respuesta a los problemas fundamentales como son la pobreza y la justicia social.

    Al final las universidades, como todo el sistema educativo, han contribuido a legitimar más que a cuestionar el sistema de dominación y de desigualdad social. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, no podemos negar que en el seno de las universidades se han desarrollado y se desarrollan actividades de docencia, extensión e investigación que muchas veces enfrentadas a la propia institución, han perseguido el cuestionamiento y la transformación universitaria. Estos actores y estas experiencias no pueden ser excluidos.

    Estos actores y estas experiencias deben ser considerados en el debate sobre la nueva sociedad y la nueva educación del venezolano. Igualmente, el debate sobre la nueva universidad tiene que partir del seno de las universidades tradicionales, tanto las publicas como las privadas ya que ambas, sean autónomas o experimentales, están obligadas a responder constitucionalmente a una política nacional de educación. la autonomía no puede seguir legitimando feudos y privilegios particulares. Autonomía académica es la contribución desde las universidades a cogestionar los planes de desarrollo. La libertad de escoger autoridades y tomar decisiones académicas es siempre en el sentido de una gestión de lo colectivo, cuya máxima es siempre la nación venezolana. Universidades sostenidas económicamente con el erario público y bajo las directrices de las directivas de las políticas educativas nacionales no pueden estar excluidas por decisión propia y mucho menos por parte del Estado como garante de los bienes de la nación del nuevo proyecto de país.

    Es cierto que la urgencia de la demanda social no permite esperar a que se produzcan los cambios dentro de las tradicionales universidades pero tampoco se puede evadir la sustentación teórica y filosófica que genera el debate académico por que de lo contrario caeríamos en un vacío que nos llevaría al pragmatismo de la masificación educativo sin tener un norte poniendo en peligro la calidad académica.

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