Analizando un poco este tema, cabe destacar que esta Ley se derogó por inconstitucional porque bien esta sustentada en la misma Constitución al darle la carta magna la posibilidad al Estado de adoptar cualquier Política para solventar la economía nacional…
Ese delito tenía como bien Jurídico Tutelado la Economía Publica – Nacional, debido a que los vagabundos y malvivientes no aportaban nada a la economía del estado y regularmente no tenían modo honesto de vivir.
Sin Embargo, lo que causo la derogación de dicho precepto legal de los códigos penales fue el desuso del artículo, ese delito se volvió anacrónico, pasado de tiempo, inaplicable, arcaico. En fin, no es delito grave, ya que solo costaba el delito en pena administrativa (multa) y como pagaban? O peor aun en caso de arresto de 36 horas volvían a salir y los volvían a agarrar. Por ese motivo el artículo que contenía el delito y la sanción penal se volvieron inaplicables y debido a su inaplicabilidad y después de mucho tiempo cayo en desuso y los legisladores decidieron sacarlo de los códigos.
Sabemos que las fuentes del Derecho son 3: Las Formales, Las Reales y las Históricas… Las Reales conciernen a la necesidad del país en una época determinada y a lo que exige la sociedad… La sociedad evoluciona y con el tiempo hace inaplicables algunas leyes.
No se puede tipificar como delito que ser vago o maleante es un delincuente; se requiere pruebas, o flagrancia para comprobar el delito ante el ministerio publico. Así de acuerdo al delito es la sentencia.
De Vagos y Maleantes…
Así se llama la Ley que la Corte de Suprema de Justicia declaró nula por inconstitucional. Se trata de un instrumento legal de corte eminentemente totalitario, cuyos orígenes se encuentran en la época en que el gomecismo, aún con Gómez muerto, ejercía influencia en la política venezolana, en 1939. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1956, la modificó acentuando su carácter de normativa desconocedora de los más elementales derechos humanos.
Frente a la decisión de la Corte Suprema que llega después de muchos años de denuncias, se han erguido los que se dicen representantes del orden, de las buenas costumbres, de la moral ciudadana. ¿Cómo va a ser posible que salgan a la calle más de quinientos vagos y maleantes, azotes de barrios, enemigos de la sociedad? ¿No se dan cuenta del peligro que representan para los buenos ciudadanos?
¡Cómo si fuera un hecho irresponsable aplicar el derecho, hacer valer la Constitución! Ante esas reacciones uno se pregunta si esos mismos defensores del orden piensan que más peligrosos son los sujetos a quienes se les han aplicado las normas de la Ley sobre Vagos y Maleante que todos aquellos que sin ser "vagos" ni "maleantes", actúan deshonestamente como políticos, como hombres de negocio, como profesionales, como sindicalistas cuyo denominador común es que todo se vale para lograr lo que se quiere, ya sea dinero, poder, posición social.
En todas las naciones del mundo hay personas que reúnen condiciones de peligrosidad. En todas partes hay azotes de barrios, vagos, proxenetas, hechiceros, jugadores. A esas personas, si constituyen amenaza para la sociedad, se les aplican medidas pero sin negarles el derecho al debido proceso, sin privarlos ilegalmente de la libertad.
A todos los "buenos ciudadanos" horrorizados ante la decisión de la Corte, habría que decirles que a ellos también, sin ser "choros", se les podía aplicar la ley de Vagos y Maleantes. En efecto, todas las señoras que se dedican a la curación espiritual, a las esencias florales, a leer las cartas del Tarot, eran consideradas "maleantes" por la Ley anulada y a ellas se les podían enviar a un centro de reclusión. Se dirá que, en el caso de miembros prominentes de la sociedad, ello nunca ocurriría. ¿Acaso es un secreto que en Venezuela las leyes también se aplican, de mala manera, por conveniencias políticas?
Bueno seria exhortar al Poder Legislativo a aprobar una legislación que contemple la manera de tratar a los sujetos de alta peligrosidad pero siempre respetando el derecho al debido proceso, a la defensa y a la dignidad humana.
"El objeto fundamental de la Ley trata de plantear y de resolver el problema de la peligrosidad reglamentando los aspectos de la misma sin delito e inspirándose en el doble criterio de evitar, por una parte, que las autoridades de policía incurran en juzgamientos precipitados y arbitrarios, y por la otra, de crear medidas de seguridad que provoquen la readaptación social de los catalogados peligrosos, de su propio beneficio y en protección de la sociedad".
Si bien es cierto que, según dicha motivación se busca reglamentar la peligrosidad sin delito, la verdad que surge de la comparación entre la Ley sobre Vagos y Maleantes y la realidad jurídica es que, de las veinticuatro categorías contempladas en dicho cuerpo legal, dieciséis constituyen hechos punibles, faltos o delitos.
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