- Lineamientos para garantizar el acceso a la información pública
- Los límites y obstáculos en el acceso a la información pública
- La acción de hábeas data
- Notas
- Bibliografía
Un tema que comienza a discutirse en los países latinoamericanos en el marco de la demanda de los ciudadanos y la predisposición de los Estados en la búsqueda de su real democratización ("democratizar la democracia"), es el de facilitar y asegurar el derecho a la información y el recurso de hábeas data, como mecanismos que coadyuvan en la formación y ejercicio de la ciudadanía porque sirven de soporte y fortalecimiento al rol ciudadano. Éste implica un ejercicio responsable y conciente en la toma de decisiones frente a cualquier ámbito de acción en la vida pública.
Tal como menciona María Rosa Maurizi (2001: 1),
En el sistema democrático representativo no sólo importa la participación electoral sino que también toma relevancia la búsqueda de mecanismos de participación directa y, sobre todo, la incorporación de los ciudadanos en las decisiones trascendentes de su comuna, ciudad y país.
Para cumplir efectivamente este rol las personas requieren tener, en primera instancia, asegurado y reconocido formalmente "con fuerza de ley" el acceso a la información que produce y maneja el sector público, como instrumento que promueva la participación política, la lucha contra la corrupción y la interlocución con las diferentes instancias estatales, en relación a temas que los afectan inmediata y directamente en la construcción de su propio desarrollo. La labor del Estado es fundamental para brindar las condiciones apropiadas para que las personas puedan acceder libremente a la información que requieren en su vida cotidiana. Es así que,
El tipo de información por la cual las personas mostrarán interés dependerá de la posición que asuman frente al accionar del Estado, de lo que podríamos entender también como el nivel de participación y ciudadanía que ejerzan (ibídem: 4).
En cumplimiento de los mandatos impartidos por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Québec, en abril de 2001, el Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha abocado a una tarea permanente por garantizar y ampliar el acceso a la información en los Estados miembros, en el entendido de que su implementación efectiva ofrece un marco para el establecimiento de políticas de transparencia necesarias para fortalecer las democracias. Incluso, el debate público sobre el acceso a la información puede fomentar el afianzamiento de las democracias americanas.
El Plan de Acción de esta Cumbre estableció que la buena gestión y administración de la cosa pública requiere instituciones gubernamentales efectivas, representativas, transparentes y públicamente responsables, destinadas a facilitar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, plantea que para fortalecer una democracia más eficaz, crear la prosperidad y desarrollar el potencial humano, los Gobiernos de la región deben garantizar la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, y el libre acceso a la información, con el objetivo de establecer prácticas óptimas para mejorar la administración de la información que tienen los gobiernos sobre las personas y facilitar el acceso de los ciudadanos a dicha información.
El valor del acceso a la información comprende la promoción de los objetivos más importantes de las Américas, incluyendo democracias transparentes y efectivas, respeto por los derechos humanos, mercados económicos estables y justicia socioeconómica. (…) El Estado debe reconocer todos estos factores para garantizar en forma suficiente el derecho de acceso a la información. (Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2003).
En esta dirección, el Relator recomendó ya en su Informe del 2001 la promulgación de leyes que permitan el acceso a la información en poder del Estado y contemplen el derecho de las personas a acceder a sus datos personales (hábeas data). Asimismo, recomendó el impulso de políticas que promuevan y divulguen la existencia de estos derechos como herramientas legales para alcanzar la transparencia de los actos del Estado y como medio de fiscalización y participación de la sociedad.
Sin embargo, es un hecho que en América Latina, en general, los gobiernos no aseguran la publicidad de sus actos, impidiendo el acceso, la participación y el monitoreo efectivos de la ciudadanía. La mayoría de las dependencias gubernamentales no entrega la información que se les solicita. Las pocas que sí lo hacen, ni siquiera cumplen los plazos legales. En consecuencia, al igual que en la región andina, no existe un acceso efectivo a la información pública por parte de la ciudadanía.
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