Análisis de la situación político-social de Venezuela a comienzos del siglo XIX

Iniciado el proceso de liberación del poder español la opinión de la sociedad venezolana se divide entre realistas y patriotas. Sucesivos momentos históricos propicia la división de opinión de los pobladores crea tendencias entre grupos antagónicos o personalistas tales como: centralistas, federalistas, paecistas, santandereanos, bolivarianos, separatistas, tadeistas, gregorianos, federales, guzmancistas, continuistas, legalistas y un sin numero de partidos a nivel regional y local, adheridos a los paritos dominantes como el partido conservador y el partido liberal, los cuales dominaron la escena política nacional, desde el período pos independentista hasta iniciado el siglo XX.

A partir de 1830 en Venezuela, la escena sobre la cual se montan los proyectos políticos queda abierta a una multiplicidad de tendencias, influencias y tipicidades estrictamente venezolanas, que tornan poco factible el empeño de interpretar semejante escena en clave liberal o conservadora. En realidad, los llamados liberales venezolanos tenían mucho de conservadores, y éstos mucho de liberales. Ello es así por el modo específico como se presenta la construcción de la nación venezolana.[1]

Las ideas políticas en las cuales se sustentaban estos partidos políticos en la práctica fueron sustituidas por regímenes despóticos, en una sociedad donde los caudillos se hacen del poder a través de crueles guerras que en nada benefician a las grandes mayorías del conglomerado nacional. Los caudillos que dominaron la escena política nacional hasta mediados del siglo XX, se caracterizan por se individuos que por su fortuna, nivel de instrucción y fuerza de atracción sobre el pueblo llano, logra su apoyo incondicional que le permite obtener poder político y económico.

A finales del siglo XIX el partido liberal venezolano era más que un nombre, se encontraba dividido en fracciones, representada cada una en diversos caudillos, la fracción más fuerte, era la del caudillo que estaba en el poder.

En 1898 termina la presidencia del General Joaquín Crespo, ya había elegido sus sucesor, el General Ignacio Andrade quien estuvo bajos sus órdenes en la Revolución Legalista; la maquinaria crespista manipuló los resultados, quedando ganador su candidato, perdiendo el proceso eleccionario el General José Manuel Hernández (El Mocho Hernández), quién gozaba de gran popularidad.

Heredaba Andrade un país arruinado con los precios del café principal rubro de exportación de nuestra economía agro exportadora, en el mercado internacional en el suelo; el gobierno de Andrade pudo sortear las intentonas de desestabilización promovidas por el Mocho Hernández y de otro caudillo el General Ramón Guerra. Las victorias logradas por Andrade, le hizo sentirse afianzado en el poder, lo cual le permitió introducir cambios en la constitución para afianzarse en el poder y lograr y concentrar mayor poder político sobre el grupo de caudillos.

Cada vez que el sistema capitalista mundial se resiste, los coletazos de ese malestar repercuten directamente sobre Venezuela a través de las fluctuaciones de su comercio exterior, del cual ha sido tan dependiente tanto en el siglo XIX como en el siglo XX.

Al entrar en depresión los países industrializados disminuyeron su demanda de materias primas y productos alimentarios importados lo que afecto severamente las economías de los países productores y exportadores de esos bienes; así, a través del comercio exterior y los movimientos internacionales de capital, las consecuencias de las crisis capitalistas se trasladan a Venezuela.[2]

El ultimo parlamento del siglo XIX, denominado así por el historiador Ramón José Velásquez en su libro "La caída del liberalismo amarillo", aprueba la reforma constitucional que encenderá la flama de la última revolución del siglo XIX; las reformas aprobadas liquidaron las Circunscripciones Militares, modifico la composición política del parlamento, modificó la división política del país, postergo las aspiraciones autonómicas de las provincias y deja abierta las pretensiones continuistas del mandatario.

El acuerdo presentado por los sesenta y seis representantes que apoyan al gobierno, disponen volver a la división territorial en veinte estados que establecía la Constitución de 1894; reforma tres artículos de la Constitución Nacional; regula la organización provisional de los estados; excita al Congreso a dictar leyes constitutivas de las Cortes Federales y de Casación y de las Asambleas Legislativas y autoriza al Presidente Andrade para el nombramiento de funcionarios interinos que presidan este cambio radical en la organización política del país. En una palabra, un golpe de estado, en la cual los soldados están reemplazados por los diputados y senadores y los fusiles por las papeletas de votación.[3]