El conflicto social en las regulaciones institucionales del Estado

1. Introducción
2. Las reglas de actuación institucional frente al conflicto social
4. El servicio penitenciario y el servicio de otras agencias estatales
5. Conclusiones
6. Bibliografía

Introducción

El propósito de este trabajo es analizar las respuestas institucionales frente al conflicto social. Dado que así dicho es un tema inabarcable nos circunscribiremos a confrontar las actuaciones institucionales frente a demandas o necesidades concretas de grupos poblacionales o bien de personas individuales para aproximarnos al grado de correspondencia entre necesidad – individual o colectiva y respuesta de la institución pertinente.

Dado que la relación entre ambas partes no es lineal ni unívoca, necesitamos comprender a la red de intermediaciones que hay entre ellas; una vez reconstruida estaremos en condiciones de evaluar las actuaciones institucionales frente a las demandas sociales.

Llamamos "conflicto social" a las situaciones que se plantean cuando las formas de convivencia de un colectivo social, desde relaciones interpersonales hasta las tramas sociales vinculares, no permiten una expresión local de los problemas que pueda ser aceptada y a la que se le dé una solución apoyada en los términos en que fuera planteada.

El conflicto social nace ciertamente de intereses sectoriales que confrontan en la apropiación de algún problema en particular. La propia definición del problema es ya una cuestión que origina dificultades en tanto quienes lo sufren y quienes deberían aliviarlo no comparten, por lo general, los términos en que se plantea. No hay coincidencia sobre sus causas, las formas que adquiere, su gestión administrativa y política y, menos aún, sobre las eventuales soluciones que podrían aplicarse. La red de mediatizaciones que se impone crea condiciones desfavorables para una confrontación genuina ya que, desde cada uno de los 2 sectores implicados impera la voluntad de defender la posición tomada en cuanto a la formulación de las cuestiones que se ponen sobre el tapete y, los restantes pasos que se deberían seguir para alcanzar una solución. Esta necesidad de ser el "dueño" del problema genera tensiones suplementarias que impiden analizar los distintos términos en que, dentro de una confrontación de este estilo, se podrían expresar a través de una situación de diálogo, con interlocutores equiparables y sobre todo, argumentativa.

En este contexto, sostenemos que las respuestas del Estado son débiles, poco congruentes y no resolutivas. En algún extremo, la reacción estatal es, simplemente, la de no generar ninguna respuesta de modo tal que podría hablarse de un acto de omisión. Si el conflicto persiste, el Estado se inhibe cada vez más, hasta llegar a una situación en donde las partes en conflicto, sin mediación estatal, deben resolver de una forma no colaborativa la tensión existente entre ellos. Y si fuera el caso, la parte que no recibe una respuesta institucional que considere adecuada quedará excluida de una solución satisfactoria; a medida que esta situación se ahonda, así también su posición geopolítica se hace más desfavorable respecto de los centros del poder y de decisión.

La violencia generada por la ineficiencia de las instituciones se suma a la preexistente con lo que no solo no se resuelve el problema sino que se amplifica.

Los escenarios sociales toman una dirección firme hacia una resolución de la tensión mediante el uso de la violencia y eventualmente a la comisión de un delito. Y sobre todo, resulta en una profundización de los vacíos sociales que impiden la comunicación entre diferentes segmentos que necesitan ser complementarios, coordinados o aunados en esfuerzos comunes.

Las reglas de actuación institucional frente al conflicto social

Las instituciones proponen reglas de convivencia donde impera un des –conocimiento intencionado de la contraparte ("no conocer" para habilitar el "no actuar"); a la vez las personas, solas o en conjunto, carecen -en contra de sus intereses- del conocimiento necesario para pretender buscar soluciones institucionales a las insuficiencias que debería poder subsanar las políticas 3 sociales respectivas. La mutua ignorancia no es apelable por la gente; y es construida y fomentada por los estamentos decisorios. La arena pública, donde deberían expresarse las demandas en igualdad de condiciones políticas, queda desfigurada ya que buena parte de ella está ocupada por las actuaciones institucionales que suelen ser defectuosas, inapropiadas, e inefectivas. Lo que queda de ese espacio público está abarcado por diferentes formas de representación política que trata de asegurarse su propio caudal de legitimidad; en los hechos ninguna de las partes que ocupa buena parte del capital político social trata de generar formas de diálogo entre el cada vez más aumentada presencia – por la burocratización, organización formal, estamentos intermedios- y la cada vez menor capacidad de expresión directa de las demandas.(1) Por ende, el ciudadano común y corriente, no tiene ningún lugar legitimado donde ubicarse para reclamar, ser escuchado y convertirse en receptivo evaluador de las propuestas institucionales.