Derechos Humanos en dictadura argentina

Los sucesos desencadenados en marzo de 1976, que, en verdad, no permitirían precisar una fecha de inicio tan clara, más si atendemos el espiral de conflictos sociales que había inaugurado la década del setenta, han sido evaluados desde las más diversas aristas. De entre ellas, la cuestión de los Derechos Humanos, y expresamente su defensa por parte de ciertas organizaciones, resulta una forma apropiada de acercarse a la problemática que presentó para la sociedad argentina el nivel de violencia e impunidad operadas por el Proceso de Reorganización Nacional. De hecho, la temática a la que referimos daría lugar, a la manera de hilo conductor, a una revisión de los siete años de autoritarismo y la recuperación del Estado de derecho, a partir de 1983. Los Derechos Humanos, producto de conquistas sociohistóricas diversas, anclan nuestro recorrido por su sistemática violación llevada a cabo durante la dictadura, los prolongados intentos de reparación de las organizaciones sociales y los constantes vaivenes que en esta materia se han desarrollado en las últimas décadas, particularmente en las primeras de la posdictadura.

El sometimiento de los Derechos básicos

Para comenzar, es de subrayar que en los primeros meses de Dictadura la extensión de la represión, la ausencia de denuncias y acciones de oposición abierta por parte de los partidos políticos, de los sindicatos, de la Iglesia y de la prensa colocaron a la ciudadanía en una situación de suma indefensión. El estupor, el miedo, las parálisis y la inacción, tanto como la omisión, se extendieron hasta los más diversos rincones de la sociedad. En el marco de esa consumación del terror, se quebrantaron los derechos universales de por vida que tiene un sujeto. Más en específico, señalaremos algunos de los Derechos Humanos que fueron avasallados durante esos tiempos, y los que le siguieron, puesto que entendemos que los mismos fueron arrebatados en un transcurrir que incluyó el período democrático.

En primer lugar, la cara más visible de lo actuado por el gobierno de facto resulta la desaparición de personas. Al respecto, cabe apuntar que este método inédito de represión gubernamental, dirigido a suprimir la existencia de aquel individuo opositor, vulnera una amplia gama de Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, imponiendo un sufrimiento durable, tanto de carácter físico como psíquico, que trascienden al desaparecido y sus familiares. Entre éstos, se enfatizan la anulación los derechos a la libertad y a la seguridad personal (1); a no ser arbitrariamente detenido o preso (2), a un juicio imparcial en materia penal (3), a no ser sometidos a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser privado arbitrariamente de la vida (4).

Por otra parte, en el caso que la desaparición afecte a mujeres embarazadas y niños lactantes, como así fue debidamente registrado, se configura otra violación particular. Este hecho, compuso un método de privación de los derechos derivados de los lazos de sangre. De igual manera que la desaparición es un delito tendente a la aniquilación del desaparecido, en tanto la apropiación de niños constituyó un método de supresión de la familia y la identidad de la persona, configurando una violación a diferentes derechos consagrados (5). De este último punto podemos desprender uno que tiene amplia repercusión en la actualidad, como lo es la apropiación de niños de padres desaparecidos. Este terrible delito proviene de otro igualmente terrible, la desaparición de la madre mientras mantenía en su vientre al niño o la apropiación del niño durante el secuestro o desaparición de sus padres.

Las organizaciones de Derechos Humanos

La incuestionable revelación de estos delitos contra la individualidad de los sujetos resultan tan sólo un muestrario de las transgresiones a los derechos y garantías básicas de todo ciudadano. Contra estas formas embistieron las principales consignas de disconformismo y denuncia social más prematuras durante el período dictatorial. Poco a poco, a pesar de las medidas autoritarias y de las amenazas, a pesar de los secuestros y las desapariciones, muy lentamente comenzaron a escucharse algunas voces de protesta. Desde la ética y los principios, los sujetos reclamaban por sus derechos individuales. Se trataba de superar el silencio.

Primero fueron denuncias aisladas, búsquedas individuales. Luego, un conjunto de organismos de defensa de los Derechos Humanos comenzó a hacer denuncias públicas en el país y en el exterior. La mayoría de estos organismos se fundaron como consecuencia de la magnitud de la represión, no obstante, otros ya tenían historia en nuestro país, mientras que nuevas organizaciones florecerían ya en democracia.