26 de julio del 2004 el ex-gerente de la Empresa Cemento Chimborazo, Francisco Fierro, anunció medidas legales en contra de los anteriores administradores de la cementera. Fierro señaló que se han encontrado irregularidades financieras, "estaban buscando vender la Empresa a precio de huevo". El funcionario no precisó los nombres de los presuntos involucrados pero dijo que se trata de quienes encabezaron las dos últimas administraciones, "se hizo una compra de clinker en donde la empresa pierde 300 mil dólares por el descargue y transporte de ese material en Esmeraldas". Dijo además que tiene la autorización de la Junta de Accionistas para iniciar con las acciones legales para quienes compraron equipos con presunto sobreprecio.
Gustavo García, ex-procurador jurídico de la cementera denunció que hubo irregularidades en la compra del un separador de alta eficiencia que inicialmente estuvo presupuestado en un millón 500 mil dólares y que hasta el momento tendría un costo de 4 millones de dólares, "hay una auditoría que determina horrores en la parte técnica en la administración del Ing. Hugo Vallejos, una persona detestable para la Empresa", según García durante esa administración se habría dejado en "soletas técnicas" a la Empresa.
La Contraloría realizó una auditoría en Cemento Chimborazo, pero hasta ahora no se conoce ningún resultado final, "he pedido al contralor que se agilite la entrega del informe final", señaló Álex Alcívar, gerente general del Banco Nacional de Fomento (BNF). El director regional de contraloría, Humberto Gallegos dijo no conocer sobre el tema, "eso lo maneja una unidad que está en Quito".
En la Cemento los viáticos son otro sueldo
El tema de los viáticos vuelve a ser noticia en la Cemento Chimborazo. En el año 1998 el ex-presidente del directorio, Teodoro Gallegos Salem era cuestionado por los trabajadores por el cobro exagerado de viáticos. En el año 2004 Héctor Ballesteros, presidente de la Empresa, quien es además presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y primo político del presidente Lucio Gutiérrez cobró de la Cemento Chimborazo 3.384 dólares, sólo por viáticos. A esto hay que sumar que Ballesteros gana un sueldo mensual en la Cemento Chimborazo de 4.977,94 dólares por ejercer la presidencia de la cementera, según un rol de pagos. De lo que se conoce Ballesteros visitaba la Cemento Chimborazo tres días a la semana. Sin embargo, el alto funcionario no sólo percibe dinero de la Cemento Chimborazo. Como delegado directo del presidente Gutiérrez ante el BNF, ejerció las funciones de presidente del directorio de esa entidad, por ello ganaba dietas y viáticos. El 10 de febrero del 2005 el secretario general del BNF, René Jarrín, solicitó mediante oficio Nro. SG-2005-062 al gerente de finanzas de la entidad, Galo Soria, la reliquidación del año 2004 de las dietas del ex-presidente del directorio. Para cobrar esta reliquidación que ascendió a la suma de 18.816 dólares, Héctor Ballesteros, presentó la factura Nro. 0344. Al siguiente día los valores fueron depositados en la cuenta Nro. 0010183175 sin detallar de qué banco.
El mismo 10 de febrero Ballesteros extendió otra factura la Nro. 0343 en donde se descubre que el primo político del presidente ganaba 2.500 dólares por gastos de representación y 2.500 dólares por gastos de residencia, es decir, un total de 5 mil dólares mensuales. Sumado a la cifra que ganaba en Cemento Chimborazo Ballesteros pudo haber tenido unos ingresos superiores a los 10 mil dólares mensuales, es decir, ganaría más que Gutiérrez, quien lo puso en ese cargo.
En el BNF, en el año 2004, los miembros del directorio ganaron un total de 60 mil dólares por "gastos de representación" y "gastos de residencia" según consta en las partidas presupuestarias 4.15.06.06.000 y 4.15.06.09.000. En la Cemento Chimborazo los viáticos también son pagados a funcionarios y trabajadores. En el año 2004, Gustavo García, ex-procurador judicial de la empresa salió 56 veces a ciudades como Quito, Guayaquil y Ambato percibiendo un total de viáticos de 8 mil 593 dólares con 75 centavos. Es decir, que en promedio percibía 716 dólares mensuales sólo por viáticos.
Sumado a esto la Empresa paga viáticos a los dirigentes sindicales. Según la cláusula 33 del Contrato Colectivo, que norma ese beneficio, "el empleador (Cemento Chimborazo) se compromete a pagar los viáticos y/o subsistencias necesarias para estos fines (los sindicales), de acuerdo a la tabla de gastos de estadía y movilización". A renglón seguido se señala que la Empresa proveerá un vehículo a tiempo completo al Comité de Empresa, "así como el combustible necesario para la movilización".
Finalmente en la Junta General de Accionistas de la Cemento Chimborazo del 26 de marzo del 2004, se resolvió incrementar en un 100% las dietas que perciben los miembros del directorio por cada reunión, los gastos de representación del presidente del directorio, Héctor Ballesteros y sus honorarios. Carlos Julio Orozco, representante de la Corporación Financiera Nacional, fue el único que votó en contra de ese incremento.
En el BNF y la Cemento se cruzan los puestos.
Carlos Díaz Merino, actual gerente técnico de la Cemento Chimborazo, no es un personaje nuevo en la empresa. El 23 de octubre de 1997 suscribió dos actas de finiquito por renuncia voluntaria que sumaron un total de 57 millones 320 mil 863 sucres, pese a ello fue nuevamente requerido por Francisco Fierro, ex-gerente de la cementera en el año 2003 por lo que nuevamente se posesionó como gerente técnico.
Según fuentes de la Cemento Chimborazo, Carlos Díaz, quien también ejerció la gerencia general, puso en el puesto de asesor jurídico a Gustavo García, que a su vez se volvió la mano derecha de Francisco Fierro. García defendió a Fierro de los ataques del diputado Rodrigo García, quien cuestionó el manejo de la cementera.
Según su propia versión Gustavo García es ahora asesor jurídico en el Banco Nacional de Fomento. Además logró que su esposa, Ximena Díaz de García, ingresara con nombramiento como asesora de la regional del BNF en Riobamba. Pero los nexos familiares no quedan ahí. Según la documentación existente, Galo Vásquez Garzón, director de la empresa, también colocó a uno de sus hijos en la Cemento Chimborazo. Galo Vásquez Bosques ingresó a la Cemento Chimborazo con un sueldo de 300 dólares mensuales, sin embargo en su liquidación consta un rubro de 513.87 dólares. Vásquez ingresó en agosto del 2003 mediante la tercerizadora Eficientservi S.A. y su contrato duró un año. Mediante el memorándum Nro. 045A-GAF-04 del 30 de julio del 2004, la gerente administrativa de la Cemento Chimborazo, Paola Ortiz, solicitó un contrato de trabajo para Vázquez. En septiembre Ortiz solicitó un bono de 400 dólares para el empleado "por el trabajo realizado". En el documento la Jefa de Personal, Lili Martínez, observaba que "generalmente los bonos no deben superar el valor convenido".
Ballesteros: el paro lo provoca el contrato colectivo
Según Héctor Ballesteros el pedido de su salida por parte de los trabajadores de la Cemento Chimborazo y el cierre de carreteras son provocadas por las aspiraciones salariales de los trabajadores, "quieren un incremento del 25% en el nuevo contrato colectivo". Luis Quinchuela, secretario general del Comité de Empresa lo niega.
Hoy la administración de la Cemento Chimborazo reconoce que tienen 134 trabajadores, quienes reciben los sueldos estipulados por la ley, subsidios de antigüedad, bono escalafonario, y cuatro gratificaciones al año: el 21 de abril por las fiestas de Riobamba, 1 de mayo, 10 de agosto, 15 de noviembre por el Día del trabajador cementero y una liquidación adicional de vacaciones. Además en la cláusula 54 se establece que Cemento Chimborazo seguirá pagando el impuesto a la renta de cada uno de los trabajadores, "como lo viene haciendo en la actualidad".
La Primera revisión del décimo octavo contrato colectivo firmado el 15 de febrero del año 2003 también garantiza una estabilidad de cuatro años a cada uno de los trabajadores. Este contrato colectivo caducó el 15 de febrero de este año por lo que la clase sindical se apresta a negociar uno nuevo con los administradores. En la cláusula 17 los trabajadores también se protegen del vaivén económico pues preveen un cambio de moneda en el país y una devaluación monetaria, "si éstas llegase a producirse, las partes tratarán de llegar a un acuerdo en un plazo no mayor a tres meses a partir de la fecha de vigencia de la nueva moneda".
Pero como en otros contratos del sector público en Cemento Chimborazo los puestos se heredan. Según la cláusula 20 "de existir una vacante se dará preferencia a los hijos de los trabajadores, siempre y cuando reúnan los requisitos para cubrir dicha vacante, previo concurso de merecimientos".
Según la ley los turnos nocturnos son pagados con el 25% adicional, sin embargo en esta Empresa se reconoce el 80%. En la cláusula 33 se establecen las especiales condiciones de los dirigentes de los trabajadores: permisos con el 100% de sus sueldos y salarios y por el tiempo que fuere necesario, viáticos y subsistencias para los sindicalistas y un vehículo a tiempo completo para el Comité de Empresa.
Otras cláusulas
Cláusula 55.- Establece que Cemento Chimborazo contratará pólizas de seguro privadas con una cobertura de 24 horas al día.
Cláusula 56.- En cada una de las gratificaciones (21 de abril, 1 de mayo, 10 de agosto y 15 de noviembre el trabajador recibirá otro sueldo).
Cláusula 58.- Cemento Chimborazo podrá realizar préstamos a sus trabajadores hasta por 6 sueldos, con un plazo de 30 meses y sin intereses.
Cláusula 59.- Becas estudiantiles a los hijos de los trabajadores que tengan en promedio 17.51.
Cláusula 62.- Cemento Chimborazo entregará 35 mil dólares para el agasajo navideño de los trabajadores.
Cláusula 65.- Habrá paseos anuales de los trabajadores a Atacames en donde Cemento Chimborazo posee cabañas.
Un viaje sin justificativos por orden del directorio
En el año 2003 el ex-gerente de Cemento Chimborazo, Francisco Fierro, quien es además presidente de Sociedad Patriótica (SP) en Chimborazo admitió haber realizado un viaje a China conjuntamente con el diputado Gilmar Gutiérrez por invitación del Partido Popular Chino, "fue una invitación política, pero aproveché del viaje para gestionar la compra de clinker". El viaje, según su versión, fue financiado por el gobierno chino. De lo que se conoce nunca se concretó una negociación con ese país.
El 18 de mayo del 2004 el directorio de la Cemento Chimborazo, autorizó el viaje de Héctor Ballesteros y Carlos Díaz, gerente técnico de la empresa a la ciudad de Berlín en Alemania para visitar al Refra Koloquiun 2004. El periplo duraría desde el 30 de mayo al 13 de junio del 2004 y la empresa pagaría viáticos y subsistencias. No obstante el viaje de Ballesteros y su acompañante se extendió a otras ciudades de Europa. Así lo atestigua un memorándum interno del 18 de junio del 2004 en donde Ballesteros solicita al mismo Carlos Díaz, el pago de una factura por pasajes aéreos que los llevaron a Hannover-Zurich-Grass y Berlín, "para atender asuntos relacionados con el mejoramiento de la producción". En total por este viaje Cemento Chimborazo canceló 7.007,92 dólares en pasajes, viáticos y subsistencias.
El 12 de julio del 2004 el directorio de la Cemento Chimborazo autorizó el cobro de viáticos por parte de Carlos Díaz, "sin que los referidos viáticos sean sujetos de liquidación o justificación".
ENTREVISTA.
Héctor Ballesteros, presidente de directorio del Banco Nacional de Fomento.
Héctor Ballesteros tiene 62 años de edad, es médico veterinario, casado con Martha Hurtado Borbúa, prima del presidente Lucio Gutiérrez. En una entrevista con Diario Hoy justificaba haber accedido al puesto por ser pariente de Gutiérrez, "es fácil decir que no pondrá a los familiares cuando se está fuera". En esta entrevista dice que no cobra dos sueldos, aunque en algunas respuestas se contradice.
Los trabajadores del BNF piden su salida con un paro en Guayaquil. ¿Cuál es su respuesta?
Si por haber realizado acciones para mejorarle al BNF, ponerle en el sitial en el que se encuentra ahora como una de las mejores entidades financieras del país tengo que irme del Banco, me iré con todo gusto. Parece que trabajamos.
¿Los trabajadores de Cemento Chimborazo también piden su salida?
Es igual. Cuando trabajamos en función de mejorar y hacer trabajar a las personas no les caemos bien. En la Cemento Chimborazo cuando llegamos hace un año y medio producía 400 toneladas al día, hoy produce 700 toneladas/ día. Cuando la política interviene y creen que debemos salir las personas, yo prefiero que se vayan las personas y sobrevivan las entidades.
¿Se dice que usted cobraría dos sueldos en el BNF y Cemento Chimborazo?
Eso es una falacia. Es una mentira. Si sería así no cree que me hubieran denunciado hace dos años que trabajo en el BNF y en la Cemento Chimborazo.
¿Ha conversado con el presidente de la República sobre estos temas?
Lo sabe el presidente, si yo lo represento a él no va a estar al tanto. El presidente me ha dado su respaldo. De lo que yo conozco lo único que querían los señores es más dinero tanto del BNF como de la Cemento Chimborazo, a pesar de que en la Cemento el promedio de sueldos de un obrero está en 2.500 dólares mensuales y estos señores están pidiendo que se incremente 25% más en el Contrato Colectivo, o sea que ellos quieren llegar a más de 3 mil dólares mensuales, no sé si es que todos los trabajadores del país tengan ese tipo de salarios.
¿Usted ganaría 4900 dólares en la Cemento Chimborazo?
Ahí si tengo un sueldo en la Cemento Chimborazo de 4 mil dólares mensuales. Y usted me va ha decir por qué gano eso, porque estoy dirigiendo una empresa y le hecho producir. Creo que cualquier directivo tiene derecho a ganar bien porque ningún directivo va a ganar menos que los empleados, sino yo le preguntaría cuánto gana el gerente de su diario. Se merece él ese sueldo y usted se merece el sueldo de acuerdo a la labor que realiza.
¿Usted habría cobrado 18 mil 800 dólares por una reliquidación en el BNF?
Lo que he cobrado son 16 mil dólares, pero son sueldos atrasados del 2004 y ahí están y me gustaría que ustedes le pidan la papeleta. Cobre esto porque recién me aprobaron el presupuesto del BNF. Cuando hay mentes perturbadas que quieren hacer escándalo por una de esas cosas para buscar protagonismo politiquero es una pena para la institución.
¿En el año 2004 el directorio de Cemento Chimborazo aprobó un viaje de usted y Carlos Díaz a Alemania, sin embargo ustedes también fueron a Suiza?
Y qué cree que nos fuimos a pasear. Fuimos a buscar cómo mejorar la planta y fuimos invitados una parte del viaje por la empresa… una empresa alemana y el resto hemos cobrado unos pocos días de viáticos para realizar los trabajos de mejoramiento de la planta y eso casi no le ha costado nada a la empresa. Había que mejorar una torre para que no desaparezca una planta que es del Estado y que siempre ha sido mal manejado.
¿Holcim le dejaría de vender clinker a la Cemento Chimborazo?
Nosotros no compramos clinker desde hace seis meses.
¿Cuánto haría falta para modernizar la Cemento?
Para modernizarla totalmente yo creo que se necesitaría unos 30 millones de dólares.
¿Cree usted que hay la capacidad de garantía para obtener dinero?
Nosotros no vamos ha llegar a una modernización total, pero si en forma paulatina. Le comento que tenemos ofertas de empresas alemanas, inglesas para invertir, pero con esto que esta sucediendo creo que hemos perdido esa oportunidad para que no desaparezca una empresa del Estado.
¿Ratifica que el presidente le ha dicho que se mantenga en el cargo?
Sí señor.
Reportaje publicado en Diario La Prensa el 3 de marzo del 2005
CONSEJO PROVINCIAL: Un raro manejo de fondos públicos
La Red
El 22 de enero del 2003 el Contralor General del Estado (e) Genaro Peña, aprobó un informe en donde consta la auditoría financiera realizada al Consejo Provincial desde el 1 de octubre de 1997 al 30 de agosto del 2000. El documento recogía muchas observaciones, todas graves, tanto así que hasta el momento se han iniciado cinco instrucciones fiscales en contra de funcionarios de la Cámara Provincial, incluido el prefecto Alfonso Burbano.
Uno de los casos es la adquisición de repuestos al almacén denominado "Centro de Repuestos", que develaría la existencia de una red de corrupción al interior del Consejo Provincial. Entre las irregularidades encontradas por la Contraloría está el uso de proformas falsas, presunto delito que se completó con el hecho de que los repuestos comprados nunca ingresaban a las bodegas del Consejo Provincial.
Cosa insólita: un formulario de pro forma, posiblemente robado, perteneciente a la empresa Ecuafiltros y con el número 2413 fue utilizada en cuatro ocasiones para un número igual de adquisiciones. Carlos Gavilanes, gerente de esa empresa confirmó que el documento nunca fue emitido por la empresa y que quien firmaba las proformas, José Sánchez, tampoco trabajó en Ecuafiltros. En todos esos casos la empresa beneficiada y "ganadora" del contrato era "Centro de Repuestos", representada por Fanny Mucarsel.
Aquí se detecta una nueva irregularidad. Se presume que los repuestos nunca llegaron, al menos así lo afirman los trabajadores Wilson Oñate, Guillermo Barba y Gonzalo Vimos, quienes al ser notificados de esa irregularidad dijeron "no hemos solicitado repuesto alguno, ni se nos han entregado tales bienes". Los trabajadores iniciaron acciones legales por abuso de confianza y robo de repuestos "pues se hace aparecer como que a nosotros se nos ha entregado repuestos que no los utilizamos en nuestras actividades".
Lo que dice la Ley
Código Penal
Art. Innumerado
La misma pena señalada en los artículos anteriores (1 a 5 años de prisión y multa de diez mil a cincuenta mil sucres) se impondrá a las personas elegidas por votación popular, a los representantes o delegados y a los funcionarios, empleados o servidores públicos que aprovechándose de la representación popular o del cargo que ejercen se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les hubiesen concedido contratos o permitido la realización de negocios con el Estado o cualquier otro organismo del sector público.
Quedan comprendidos en la misma disposición anterior y sujetos a igual pena los directores, vocales o miembros de los organismos administradores del estado o del sector público en general, que, con su voto, hubiesen cooperado a la comisión del delito al que se refiere el inciso precedente.
Los negocios de dos funcionarios públicos
Alfonso Burbano y Armando Becerra Totoy, prefecto de Chimborazo y alcalde de Guano, respectivamente tienen varias coincidencias. Los dos tenían afinidades políticas, vivían en la misma ciudad, firmaban contratos entre ellos y finalmente ambos están enjuiciados.
Cuando el Consejo Provincial requirió de adoquines, una de las empresas calificadas para ello fue Prefabricados Las Abras de propiedad de Armando Becerra, en ese entonces alcalde de Guano. Fueron en total 87 millones 280 mil sucres en adoquines.
Por Ley Armando Becerra estaba impedido de realizar cualquier transacción pública y por ello recurrió a una medida legal el arrendamiento de su fábrica a Edgar Estrada. Sin embargo, al momento de contratar con el Consejo Provincial, Becerra Totoy prefirió él mismo firmar en los contratos. Así lo hizo al menos el 4 de mayo de 1998 y el 2 de septiembre de 1999. Armando Becerra también aparece cobrando cheques del Consejo Provincial el 3 y 7 de septiembre de 1999.
Pero posiblemente luego los involucrados se dieron cuenta del error y prefirieron elaborar contratos sin una persona natural y anotando únicamente como contratista al "representante de Prefabricados Las Abras". Los cheques también fueron girados a nombre de la empresa. Otro elemento irregular es que esta fábrica de adoquines no aparece como tal en ninguna institución del Estado. En efecto Las Abras jamás pagó impuestos pues no estaba registrada en el Servicio de Rentas Internas, ni en la Superintendencia de Compañías.
Becerra Totoy fue alcalde de Guano desde el 10 de agosto de 1996 hasta el 9 de agosto del año 2000 y viene enfrentando otro juicio por enriquecimiento ilícito por haber contratado con su misma fábrica siendo alcalde de Guano.
Lo que dice la Ley
Ley de Contratación Pública
Art. 55.- INHABILIDADES GENERALES.- No podrá celebrar contratos con el Estado o con entidades del sector público:
A) El Presidente, el vicepresidente de la República, los ministros del Estado, los legisladores, los presidentes o representantes legales de entidades del sector público con ámbito de acción nacional, los prefectos y alcaldes.
Un "Papa Noel" llamado Consejo Provincial
El prefecto Alfonso Burbano señaló siempre su predisposición de escuchar al pueblo y de hablarles con el "lenguaje de las obras". Así los miércoles recibía las peticiones de asociaciones, gremios, barrios, entidades privadas e indígenas. La cola de personas con solicitudes era larga y había que atenderlos. Al final y según el informe de Contraloría, estas peticiones eran atendidas, aunque algunas de ellas estaban fuera del área de acción del Consejo Provincial. Fueron construidos centros de capacitación, graderíos de un circuito automovilístico, capillas ardientes, cerramientos para sedes privadas; y entregados mobiliarios, equipos, aportes para seminarios de entidades privadas, etc. Todo esto fue observado por la Contraloría General del Estado. En el período auditado, en algunas obras analizadas, las inversiones ilegales sumaron 448 millones 247 mil sucres.
En la reforma presupuestaria presentada en mayo de este año el Prefecto Provincial volvió a incluir esta clase de entregas haciendo caso omiso a las observaciones de la Contraloría General del Estado. Pero el Consejo Provincial sirvió como central telefónica. Entre octubre de 1997 y abril del 2000, en un muestreo de 24 llamadas a celulares se registró un gasto total de 61 millones 582 mil sucres. Nunca se dio un detalle de las llamadas y si éstas se referían a asuntos oficiales. Así el dinero de los contribuyentes se desvaneció en conversaciones, posiblemente, personales.
Finalmente los trabajadores y empleados del Consejo Provincial fueron beneficiados de pagos excesivos en sus remuneraciones. La Contraloría estableció que el sistema financiero de la Cámara Provincial no calculó bien los porcentajes y pago excesivamente en rubros como: compensación por el incremento del costo de vida y decimosexto sueldo.
Lo que dice la Ley
Constitución de la República
Art. 233
Inciso tercero
"El Consejo Provincial representará a la provincia y, además a las atribuciones previstas en la ley, promoverá y ejecutará obras de alcance provincial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas hidrográficas de su jurisdicción. EJECUTARÁ OBRAS EXCLUSIVAMENTE EN ÁREAS RURALES".
Ley de Régimen Provincial
ARTÍCULO 29.- Son atribuciones y deberes del Consejo Provincial:
n) Crear escuelas de trabajo, asilos para indigentes, escuelas para ciegos, centros de educación para adultos, centros de artesanos, en cuanto disponga de medios económicos suficientes, en asocio con el Ministerio de Salud Pública o en otras instituciones.
f) Construir locales escolares.
La acusación particular es inevitable
Ningún funcionario público está exento de sus responsabilidades. Así lo dice la Ley y éste podría ser el principal argumento y este podría ser el principal argumento para que el Consejo Provincial presente acusación particular en los cinco procesos judiciales que se llevan adelante en los tribunales de justicia por estos casos.
Según Vinicio Escobar, representante de la Procuraduría General del Estado, el Código de Procedimiento Penal señala con claridad que las autoridades del sector público no pueden renunciar al derecho de presentar la acusación particular, "por lo tanto están obligados a no renunciar a ese derecho. Nosotros estaremos vigilantes".
La Cámara provincial tendría noventa días para efectivizar esta acusación particular, a partir de la notificación del inicio de la instrucción fiscal. En el caso del Consejo Provincial eso sucedía hace quince días.
Escobar señaló además que la Procuraduría interviene en estos casos debido a que la Ley le permite "supervisar el curso de los juicios y reclamos que involucren a las entidades del sector público que tengan personería jurídica… en defensa del patrimonio nacional y del interés público".
Lo que dice la Ley
Código de Procedimiento Penal
La acusación particular
Art. 52.- Ejercicio.-… Podrán también proponer acusación particular los representantes de los órganos de control distintos del Ministerio Público, a quienes la ley faculta para intervenir como parte de los procesos penales que interesen a los fines de la institución que representan. La persona jurídica ofendida podrá acusar por medio de su representante legal, quien podrá actuar por si mismo o mediante procurador judicial.
Art. 63.- Renuncia.-… No pueden renunciar a ese derecho… los representantes de las instituciones del sector público.
La dieta de los consejeros
Todas las semanas el pleno del consejo provincial sesionaba para tratar asuntos de la provincia. Antes o después, según se desprende del Informe de Contraloría, estas sesiones se convertían en verdaderos festines. La dieta incluía platos como pollos brosterizados, lomos a la plancha, ceviches, empanadas chilenas, arroz con camarón, camarones apanados, arroz marinero, sánduches de jamón, fritada, tropipollos, ceviches mixtos, entre otros platillos. Todo esto fue desembolsado de caja chica y el monto es millonario en sucres.
Más presuntas irregularidades
Llamadas a celulares por más de 100 millones de sucres. No se especifica si son oficiales o personales.
Contratos de adquisición en Compusystem, por más de 640 millones de sucres. La cónyuge del propietario de esta empresa es Aída Peralta, guardalmacén del consejo provincial.
Pago excesivo de dietas a los consejeros provinciales en más de 125 millones de sucres.
Desaparición de varias cajas de dinamita.
El pago de la reparación de un tractor a Nelson Páez quien se registra como un tapicero automotriz. Según el contrato esta tarea se supone que fue realizada en los talleres de la Escuela Politécnica Nacional.
La compra de equipos de radiocomunicación sin que se haya tenido una frecuencia. Los equipos fueron incautados por miembros del Ejército.
La compra de repuestos que no encaja con las máquinas de la entidad o que no eran utilizados.
ENTREVISTA. Marco Piedra, abogado defensor de Burbano
"Si se pierden repuestos es responsabilidad del bodeguero"
¿El informe de contraloría permitió abrir la instrucción fiscal?
El informe en ningún momento acusa al Ing. Burbano de nada. El informe lo que dice es que inicie una indagación previa, pero en lugar de eso la fiscalía lo que hace es enviar una instrucción fiscal y los imputa directamente y pide orden de prisión. Aquí lo que se debió haber hecho es una indagación previa.
¿No fue ya una indagación el informe de Contraloría?
La contraloría lo que hace es informar lo que encuentra. Si el informe de contraloría fuera definitivo para qué juzgar. La contraloría presenta una denuncia que está enfocada a que se haga una indagación previa y no una instrucción fiscal. Hay presión política.
¿Contra el fiscal?
Presión política a la fiscalía y a la presidencia de la corte. Mientras la pezuña de la política intervenga en la Función Judicial nadie tendrá seguridad jurídica, cualquier persona puede ir a prisión.
¿Ustedes han pedido revocatoria de la orden de prisión?
Nosotros estamos solicitando la revocatoria de la orden de prisión. En el un caso (adoquines) se dio la fianza, en el otro caso es idéntico. Lo que corresponde es la revocatoria de la orden de prisión. En el caso de los repuestos el prefecto no los compró. Hay un departamento de Adquisiciones, eso para por una serie de departamentos y las adquisiciones se realizan de acuerdo a la oferta que se remitan.
¿Las licencias que se le han dado son legales?
El prefecto tiene el derecho a que se le conceda las licencias que la Ley establece. Está defendiéndose de una injusticia. En el caso de los repuestos él no los compra. Al Ing. Burbano, llega a su despacho el cheque para que firme el pago de los repuestos contra-entrega. El repuesto debió haber entrado al consejo para que se pague y estar todos los formularios en regla.
¿Pero tampoco los repuestos nunca ingresaron?
Los repuestos están ingresados en bodega. La casa comercial para cobrar el valor tiene que presentar en el departamento financiero el acta de entrega-recepción de la mercadería. Si en la bodega se pierde la mercadería desaparece o hacen lo que quieren, ya es cuestión de responsabilidad del bodeguero, eso ya no es responsabilidad del prefecto.
Análisis
La responsabilidad de los consejeros
La problemática del consejo provincial se la podría dividir en dos partes. Una cosa son las acusaciones en contra del prefecto, Alfonso Burbano, y otra las inversiones que desde allí se generan a favor de la provincia. En el primer caso, Burbano deberá comprobar su inocencia o los fiscales su culpabilidad. Aquí no cabe aquella frase tan utilizada de que "la justicia está politizada" pues de por medio hay un informe de Contraloría que indica graves presunciones de responsabilidad. El prefecto durante el proceso de auditoría y la lectura del borrador del informe pudo haber descargado responsabilidades ¿por qué no lo hizo?
En el caso de las obras, la situación es diferente. No es posible que el Consejo Provincial siga invirtiendo en obras pequeñas o hasta cierto punto clientelares; sillas, computadoras, juegos infantiles y canchas no son obras prioritarias. El escaso presupuesto de las entidades del sector público debe ser gastado en proyectos que generen trabajo y prosperidad, no en dádivas.
Los consejeros deben velar para que esos grandes proyectos se cumplan y para que las presuntas irregularidades cesen, esa es su función, para eso están en el Consejo Provincial para ejercer una acción fiscalizadora. Pero el problema no es solo de los funcionarios del Estado, lo es también de nosotros que nos conformamos con pequeñas cosas. Posiblemente por eso se dio la reelección del Prefecto Burbano; bien dicen que los pueblos se merecen los gobiernos que tienen. Es necesario pensar en el futuro y empezar a invertir en obras significativas en vialidad, riego y fomento de la agroindustria.
Que lo que vive ahora el Consejo Provincial y su prefecto sirva para generar correctivos y no crear una imagen de que "aquí no pasa nada", pues sí pasa y mucho. Los consejeros tienen la palabra.
SEGUNDA PARTE
Un distributivo sin objetivos
El 6 de mayo del 2003 el prefecto Alfonso Burbano remitió al gobernador, Froilán Ricaurte, la primera reforma presupuestaria de este año. En ella se estimaba una elevación de 8 millones 618 mil dólares, fruto de la asignación que realiza el gobierno al Consejo Provincial por diferentes leyes, ¿Cómo se distribuyeron esos recursos?
La reforma establece, en primer lugar, incremento en las remuneraciones de trabajadores y empleados, "por servicios prestados en programas y proyectos de formación de obra pública" (¿?). Para ello se incrementa las partidas presupuestarias relacionadas con esos rubros.
Del presupuesto total del consejo provincial estimado en 16 millones 366 mil dólares se dedican dos millones 108 mil dólares para gasto corriente, es decir, el 12.08%. Esto es gastos en el personal, pago de servicios, muebles, vehículos, etc. Ya en la distribución de los recursos la reforma plantea tres programas: educación y cultura, transporte y comunicaciones y servicios sociales. Otro capítulo está destinado a la conclusión de obras pendientes de años anteriores.
En cada uno de estos programas el gobernador Ricaurte realizó algunas observaciones. Por ejemplo en el programa educación y cultura se plantea la entrega de sillas plástica, equipos de cómputo, escritorios y la terminación del área de quirófano del patronato de amparo social del consejo provincial de Chimborazo por 14.500 dólares. Aquí caben dos preguntas ¿son obras educativas de trascendencia la entrega de sillas plásticas? Y ¿la Ley le faculta realizar estas inversiones? Otro elemento es que el distributivo establece costos diferentes para lo mismo. Por ejemplo, un equipo de cómputo para la Universidad de Bolívar y otro para el jardín de infantes La Libertad de 880 dólares.
Forestación ¿Una excusa para gastar?
El consejo provincial pretendía gastar 328 mil dólares en forestación sólo en lo que tiene que ver a la "formación y adquisición de plantaciones de años anteriores". Sin embargo, los beneficiarios son tan difusos y generales que no se alcanza a entender que éste sea un documento técnico. "Obras" como la recuperación de bosques andinos se remiten en catorce ocasiones sin detallar ubicaciones o beneficiario; "forestación y reforestación", se repite once veces sin detallar nada. La Brigada Galápagos institución que trabaja en forestación aparece con un rubro de 50 mil dólares y a pesar de tener un convenio con esa institución militar, el consejo provincial establece que realizará compras de plantas nativas y exóticas. Finalmente para ilustrar toda esta situación a un rubro denominado "forestación y reforestación", sin detalles se le asigna la cantidad de 24 mil 585 dólares y a "plantaciones" (nuevamente sin detalles) 28 mil dólares.
Un millón de dólares en el aire
En lo que respecta a turismo, el consejo prioriza obra como un estudio de marketing turístico por 3.500 dólares, la publicación "Chimborazo Gigante" por 10 mil dólares, un aporte a la Asociación Canina de Chimborazo por 2 mil dólares y la actualización de inventario turístico de la provincia por 15 mil dólares.
Llama la atención que también se incluyan los estudios para la nueva red de ferrocarril en Riobamba por 20 mil dólares, cuando sus instalaciones fueron entregadas por fideicomiso a la Cámara de Comercio.
En lo que respecta a vías, el distributivo establece obras de mejoramiento, pero al final anota "varias obras por administración directa" por 821 mil 759 dólares y "varias obras por contrato" por 245 mil 491 dólares. Es decir, el Consejo en este documento técnico no establece que en que se gastaría más de un millón de dólares, dejando entrever la falta de planificación.
El gasto sin plan
Pero el distributivo que el consejo provincial presentó al gobernador Froilán Ricaurte también tiene otras imprecisiones. En el rubro que tiene el objetivo de concluir varias obras en años anteriores se puede leer varios ítems como, nuevamente, la entrega de computadoras, de ovinos (borregos) a una asociación en Guamote. Nuevamente aparece como beneficiario la Asociación de Empleados del consejo provincial con 5 mil dólares y una donación a la Universidad Nacional de Loja por 4 mil dólares al proveerles una data show y una computadora.
La lista es larga y contempla pequeñas obras y entregas a asociaciones, cooperativas de taxis, gremios artesanales, colegios profesionales, comunidades, escuelas, la ESPOCH (organismo que tiene presupuesto propio) y nuevamente el Riobamba Radio Club. La pregunta es ¿qué consideraciones se hicieron a la hora de hacer este distributivo?
De acuerdo al documento remitido por el Consejo Provincial no se establece prioridades, ni planes. No hay proyectos de gran envergadura. Con esto el presupuesto se diluía en pequeños gastos. ¿Qué hay del Plan de Desarrollo Provincial?
El dinero público en entidades privadas
En el programa servicios sociales se observan varias obras como la construcción del alcantarillado pluvial en la Cooperativa Caminos del Sol por 17 mil dólares, baterías sanitarias en la ESPOCH por 7 mil dólares y alcantarillado de la Fundación Lo Nuestro por 15 mil dólares, en esta última no se establece qué tipo de programa de vivienda es.
Cabe recordar que según la constitución el consejo provincial está impedido de realizar obras en zonas urbanas. Más adelante se anota las "obras de interés comunitario", donde se incluye las donaciones del consejo a las asociaciones y barrios. Aquí se incluye construcciones de centros de capacitación, el adoquinado de la cooperativa de vivienda de los trabajadores del consejo provincial, la construcción de la cancha deportiva y centro de capacitación de Radio Club Riobamba, (entidad privada sin fines de lucro), la "terminación y adquisición de butacas a favor de la UNECH por 20 mil dólares.
Los gremios periodísticos también fueron beneficiados
En su reforma presupuestaria dos gremios que tienen que ver con los medios de comunicación fueron beneficiados. La asociación ecuatoriana de radiodifusión, AER por 31 mil 400 dólares y la Unión Nacional de Periodistas con 43 mil 613 dólares. UNP tiene otro rubro en la partida "obras de interés comunitarios" por 20 mil dólares, recibiendo un total de 63 mil 500 dólares. Esta institución gremial es dirigida por Diego Moncayo, director de capacitación del Consejo Provincial.
UNP Terminación y adquisición de butacas 20.000
UNP Cancha de uso múltiple 3.000
UNP Terminación centro de capacitación 38.000
UNP Mobiliario centro de capacitación 2.500
UNP Implementación aula de capacitación 113.08
El mayor salario de la provincia
El prefecto provincial Alfonso Burbano, ganaba uno de los mayores salarios de la provincia. Según la reforma presentada por él mismo, su básico era de 1.800 dólares es decir, que cómodamente percibía una remuneración de 7.200 dólares mensuales. La cifra coincide con la proporcionada por el diputado Rodrigo García en entrevista con este Diario, donde anotó que Burbano ganaba 8.000 dólares.
Luego de este sueldo, los de mayor importancia son del procurador síndico y los directores de capacitación y difusión, administrativo y de planificación. Los cuatro, según la reforma, tendrían un básico de 395, 78 dólares. Según los cálculos, estos directores ganarían la suma de 1.580 dólares mensuales.
¿Hacía dónde va la provincia?
El Consejo Provincial es una institución eje en el desarrollo de Chimborazo. Como hemos visto gran parte del presupuesto se pretende gastarlo en rubros que no están aún muy claros y en donaciones a asociaciones e instituciones gremiales, cosa que está en contra de la Ley. Con estas políticas de gasto nos preguntamos ¿Hacía dónde va el desarrollo de Chimborazo?
Con esfuerzo, se logró elaborar un plan provincial de desarrollo, pero este al igual que otros documentos parece estar destinado al archivo. Los consejeros, representantes de la sociedad chimboracense en el consejo deben tener conciencia de su obligación al defender los dineros del Estado. Existe la imperiosa necesidad de cambiar la política de gastos al interior de la cámara provincial. Ellos no pueden evadir su responsabilidad y tratar solamente esta crisis en el plano político. Cada consejero deberá defender sus acciones u omisiones en un momento dado, pero más allá de eso deben meditar que en sus manos está el destino de una provincia. El reorientar el gasto público ahora, en proyectos grandes, es verdaderamente servir a un pueblo. Abramos una página positiva en ese sentido.
Lo que dice la Ley
Código Penal
Art. 257.- Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ochos años, los servidores de los organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere abusado de dinero públicos o privados, de efectos que los represente, piezas, títulos, documentos o efectos mobiliarios que estuvieren en su poder en virtud o razón de cargo; ya consista en abuso en desfalco, malversación, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. La pena será de ocho a doce años si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional.
Reportaje publicado en Diario La Prensa el 2 y 3 de julio del 2003
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*CONSEJO PROVINCIAL: Un manejo económico cuestionado por la Contraloría
Martínez y Burbano los prefectos mejor pagados de la historia de Chimborazo.
Un sueldo superior al del Presidente de la República
Ángel Martínez (PPT) y Alfonso Burbano son los prefectos mejor pagados en la historia de Chimborazo. De acuerdo a una comunicación parcial de resultados emitida por la Contraloría General del Estado el 16 de julio del 2004, institución que realizó una auditoría financiera en el período comprendido entre el 1 de septiembre del 2000 al 31 de diciembre del 2003, estos dos personajes ganaron 7.890,40 dólares mensuales una cifra superior al que gana el Presidente Lucio Gutiérrez Borbúa, cuyo sueldo alcanza a 6.400 dólares.
El Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público mediante Resolución Nro. 164 señala en su artículo 5 que "ningún funcionario, empleado u obrero del sector público, podrá percibir una remuneración superior a los límites que esta resolución señala para el Presidente de la República". Esta Resolución del CONAREM, que fue emitida el 18 de marzo del 2003, fue irrespetada por el prefecto y los consejeros en sesión del 5 de mayo del 2003 cuando resolvieron fijar el sueldo del Prefecto en 1.800 dólares, gastos de representación 1.500 dólares y gastos de residencia a 1.500 dólares con el carácter de retroactivo a partir del primero de enero del 2003.
La Contraloría determinó que el incremento del sueldo básico del prefecto afectó directamente a los gastos de Responsabilidad y Antigüedad, que también tuvieron su incremento por lo que el sueldo del Prefecto se incrementó de 5.540,65 a 7.890,40 dólares. Como anteriormente se anotó este suelo fue aprobado en mayo del 2003, pero tuvo el carácter de retroactivo desde enero del 2003. Según la Contraloría la inobservancia de la resolución del CONAREM ha ocasionado que la remuneración del Prefecto sea mayor a la del presidente Lucio Gutiérrez, produciendo egresos adicionales al Consejo Provincial, que inciden además en el pago de dietas, desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2003. El ex-prefecto habría cobrado en exceso $ 7.106,26; el prefecto actual $ 9.991,66 y los consejeros un total de 23.294.08 dólares.
Burbano: "No estuve de acuerdo"
La inobservancia de esta resolución del CONAREM fue notificada a los ex-prefectos Alfonso Burbano y Ángel Martínez a fin de que justifiquen estos egresos. El único que contestó fue el prefecto Burbano quien señala que efectivamente el Consejo Provincial trató ese tema en sesión del 5 de mayo del 2003, "en el momento de tratar el punto de revisar los emolumentos del prefecto, el suscrito se retiró por delicadeza y por no estar de acuerdo". Burbano continúa: "El señor Vicepresidente Doctor Ángel Martínez, fue quien dirigió esa parte de la sesión aspecto que se puede comprobar con las actas o cintas magnetofónicas de lo manifestado". Burbano dice que mientras ejerció esa función nunca inobservó la resolución del CONAREM, "lo que haya sucedido después desconozco y no es de mi responsabilidad". En efecto la Contraloría revisó la cinta magnetofónica y quien presidió esa sesión de aumento de sueldo fue el vicepresidente, Ángel Martínez Luna.
El consejero Estuardo Gavilánez, negó que el Consejo haya aprobado el sueldo del Prefecto, aunque admitió que este organismo tiene la facultad de aprobar el sueldo básico del prefecto provincial , "depende de los títulos, años de trabajo para que suba su sueldo". Este hecho dejaría a entrever que los consejeros, mediante resolución, pueden incrementar sus dietas, pues según el propio Gavilánez éstas se fijan tomando en cuenta el 25% de la remuneración del prefecto, "esa es una ley que esta en vigencia desde 1988". Gavilánez negó que se haya incrementado los gastos de representación y gastos de residencia del Prefecto por un total de 3 mil dólares mensuales, tal como lo señala la Contraloría.
Finalmente el director de la Regional VI de la Contraloría, Mario Ríos, señaló que desde que se reglamentó este tema, el prefecto ya está ganando menos que el presidente de la República. Esta afirmación fue corroborada por Ángel Martínez, quien manifestó: "una vez admitido el Registro Oficial que contempla el límite máximo que debe percibir un servidor público que es 6.400 dólares como el sueldo del Sr. presidente de la república, se procedió a ajustarse a la normativa legal para el sueldo del Sr. prefecto". Según Martínez la ley de homologación salarial entró recién en vigencia a partir del 2004.
Más gastos de representación sin sustento legal
El diez de noviembre y ocho de diciembre del 2003, respectivamente, fue discutido y aprobado, el Reglamento sobre gastos de Representación de los consejeros provinciales. En el artículo 2 de ese reglamento se indica que los gastos de representación se pagarán mensualmente y asciende a la suma de 500 dólares, siempre y cuando asistan a por lo menos cuatro sesiones ordinarias al mes.
Analizado el tema la Contraloría determinó que dicho incremento no tenía un sustento legal, pues en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial preceptúa que la función de Consejero es gratuita y obligatoria. Sin embargo, el consejero Estuardo Gavilánez, (PSC) no esta de acuerdo con ese artículo, "la actividad no es gratuita desde hace algunos años atrás. Hay una ley aprobada en 1988 que fija las dietas de los concejales y consejeros y corresponderá al 25% de las remuneraciones del prefecto o alcalde". En esa misma ley, en el artículo 22, literal b) del citado cuerpo legal se prohíbe al prefecto provincial y a los consejeros percibir, directa o indirectamente, cantidad alguna de los fondos de la Corporación, en cualquier forma que sea, excepto en lo referente a viáticos, gastos de representación y de viaje, que señale el Consejo, de acuerdo con las circunstancias".
El procurador general del estado el 13 de julio del 2002 señala que "estimo que los consejeros provinciales pueden percibir, por excepción, los valores que corresponden por gastos de representación, viáticos y de viaje". Por lo tanto no justificaría establecer una cantidad fija mensual por conceptos de gastos de representación y de viaje. El consejo provincial por este rubro egresó, desde mayo a diciembre del 2003 un total de 23.500 dólares.
El consejero Marcelo Villalva, (PK) quien por este rubro cobró un total de 4.000 dólares, admite que pudieron haber existido errores, "puede existir alguna falla al fijar una cantidad mensual, pueden haber suficientes argumentos". Villalva señala que la Constitución dice "que ningún ciudadano puede ser obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso". El consejero argumenta que los viajes a cantones y parroquias tienen que ser pagados, "esto sí justifica e incluso hay una jurisprudencia sobre el tema".
Villalva señaló que la Contraloría les ha pedido que deroguen ese Reglamento, "no vamos a devolver esos recursos".
Por su parte Ángel Martínez apela a la autonomía de los consejos provinciales para haber reglamentado este pago. Agrega además que con esta normativa se está "evitando así los trámites burocráticos para que en este consejo no se elabore diariamente delegaciones, representaciones, etc. donde se aumentaría el costo horas-hombre en la elaboración de unos doscientos documentos ya que la labor del consejo es de lunes a domingo…".
Un bono que no debió ser cobrado por el Prefecto
El día del Servidor Provincial es muy especial para los empleados y trabajadores del consejo provincial. Ese día reciben un bono que solamente puede ser percibido por empleados y funcionarios a nombramiento y a contrato, que trabajen a tiempo completo y que estén amparados en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Sin embargo, el ex-prefecto Alfonso Burbano y el actual aspirante a la reelección, Ángel Martínez, quienes no estarían amparados por la Ley de Servicio Civil cobraron este bono. Burbano lo hizo en los años 2000, 2001 y 2002, cobrando las siguientes cantidades : 475.20; 1.650 y 5.540,65 dólares respectivamente. Martínez cobró el valor del 2003, es decir 3.696,60 dólares.
Al respecto Alfonso Burbano apeló a la autonomía del consejo provincial para dictar normas propias. Agrega que "el prefecto al ser elegido por votación popular posee nombramiento a tiempo fijo por cuatro años, gana sueldo fijado en el presupuesto de acuerdo con disposiciones legales". Más adelante señala que "se demuestra con claridad que el Prefecto es un servidor provincial –aunque no de carrera –con funciones definidas, con nombramiento a tiempo fijo y posesionado legalmente… lo cual implica que tiene derecho a beneficios de Ley como todo servidor, sea funcionario o empleado".
Ángel Martínez Luna tuvo una respuesta similar a la de Burbano. Los empleados reciben viáticos para acudir a sus juegos.
El dinero del Consejo Provincial invertido en eventos gremiales
"Comisiones de Servicio y pagos de viáticos fuera de la Ley". Eso es lo que la Contraloría determinó en algunos trámites administrativos destinados a pagar viáticos para los empleados y trabajadores que acudían a sus juegos deportivos nacionales. La Federación Nacional de Asociaciones de Empleados de los Consejos Provinciales, FENACOPE, año a año realiza sus juegos nacionales y en Chimborazo la participación de los delegados es pagada con el dinero del Consejo Provincial.
En los años 2001 y 2002 el desembolso de viáticos fue autorizado por Alfonso Burbano Arauz, mientras que en el 2003 lo fue por Ángel Martínez Luna. Pero estos egresos también fueron autorizados por unanimidad por todos los consejeros, quienes mediante resoluciones Nro. 134-2001-SG y 0200-2002-SG autorizaron egresos para "cubrir movilización, alimentación y estadía durante los días 25 al 27 de abril del 2001 para El Oro y del 4 al 6 de julio del 2002 para Tungurahua". Ahí se entregaron viáticos por un total de 12.445 dólares.
El 16 de junio del 2003 el Sindicato de Obreros de Morona Santiago realizó una invitación a su similar de Chimborazo a participar en una jornada deportiva en varias disciplinas en Macas. La actividad fue autorizada por el prefecto Ángel Martínez, "declarando en comisión de servicios a la delegación", los días 16,17 y 18 de julio del 2003. Esta autorización también se hizo extensiva para los viáticos requeridos por un total de 1.750 dólares.
El 3 de julio del 2003 nuevamente se solicitó la representación deportiva de los empleados. Esta vez el presidente de la FENACOPE solicitó la representación para una jornada deportiva a realizarse en Loja del 13 al 15 de agosto del 2003. Nuevamente el prefecto Martínez y el consejo en pleno resolvió aprobar "comisión de servicios" y "pago de viáticos" por un total de 4.350 dólares. El total de viáticos, en estas cuatro "jornadas deportivas" asciende a 18.545 dólares. La Contraloría considera que todos estos actos son improcedentes pues "no se cumplió tareas específicas inherentes a su función y de carácter oficial". Al respecto Alfonso Burbano justificó esos gastos pues en esas jornadas deportivas se realizaban sesiones de trabajo de la CONCOPE "para dar más brillantez al evento… Estas ayudas entregadas a los empleados para que asistan a las jornadas deportivas se han hecho vía presupuesto institucional y por muchos años, por lo que se ha constituido en UN DERECHO ADQUIRIDO"
ENTREVISTA. Mario Ríos, director de la Regional VI de Contraloría.
"Los consejeros deben percibir únicamente dietas"
¿El sueldo del prefecto es mayor que el del presidente de la república?
Desde que salió la reglamentación el prefecto está ganando menos que el Sr. presidente de la república. Está regulado y corregido eso.
¿Hay gastos de representación de los consejeros objetados por el presidente de la república?
La Ley en ese sentido es muy práctica. Por mandato legal está dicho qué es lo que tienen que percibir por mandato legal los señores consejeros. Nuestra función es observar si no se ha cumplido y sí están fuera del contexto legal revelarlo en los informes.
¿Qué es lo que tienen que percibir los consejeros?
En la ley dice que los consejeros percibirán únicamente dietas.
¿Y si han recibido otros dineros, tienen que devolver?
Eso la contraloría general del estado, en el departamento de responsabilidades determinará las responsabilidades del caso.
¿Es válido que el dinero del consejo provincial se haya invertido en instituciones privadas?
Al respecto la contraloría lo que está observando es que los dineros del estado sean manejados correctamente. En este sentido los dineros que hayan sido canalizados a entidades públicas y privadas hayan cumplido con el objeto para los cuales fueron asignados.
¿Se han tomado en cuenta las recomendaciones dejadas anteriormente por la Contraloría?
Hemos terminado las labores de campo de la auditoría financiera del Consejo Provincial. Varias recomendaciones de los informes de auditorías anteriores no se han dado, lastimosamente, cumplimiento. Estamos dejando de nuevo esas recomendaciones para que sean cumplidas. De esta auditoría estamos dejando otras recomendaciones.
¿Cómo que hay un vacío legal para hacer cumplir esas recomendaciones?
La contraloría general del estado emite las recomendaciones y estas tienen el carácter de fuerza legal. Si no las cumplen las sanciones administrativas son de 1 a 10 remuneraciones unificadas. Por ejemplo, si un funcionario gana 1000 dólares su sanción será de 10.000 dólares. De persistir estas irregularidades y afectar a la buena marcha de la institución, hoy tenemos la facultad de destituir al funcionario.
Un millón 326 mil dólares sin fiscalización
La contraloría general del estado en su informe de resultados parciales determinó que un millón 326.767,71 dólares fueron entregados por el consejo provincial sin que de por medio haya existido un proceso de fiscalización o la suscripción de actas de cumplimiento. Según se explica en el documento el consejo provincial entregó dineros, vía convenios "en la mayoría de los casos la jefa de adquisiciones del consejo ha tramitado la compra de bienes de larga duración y materiales, entregando a los beneficiarios la autorización para retiro… observamos que los convenios no han sido objetos de fiscalización".
La Contraloría suma deficiencias: "falta observación y análisis de los objetivos que persiguen los beneficiarios por parte de los técnicos del consejo que preparan las bases, pues los informes, en la mayoría de los casos, no reflejan la satisfacción o atención de una necesidad de uso público sino el incremento del patrimonio de gremios de carácter privado". Entre los beneficiarios privados de estos recursos están la Cooperativa de Volquetes El Progreso, equipos de cómputo para el Colegio de Agrónomos Profesionales, máquinas industriales a personas que no se encuentran agrupadas o formando academias artesanales, entre otros.
El consejero Marcelo Villalva, aduce que no es la función de los consejeros verificar estas inversiones, "si la obra está mal hecha eso si tenemos que llamar la atención al prefecto y a sus directores departamentales. Ellos tienen que justificar. Cierto es que pueden haber fallas humanas". Ángel Martínez al respecto señala que esta cifra corresponde a un resultado parcial de Contraloría, "al cierre del examen consta como recomendación para que el consejo fiscalice oportunamente".
253 mil dólares sin justificativos
253.116,05 dólares no han sido justificados hasta el momento por funcionarios del consejo provincial de Chimborazo. La contraloría determinó que no existe respaldo documental que justifique esos egresos.
El 1 de julio de este año, la contraloría detectó que el egreso de 292.920 dólares no tenía los justificativos pertinentes por lo que pidió a las autoridades y funcionarios la documentación para que justifiquen estos egresos. Como respuesta recibió documentación que respaldaría 39.804 dólares faltando por definir el destino de 253.116 dólares, ¿Dónde esta ese dinero?
La Contraloría también analizó el rubro "Anticipo de Fondos" en donde se detectó que el consejo provincial entregó 74.208,38 dólares a diferentes contratistas, "que no han sido devengados". Los plazos de cumplimientos de obra se finiquitaron en meses y años anteriores en relación a la fecha de corte de cuenta de auditoría, "sin que se dispongan de garantías que permitan la recuperación de estos valores". La Contraloría preguntó sobre estos contratos a la Dirección de Obras Públicas, Financiera y Asesoría Jurídica, sin que hasta el momento haya una respuesta por parte de las dos últimas. Obras Públicas del consejo provincial señaló que: "Dejamos constancia que existen actas legalizadas a la fecha es por que los contratistas no se acercaban a presentar la documentación corregida y/o visitar la obra en campo para tomar los datos que permitan legalizar el Acta de Entrega Recepción entre las partes". Según esta comunicación la Contraloría observó que "no hubo seguimiento de algunas obras, lo que ocasionó la tardanza para liquidar los contratos".
El dinero de dos convenios sin explicación
Ha sido público que varios municipios de Chimborazo firmaron convenios de cooperación con el consejo provincial. Colta y Penipe, suscribieron acuerdos para la ejecución de obras por un monto de 38 mil y 59 mil dólares, respectivamente. Según los auditores de contraloría dichos dineros y convenios jamás fueron fiscalizados por los técnicos responsables de hacerlo, "no existe ningún documento que pruebe el seguimiento realizado a los dineros entregados y a la ejecución de las obras objetos de los convenios".
El consejo provincial en oficios enviados el 10 de mayo y el 21 de junio del 2004 solicitó se presente un informe del estado en que se encuentran las obras objeto de los convenios y los documentos que demuestren su ejecución, sin que hasta julio del 2004 haya una respuesta.
Los dineros del consejo provincial en instituciones privadas
A 7.632 dólares alcanza la cifra entregada por el consejo provincial de Chimborazo en auspicios para la realización de eventos particulares como el II Encuentro Nacional de Periodistas del Ecuador, el cincuentenario de la Unión Nacional de Periodistas, 250 banderines para el Club Deportivo Politécnica. Según la Contraloría el consejo entregó estos recursos basándose únicamente en oficios enviados por los directivos de las entidades beneficiadas, "sin suscribir convenio de cooperación en el que se detalle la participación y obligación de las partes o la determinación de que constituye actividad relacionada con la gestión de la Entidad".
Pero eso no es todo. De otras partidas presupuestarias como "Obras de Infraestructura" y "Obras a concluirse en años anteriores" la prefectura como ordenadora de gastos y la dirección financiera como ordenadora de pagos, han hecho realidad pagos por 15.987 dólares por varios eventos como el transporte de funcionarios al congreso, actuaciones artísticas del Trío Antología en eventos como la posesión de la Sociedad Médica en Sibambe, arreglos florales, donaciones en equipos de cómputo para el Colegio de Ingenieros Zootecnistas, institución que fue encabezada por el consejero Estuardo Gavilánez, entrega de uniformes deportivos, incluidas zapatillas para los servidores del consejo provincial, entre otros. La contraloría señala que estas entregas "no tienen ninguna relación con la obra o el servicio público que realiza el Consejo".
El consejero Estuardo Gavilánez señaló que esos gastos son legales e incluso pasaron por el Tribunal Constitucional, "si hubiera estado al margen de la Ley de Régimen Provincial el Tribunal no hubiera aprobado el presupuesto que ahora estamos ejecutando". No es un delito apoyar a las instituciones públicas con carácter educativo como tienen los colegios profesionales".
Villalva dice que todos tiene derecho a recibir esas ayudas, "acaso no son ecuatorianos o chimboracenses… que los taxistas, los peluqueros le digan a la Contraloría si somos chmboracenses o no o si somos iguales ante la Constitución o no".
Ángel Martínez señaló que el Tribunal Constitucional luego de un análisis y estudio dictaminó que el consejo sí está facultado para hacer esas obras y que no existen perjuicio económico pues son obras civiles, tangibles, factibles de constatación. Cabe recordar que la votación en el Tribunal Constitucional, (TC) fue dividida. Luis Herrería Bonnet, uno de los magistrados del TC en entrevista, en esa época señaló su inconformidad con esos gastos.
Obras que no cumplen con objetivo institucional
A pesar de que el consejo provincial ha entregado recursos a las entidades privadas, los auditores de la contraloría, en una constatación física determinaron que algunas de esas inversiones no cumplen con el fin institucional.
Por ejemplo; fue firmado un contrato para la "adecuación y construcción del segundo piso del Centro de Capacitación de la Unión de Taxistas de Chimborazo", sin embargo se construyó una losa. El fiscalizador justificó el cambio "por cuanto las bases existentes no soportaban un piso alto". La obra, según los auditores, se encuentra abandonada desde abril del 2002, sin brindar beneficio alguno. Lo mismo sucedería con el Paradero Turístico Ozogoche, "el cual se encuentra a nivel de cimentación y paredes".
Por otra parte asociaciones como la de Quimianos Residentes en Riobamba y Cooperativa 4 de julio de Chunchi solicitaron la construcción de cerramientos para posteriormente construir sus centros de capacitación, cosa que jamás sucedió. Esas obras se encuentran abandonadas.
Tres contratos fueron firmados para el Centro de Capacitación de la Asociación de Peluqueros y Anexos de Chimborazo por un monto total de 18.498 dólares para la construcción de su segunda planta. La Contraloría determina que "se aprobó en el presupuesto obras parciales sin un ordenamiento o planificación técnica o en su defecto no se consideró un solo contrato".
Otra cosa que llama la atención es la suscripción de contratos para la construcción de bóvedas para la Asociación de Jubilados Pensionistas de Guamote y el Club de Militares y Policías Retirados de Riobamba, "obras que no corresponden a las atribuciones, fines y deberes de la Cámara". También se cuestiona el gasto de dinero en obras para la Hermandad del Señor de la Agonía de Yaruquíes y un cerramiento de hierro para la Cooperativa de Transportes Alausí donde, según los constataron los auditores, funciona una lavadora de carros, un área deportiva y un aula para reuniones.
Contratos de forestación cuestionados
El 2 de enero del 2002 el consejo emitió la Resolución Nro. 008-2002-SG para la contratación de tutores y así impulsar el proyecto de Recuperación de Bosques Andinos en la provincia de Chimborazo. En julio de ese año fueron contratados cinco egresados de la Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH por un total de 24.436 dólares. El contrato con los tutores comprendía la producción y entrega de plantas, cuidado, mantenimiento, manejo de viveros forestales y capacitación a los comuneros beneficiados. El plazo para el cumplimiento del trabajo era de un año, sin embargo, luego de más de dos años la contraloría determinó que los trabajos han sido cumplidos en un 75%. Según la observación, la fiscalización por parte de la dirección de planificación del consejo provincial "no ha sido llevada a efecto en los términos contractuales, puesto que no hay informes escritos".
Otras observaciones de Contraloría
El Reglamento para el funcionamiento de Comités de Contratación no han sido elaborados de acuerdo a estipulaciones legales.
No se han practicado evaluaciones presupuestarias.
Sistema de cómputo utilizado para procesar contabilidad no está integrada con la información de bodega.
Inobservancia de normas técnicas de contabilidad.
No se cumplen recomendaciones emitidas por Contraloría.
Deficiencias en el funcionamiento de caja chica.
Retraso en la elaboración de conciliaciones bancarias.
Saldos de cuentas no resueltos por más de cinco años.
Falta de suscripción de actas de entrega-recepción de bienes de consumo y de larga duración.
Proformas para trámites de adquisiciones no reúnen requisitos básicos.
Bienes inservibles no dados de baja.
Análisis
Nuevamente el consejo provincial es observado por la Contraloría General del Estado y posiblemente por los mismos vicios institucionales que fueron anotados en informes anteriores emitidos por ese organismo de control.
Las observaciones técnicas que hace la contraloría nos llevan a una sola conclusión: el dinero de los contribuyentes no debe ser gastado en obras que no beneficien a la comunidad como viáticos para juegos y otras actividades ajenas a los objetivos que tiene el consejo provincial, ¿es que acaso nos sobra dinero?
Todos los organismos del Estado se quejan de la falta de recursos. Si eso es verdad el prefecto y los consejeros deberían ser muy celosos a la hora de gastar nuestro dinero. Por mandato de la ley y por sentido común el consejo provincial tiene que gastar en obras de regadío, saneamiento ambiental, educación y salud y no en cosas vanas como los juegos gremiales o reuniones solemnes. Al parecer el presupuesto institucional nuevamente tiene un tratamiento clientelar y eso es antitécnico, antieconómico y ahonda aún más el atraso que tiene la provincia.
Por otro lado a los gremios y asociaciones se les debe pedir que cada quien asuma con sus gastos y que el consejo se ocupe de lo importante, ¡Si los socios de esas entidades privadas no pueden financiar sus reuniones qué clase de asociaciones o colegios son!.
Así mismo, la actuación de los consejeros que están en funciones o de candidatos, está en duda. Ellos están para fiscalizar y legislar no para entregar bienes a asociaciones y poner su visto bueno en gastos superfluos. Sino cumplen su función es mejor que no estén ahí pues, como hemos visto, su actuación en las reuniones del consejo tienen un alto precio.
Muchos de los involucrados en este reportaje dirán que empezó la campaña sucia. La confrontación de fuentes y la revisión de documentos son condiciones básicas en la actividad periodística. Pedimos la opinión de los involucrados y en la mayoría de los casos la obtuvimos. Nuestra obligación es revelar los hechos, el lector sabrá cómo los interpreta.
Cabe preguntarse hasta cuando el consejo provincial de Chimborazo hará caso omiso de lo que sugiere la contraloría general del estado, un organismo de control respetable en el país que hace su trabajo pero que, como vemos, no puede obligar a las entidades a cumplir con sus recomendaciones. Al parecer hace falta cubrir ese vacío legal. Pero como no todo es malo hay que reconocer que el actual prefecto, Fernando Guevara, hace serios intentos por ejecutar, por fin, el Plan de Desarrollo Provincial, ese es un buen augurio en la cámara.
Finalmente, frente a las puertas de un proceso electoral vale la pena meditar nuestro voto en forma objetiva, es decir, por los hechos y no las palabras. Por las acciones administrativas y no los ofrecimientos de que "ahora si vamos a mejorar a nuestra provincia".
Ley de Régimen Provincial
Art. 3
Corresponde a los consejos provinciales:
b) Prestar servicios públicos de interés provincial directamente o en colaboración con los organismos del estado o de las municipalidades.
c) Realizar obras públicas de carácter provincial e interprovincial.
d) Coordinar la acción de las municipalidades de la provincia, para fines de progreso común.
e) Procurar el cabal cumplimiento y ejercicio de los servicios y de las obras públicas que se realicen en la provincia.
Reportaje publicado en Diario La Prensa de Riobamba el 13 de octubre del 2004.
EERSA: Muchas Preguntas sin respuesta
Los dueños de la Empresa
"La Empresa Eléctrica es nuestra". Cuantas veces hemos escuchado esta frase por parte de políticos, trabajadores y administradores. Pero ¿hasta dónde ejercemos nuestro derecho de ser propietarios? Este Diario intentó conocer cifras reales de la actual administración, pero solamente recibimos respuestas a medias. Por ejemplo, Nicolás Alvear, gerente de la EERSA, afirmó que el año anterior se tuvo pérdidas del 17%, cuando una tabla del Consejo Nacional de Electrificación, CONELEC, señalaba que en el 2002, sólo en el primer semestre, este porcentaje alcanzó el 15.47%.
Ya en el 2001 fue de 18.31%. La tendencia en los últimos tres años es al alza, aunque el gerente lo niegue y diga todo lo contrario. Cifras como estas son las que no se informan a los verdaderos propietarios de la EERSA: NOSOTROS, quienes mes a mes pagamos una más alta que Quito y Guayaquil, la razón: No se sabe.
Tema aparte es la generación. Desde 1997 no se han construido nuevas centrales hidroeléctricas. Según algunos consultados la ley no lo permitiría, si primero no hay la división de la empresa en generadora y distribuidora, ¿Pero no es más importante nuestras necesidades que la propia Ley?, ¿A quién le disgustaría que invirtamos en generación? Mientras la provincia no se abastezca de energía producida por centrales hidroeléctricas seguiremos consumiendo energía mucho más cara proveniente de las termoeléctricas, el mercado ocasional así lo establece.
Este cuadro se completa cuando los trabajadores se apresta a iniciar un paro de actividades. Los reclamos pueden ser justos, pero como siempre los que salimos perdiendo somos los dueños de la Empresa. Todos intervienen en nuestra Empresa menos nosotros: LOS DUEÑOS.
¿Cómo se calcula el precio de la energía?
Tres organismos, en diferentes etapas, establecen el costo de la energía: El Consejo Nacional de Control de Energía, CENACE; el Consejo Nacional de Electrificación, CONELEC y las empresas eléctricas, en nuestro caso la EERSA. El CONELEC y el CENACE establecen los costos de transmisión. Por ejemplo, el Proyecto Hidroeléctrico Paute a las subestaciones de la EERSA.
Por último las empresas eléctricas establecen los que se conoce como Valor Agregado de Distribución, VAD, donde se toma en cuenta la subtransmisión, la transmisión de media y baja tensión, la comercialización y los gastos administrativos.
Según una fuente de la EERSA el cálculo del VAD se hace como si todos los equipos y las redes de transmisión fueran nuevos, cuando en realidad se trata de una red que ha cumplido su vida útil. El VAD debe tener el visto bueno del CONELEC.
Las pérdidas tienden a subir
Parámetros técnicos señalan que las pérdidas en una empresa eléctrica no deben superar el 10%. En la EERSA estas "pérdidas" ascienden, en el año 2002, al 17,38 %. Cada empresa eléctrica del país tiene un rango de pérdidas técnicas que son normales en el negocio, en el caso de la EERSA éstas son del 9.10%.
También existen las pérdidas no técnicas que están asociadas a la eficiencia en los diferentes procesos de lectura, facturación y cobros; afectadas, en gran medida por los hurtos o robos de energía. En la Eléctrica Riobamba estas pérdidas son del 6.36 %, cuando el límite es del 3.22 %, es decir, casi se duplica el rango aceptable. Todo es provocado por una ineficiencia en el control de la distribución de energía.
De acuerdo a datos proporcionados por funcionarios de la Empresa, las pérdidas técnicas, que son normales de cualquier institución de este tipo, son del 7%. A esto hay que sumar una pérdida (negra) por robos del 10%, un porcentaje, que se dice, tiende a subir. Según Alvear estos rangos son "aceptables". Sin embargo este porcentaje (17%) es dudoso debido a que sólo en el primer semestre del 2002 el CONELEC registra pérdidas del 15.47%.
Respecto a este tema no se ha hecho mucho. Apenas 5 personas estarían enjuiciadas por robar energía y los procesos estarían semiparalizados. Mientras eso sucede un crecimiento desproporcionado y la falta de control provocaría más robos. Al final quienes pagan todo esto son los consumidores quienes mes a mes pagan las planillas sin derecho a reclamo.
El desfase tarifario no es pagado por el Gobierno
Como anotamos el kilovatio / hora es más caro en el sistema interconectado que en las empresas eléctricas. Ahí hay un desfase que el gobierno intenta corregir mediante "el sinceramiento de las tarifas". Cada mes hay un incremento en las planillas. Además este "déficit tarifario" fue reconocido por el gobierno mediante los decretos 1311 y 2048ª. Así el Estado debe a la EERSA dos millones 870 mil dólares por pago de este déficit. Alvear al ser consultado sobre la forma de cómo cobrar dijo: ¿Esa es la pregunta del millón, el Estado no cuenta con dinero?
Análisis
Luz cara y un sistema a punto de colapsar
La luz es un negocio y la EERSA es una empresa que debe ganar dinero por vender energía eléctrica. Todos nuestros consultados, a excepción del gerente de la EERSA, Nicolás Alvear, coinciden en señalar que pagamos una de las tarifas más altas del mercado nacional. Según datos proporcionados por la gerencia, el Sistema Nacional Interconectado, que es el mercado mayorista de energía en el país, nos vendería a 11 centavos el kilovatio / Hora (Kw/h), a su vez la EERSA distribuye a los consumidores a un promedio del 9.21 centavos el Kw/h, es decir la EERSA vende más barato de lo que compra . ¿Cómo explicar que ante esto haya ganancias? Según el gerente de la EERSA las utilidades se explican porque nosotros contamos con generación propia. En efecto los proyectos hidroeléctricos Alao, Nízag y Río Blanco producen en promedio, el 56% de todo lo que consume Chimborazo. Esta energía producida por los tres proyectos ingresa al sistema interconectado pero obligatoriamente debe ingresar a nuestra provincia.
Algunos hechos motivarían que la energía eléctrica sea más cara en Chimborazo. La primera es que la política tarifaria del Consejo Nacional de Electrificación CONELEC señala que quienes consumen menos de 60 Kw/h son beneficiados por un subsidio, el cual es pagado por los que rebasan ese límite. Por su distribución poblacional un 60% de consumidores se encuentra en el sector rural y son quienes menos consumen energía, por tanto ellos son subsidiados. El restante 40% (preferentemente población urbana) paga ese subsidio que de paso, se señala, no es muy representativo.
Otro factor es el incremento que todos los meses se da en el sector eléctrico. Según el gobierno hasta octubre del 2003 las tarifas en el sistema eléctrico deben tener "precios reales" por ello mes a mes se incrementa 1.64% por cada 50 Kw/h de consumo, en el sector residencial. Es decir, si usted consume 200 Kw/h al mes tendría un incremento total de 6.56%, éste es el llamado "incremento acumulativo" y la razón de que muchos ciudadanos se admiren al momento de pagar la luz.
Un tercer motivo, para que la EERSA tenga utilidades, es su bajo nivel de inversión en la renovación de su red eléctrica. Una fuente de la Empresa, que prefirió omitir su nombre, fue tajante: "el sistema está a punto de colapsar". Las redes de la mayoría de la provincia han concluido con su vida útil y la Empresa no ha hecho nada para cambiar esta situación. Aquí se explicarían dos cosas: los continuos cortes de energía y el incremento de llamadas pérdidas técnicas. Usar redes caducas sin inversión provoca utilidades para la Empresa, pero mayores pérdidas de energía que al final son pagadas por los consumidores.
Mientras esto sucede en el sector residencial las tarifas en el sector comercial e industrial permanecen congeladas. En otra resolución el CONELEC decidió descontar un 20% a aquellas industrias que consuman energía de 22h00 a 6h00 para propiciar el consumo en horas no pico.
EMPRESA | VALOR* | |
E. E. Bolívar | 13.08 | |
E.E. Sur | 12.95 | |
E.E. Azogues | 12.87 | |
E.E. Ambato | 12.51 | |
E.E. Sucumbíos | 12.51 | |
E.E. Cotopaxi | 12.14 | |
E.E. Riobamba | 12.09 | |
Regional Centro Sur | 11.79 | |
E.E. Santa Elena | 10.63 | |
E.E. El Oro | 10.61 | |
E.E. Milagro | 10.55 | |
E.E. Guayas-Los Ríos | 10.32 | |
E.E. Esmeraldas | 10.19 | |
E.E. Los Ríos | 10.19 | |
E.E. Manabí | 9.9 | |
E.E. Regional Norte | 9.88 | |
EMELEC | 9.59 | |
E.E. Quito | 9.13 | |
Promedio Nacional | 9.48 | |
*Costo para el sector residencial en centavos de dólar por Kilovatio/hora.
FUENTE: CONELEC
SEGUNDA PARTE
Una "papa caliente"
El "nuevo" edificio de la EERSA está en centro de la polémica. Esta estructura ubicada en las calles Juan Larrea y Primera Constituyente fue construida en los años 70 para albergar al Banco Popular. Pasó a manos de la EERSA, institución que canjeó 887 mil dólares en certificados de depósito reprogramables, CDR`s por la estructura. Los CDR´s fueron otorgados a la EERSA debido a que esta institución tuvo el dinero depositado el Bancomex, un banco que sucumbió en la crisis bancaria durante el gobierno de Jamil Mahuad.
Según Nicolás Alvear, la compra del edificio fue beneficiosa para EERSA, pues se recuperó el dinero de la banca cerrada y además por el costo. "En papeles del Banco Popular el edifico estaba avaluado en 1 millón 300 mil dólares". Alvear señala que en la remodelación se habrían gastado de promedio de 200 mil dólares.
Para Wilson Lozano, ex-gerente de la EERSA, las cifras no concuerdan. Primero: el depósito de 28 mil millones de sucres en el Bancomex, al cambio de ese entonces, unos 4 millones de dólares. Segundo: Lozano dice tener conocimiento que se gastó unos 340 mil dólares en la remodelación, él se pregunta: ¿Con ese dinero y los CDR´s no era mejor emprender en la construcción del proyecto Molobog?.
Polémica aparte es el proceso de remodelación. Esta obra se declaró en emergencia y por eso se habría ejecutado mediante un contrato directo sin un concurso de precios y ofertas.
Respecto al edifico de las calles García Moreno y 10 de Agosto la Junta de Accionistas no ha decidido qué hacer. Hay dos alternativas: venderlo o alquilarlo. Hay cuestionamientos en la funcionalidad del edificio. Los funcionarios comentan que el edifico fue hecho para que ahí funcione un banco. Se preguntan: ¿No hubiera sido mejor construir un nuevo edificio de acuerdo a las necesidades de la empresa?
Bancomex un banco escogido a dedo
Abraham Romero, cuando era alcalde de Riobamba criticó el depósito que Alvear realizó en el Bancomex. Señaló que los dineros de la Empresa no debían ser concentrados en un solo banco, un criterio compartido por quienes saben de administración.
Alvear se defiende diciendo que, según la Ley, él no estaba obligado de recurrir a la banca estatal. Además no concentró los depósitos de la EERSA en Bancomex, "distribuí el dinero en dos bancos de la Costa y dos de la Sierra".
Lozano agrega que el procedimiento es inusual. Dice que se debía proceder a una subasta de capitales y otorgar el dinero a los bancos que paguen un mejor interés, "en mi época llamábamos a concurso en sobre cerrado y depositábamos en los bancos que nos pagaban mejor". Para eso también se tomaba en cuenta el nivel de confiabilidad del banco, es decir, se realizaba un análisis de riesgo. En conclusión, para muchos, el canje del edificio por la deuda de Bancomex es una "papa caliente"que el actual gerente dejó de tener en sus manos.
Los proyectos pendientes
En el año 1997el proyecto hidroeléctrico Río Blanco (3 megavatios) era inaugurado por la EERSA ese fue el último hito de generación eléctrica en Chimborazo. Río Blanco, Nízag y Alao producen en conjunto aproximadamente el 56% de todo lo que se consume en la provincia.
Dos proyectos quedaron en carpeta. Bilbao, que aprovecha las aguas del río Chambo y Molobog que usaría las aguas del canal de riego Chambo-Guano. En el caso de Bilbao, se señala que sería muy riesgoso emprender en ese proyecto, debido al proceso eruptivo del volcán Tungurahua. Por esa causa ese proyecto estaría condenado al archivo.
Pero con Molobog, la respuesta de Alvear es otra. Él aduce que la EERSA no se ha dividido en dos empresas: una de generación y otra de distribución y por eso es imposible emprender en el proyecto.
Lozano tiene otra opinión, "simplemente no hay interés". ¿Entonces cómo construimos Río Blanco? Al parecer faltaría una decisión política y las ganas de invertir en el sector eléctrico. Según Lozano para Molobog quedaron 28 mil millones de sucres, justamente lo que se congeló en Bancomex. Se tenía una proyección de 5.5 megavatios/hora. Una cosa sí es clara: si Chimborazo tiene suficiente generación propia de darse racionamientos eléctricos estos serían de corto período o, incluso, no habría cortes.
Todos los meses la luz sube
Todos los meses se da un incremento en el sector eléctrico. Según el gobierno hasta octubre del 2003 las tarifas en el sistema eléctrico deben tener "precios reales" por ello mes a mes se incrementa 1.64% por cada 50 Kw/h de consumo, en el sector residencial; es decir, si usted consume 200 Kw/h al mes tendría un incremento total de 6.56%, éste es el llamado "incremento acumulativo" y la razón de que muchos ciudadanos al momento de pagar la luz.
Un gerente cuestionado
"Yo no puse a Nicolás Alvear en la gerencia de la EERSA, pero sí hable por él ante el Fondo de Solidaridad". Lozano dice que cometió un error, pero tampoco lo fue en su totalidad pues dice que para el nombramiento se tuvo el apoyo de los otros accionistas mayoritarios, como el consejo provincial y el municipio de Riobamba.
Ante un boletín de prensa del Diputado Guillermo Haro, en donde se denunciaba actos de corrupción en la EERSA, Alvear respondió al legislador que estaba dispuesto a contestar sus inquietudes, "proporcionándole toda la información que usted requiera para aclarar comentarios". El 8 de mayo Haro planteó 23 interrogantes al gerente de la EERSA y según el numeral octavo del Art. 130 de la Constitución, éste tenía 10 días para contestar. Las respuestas nunca llegaron. Ante esto la posición de Guillermo Haro es clara, "vamos a llamar al representante del Fondo de Solidaridad para que nos explique la serie de negociados que se han detectado
en la EERSA".
Las preguntas de Haro fueron
Sobre los depósitos en Bancomex.
Sobre la contratación de seguros, que la EERSA celebró en el 2001.
Sobre la contratación de personal.
Sobre las pérdidas técnicas y no técnicas.
Sobre las obras de electrificación rural.
Sobre la adquisición del Jeep Nissan-Patrol Wagon GL 4500
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