La corrupción en Chimborazo (página 2)

No pocos lectores señalaran que estos vicios sociales son insignificantes ante la marea de corrupción pública de los funcionarios y políticos de nuestro país, pero ahí se empieza. Si no respetamos el bien individual ¿cómo podríamos respetar el bien público? Eliminar la corrupción no es una tarea de un gobernante o de algún "iluminado", es una cuestión generacional que debe ser transmitida de padres a hijos, tal como este grave mal se ha engendrado en nuestra sociedad. La corrupción jamás podrá ser combatida o eliminada por decreto.

A la corrupción se lo debe ver como un círculo vicioso en donde una nueva generación nace y se educa de acuerdo a principios deformados. Padres y maestros educan a niños y jóvenes con principios no tan lícitos y con costumbres erróneamente conceptualizadas como "correctas". ¿Cómo romper este círculo vicioso? Dos formas podrían considerarse para ello, la concienciación de la sociedad con nuevos valores y costumbres y la sanción ejemplarizadora para quienes incurran en corrupción de todo tipo. Pero para adoptar estas nuevas medidas habrá que ingresar inicialmente en la administración pública y generar un cambio radical al interior de estas instituciones para que se conviertan en el ejemplo positivo de la sociedad y no en lo que ahora son: "nidos de corrupción".

La corrupción en la administración pública sólo podrá ser combatida mediante las leyes. El Derecho Público se basa en el principio de que el funcionario "solo podrá hacer lo que le permite la Ley" y su acción no debe ir más allá. Si se detectan incorrecciones las autoridades públicas y los jueces debe actuar con prontitud y sancionar si es posible con la salida del funcionario y el reemplazo con uno nuevo, esto creará precedentes para los que vengan. La corrupción es un cáncer que afecta a nuestro país y que pone en riesgo la vida de la nación por tanto es necesario acciones radicales. Recordemos que en el año 2000, ya el ex-Embajador de Estados Unidos Leslie Alexander decía "me apena decirles que el Ecuador está ganándose la reputación de tener una penetrante corrupción. No debe hacer secretos aquí esta fama es conocida por la comunidad internacional".

Las leyes deben ser un soporte importante para disminuir la corrupción en nuestro país. Los trabajadores públicos deben ser incluidos en un régimen especial que permita su juzgamiento y sanción sin que medie la acción corrupta del sindicalismo público el cual, en muchos casos, ha encubierto la vagancia y la corrupción. Una vez que el servidor público consigue su tan ansiado "nombramiento", adquiere un "status" casi de intocabilidad, debido seguramente, a lo difícil que se vuelve su juzgamiento y destitución. Gran parte de la responsabilidad está en las autoridades quienes por su transitoriedad se hacen de la "vista gorda" ante hechos o acciones de sus colaboradores.

No existe una conciencia de servicio público tan solo priman los intereses particulares. Jueces, políticos, maestros, periodistas, sacerdotes, etc, debemos hacer causa común para eliminar este grave mal de nuestra sociedad. Posiblemente haga falta el liderazgo político de alguien pero la responsabilidad de cambiar es de todos.

Chimborazo no está libre de actos de corrupción. Los niveles no están por encima o por debajo del promedio nacional, pero posiblemente tiene características especiales. En primer lugar la corrupción pública tiene rasgos propios como el clientelismo instaurado desde hace muchos años. Debido posiblemente a las necesidades extremas de la población, ésta se sentía contenta con las "migajas" que se les deba. El Consejo Provincial ha sido un claro ejemplo de aquello. Las entregas de dinero a una gran cantidad de organizaciones y la distribución de regalos se han vuelto una práctica común. El dinero público se orientó a entidades privadas incluso muchas de ellas con finalidades lucrativas. De esa manera una reelección estuvo asegurada, pero no la dotación de servicios básicos y obras de infraestructura.

Otra de las características de la corrupción en Chimborazo ha sido propiciar la desorientación de la ciudadanía. Para ello existe la colaboración de los medios de comunicación que al ser contratados (con dineros públicos) empiezan una guerra psicológica e informativa de hechos denunciados y que acaban como siempre "en nada".

En múltiples ocasiones los políticos de turno han convocado a la ciudadanía a defender "nuestras" instituciones. Pero ¿qué tan nuestras son esas instituciones a la hora de darnos un servicio o bien? Ejemplo claro es la Cemento Chimborazo, cuyos dirigentes sindicales permanentemente ha solicitado el apoyo ciudadano para que esta empresa no se venda. La ciudadanía ha respondido afirmativamente pese a que los únicos beneficiados han sido los trabajadores "con nombramiento" cuyos sueldos bien podrían ser comparados con la burocracia dorada. Mientras eso sucede el valor de la Cemento Chimborazo se deprecia y su nivel de producción no aumenta o disminuye. "La gallina de los huevos de oro" bien podría morir en algún momento dado.

Chimborazo tiene rasgos característicos de corrupción, pues su población es diferente al resto del país. El porcentaje de indígenas que viven en el sector rural es alto y es bien conocido que ese sector no es el mejor atendido en educación, salud y otros servicios básicos. En Chimborazo es más fácil robar un bien público pues quienes fiscalizan una obra no tienen la suficiente capacidad de intervenir o no tienen la conciencia de que esa es una obligación y un derecho el ver que algo se construya para beneficio de todos y en forma correcta. En el sector rural "algo" es mejor que "nada".

Pero el sector urbano no se queda atrás. Debido a la creciente migración campo-ciudad los nuevos habitantes de los cantones urbanos no tienen una plena identificación con el lugar en el que ahora habitan. ¿Podría ser la pérdida de identidad una causa para la corrupción? Algo que sí es seguro es que la autoestima de la población genera nuevas conductas sociales como una mayor participación y la pérdida de "miedos" para combatir el grave mal que estamos analizando.

Puede ser que la corrupción no sea eliminada del todo en el país. La mayoría de la población ve con pesimismo el futuro del Ecuador. Los ciudadanos ven una ventana de salida en la migración a otros países. Todo dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer.

El desinterés ciudadano

Es obvio, quien no denuncia la corrupción se vuelve en un cómplice, encubridor y desde ya forma parte del hecho ilegal. El desinterés también es corrupción, pues la motiva y no la combate.

El desinterés ciudadano es una actitud y una acción desfavorable para la sociedad. Posiblemente sea la clave para combatir la corrupción, pues si todos nos impusiéramos como objetivo combatir este grave mal, posiblemente tendríamos resultados favorables. Pero para que esto suceda se necesita la "conciencia ciudadana" para identificar lo que está mal y denunciarlo. Posiblemente esa conciencia se ha perdido debido a que los valores se han tergiversado y "volteado". Ahora lo que está bien, podría verse como mal y viceversa. Analicemos un caso, quien encuentra una billetera y la devuelva con todo su contenido podría ser considerado como un "pendejo", pero nunca como un hombre honesto. Rodrigo Borja decía en una entrevista que "ahora la excepción es encontrar con la linterna de Diógenes un hombre honorable y justo porque ese tipo de hombres ya han llegado a constituir una absoluta minoría". En muchas ocasiones escuchamos que una autoridad que llega a un puesto debe aprovechar al máximo "pues de esta posiblemente no haya otra". ¿No es esta una distorsión de la moral pública?

El desinterés ciudadano podría tener varias motivaciones. Una de ellas es que las personas no creen en el sistema de justicia. Aquí bien cabe aquella frase de que "las palomas disparan a las escopetas". Quien denuncia corre el riesgo de ser denunciado, pues ha atentado contra el "buen nombre" de una alguna autoridad o personas común y corriente. No cabe duda que la lucha es difícil y peligrosa, pero alguien tiene que comenzarla y librarla. Es una guerra en la que todos debemos participar.

Una política participativa y no sólo electiva podría cambiar el interés de los ciudadanos. A ellos hay que confiarles responsabilidades y proveerles de la información necesaria para que actúen. Los ciudadanos sólo se interesarán de lo que conocen por tanto un primer ejercicio de las administración pública es transparentar la información y darla a conocer a todos sin restricciones.

Alguna vez, mientras un periodista ejercía el cargo de relacionador público de una institución del estado, se acercó al él alguien con una denuncia de dicha institución con la intención de que ésta sea encubierta por el relacionador encargado de la "buena imagen" del organismo. Acertadamente el comunicador invitó a aquel personaje para que denuncie por todos los medios posibles las presuntas irregularidades, "siempre y cuando tenga todos los elementos de juicio". El denunciante meditó su accionar, pues posiblemente su intención era chantajear al periodista. El ejemplo nos señala una ecuación: mayor información, mayor posibilidad de detectar incorrecciones. Si un administrador público o privado se niega a proveer información debería haber muchas dudas de su accionar. La honorabilidad del funcionario debe ya ponerse en duda.

La necesidad de sobrevivir o de "supervivir" no es justificativo para desinteresarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. Quien no participa no tiene el derecho de protestar por lo que pasa en el país. En eso los ecuatorianos tenemos una enorme responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado en encuestas que la política o la economía no es tema de interés de los ciudadanos? Sin embargo, protestamos a la hora de pagar nuestros impuestos o la matrícula del carro, pero no protestamos por la forma de cómo se gastan esos recursos, peor exigimos cuentas claras. Nuevamente hay que señalar que el cambio de esta conducta es generacional. Debemos incentivar una cultura del reclamo y la participación, caso contrario la vida social del país girará en el mismo eje, causando más desesperanza y pobreza.

La falta de interés de los fiscalizadores

Si existe responsabilidad de vigilar y controlar los actos públicos por parte de los ciudadanos, imaginemos lo que pasa con quienes son elegidos para aquello.

Diputados, concejales y consejeros son por mandato legal, fiscalizadores de los bienes públicos. Ellos como representantes de un colectivo están en la obligación de denunciar cualquier irregularidad y de llegar hasta las últimas consecuencias.

Pero analicemos lo que pasa con estos "fiscalizadores" en Chimborazo. Concejales y consejeros lo primero que hacen es pedir cuotas políticas o personales en la administración en las cuales les toca actuar. Eso genera un compromiso que luego deberá ser pagado con el silencio. Ejemplos de lo anterior existen muchos, pero analicemos un caso. En una de las auditorías realizadas al consejo provincial por parte de la Contraloría se detectó que una factura fue utilizada para cotizar varias compras. Hubo alguna irregularidad, "no un error", y alguien seguramente salía beneficiado económicamente de aquellas transacciones. Los consejeros de aquella época hicieron "mutis por el foro" y grabaron en su cerebro una frase "La Contraloría es la única que puede determinar responsabilidades". ¿Entonces para que estaban allí? El miedo o el compromiso parece que les impedía decir nada respecto a este hecho que a la final no fue juzgado ni sentenciado. Los consejeros equivocadamente se "lavaron las manos" en este asunto y descartaban cualquier responsabilidad en los hechos. ¿Acaso no son responsables también por no decir nada?

La experiencia nos dice que la mayoría de "fiscalizadores" son de esa calaña, pero bien podrían encontrarse excepciones. Corresponde a los electores señalar a aquellos que puedan cumplir a cabalidad con esa enorme responsabilidad. Para ello hay que identificar a aquellos que cumplieron funciones parecidas y nunca hicieron nada en las entidades donde participaron. Una de las características de la corrupción es que actúa bajo las sombras y "compra silencios", por tanto en una institución pública donde todo el mundo "canta misa", algo pasa en su interior. ¿Cuántas veces hemos escuchado escándalos en instituciones que ni nos imaginábamos? Nadie debería estar tranquilo mientras el diablo de la corrupción anda suelto. Parecería ser una frase muy figurativa, pero es así.

Otra trampa en que usualmente caen nuestros naturales fiscalizadores es caer en el falso "espíritu de cuerpo" frente a hechos denunciados. Todos quieren salir a la defensa institucional por más que existan pruebas evidentes de hechos incorrectos. Nadie al interior se atreve a investigar y si lo hace es catalogado como un traidor a la institucionalidad o mejor dicho al "status quo" instaurado. Este famoso "espíritu de cuerpo" bien podría denominarse como el "espíritu de la corrupción" y sólo una reacción social podría romperlo. Es una tarea que nos corresponde a todos.

Diputados, consejeros y concejales que callan deberían ser mal vistos por la sociedad. Mas, cuando vivimos en el Ecuador, uno de los países que por desgracia ha sido catalogada como entre los cinco más corruptos de este hemisferio.

La denuncia

La denuncia es un instrumento valioso en la lucha contra la corrupción, mas cuando en los momentos actuales tenemos altos niveles de desarrollo de la comunicación e información. Mientras una denuncia sea más socializada será mejor. Claro que ésta debe estar bien sustentada por los denunciantes para no convertirse en una calumnia o peor aún en un instrumento de persecución o venganza.

La denuncia posiblemente sea el siguiente paso luego de la concienciación ciudadana. Es por ello que la cantidad de denuncias comparada con el volumen de actos ilegales puede ser infinitamente menor. De hecho se sabe que en aduanas, por ejemplo, funcionan verdaderas mafias que ni siquiera los gobiernos pueden destruir.

En el caso de Chimborazo la denuncia sobre hechos generados en las instituciones públicas es casi nula. Esto tiene que ver específicamente con el desinterés de ciudadanos y fiscalizadores quienes, como ya anotamos, carecen de la voluntad de combatir la corrupción por diferentes causas.

Posiblemente un caso aparte sea la actitud del legislador Guillermo Haro, quien ha denunciado varios actos de corrupción en entidades del sector público. Muchos señalan que el diputado ha regado una serie de injurias en contra de personas y que por el momento no ha probado nada. Se ha dicho que Haro se escuda en su inmunidad para insultar y formular varias acusaciones sin fundamento. Sin embargo, ¿no es peor que nadie diga nada sobre las instituciones públicas atestadas de inefectividad y corrupción?

Guillermo Haro en algunas ocasiones ha topado temas que se reseñan en el siguiente capítulo de este libro y pudo haber tenido razón en ciertos temas. Claro que la denuncia por venir de un legislador pudo haber tenido visos de persecución.

La actitud de Guillermo Haro – con menos ingredientes políticos y más objetividad- debería ser repetida por la prensa local, que por el momento no ha tenido una actitud protagónica en el combate a la corrupción, al contrario han sido cómplices y hasta defensores de ciertos actos no tan transparentes. Los medios de comunicación deben asumir con responsabilidad su obligación como orientadores de la opinión pública, posiblemente por ahí esta el camino para iniciar una verdadera transformación social. Bien decía Luis A Bonald que "un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la Prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la Prensa calle. Para el primer mal hay un remedio en las Leyes; para el segundo, ninguno. Escoged, pues, entre la Libertad y la Muerte". La libertad de prensa es un instrumento que no ha sido explotado del todo en nuestro medio y que merece una mayor atención.

En materia de legislación han existido avances. Por ejemplo la última Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública que al ser plenamente ejecutada podría generar la destitución de un funcionario público, pero más importante dar a conocer ciertos secretos en las entidades del sector público e incluso del sector privado, pues debemos recordar que la Ley faculta recabar información de las entidades privadas que manejan capitales públicos. Muchas autoridades ignoran la existencia de esta Ley y hay quienes conociéndola no están dispuestos a obedecerla. Solo la prensa podría tener la fuerza y levantar "polvareda" con el fin de que hechos dudosos sean aclarados documentadamente.

¿Cuál es la actitud de los denunciados en algunos casos? La práctica profesional nos ha demostrado que las autoridades cuestionadas salen a realizar declaraciones y no exhiben documentación sobre el tema materia de una denuncia. Simplemente confían en que se les crea, como siempre, pues como no existen medios de comunicación y peor ciudadanía que los refuten, ellos tendrán "todas las de ganar".

La experiencia también nos dice que quien se ha atrevido a denunciar se lo tacha con diversos adjetivos queriendo de esta manera mermar su credibilidad. El funcionario acorralado siempre dirá "me persiguen porque sirvo al Pueblo", pero nunca aclarará los hechos denunciados. Contraatacar con insultos y desprestigio siempre será una buena arma de los corruptos, de esa manera se desvía el tema principal y el enfrentamiento se vuelve personal. Obviamente que la acción de la justicia tampoco es del todo eficiente. Los fiscales distritales y agentes fiscales no se atreven a actuar por iniciativa propia debido al miedo o la compra de conciencias.

Otro factor que limita la denuncia es la falta de información. En el Ecuador y por lo tanto en Chimborazo las empresas públicas son manejadas celosamente por las autoridades de turno. Nadie, salvo los funcionarios involucrados, podrán o deberán saber lo que al interior de esas instituciones esté sucediendo. Poco a poco la autoridad que empezó mal una gestión comienza a ser chantajeado por quienes lo rodean, pues ellos tienen información valiosa que podrían hundir al administrador. De ahí que se puede comprender porque una autoridad sostiene en el puesto a un funcionario que ha caído en desgracia ante la opinión pública. ¿Por qué Lucio Gutiérrez sostuvo hasta el último de su gobierno al subsecretario del Ministerio de Bienestar Social Bolívar González?

En nuestro medio también hay ejemplos, aunque estos se disfrazan con el supuesto principio de autoridad "no puedo destituir al funcionario, pues donde quedaría mi autoridad". Chantajes como estos se dan en todos los órdenes, incluso laborales, es más, podría decirse que los mayores chantajistas que encubren la corrupción son los sectores laborales de la institución, pues ellos sí tienen pleno acceso a la información. Sólo así se explicarían las exageradas prebendas de los dirigentes sindicales y los onerosos contratos colectivos firmados y que van en contra de la economía de la empresa estatal. Vuelvo a citar el ejemplo de la Cemento Chimborazo. Al final se saca una conclusión: quien tiene la información tiene poder, eso no es nuevo (posiblemente sí en nuestro medio), por ello es indiscutible y necesario que la información pública empiece a masificarse.

Nuevamente recurriendo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ésta señala con la más absoluta claridad que toda la información administrativa y financiera de las entidades públicas deben ser editadas en una página web. Además los ciudadanos tienen que ser atendidos en sus requerimientos informativos luego de quince días de presentada la solicitud. En caso de negarse esta información se contemplan sanciones.

El abuso de los fondos públicos

La corrupción tiene varios objetivos uno de ellos y posiblemente el principal es robar. Se roban fondos públicos o privados, a mano armada o mediante leguleyadas jurídicas; es decir, hay una multiplicidad de formas y características.

Chimborazo no ha sido una excepción en el robo de los fondos públicos. Estos han sido tomados por prefectos, alcaldes, gerentes, trabajadores, etc. pero ¿cómo roban los funcionarios de Chimborazo?

El clientelismo político es posiblemente una de las mejores formas de robar en nuestra provincia. La extrema pobreza de los sectores rurales hace que sea así, pues cualquier cosa que se entregue es vista como una boya de salvación. Pero este mal no es solamente de los sectores rurales. Tal como veremos en el siguiente capítulo el prefecto Alfonso Burbano repartió los dineros públicos a entidades privadas sin otro requisito que el agradecimiento público. Se llegó hasta el colmo de exhibir las placas de los beneficiarios en las paredes del Consejo Provincial como un ejemplo de lo que no se debe hacer. El cinismo fue una característica de esta administración.

Muchos dirán que el clientelismo político no tiene nada que ver con la corrupción ya que las obras están ahí, "se sirvió al Pueblo". La primera impresión nos engaña. Desperdiciar y rifar el dinero de los contribuyentes como si se tratara de una lotería sí constituyen actos de corrupción, pues estos dineros no son orientados a lo importante como saneamiento ambiental, salud, educación, riego y otros temas. Constituye un crimen orientar los recursos del estado en regalar sillas cuando hay altos índices de muerte infantil en el sector rural de Chimborazo.

Pero claro, acciones como estas tienen a sus fieles seguidores –especialmente los beneficiarios –presidentes de gremios, hermandades, asociaciones y clubes son agradecidos con el "generoso", quien recibe halagos porque entrega nuestro dinero a instituciones privadas. Esto en pocas palabras es derroche y una ofensa para un país que vive en el subdesarrollo. Ahora en Riobamba gremios de mecánicos y modistas pueden exhibir sedes de lujo y que únicamente son ocupadas para los eventos sociales de la organización y de sus agremiados, el beneficio colectivo es nulo. Así, de esa manera, cientos de miles de dólares fueron derrochados en una ciudad y provincia que se muere de sed y de hambre.

Otra forma de atraco público que ha sido vista en la provincia de Chimborazo es la inefectividad administrativa, la cual es pagada por todos los ciudadanos. Nuevamente pongamos un ejemplo, en la Cemento Chimborazo administradores y trabajadores instauraron una forma de corrupción cíclica que funciona de la siguiente manera: Al inicio el administrador entra con los mejores augurios y con el apoyo de los trabajadores, quienes públicamente lo adornan con adulos. Luego los dirigentes sindicales quieren mantener sus privilegios, por lo que empiezan a presionar a los administradores; estos a su vez no están dispuestos a ceder autoridad y poder, pues eso también les representaría una disminución en sus utilidades monetarias. No quieren ceder contratos a los trabajadores pues no habría comisiones, ni autoridad y de esa manera no tendrían el poder para incrementarse los altos sueldos ejecutivos.

El paso siguiente es la pugna, trabajadores y administradores empiezan a señalar deficiencias, cada quien acusando al otro de irregularidades, éstas se vuelven públicas y los medios de comunicación hacen su agosto con los contratos de publicidad pues cada quien "quiere levantar su imagen". Los trabajadores recurren a una vieja trampa llamada "defensa de nuestra de empresa", la frase es repetida varias veces hasta que se convierte en realidad, tan convincente se vuelve que alguna reacción social obtienen. Al final los administradores son separados y los sindicalitas cantan victoria, saben que el que viene tendrá que ceder a sus pretensiones si quiere permanecer en el cargo. Nuevamente este círculo vicioso se vuelve a repetir.

Fruto de toda esta problemática la cementera tiene obligaciones económicas con los trabajadores que ocupan gran parte de sus recursos. A la hora de distribuir las utilidades el Banco Nacional de Fomento, mayor accionista de la Cemento Chimborazo, obtiene exiguos recursos que también son orientados a cubrir el déficit de esa institución bancaria por las innumerables condonaciones realizadas. ¿Quién paga los huecos financieros de estas instituciones?

Un fenómeno parecido podría ser descrito en la Empresa Eléctrica Riobamba en donde el alto índice de pérdidas de energía, exagerada burocracia, cortes eléctricos, cartera vencida y otros males son cargados a las planillas de los usuarios, quienes además tienen que soportar huelgas de trabajadores y situaciones conflictivas.

Una vieja frase y que perfectamente se aplica a los corruptos señala que "nadie roba con factura", pero muchas veces el exceso de confianza y la audacia de algunos funcionarios corruptos permite develar realidades. En este libro hay algunos casos que bien vale la pena recordar.

El olvido

Muchas veces la opinión pública se pregunta por qué en Chimborazo y generalmente en el país hay tanta corrupción. La respuesta radica en las actitudes de los mismos ciudadanos quienes olvidamos hechos y casos que en momento dado son de dominio de la opinión pública.

El olvido podría considerarse como el más grande incentivo para los corruptos, quienes luego de algunos meses vuelven a actuar, sea como candidatos o encaramándose nuevamente en los cargos públicos. Sin duda los cargos más apetecidos serán aquellos en donde se manejan grandes cantidades de dinero o que puedan ser utilizados para fines politiqueros y de clientelismo.

Imaginemos un escenario en el cual el olvido no sea el denominador común en el pueblo de Chimborazo. Políticos y funcionarios demagogos, corruptos podrían ser desechados de la vida ciudadana, siendo castigados por un electorado o censurados ante de una designación. Para ello es importante establecer mecanismos de selección al interior de los partidos y movimientos políticos y sociales a fin de establecer impugnaciones y censurar a aquellos que no merecen el favor ciudadano. Un ejemplo de ese proceso bien podría ser aquel por el cual se designó a los miembros de la reciente Corte Suprema de Justicia.

Nunca deberíamos olvidar los casos de corrupción en Chimborazo. Recordemos que se trata de nuestro dinero el cual debe ser bien invertido. Tampoco debemos olvidar que nuestro desinterés provoca muertes. Por la corrupción los recursos de la salud no llegan a quienes más lo necesitan; por la corrupción una sociedad puede sucumbir ante la anarquía y el robo. Bien se dice que la corrupción es un cáncer que en algún momento dado podría matar lo que queda del Ecuador, al menos en aspectos como el desarrollo y la prosperidad de todos y cada uno de nosotros.

Combatir la corrupción es defender la vida.

NOTAS

1. Rodrigo Borja en el mismo libro señala refiriéndose a la corrupción en los políticos, "…vagancia, pereza, egoísmo, corrupción, irresponsabilidad y otros más son los siete pecados capitales de la mal llamada clase política ecuatoriana. Mientras eso persista podremos las mejores y más perfectas constituciones que la cosas no marcharan bien".

2. Osvaldo Hurtado en la misma entrevista también señaló:… "presidentes toman decisiones para favorecer intereses particulares, jueces toman decisiones para favorecer intereses particulares, diputados, gobierno nacional toman decisiones para favorecer intereses particulares ¿y quién se ocupa del interés público?".

*Riobamba: las secuelas de la explosión

El informe preliminar de la Contraloría General del Estado evidenció que en los contratos suscritos para la reparación de viviendas se fijaron diferentes precios referenciales para la primera fase.

Además, la Procuraduría cuestiona la legalidad de la Unidad Técnica de Emergencia

María Esther Pasmay, propietaria de una casa ubicada en la calle Uruguay 18-15 y Chile, no oculta su molestia porque su vivienda haya sido incluida en la segunda etapa de la reconstrucción de Riobamba, tras la explosión de los hangares 78 y 79, de la Brigada Galápagos, el 20 de noviembre de 2002.

Esa inclusión significa que recibirá un monto de $3 600. Tras la explosión, el cielo raso de su casa fue cambiado por un contratista, por lo que no se justifica que conste para una segunda reparación.

Pasmay consta en la lista de autorreparación y habría recibido el cheque número 001528 por un monto de $218,19, el 25 de marzo de 2003. Ella lo niega: "No sé ni cuánto han gastado ni nada, no recibí ningún cheque".

A Piedad López Valarezo le cambiaron 20 vidrios en sus dos casas (una en la calle Veinticuatro de Mayo 25-71 y la otra en la Doce de Octubre 23-31), en las cuales no se habría gastado más de $150. Al igual que Pasmay, ella consta en la lista de la segunda etapa con un presupuesto total de $6.600 para cambiar vidrios. "¡Se imagina! Yo le invito para que cuenten los vidrios y evalúen". Oficialmente, en este último caso, la Unidad Técnica de Emergencia (UTE) negó que esta casa hubiera sido reparada. La UTE es el organismo técnico creado, el 22 de noviembre de 2002, para la reconstrucción de la ciudad de Riobamba.

Algo más: las casas de Clara Vinueza, Ricardo Guevara, Gonzalo Cruz, Luis Mancero y Santiago Toapanta ya fueron reparadas, pero la UTE dice que no. En la mayoría de casos se repusieron los ventanales.

El último 8 de marzo hubo un intenso movimiento de contratistas en el salón municipal José María Román. Todos ellos, junto a fiscalizadores y funcionarios municipales, fueron citados con la finalidad de leer el borrador del informe de Contraloría sobre los recursos económicos utilizados por la UTE. La sesión tuvo el carácter de reservada, pero al final trascendió alguna información: 104 contratistas deberán devolver aproximadamente $83 mil, pues la Contraloría encontró "una alteración en los precios unitarios contractuales, por lo que se realizó la reliquidación".

Esta alteración se habría producido especialmente en el precio referencial del vidrio que se utilizó en las obras de reconstrucción. José Vaca, ex representante del Municipio de Riobamba ante la UTE, señala que no hubo tal sobreprecio, pues "se establecieron 33 rubros que serían utilizados en la reconstrucción, incluido el vidrio, pero luego fue necesario realizar una nueva revisión de precios". Por ejemplo, al inicio de la reconstrucción, la UTE estableció un precio referencial del metro cuadrado del vidrio de 3 mm a $7,26 pero luego decidió revisarlo y lo estableció en $9,27.La Contraloría considera que nunca debió hacerse tal revisión y que se tuvo que respetar el precio inicial. Marco Portalanza, presidente de la Cámara de la Construcción, defiende la legalidad del incremento "por la especulación y la demanda". Entre las autoridades, círculos políticos y los ciudadanos riobambeños se cree que todos estos ingredientes abonan la posibilidad de que el Gobierno no entregue más recursos para la reconstrucción de Riobamba y se haga de la "vista gorda", mientras se resuelven temas como la legalidad de la UTE y la emisión del informe final de Contraloría.

Rodrigo García, diputado de Chimborazo por el Movimiento Pachakutik, dice que es inaceptable que el Gobierno incumpla porque es su obligación atender hasta que se concluya la reconstrucción definitiva. Para él, "gran parte de la reconstrucción se ha logrado por el propio esfuerzo de los riobambeños".

Un trabajo realizado por la Procuraduría General del Estado (PGE) demostraría que el presupuesto presentado por la UTE para la denominada segunda etapa, estaría inflado en cifras y casos. Esa instancia visitó 50 casas, que forman parte de los 470 casos señalados en ese presupuesto; es decir, la muestra fue del más del 10% y las casas están ubicadas en diferentes partes de la ciudad.

El análisis señala, en su parte medular, que el 25% de las casas incluidas ya fueron intervenidas por la UTE. Sin embargo, todas ellas constan en el presupuesto y con cantidades mucho mayores a las gastadas.

En un resumen del informe de la Procuraduría, las casas ya intervenidas suman un presupuesto referencial de $53 200, cuando en verdad se habría gastado $3 090. Con este antecedente, se estima que el presupuesto de la segunda etapa es irreal y no ascendería a los $2 388 000 sino a una cantidad menor. (JP/OP).

¿El Cuerpo de Ingenieros fiscaliza la reparación?

El Municipio riobambeño incluye a los militares en la fiscalización

Fuentes que prefirieron no identificarse cuestionan la presencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la fiscalización de la obras de reconstrucción, "si fueron los militares quienes provocaron la explosión, ahora son juez y parte", dicen. Este diario intentó conversar con el coronel David Padilla, quien se encuentra al frente de un equipo de 20 militares que cumplen la tarea de fiscalización desde la oficina provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Su respuesta fue: "No tengo la autorización de mis superiores". El comandante del Cuerpo de Ingenieros, Juan Reinoso, afirmó que esta unidad no tuvo ninguna participación en la reconstrucción de la ciudad ni en la fiscalización. Aseguró que esa dependencia sólo participó en una evaluación de daños y en la planificación de un presupuesto para la reparación de la Brigada.

La Contraloría, en su borrador, habría hecho observaciones de orden legal a la fiscalización, aunque el director regional, Mario Ríos, no dio detalles. Al parecer Fiscalización, en algunos casos, no verificó el fiel cumplimiento de las obras contratadas y por ello se debió hacer una reliquidación de todos los contratos efectuados por la UTE. De ahí que Contraloría consideraría que los militares no hicieron bien su trabajo.

Muchos de estos militares, según los testimonios, participaron en la elaboración del presupuesto de la segunda etapa. Los ciudadanos también se quejan del trato: "Da miedo ir. Los militares salen bravos, un capitán dijo que el señor Gobierno ya no tiene para darles", dice Ana Robalino. Otro testimonio parecido es el de Patricia Colcha, "los militares dijeron que no tiene nada que ver, que si no reparamos en la primera etapa ya no había esperanzas". (JP/LB)

¿Quién creó y legalizó la existencia de la UTE?

A 16 meses de operar la unidad técnica se cuestiona su legitimidad

La legalidad de la Unidad Técnica de Emergencia (UTE) ha sido puesta en duda por la Procuraduría y le ha dado más de un dolor de cabeza al alcalde de Riobamba, Fernando Guerrero. Este es un tema importante en el seguimiento del proceso de fiscalización de los gastos efectuados en la reconstrucción, tanto que el 25 de agosto de 2003 se inició una indagación previa para verificar la legalidad de la UTE.

Daniel Escobar Zurita, delegado de la Procuraduría General del Estado, sostiene que hubo "falsedad en instrumento público, pues nunca se probó que el Gabinete ministerial creó la llamada UTE tal como lo señala el alcalde Guerrero en la resolución administrativa 95-SCM-2002". Guerrero se defiende: "Si nosotros no afrontábamos el problema, ¿quién lo hubiera hecho?". La creación de la UTE podría tener una explicación cuando el 27 de noviembre, siete días después de la explosión, el ministro de Vivienda, Nelson Murgueytio, firmó el "Plan Operativo de Intervención Inmediata", que en su fase prioritaria señala: "Reponer ventanerías, puertas de calle, cubiertas de toda la ciudad.

Para el efecto se ha implementado la Unidad Técnica de Emergencia que laborará entregando a la ciudadanía el calendario de recepción de documentos". Ni en el decreto de emergencia 3386, publicado en el Registro Oficial del 5 de diciembre de 2002, ni en los archivos de la Presidencia de la República, como lo certifica Guillermo Astudillo Ibarra, secretario de la Administración Pública encargado, el 12 de agosto de 2003, consta la creación de la UTE. Consultado al respecto, el ex ministro de Vivienda, Nelson Murgueytio dijo que la UTE se creó por un convenio tripartito entre el Ministerio que él presidía, el de Defensa y la Municipalidad de Riobamba. La UTE recibía, según Murgueytio, los fondos para la reconstrucción a través de la Alcaldía la cual los obtenía desde el Gobierno. La creación legal estaría consignada en el Plan Operativo que firmó el Ministerio de Vivienda, el 27 de noviembre de 2002, según el alcalde Guerrero. Mientras la Fiscalía investiga el caso, otros problemas se ciernen sobre la UTE.

El Gobierno de Gutiérrez no ha enviado más recursos, en todo este año, para la reconstrucción de más de 4.000 viviendas que están incluidas en la segunda etapa. Guerrero, el pasado 7 de marzo, durante la inauguración de la pista sintética del estadio de Riobamba, se refirió al tema: "Han creado la muletilla de que no se envían los justificativos. Nos falta entre $4 millones y $5 millones para completar la reconstrucción". La respuesta de Lucio Gutiérrez: ni una palabra.

Por ejemplo, el coliseo mayor de deportes Teodoro Gallegos Borja aún muestra las huellas de la explosión. "Se necesita un presupuesto referencial de $389 mil para repararlo", señala Felipe Serrano, presidente de la Federación Deportiva de Chimborazo. Falta por reparar la cubierta y paredes. Con el daño del coliseo, Riobamba perdió su escenario deportivo y social cubierto más grande.

Los temores de que algunos ciudadanos no reciban el dinero para la reparación no son aplacados por el gobernador de Chimborazo, Marco Chávez. Dice no conocer y solo aspiraba a que en la reunión del jueves pasado con el presidente de la República las autoridades de Riobamba planteasen este tipo de necesidades. Asimismo, 62% de una muestra de 63 contratos firmados por la UTE tuvieron una póliza de fiel cumplimiento de contrato de la Agencia de Aseguradora del Sur, en Riobamba. Esta firma es gerenciada por Fabricio Guererero, hijo del alcalde.

Entre las compañías de seguros y corredores existe la sensación de que las ventas de pólizas que tiene que ver con la contratación pública ha disminuido, pues hay una concentración en Aseguradora del Sur. Fabricio Guerrero se defiende y dice que la preferencia de los contratistas gira en torno al servicio, "nosotros les ofrecemos un mejor precio y mejores condiciones para las pólizas". En cambio, el alcalde dice no tener ninguna responsabilidad: "Pregunte a los contratistas y al gerente de la aseguradora, no tengo que ver en eso". (JP/OP)

 La ayuda para 21 heridos todavía está en espera.Los defensores de los DDHH critican la actitud clientelar del Gobierno.

Diez muertos fue la cifra oficial en la explosión del 20 de noviembre de 2002. Los heridos se contaron en alrededor de 300, en su mayoría por cortes de vidrios que explotaron por la onda expansiva. De ellos, 21 heridos aún esperan la ayuda de las autoridades.

Para ayudar a esas personas se creó el Comité de Solidaridad por la Vida y Dignidad de Riobamba, encabezado por el obispo Víctor Corral Mantilla. En octubre de 2003, se lanzó la campaña "El Dólar de la Solidaridad", "en vista de la desatención del Estado y las FFAA". Con ese dinero se pensaba atender a esas 21 personas.

En la página web de la Fuerza Terrestre, aparece un comunicado bajo el título 'Trabajo solidario de Riobamba'. Allí se señala que se asignó un valor de $847 212, "que han sido entregados a los familiares de los fallecidos y heridos… Son más de 1 000 personas las beneficiadas". El vocero del Ministerio de Defensa, Edison Narváez, dijo que ese aporte fue una contribución de las FFAA. para ayudar las víctimas, a pesar de que no era su obligación legal.

El 20 de noviembre anterior la Fuerza Terrestre ofreció $100 mil, "esto es una burla más de la Brigada a Riobamba", señaló el vicepresidente del Comité de Solidaridad, Jorge Luis Idrovo, quien presentó los casos ante la Comisión Interamericana de la Derechos Humanos, "por la gravedad y la urgencia por la que atraviesan 21 personas, entre ellos niños con requerimientos urgentes de transplantes de órganos (córneas), así como la atención inmediata a los familiares de las víctimas fallecidas y/o desaparecidas". El 7 de marzo, en un comunicado, el Comité rechazó "la práctica política clientelar que usted lidera señor presidente" y solicitó los recursos para la reconstrucción y los heridos. (JP/LB)

Cronología

20 de noviembre de 2002, 16:00, ocurre la explosión de la Brigada Blindada Galápagos, ubicada en la zona Nororiental de la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, que deja como saldo 10 personas muertas y alrededor de 300 heridos.

El presidente Gustavo Noboa Bejarano emite el Decreto Ejecutivo número 3369 en el que declara el estado de emergencia en Riobamba, 25 de noviembre

El agente fiscal Plinio Vaca inicia la indagación previa para investigar las causas de la explosión. El Gobierno de Gustavo Noboa emite el Decreto Ejecutivo número 3386 para la transferencia de recursos.

27 de noviembre. El Gobierno Nacional otorga una primera asignación de $1 500 000 para iniciar la reconstrucción.

27 de noviembre. El ministro de Vivienda, Nelson Mugueytio, firma el 'Plan Operativo de Intervención Inmediata', en donde se habla de la implementación de la Unidad Técnica de Emergencia (UTE).

28 de noviembre. El alcalde de Riobamba, Fernando Guerrero emite la Resolución Administrativa número 095-SCM-2002 que crea la Unidad Técnica de Emergencia. Se señala "que el Gabinete Ministerial creó la Unidad Técnica de Emergencia".

18 de diciembre. Se hace la segunda transferencia por la cantidad de $1 500 000.12 de agosto del 2003. El secretario de la Administración Pública encargado, Guillermo Astudilo, certifica que no existe decreto alguno que haya creado la UTE.25 de agosto. Juan Rivera Fierro, ministro fiscal de Chimborazo, abre una indagación previa para investigar la legalidad de la UTE.

1 de octubre. Juan Rivera dicta una instrucción fiscal por la explosión de Riobamba e imputa a los generales Norton Narváez, Oscar Isch y al coronel Roberto Drouet por homicidio inintencional.

12 de octubre. Nelson Alarcón, asesor jurídico del Miduvi, certifica que no existe acuerdo ministerial que crea la UTE

20 noviembre. Se realiza la marcha Por la vida y la dignidad de Riobamba.

LAS EXPRESIONES

Da miedo ir. Los militares salen bravos. Un capitán dijo que el señor Gobierno ya no tiene para darles. Ana Robalino, vecina

El Cuerpo de Ingenieros no tuvo ninguna participación en la reconstrucción de RiobambaComandante Juan Reinoso.

*Reportaje publicado en el Suplemento Blanco y Negro de Diario Hoy el 24 de marzo del 2004, bajo el título "Riobamba las secuelas de la explosión".

Editor: Orlando Pérez.

*Juntas campesinas o servicio de justicia privada

Las organizaciones creadas para garantizar la seguridad de algunas zonas del país, según varias denuncias, se están extralimitando en sus obligaciones al violar los derechos humanos, atribuirse la condición de jueces y usurpar funciones de otras autoridades. En Tungurahua ya se solicitó su suspensión hasta que se defina el marco legal y campo de acción.

Para los juristas, estas entidades no tienen respaldo legal para que funcionen y actúen como grupos privados de seguridad.

Segundo Guanoluisa prefiere no hablar con la prensa luego de los amargos días que pasó retenido en alguna comunidad del cantón Guano. Él fue capturado el pasado 27 de abril y no fue sino hasta el 14 de mayo que volvió a ver a su familia. Su delito: no pagar una deuda a un miembro de las denominadas Juntas Campesinas.El tema no es nuevo. Desde el año 2001 se han reportado alrededor de 12 retenciones por parte de estas organizaciones.

Y hay una "novedad": el sistema colombiano del 'boleteo' (convocar, mediante carta, a una persona para 'rendir cuentas' a las Juntas) es utilizado por estas organizaciones. Por ejemplo, la Central de Juntas de Campesinado del cantón Quero, a finales del año pasado, envió a un campesino de esa zona un oficio donde le pedía asistir a la sesión "a fin de que responda (por los) cargos formulados en su contra por parte del señor…". Luego añade: "Caso contrario tomaremos nuestros procedimientos". (Se omiten los nombres de los convocados y los demandantes por seguridad de los involucrados).

Las Juntas Campesinas no son una obra de la casualidad. En los años sesenta, Guambaló una comunidad del cantón Quero, en la provincia de Tungurahua, era acosada por al cuatrerismo y la violación de mujeres. El sacerdote del lugar, Luis Aníbal Navas, organizó a los campesinos para proteger la integridad física de los pobladores y sus propiedades. Ahora, el sector está libre de la delincuencia y ese ejemplo fue seguido en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Los Ríos y Esmeraldas. Según sus dirigentes, cuentan con 20 mil miembros activos. Pero, según testimonios de campesinos y varios juristas, además del control delincuencial, las Juntas Campesinas son tribunales de justicia privada. Ahí se procesan "juicios" por conflictos de tierra, divorcios, herencias y hasta infidelidades.

Las Juntas se apoyan en un Decreto Ejecutivo emitido el 10 de octubre de 1966 por el ex presidente Clemente Yerovi, en donde se aprueban los estatutos de las Federación de Juntas de Defensa del Campesinado del Tungurahua para la protección de la propiedad privada y en el artículo 59 la Ley de Mediación y Arbitraje, que señala que "las comunidades indígenas podrán establecer centros de mediación".

Según Carlos Zambrano, de la Central de las Juntas del Campesinado de Quero, la función es velar por la paz y la tranquilidad de la gente: "Defendemos a la gente marginada, velamos para que no haya delincuencia". Pero la actuación de las juntas tiene detractores en las mismas comunidades. Julio Montero, de la comunidad Chocaví Central, señala que existen abusos, "a veces se propasan, a la gente se le castiga y no hay unos buenos arreglos". Montero dice haber sido testigo de varios juicios, "en el conflicto de herencias no hay un buen arreglo. Se ponen de acuerdo y a los culpables se les latiguea".

El ministro distrital fiscal de Chimborazo, Juan Rivera, señala que en esta dependencia existen algunas causas en contra de dirigentes de las Juntas Campesinas por los plagios, "queremos en forma definitiva buscar una solución a estos problemas".Para el jurista especializado en temas indígenas, Pablo Sarzosa, estas organizaciones no tienen nada que ver con la justicia indígena que propugna la Constitución en el artículo 191. "Esto es ejercer, con el poder físico, un servicio de justicia privada bajo la amenaza, la coerción y la violencia", comenta. En la misma postura se expresa Luis Andrango, director nacional de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Dinapin), entidad adscrita a la Defensoría del Pueblo: "Hay una tergiversación de los derechos colectivos de los indígenas. Las Juntas Campesinas se salen de la ley y, con cierta complicidad, quizá por temor, las autoridades cumplen con lo que ellos dicen".

De hecho, en Tungurahua, el 8 de abril pasado, las principales autoridades (Gobernación, Policía, Corte Superior de Justicia, Colegio de Abogados y las organizaciones de derechos humanos), solicitaron al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, suprimir temporalmente las Juntas Campesinas, para iniciar un proceso de capacitación y formación, "con el fin de verificar la constitución y funcionamiento de acuerdo con las normas legales vigentes".

En Tungurahua hay varias denuncias por la acción de las Juntas Campesinas contra autoridades de la Fiscalía, los defensores de los derechos humanos, de las organizaciones indígenas y, fundamentalmente, a los campesinos pobres.Incluso, Amnistía Internacional (AI) ya ha puesto sus ojos en el tema a propósito de un hecho ocurrido el mayo de 2003. Según la entidad con sede en Londres, 300 personas, integrantes de las Juntas Anticuatreras (ligadas a las campesinas) "armados de látigos y armas de fuego, amedrentaron a dos ciudadanos en Echeandía, provincia de Bolívar". El fiscal que sigue el caso vive bajo protección policial. La Fiscalía General de la Nación no ha respondido a AI por las acciones que debería tomar para evitar este tipo de delitos. (OP/JP)

Entrevista

"Nosotros estamos en contra de los malos vicios"

El dirigente nacional de las Juntas Campesinas dice que preparan varios proyectos para regular legalmente su actividad. Califica de delincuentes y resentidos a quienes han denunciado agresiones físicas y violación de derechos humanos. Y señala que se encuentra en una etapa de "revolución, de ideas y de pensamiento", pero que no se plantea el uso de la fuerza ni de las armas en su accionar

¿Ustedes perdieron la confianza en la administración de la justicia formal y por eso la ejercen a través de las Juntas Campesinas?

Más de un 90% de las personas han perdido esa confianza. Las leyes son claras y transparentes, pero quienes administran justicia, con muy pocas excepciones, son los que se equivocan hasta cierto punto a propósito con premeditación y alevosía. Nadie está libre hoy en día, menos los campesinos. Es una novedad que haya honrados y no ladrones. Hoy más fácil ser corrupto que correcto.

¿Se ha dicho que en sus acciones se utiliza la violencia?

Cada quien las interpreta a su conveniencia. Somos mal vistos por la gente a la que no le gusta andar correctamente. Nos tiene sin cuidado lo que digan porque hay un Dios y nuestra conciencia es transparente. Lo que pasa es que, donde no hay Junta de Defensa del Campesinado, cada quien hace lo que le da la gana, pero donde una de ellas se forma, las personas se autoeducan y autodisciplinan.

¿Las retenciones que se hacen para algunas personas son consideradas plagios?Son cosas diferentes. Hay ciudadanos que quieren sorprendernos a nosotros; el mañoso ha venido a refugiarse en las Juntas. Al averiguar el asunto, confrontando a las partes, vemos que quien vino por lana sale trasquilado. Automáticamente, el deudor que quiso sorprendernos tiene que pagar, sino no sale. Tiene que pagar la deuda, sin intereses, para salir.¿Hay varias denuncias de que ustedes aplican castigos físicos?

En ningún momento. Nosotros somos respetuosos de eso. Lo que pasa es que cuando se hacen los arreglos entre las dos partes, se elabora un acta de respeto mutuo y ellos mismos se condicionan con sanciones de multas y castigos. Si infringen ese acuerdo, los dirigentes acatan los que han resuelto las partes.

¿Y han resuelto que se castigue con azotes?

No, jamás. Hay gente que quiere hacernos quedar mal.

¿Se ha dicho que en algún momento ustedes podrían tomar las armas?No, nosotros aceptamos que nos digan revolucionarios, porque estamos en una etapa de revolución de ideas, de pensamiento, mas no vamos a aceptar que se nos tache de ser sanguinarios. Lo que en realidad estamos haciendo es ir en contra de los malos vicios de las personas.

¿Ustedes proponen una reforma legal para que el artículo 191 de la Constitución tenga una aplicación práctica y legal para las Juntas Campesinas?Estamos sistematizando esos proyectos y vamos a ir al Congreso. Tenemos que pedir que se reglamenten nuestras acciones como Juntas.

¿Qué autoridades los apoyan?

Muchas. No podemos dar nombres porque hoy en día a esas autoridades las asedian, les dicen que son revolucionarios y agitadores. Hay que tener cuidado, porque hoy no respetan la honra ajena, la denigran.

¿Usted es un hombre amenazado?

Me intentaron asesinar. Hace dos años me acribillaron a tiros en el cantón Quero. He tenido varios atentados pero he de morir el día, no la víspera. En Amnistía Internacional y en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos existen varias denuncias sobre las actuaciones de la Junta que violan los derechos humanos.Se conoce que han hecho los resentidos y los delincuentes, prácticamente los que han perjudicado a muchas personas, unas denuncias ficticias. (JP)

El dirigente

Raúl Bayas, de 40 años, es agricultor. Estudió la primaria en la escuela Mariano Castillo. Está casado y tiene dos hijos. Se inició en la dirigencia como presidente de la Junta del Campesinado de Shaushi, en donde vive. Fue secretario de las Juntas de Tungurahua y actualmente es presidente de la Confederación Nacional de Juntas del Campesinado y secretario de Finanzas del Movimiento Campesino de Quero. Fue también secretario de Cabildos. De niño dice recordar cómo los cuatreros robaban a los campesinos del sector. "Los animales amanecían en las casas, mientras que los propietarios en los pasillos", dice. (JP).

El "boleteo" ya es una práctica regular en varias provincias

Algunas personas de las Juntas han denunciado que se les utiliza para mítines políticos

"La justicia la hacemos viendo quién tiene la razón. Con los doctores de Derecho es un trámite largo y posiblemente el que tiene más plata sale favorecido y el que debe tener el derecho sale perdido", explica Marco Cuello, dirigente de la Junta del Campesinado, para justificar la presencia de esa organización en su comunidad, San Isidro de Patulú.Según Cuello, el procedimiento que se sigue en cada una de las comunidades es: se realiza una reunión y se pone al frente a cada una de las partes en litigio, "como conocemos quiénes son los problemáticos se hace justicia y se le da razón al que la tiene". Para él no hace falta testigos, "porque se hace largo el trámite". Finalmente se firma un acta y, si es del caso, se cobra una multa. Si los comuneros lo consideran, el culpable deberá permanecer 24 horas detenido.

En la "práctica judicial" de la Junta del Campesinado existen procedimientos como el girar una boleta de comparecencia, "si no se acercan luego de dos boletas, se procede a la retención, para que se arregle el caso". En Colombia es conocido como "boleteo".Los castigos físicos son otra opción para castigar a los culpables. Carlos Zambrano, presidente de la Comunidad Asaco, en Guano, señala que las retenciones proceden hasta que, por ejemplo, un deudor devuelva el dinero, "si es pícaro, también tiene que sufrir una paliza, porque ellos a nosotros no nos gustan".

Rodrigo Silva, de la Asociación Nacional de Juntas del Campesinado, que propugna la salida pacífica a estos conflictos, narra como fue testigo de un linchamiento en la comunidad Lliguinde: "Como yo soy presidente de la organización de San Isidro, me quisieron probar a ver si yo latigueo a alguien. Cogí el látigo pero sólo para indicarle que es el papá quien debe reprender a su hijo". Silva señala que los plagiados son llevados a comunidades lejanas, "aquí deben actuar las autoridades, el gobernador y el jefe político". Las juntas también se encargan de patrullar cada una de sus jurisdicciones para el control de antisociales o cuatreros.

Lo que señalan quienes se oponen a estas organizaciones, es que no son solo de defensa y seguridad, sino que también han caído en el juego político apoyando a algunos partidos y participando en las marchas organizadas, en Quito, a favor del presidente Lucio Gutiérrez. (OP/JP).

Los casos

"Me taparon boca y ojos; luego me pusieron en un hueco"

Rosa N., comerciante de 36 años, fue secuestrada este año por la Junta del Campesinado. Ella fue capturada un jueves y no fue sino hasta el sábado que fue juzgada por una asamblea. "Me llevaron en una camioneta, tapándome la boca y los ojos. Luego al llegar a la comunidad me pusieron en un hueco a oscuras. Para mí es muy duro, no quisiera que a nadie le pasara algo como esto".

Esta mujer mantuvo un litigio con su ex marido por los bienes adquiridos durante su matrimonio. El insistía en llevarse la mejor parte. Rosa N. cuenta que "tenían unos cabos y unos alambres de luz y me decían que si me portaba mal con eso me darían". Y comenta que ninguna autoridad puede intervenir, "ni la familia ni un hijo puede a uno verle. Si averiguaban dónde estaba me hubieran cambiado a otro lado".La mujer dice haber conocido otros casos en los cuales a las víctimas se las baña o se las latiguea.

La vida de Rosa cambió desde esta dolorosa experiencia. "Tuve que ir a ver sicólogos; estoy amenazada por haber denunciado este caso a Fiscalía", explica. Ahora mantiene a sus cinco hijos sin ayuda de su ex marido, quien se llevó gran parte del patrimonio familiar. (JP)

"Tuve que ceder mi patrimonio familiar para evitar el castigo"

El 25 de marzo, a las 19:30, en la salida del mercado mayorista de Riobamba, María Cusquillo Guaranga fue plagiada por varios miembros de la Junta Campesina. Según una denuncia presentada el 23 de abril de 2003, Cusquillo señala que fue traslada a una celda en la Comunidad de Valparaíso, en Guano.

Los plagiadores le habrían dicho: "Ahora tienes que devolver todo, arreglar los bienes con tu marido y si no arreglas no sales de aquí". Cusquillo estaba casada con Claudio Solórzano Hidalgo, de quien se divorció. Sin embargo, mantenía un conflicto por la repartición de bienes.

El sábado 27 de marzo, según Cusquillo, se dio una asamblea de juzgamiento, "en donde estuvieron presentes el comisario del cantón Guano, el teniente político… Me gritaban: nosotros hacemos justicia, no hay ley ni autoridad que nos contradiga, los jueces y fiscales conocen de nuestros actos y nos apoyan. Si no arregla no saldrá de aquí".

Al final, Cusquillo accedió a ceder todos los bienes a su ex cónyuge. El Ministerio Fiscal de la provincia de Chimborazo inició la indagación previa Nº 55 para investigar estos hechos. (JP)

Dos marchas que terminaron con la detención de 97 personas

El 26 de abril de este año, a las 12:30, Segundo Guanoluisa fue detenido por miembros de la Policía de Cuenca en el barrio Santa Marianita de esa ciudad. Sobre él pesaba un boleta de comparecencia inmediata emitida por el Comisario de Guano, Edgar Montero. El 27, Guanoluisa llegó a la ciudad de Guano custodiado por un policía y fue entregado a Montero. A las 08:00 se realizó una audiencia en la que se explicó que su detención obedeció a una deuda con Walter Guerrero, miembro de la Junta del Campesinado.

A pesar de que se llegó a un acuerdo con la firma de una letra de cambio por $9 000, Guanoluisa fue secuestrado hasta el 14 de mayo, fecha en la cual fue liberado. El caso causó un verdadero escándalo en Riobamba, que incluso terminó con el plagio y la posterior liberación de Jenny Ramos, una funcionaría de la Fiscalía de Chimborazo. Esta fue una medida de presión para lograr la liberación de Edgar Montero por su presunta participación en el plagio de Guanoluisa. Se efectuaron dos marchas que terminaron en violencia y la detención de 97 personas, muchas de ellas, según su propia confesión, pertenecientes a la Junta del Campesinado. (JP)

*Reportaje publicado en Blanco y Negro el 22 de mayo del 2004, bajo el título de "Juntas Campesinas o servicio de justicia privada".

Editor: Orlando Pérez

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ilegalidad en estatuto de Juntas Campesinas

Los estatutos de la Central Nacional de Juntas Campesinas Pro defensa de la Parroquia San Isidro de Patulú aprobados en el Ministerio de Bienestar Social (MBS) violan la Ley, según lo admitió Rodrigo Silva Cabezas, presidente de la Central.

BLANCO Y NEGRO analizó el tema el sábado anterior y descubrió que el 4 de febrero de 2003 el estatuto de esta Central Nacional fue aprobado por Juan Illicachi, director provincial del MBS. Para Silva, "esa institución fue extinguida", pues se busca un estatuto enmarcado en la ley, "ya que la institución es de derecho, no de hecho".Mariana Barreto, actual directora del MBS, admite que hubo serias irregularidades en la aprobación de este estatuto, que viola disposiciones constitucionales y legales. Por ello, Silva presentó un nuevo estatuto para que sea aprobado, esta vez con el nombre de Asociación Nacional de las Juntas de Desarrollo Comunitario Integral y de Defensa del Campesinado, que busca la administración pública y de justicia en San Isidro, "eso corresponde al Ministerio de Gobierno, no al MBS", señaló Barreto. (JP)

Nota publicada en Diario Hoy el 28 del mayo del 2004

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*¿Quién manda en la Cemento Chimborazo?

Corrupción, esta palabra no es desconocida en la Cemento Chimborazo; al contrario, en algunas ocasiones tanto obreros, como administradores se han acusado mutuamente de varias irregularidades al interior de esta fábrica, ubicada en San Juan Chico y que pertenece al Banco Nacional de Fomento, que posee el 95.2 % de las acciones.

Cemento Chimborazo fue constituida el 15 de febrero de 1951, con el auspicio de la llamada Caja de Crédito Agrícola. Al inicio tuvo una producción de 150 toneladas métricas por día. En 1972 se instala la nueva Planta Nro. 2, con lo cual mejora su producción hasta 600 toneladas métricas de cemento, es decir produce aproximadamente 12 mil sacos de cemento por día. Este año se piensa concluir con una producción de 172 mil 396 toneladas.

Al parecer su poca estabilidad administrativa y la falta de atención del Banco Nacional de Fomento ha creado un clima poco propicio para la producción. Edén Garzón, ex-director financiero de la Empresa señala que continuamente ha existido un "matrimonio" entre la dirigencia de los trabajadores y los administradores. Es decir, al inicio hay una armonía entre ambos sectores y al final estas relaciones se rompen, provocando la salida de los directivos.

El poder de los trabajadores

Algunos empresarios y distribuidores consideran que al interior de la Cemento Chimborazo los trabajadores han adquirido un poder inusual en la Fábrica, tanto que han nominado un candidato para gerente general, Fernando Escudero, quien posee una distribuidora de Cemento Rocafuerte.

Varios criterios señalan que, esto podría deberse al hecho de que el Banco Nacional de Fomento se desatendió de la empresa y solo la miró como una fuente de financiamiento, para cubrir sus condonaciones.

El décimo séptimo contrato colectivo, que aún rige, establece algunos beneficios para los trabajadores y su comité de empresa. En ese documento se incluyen alzas salariales, viáticos para los dirigentes, vehículo para el comité, pago del impuesto a la renta de los trabajadores por la empresa, vacaciones en Atacames, pago de la Empresa de los festejos sindicales, financiamiento del comisariato, construcción del complejo deportivo en Licán y la supervisión de los sindicalistas a la hora de incrementar o contratar personal; puntos que en la empresa privada serían difíciles de aceptar.

Existen facturas pagadas por la empresa que van desde los 900 mil hasta los 11 millones de sucres por concepto de viáticos de un solo día. Pero los gastos que ha efectuado la empresa a favor de los dirigentes sindicales van más allá del contrato colectivo. Muchas facturas señalan gastos como alimentación en restaurantes, adquisición de aguardiente, pago de artistas y licores, homenajes y regalos a directivos, como el realizado a Juan Ruales, subgerente de la empresa el día de su cumpleaños. El regalo del comité de empresa consistió en una cadena de oro y un Cristo del mismo material. Todo esto cargado a partidas denominadas como: "cuotas y contribuciones" y "gastos de gestión".

Un punto importante es el tour a Europa efectuado por seis trabajadores, en el que se incluía el presidente del Comité de Empresa, Mario Ortiz. El periplo fue autorizado por el Directorio el 23 de febrero de 1999; un premio para las personas que laboraban por más de 30 años. El viaje se inició el 8 de mayo de 1999 y duró 19 días. Cemento Chimborazo pagó hasta los pasaportes. En total el tour le costó a la Empresa cerca de 13 mil dólares. De lo que se conoce, no han existido viajes similares. Mientras eso sucede la planta Nro. 1 tuvo que dejar de funcionar a mediados de año por ser obsoleta.

A criterio de Abraham Romero los dirigentes han equivocado su accionar en la Cemento Chimborazo. "El sindicato ha ido más allá de las atribuciones y está poniendo en riesgo el futuro de la Empresa". Pero lo más grave –señala –es que la Empresa necesita una gran inversión y capitales frescos a fin de modernizarse y optimizar su producción. "Cada uno de los componentes de la Empresa debe ocupar el lugar que les corresponde", sentencia.

De su lado Mario Ortiz defiende el derecho de los trabajadores a intervenir en los asuntos de la empresa y mas aún cuando se pretende venderla, "nos hemos movilizado activamente ante las autoridades de la Provincia para evitar la privatización". Ortiz señala que si el BNF administra personalmente la cementera tendría utilidades por cerca de diez millones de dólares anuales.

El Comité y sus ventas de cemento

Según Mario Ortiz, la venta de cemento por parte del comité de empresa permite abastecer a la ciudad de este producto y regular un posible acaparamiento. Ortiz señala que este comité comercializa cerca de cuatro mil sacos mensuales, con una utilidad de cinco mil sucres por saco. Sin embargo esta cifra al parecer no es real, pues según datos de la fábrica solamente en enero del 2000 el comité vendió 20 mil sacos de cemento y en los últimos quince días de abril vendió 6 mil sacos. Esto sin tomar en cuenta las ventas hechas a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la cemento Chimborazo y a la Asociación 15 de Noviembre, organismos que tienen que ver con los trabajadores. Entre el comité de empresa y la Cooperativa de Ahorro en enero del 2000 suman 35 mil 600 sacos.

Ortiz, dice que gran parte de las utilidades de la venta de cemento se destinan a acciones benéficas y el resto se orienta a productos comestibles, los cuales son entregados a los trabajadores en Navidad. El dirigente sindical reconoce que la venta de cemento no se encuentra entre los fines del Comité, ni en sus estatutos, "pero tampoco estamos haciendo algo anormal". Sin embargo, pese a esta declaración en los círculos comerciales se conoce una realidad: la comercialización del cemento cayó en la informalidad. Es decir, muchas personas se dedican a comprar y vender cemento, encareciendo el producto innecesariamente.

Un ferretero, que prefirió omitir su nombre, señala que diariamente recibe a personas que le ofrecen cemento por encima del precio oficial. "Toda la vida ha existido la informalidad, cada vez es peor… esperemos que el nuevo gerente sepa administrar la fábrica", señala. El comerciante revela que en su círculo de trabajo se conoce que "en Ambato, en Quito existe cemento… y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente que consume… tengo conocimiento que en el Oriente hay excedentes de cemento y aquí que somos dueños de la fábrica no tenemos el producto".

Según el Gerente encargado de la empresa, Vicente Novillo, en lo que va del año el Comité de Empresa ha comercializado 128 mil sacos de cemento y la Cooperativa 90 mil sacos. Es decir, en promedio el comité comercializa mensualmente 10 mil 600 sacos de cemento y si tomamos en cuenta una utilidad de cinco mil sucres, tendría una ganancia de 53 millones 333 mil sucres mensuales, unos 640 millones de sucres anuales. Este Diario solicitó un informe de los ingresos y los gastos que realizará el comité de empresa por la venta de cemento, pero no recibimos respuesta alguna. Resta saber qué beneficios recibirán los trabajadores con las utilidades de esta venta.

Algunas cláusulas del contrato colectivo

Cláusula 20.- Señala que de existir una vacante en la empresa ésta será llenada mediante concurso de merecimientos y oposición, "se dará preferencia a los hijos de los trabajadores, siempre y cuando reúnan los requisitos". Igualmente en los que se refiere a las prácticas estudiantiles, estas se realizarán dando preferencia a los hijos de los trabajadores.

Cláusula 30.- Establece los permisos para los trabajadores en caso de becas. Los trabajadores tendrán licencia con remuneración y además se les pagará viáticos, pasajes o subsistencias.

Cláusula 32.- Obliga a Cemento Chimborazo pagar los gastos médicos en el país o en el exterior, cuando el trabajador lo requiera. La Empresa cubrirá pasajes, estadía del trabajador y el pasaje de un acompañante.

Cláusula 33.- Establece los permisos a los dirigentes por tiempo indeterminado, sin descuentos de sueldo. A más de ello la Empresa paga viáticos y subsistencias por los viajes sindicales. En esta cláusula Cemento Chimborazo se obliga a comprar un vehículo en buenas condiciones para uso exclusivo del Comité de Empresa y a pagar el mantenimiento y el combustible que se gaste, sin límites.

Cláusula 36.- En esta cláusula la organización sindical recibirá el 100% de las multas que los administradores impongan a un trabajador

Cláusulas 48, 49, 50, 51, 53.- Establece dos bonificaciones; el escalafonario y por años de servicio, y tres subsidios; el familiar, educación y de antigüedad.

Cláusula 54.- La Empresa se compromete a pagar el impuesto a la renta de todos y cada uno de los trabajadores.

Cláusula 55.- Establece pólizas de seguro privadas para los trabajadores

Cláusula 56.- Cemento Chimborazo gratificará tres veces al año a los trabajadores: el 1 de Mayo, el 10 de Agosto y el 15 de Noviembre. En esas ocasiones recibirá casi un sueldo.

Cláusula 58.- Establece los préstamos a los trabajadores sin intereses.

Cláusula 59.- Los hijos de los trabajadores que tengan un promedio de 17.51 en sus notas estudiantiles recibirán una beca de la Empresa, una vez al año.

Cláusula 60.- La Empresa pagará todos los gastos que deriven de un evento deportivo interno, intersindical o interinstitucional.

Cláusula 62.- Este año los 194 trabajadores recibirán 318 millones de sucres por agasajo navideño. Además en esa fecha recibirán arroz, azúcar y aceite comestible.

Cláusula 64.- La Empresa destinará 80 millones de sucres para el Comisariato de los trabajadores.

Cláusula 65.- Establece los paseos anuales del trabajador y seis familiares a Atacames, en donde Cemento Chimborazo posee cabañas. La Empresa ayudará a cada trabajador que sale de paseo con 280 mil sucres y un préstamo de un millón de sucres. Además provee de transporte.

Cláusula 66.- Cada trabajador tiene derecho a un cupo de 1.500 sacos de cemento con el del 50% de descuento para construir, ampliar, reparar o adecuar su vivienda.

Cláusula 67.- La Empresa se compromete a construir un complejo deportivo para los trabajadores en Licán.

Algunos gastos pagados a los sindicalistas

Fecha Monto /sucres Motivo

26 y 29 de marzo de 1999 1.186.309 Pago de restaurantes

9 de abril de 1999 4.500.000 Festejo por la firma del XVII Contrato Colectivo

13 de abril de 1999 5.620.000 Homenaje al Gral. Telmo Sandoval

13 de abril de 1999 8.300.000 Pago de artistas

13 de abril de 1999 20.000.000 Compra de 500 litros de aguardiente

19 de abril de 1999 11.129.000 Pago de artistas

26 de abril de 1999 9.000.000 Programa de por Día del Trabajador

11 de mayo de 1999 10.300.000 Inauguración del Congreso de FENATRACCIA

26 de mayo de 1999 10.825.000 Festejo del cumpleaños del subgerente Ing. Ruales

Algunos viáticos pagados a los trabajadores (sucres)

Fecha Monto Motivo

29 de enero de 1999 7.436.800 Desconocido

2 de febrero de 1999 11.936.800 Tratamiento contrato colectivo

9 de marzo de 1999 997.200 Tratamiento contrato colectivo

23 de marzo de 1999 9.141.000 Tratamiento contrato colectivo

25 de enero del 2000 4.500.000 Desconocido

Los gerentes y sus pecados

Las etapas Gallegos y Sandoval

Cuando el 26 de mayo de 1997, Teodoro Gallegos Salem, asumió la presidencia de la Cemento Chimborazo, nadie creía que en su administración se provocaría uno de los paros laborales más largos de la fábrica, del 15 mayo al 27 de julio de 1998. Según Gallegos Salem, él empezó a combatir a la dirigencia sindical corrupta, que cobraba viáticos y especulaba con el cemento. "Ellos se creen dueños de la empresa, y son los únicos que usufructúan y se benefician de ella". Por su parte los dirigentes sindicales denunciaron a Gallegos de haberse beneficiado por el incremento ilegal de sueldos, viáticos, dietas, donaciones injustificadas y desembolsos sin respaldo. Las pérdidas de este paro ascendieron a 3 mil 500 millones de sucres.

Luego que el 13 de octubre de 1997 salieran de la fábrica, Teodoro Gallegos y Patricio Moncayo, presidente y gerente de la Empresa, respectivamente, entraron a administrar la planta el Gral. Telmo Sandoval y el Crnel. Marco Miño. Con estos cambios se pensaba, se inició una nueva etapa en la fábrica, incluso en varios medios de comunicación el Comité de Empresa apoyó las gestiones de Miño en beneficio de la empresa, quien a finales de 1999 y a mediados del 2000 empezó a publicar sus resultados y a trabajar más estrechamente con los medios de comunicación, especialmente radiales en la promoción de la empresa. A mediados del 2000 se dio a conocer una utilidad para la empresa muy superior a los demás años.

¿Pero qué tan beneficioso fue la labor de los ex-militares? A criterio de Edén Garzón y Víctor Morejón Rivas, ex-trabajadores de la empresa, todos los resultados eran "maquillados", con el fin de permanecer en la Empresa. El 26 de julio de este año, Garzón y Morejón publicaron un cuadro referencial de producción de los últimos nueve años, en donde claramente se observó que la producción de 1999 no superó las cifras registradas en 1996 y 1997. Si la producción de cemento no superó estos límites, ¿cómo se podía hablar de una utilidad diez veces mayor a los últimos diez años?

Según el informe de la empresa, en el año 1999, esta fábrica vendió 172.496 toneladas métricas de cemento, es decir, tres millones y medio de sacos de cemento, una cifra que no superó al año 1997, donde se vendieron 204 mil toneladas de cemento. Esto demostraría que resulta imposible que el primer semestre del 2000 la empresa haya tenido utilidades de más del 173 % tal como lo señala un informe de ese período, mas cuando se produce la misma cantidad de cemento del año 1999, es decir unos 12 mil sacos al día. El 28 de abril del 2000, el gerente Marco Miño, ofreció –para un proyecto forestal –mil sucres por cada saco de cemento y reconoció que se recaudarían unos 12 mil dólares al mes, esto quiere decir que se producía unos 10 mil sacos diarios.

Al final Sandoval y Miño salieron luego de cumplir su período, no sin antes esforzarse por promocionar su gestión ante los medios de comunicación.

El ofrecimiento de Miño

Ventas de cemento al mes Recaudación al mes

4 ctvs./saco de cemento 10.000 sacos 12.000 dólares

En abril Marco Miño prometió mil sucres por cada saco de cemento para forestación. En 7 meses debería haber un fondo de 84.000 dólares.

Miño: Gerente y Comercializador

Marco Miño Montalvo, quien hace algunas semanas desempeñaba el cargo de gerente general de la Cemento Chimborazo, es muy conocido en la ciudad de Archidona, en donde mantiene su residencia.

Todos en esta ciudad y en el Tena saben que comercializa con Cemento Chimborazo desde algún tiempo atrás, incluso en su casa en Archidona en las calles Quijos y Napo, se puede ver un letrero que claramente señala que ahí se distribuye el producto. En estas dos ciudades de la provincia de Napo, mantiene locales comerciales llamados "Piedmar", debido posiblemente a la abreviación de los nombres Piedad Mancheno -su esposa -y Marco Miño.

El ex-gerente es muy conocido en la ciudad del Tena y allí lo califican como un hombre rico y de mucho poder, que ha ayudado a candidatos socialcristianos. Muchos temen hablar de él. Entre sus bienes consta el Liceo Militar "Héroes del Cenepa", la Hostería Orchids Paradise, los locales "Piedmar" y según dicen varias fincas.

Hugo Mancheno, cuñado de Marco Miño, confirmó lo que muchos no quisieron hablar ante una grabadora. "Eso es lo que todos conocemos, él tiene dos grandes almacenes que están a nombre de mi hermana… desde hace unos cuatro años ha venido distribuyendo Cemento Chimborazo en grandes cantidades".

Pero una revelación de Mancheno explicaría los grandes desabastecimientos que existían en la ciudad antes de cada incremento de precios. Al parecer Miño se aprovisionaba del producto a sabiendas de que el precio subiría. "Yo vi que en una noche llegaron unos tres trailers y al siguiente día el precio llegó hasta las nubes, eso sí lo pude verificar".

Debido a la naturaleza de su función, Víctor Morejón, señala que Marco Miño usaba a terceras personas para comercializar con el Cemento. Así aparecen nombres como Rocío Luco de Espíndola, quien del 10 al 15 de junio compró 1.950 sacos de cemento, a crédito y sin cheque de garantía. Así mismo, este nombre aparece en una factura, por la compra de 3.600 sacos de cemento a crédito y sin cheques de garantía. La dirección de entrega coincide con uno de los locales PIEDMAR. En el Tena, Luco de Espíndola es una amiga cercana de la familia Miño Mancheno.

Pero las relaciones comerciales de Miño con la Empresa que él dirigía no llegan hasta allí. Un fin de semana, que se inició el 28 de mayo de 1999, veintiocho personas, entre funcionarios, miembros del Comité de Empresa y de la Asociación de Empleados realizaron una charla técnica en la Hostería Orchids Paradise Lodg, en la vía entre Archidona y Cotundo de propiedad de Marco Miño. El viaje, la estadía y la alimentación le costaron a la Empresa 13 millones 787 mil sucres. En ese entonces Edén Garzón, director Financiero de la Empresa y quien no compartía con estas actuaciones se preguntaba, ¿Conferencia de qué?

A pesar de que Miño era conocido en el Tena como un comercializador de cemento, en abril de 1999 consta como uno de los beneficiarios de la compra de cemento a mitad de precio; un beneficio del contrato colectivo de los trabajadores. Fueron en total 380 sacos.

Hasta el momento quedan en el aire, ofrecimientos de Miño que realizó en 1999 de duplicar la producción de cemento y en abril de este año de destinar 12 mil dólares mensuales para reforestación.

La lucha por una gerencia

Sin lugar a dudas unos de los puestos más codiciados en la Provincia es la gerencia del la fábrica Cemento Chimborazo debido al monto de su sueldo y al poder que se adquiere en la distribución de este producto. En 1996 el sueldo del gerente era de 1.594 dólares, pero la cifra fue subiendo hasta que Marco Miño terminó ganando 6 mil dólares, una cifra récord. Los mismos trabajadores reconocen que en la Cemento Chimborazo se otorgan viáticos a los administradores, de hasta 200 dólares por día. Los sueldos de los demás gerentes y subgerente administrativo pasarían de los cien millones de sucres, cada uno.

El pasado 27 de noviembre la Junta General de Accionistas de la Empresa intentó nominar a sus nuevas autoridades. Había varios candidatos entre ellos Abraham Romero y Fernando Escudero, éste último apoyado por los trabajadores.

La reunión terminó sin la designación a los nuevos administradores, pues los trabajadores rechazaron la nominación de Romero. "Él es partidario de la privatización… con esa posición nosotros jamás aceptaríamos que él venga de Gerente de la Cemento Chimborazo", dice Mario Ortiz.

No obstante los trabajadores se preparan ante una posible privatización, y en la revisión del decimoséptimo contrato colectivo plantean la compra de renuncias, "tal como ha sucedido en otras entidades del Estado", explica Ortiz. En su propuesta los trabajadores plantean una bonificación de 25 mil dólares, para aquellos trabajadores que presenten su renuncia voluntaria, y si han trabajado más de cinco años una bonificación extra de mil dólares por cada año.

Por su parte Abraham Romero, dice no haberse "palanqueado" el puesto de la gerencia de Cemento Chimborazo y reconoce que hace falta capitales frescos. Rechaza el hecho de que se pretenda captar la gerencia con carteles y consignas, como si se tratara de una campaña política.

El directorio no acierta a nominar a los administradores de la empresa. Cada lunes este organismo se reunirá en Quito a fin de analizar su posición. Hasta el momento se ha nombrado al subgerente titular, designación que recayó en el Dr. Vicente Novillo, ex-subgerente general del BNF.

¿Quién designa al gerente? El principio de autoridad está en juego. Lo más probable es que los trabajadores están preocupados ante esta designación, mas cuando está de por medio la revisión de otro contrato colectivo que entraría a regir el próximo año, pues el último fenece en febrero del 2001.

Los juicios contra Teodoro Gallegos Salem

Teodoro Gallegos Salem, ejerció la presidencia del Directorio de Cemento Chimborazo desde el 26 de mayo de 1997 al 22 de julio de 1998. Durante su permanencia en este puesto habría incurrido en varias irregularidades, que de alguna manera tenían que ver con dinero. Deloitte & Touche, una empresa auditora determinó presuntas irregularidades entre las que se señala incremento de sueldos, incremento de dietas, viáticos injustificados, sospechosas donaciones, pago de sobreprecios en contratos, cheques girados sin justificación y pago a presuntas asesorías. La auditoria señaló un perjuicio de 839 millones 289 mil sucres. En todo este caso se envolvió además al gerente general de aquel entonces Patricio Moncayo y durante el proceso judicial, al gerente financiero Fausto Pavón Dávila.El 26 de octubre de 1999 la administración de la Cemento Chimborazo inició un juicio penal en contra de Teodoro Gallegos y Patricio Moncayo por estafa.

Como era de esperarse Teodoro Gallegos protestó por estas acusaciones y dijo que éstas se derivaban de la persecución de los trabajadores a su gestión. "Si el haber denunciado la corrupción en la Cemento Chimborazo nos hizo acreedores a un juicio, lo vamos a seguir afrontando con entereza". Ha transcurrido un año y a la causa se han agregado unas 2000 páginas. El juicio, que se sigue en el Juzgado Primero de lo Penal, al parecer se aproxima a su fin, en su etapa sumarial, pues la fiscal Lourdes Pino emitió su dictamen acusando a Gallegos y Moncayo de haber violado el artículo 560 del Código Penal que habla de abuso de confianza.

El abogado de Teodoro Gallegos, solicitó la reapertura del sumario pues consideran que en este juicio debe declarar el General Telmo Sandoval, ex-presidente del Directorio de la Cemento Chimborazo. Otros dos juicios se llevan a cabo en la ciudad de Quito, en contra de Teodoro Gallegos; el uno seguido por Marco Miño en el juzgado quinto de lo civil de Pichincha y el otro instaurado por Telmo Sandoval en uno de los juzgados de lo penal. Ambos juicios se encuentran en su etapa sumarial y tienen que ver con el pago de daños y perjuicios por presuntas injurias hechas por Gallegos.

Las frases acerca de la cementera

Abraham Romero

Candidato a gerente general

"Buena parte de su equipo es completamente obsoleto".

"No queda otro camino que buscar capital privada para salvar la Empresa".

"Yo no me he palanqueado con nadie para ser gerente".

"Si la persona se respeta, no puede hacer una campaña electoral, para llegar a una función que no tiene nada de político".

Teodoro Gallegos Salem

Ex-presidente de la Empresa

"La dirigencia sindical de la Cemento Chimborazo ha malentendido su función, ellos se creen dueños de la Empresa".

"Me parece inaudito que (el comité) esté apoyando la candidatura de Fernando Escudero".

"No han hecho público el informe de la Superintendencia de Compañías".

Edén Garzón

Ex-gerente financiero de la Empresa

"En el primer semestre de este año, la administración dice haber ganado 3 millones 500 mil dólares; me parece absurdo".

"No debe haber temor de que se privatice a la Empresa".

"Se debe abrir las puertas a la inversión privada".

Víctor Morejón

Ex-trabajador de la Empresa

"El gerente de la Empresa gana más que los cuatro diputados juntos".

Mario Ortiz

Secretario del Comité de Empresa

"La Empresa es competitiva, en cuanto a la calidad de su producto".

"Cemento Chimborazo, puede tener más utilidades si el BNF administra personalmente y con el número de trabajadores necesarios".

"El Ing. Abraham Romero es partidario de la privatización".

"Si las gestiones fueran en Riobamba, la empresa no tuviera que hacer ninguna erogación por viáticos".

"El plan nuestro no es exprimir y exprimir sino también dar, para que haya coherencia".

"Estamos planteando la compra de renuncias, como se ha dado en otras instituciones".

Arq. Fabián Trujillo

Presidente del Colegio de Arquitectos

"Se habla de que diariamente se saca al mercado de la ciudad más de cinco mil sacos, no sé a dónde vayan a parar".

"Hemos reclamado de las autoridades un control más oportuno y continuo".

"Los obreros deben optar por dedicarse a su propia labor, que es la producción".

"Han existido comentarios de irregularidades y favoritismo en la comercialización de cemento".

*Reportaje publicado en Diario La Prensa el 18 y 19 de diciembre del 2000.

PODEROSA RESISTENCIA: Cemento Chimborazo C.A.

Varias denuncias sin que pase nada

Las denuncias de irregularidades no son nuevas en la empresa Cemento Chimborazo. El 12 de septiembre del 2003, Waldo Flor Cevallos, accionista minoritario de la Cemento Chimborazo y presidente de la Junta General de Accionistas entregó documentos "en la anterior Junta se comprometió a entregar un expediente sobre denuncias realizadas a la Administración de la Empresa, y procede a entregar a esta Junta", señala el acta de esa sesión.

Cosa parecida sucedió el 26 de marzo del 2004, la Junta General de Accionistas se reunió para conocer, entre otras cosas, varias irregularidades. En el acta se menciona que Marcelo Valencia Montero, representante del IESS al conocer el informe económico del año 2003, "se muestra preocupado por las graves irregularidades que existen en la Empresa y que se les atribuye a la administración anterior, por lo que se considera que se debe iniciar las acciones legales correspondientes"