Leyes de inversiones extranjeras (página 2)

Luego, desde lo institucional se promovió y obtuvo la reforma de la Constitución Nacional, en 1949, redefiniendo el derecho de propiedad y distinguiéndose entre la explotación de los recursos en general y la explotación de servicios públicos, mineros y de energía, con una fuerte tendencia hacia la planificación.

En este marco, se consideraba fundamental la afluencia de  capitales extranjeros. Por lo que se hizo necesario introducir modificaciones en la normativa vigente sobre radicación de capitales. Al principio, la misma estaba regida por la normativa  del Banco Central. En 1948, el decreto 3347/48 estableció la fiscalización oficial de las inversiones extranjeras. Su alcance era limitado, ya que sólo regía para radicaciones en actividades industriales y no regulaba el ingreso de inversiones en divisas líquidas. En 1952, la necesidad de contar con industria pesada y abastecimiento de combustibles induce la aprobación del 2º Plan Quinquenal, que intenta  llevar al sistema productivo argentino a un estadio superior. La reactivación del proceso fabril no puede materializarse sin la incorporación de los insumos y la tecnología necesaria. Con este objetivo, el gobierno peronista apuesta entonces a atraer al capital extranjero, propiciando la radicación de empresas  transnacionales en el país. En un contexto económico con graves problemáticas, se inicia así un proceso de industrialización que a finales de la década es considerado como tardío, incompleto y trunco, y deja abierto hasta nuestros días el  debate sobre qué papel le cabe al sector manufacturero en el desarrollo de la economía nacional.

En 1953, se dicta la ley 14.222, primera norma que regula de manera completa la introducción y radicación de capitales extranjeros y que veremos en el punto tres.

b) Evaluación de la situación internacional:

La preocupación de la época giraba en torno a los efectos de la crisis de 1930. Se venían observando los desequilibrios que ella había ocasionado en el mercado de capitales internacionales. Se sostenía que los grandes riesgos que debieron soportar y la quiebra del patrón oro tenían como consecuencia que el capital dejara de tener los efectos estabilizadores que hasta entonces se le habían adjudicado.

Entonces, era necesario reconstruir el mercado de capitales. Para tal fin, a nivel internacional se crearon organismos internacionales de financiación y se incrementaron los créditos intergubernamentales. Sin embargo, la evaluación era que ni uno ni otro alcanzaron.

Los primeros, los organismos internacionales, sólo respondieron en casos urgentes. Los segundos, los créditos de gobierno a gobierno, dieron lugares a arreglos políticos que disminuían la capacidad de acción de los países deudores.

Por lo que era opinión de la época la necesidad de planificar la economía. El objetivo de la planificación era evitar los impactos cíclicos y fomentar las inversiones extranjeras con radicación permanente, como medio de desarrollo económico.

Por otra parte, las inversiones extranjeros evitarían que disminuya el ingreso por habitante, si es que el capital nacional se destinaba a la inversión. Se nota aquí la preocupación por la promoción del consumo, como reactivador de la economía.

Entre las medidas que se tomaron fueron la regulación de las inversiones extranjeras, quedando en el marco de la ley 14.222, que analizaremos más adelante.

II) Las inversiones extranjeras. El Segundo Plan Quinquenal

El inicio de la década del 50 encuentra a la Argentina en una verdadera encrucijada de orden económico-social y claramente quedan a la vista los problemas de fondo. Se torna imperioso optar entre la continuidad del modo de industrialización por sustitución de importaciones livianas -también llamadas sencillas o bien encarar la producción de bienes de consumo durables, bienes de capital y productos intermedios.

En diciembre de 1952 -y como modo de responder a la crítica situación económica por la que atraviesa el país se aprueba el Segundo Plan Quinquenal que se prevé aplicar desde 1953 hasta 1957. Este instrumento exhibe importantes transformaciones respecto del Primer Plan Quinquenal -vigente entre los años 1947 y 1951- dado que incluye declaraciones tanto a favor del arraigo de la industria pesada como las destinadas a solucionar el problema del abastecimiento de combustibles que registra el país. Al respecto, conviene recordar que si bien la producción de YPF aumenta, no logra satisfacer la demanda existente y por lo tanto se recurre a la creciente importación de combustibles.

Ante las dificultades económicas del país, en el Plan se registra la preocupación por la eficiencia de las industrias, en particular las relacionadas con el logro del bienestar social, considerando que en la concepción peronista la producción cara e ineficiente es apreciada como contraria al bien común. Por ello, y tendiendo al logro de estos objetivos, el Segundo Plan Quinquenal establece -entre otros asuntos- el asesoramiento técnico estatal, el análisis en la asignación de divisas, y el estímulo para la racionalización del sector privado con el propósito de atender al mercado interno y a la producción exportable.

Por otra parte, y advirtiendo los denominados "nichos vacíos" de la actividad industrial -esto es los sectores básicos o dinámicos- se ordena dar prioridad al desarrollo de las ramas productivas tales como siderurgia, metalúrgica, química, y también al área de transporte y de energía; a los mencionados rubros se los califica como un estadio superior de la industrialización argentina. Aquí conviene señalar que resulta llamativo el establecimiento de  nuevos focos de atención centrados en la producción pesada cuando la aprobación de la denominada Ley Savio -que prevé la instalación de una planta siderúrgica data del año 1951- pero sin lograr concreción.

Los enunciados del Plan, cimentados en un fuerte voluntarismo, pueden apenas materializarse y, ante la delicada situación por la que atraviesa la economía del país en su conjunto, el gobierno apuesta, como salida positiva, a la radicación de capitales externos.

III. La ley 14.222.

Inversiones extranjeras

Vimos que el  plan económico del gobierno peronista no podía sustentarse sin el flujo de capitales externos. Por eso se hizo necesario introducir modificaciones en la normativa vigente sobre radicación de capitales extranjeros. Hasta bien entrada la década del cuarenta, la misma estaba regida por circulares del Banco Central, principalmente referidas a los aspectos financieros de las inversiones. En 1948, el decreto 3347/48 estableció la fiscalización oficial de las inversiones extranjeras. Su alcance era limitado, ya que sólo regía para radicaciones en actividades industriales y no regulaba el ingreso de inversiones en divisas líquidas.    A partir de entonces, la Comisión Nacional de Radicación de Industrias era la encargada de dar su visto bueno a las propuestas presentadas y, si así lo hacía, éstas pasaban a consideración del Poder Ejecutivo. El propósito de este mecanismo era estimular selectivamente la radicación de capitales en el sector industrial. Para reforzar ese objetivo, se dispusieron también nuevas normas respecto del ingreso de bienes de capital y se simplificaron los procedimientos vigentes a fin de facilitar los trámites. En 1953 se dictó la ley 14.222 vigente hasta 1956.

La ley 14.222:   esta ley constituyó la primera norma completa y que intenta darle un marco de acción del capital extranjero en la Argentina. Con ello el gobierno intentaba promover el desarrollo de la industria nacional, otorgar beneficios a los inversores extranjeros de modo de facilitar su radicación y fijar un status legal para que ciertas inversiones no produjeran desequilibrios en la economía nacional. Entre las principales disposiciones de la Ley 14.222 y su decreto reglamentario 19.111/53 estaban las siguientes:

a) sus normas abarcaban a los capitales extranjeros a radicarse en actividades industriales o mineras, en plantas nuevas o en ampliación de las ya existentes;

b) el ingreso de los capitales podía realizarse en divisas, equipos, patentes o bienes inmateriales necesarios para la actividad en cuestión;

El juego de estos dos incisos del artículo primero, le permite decir al miembro informante que "comprende a todas clases de bienes, sin otra limitación prudente y racional que la de que sea efectivamente necesario a la explotación a que se lo destine. De esta suerte cerramos las puertas al contrabando legal, a la introducción de bienes innecesarios y al estiramiento del capital, autorizando la introducción de elementos básicos o concurrentes ineficaces por su estado, naturaleza o destino."

c) los capitales extranjeros recibían un tratamiento similar al de los nacionales y quedaban sujetos a la legislación vigente;

d) el Poder Ejecutivo debía aprobar cada propuesta de inversión, previa consideración de un organismo especialmente creado para tal fin, la Comisión Interministerial de Inversiones Extranjeras;

Decía el miembro informante en el Parlamento:" Con referencia al régimen de prioridades a establecerse entre las diversas explotaciones que serán objeto de la radicación de los capitales extranjeros, podemos informar que tal ordenamiento será condicionado a los planes preestablecidos por el gobierno con el propósito de afianzar, acelerar o estimular el desarrollo económico del país."

Esta aprobación se regía básicamente por cuatro criterios: 1) que la actividad en la que se realizaba la inversión contribuyera al desarrollo económico, facilitara la implementación de los planes de gobierno y permitiera resolver el problema de la balanza de pagos, 2) que los métodos de producción a emplear fueran modernos y eficientes, 3) que las inversiones realizadas en equipo garantizaran la instalación total de la planta y un volumen adecuado a su funcionamiento de insumos y repuestos, 4) que el equipo fuera nuevo o estuviera en perfecto estado de conservación;

e) el registro de los capitales ingresantes se realizaba en su valor equivalente en pesos al tipo de cambio libre en el registro Nacional de Inversiones Extranjeras, creado en el Banco Central con ese fin. Luego de dos años contados a partir del registro, se podían transferir las utilidades líquidas obtenidas por la inversión, hasta un 8% anual sobre el capital registrado;

f) se podía repatriar el capital, transfiriéndolo luego de 10 años de radicación en cinco o diez cuotas anuales, mediante fondos del inversor y siempre que el funcionamiento de la empresa quedara asegurado;

g) el Poder ejecutivo podía conceder ciertos beneficios adicionales, tales como la exención total o parcial de derechos aduaneros o la declaración de "interés nacional" de la empresa según el régimen de promoción industria;

h) en cuanto a los capitales externos ya existentes en el país, si sus utilidades acumuladas habían sido reinvertidas en actividades contempladas en el nuevo régimen, eran considerados como inversiones extranjeras.

Ahora bien, en 1955 se dispuso la existencia de un mercado libre de cambios. Las remesas de divisas, tanto en concepto de repatriación de capital como de utilidades, quedaron entonces libradas exclusivamente a las decisiones de las empresas extranjeras. De modo que las normas establecidas por la Ley 14.222 dejaron de ser aplicables. Finalmente, la ley fue derogada en 1957 mediante el decreto-ley 16.640/57. .

IV):Efectos de la regulación de las inversiones extranjeras.-

En cuanto a los efectos de estas disposiciones, la doctrina se encuentra dividida. Puede decirse que los primeros años de la administración peronista reforzaron la tendencia al debilitamiento del rol de las inversiones extranjeras en el proceso de acumulación de capital debido, principalmente, a las medidas implementadas de rescate casi total de la deuda pública externa consolidada y a la compra de los ferrocarriles y otras empresas de servicios públicos.    Pero, entre 1946 y 1948 se produjeron cambios muy importantes en el monto y composición de las inversiones extranjeras en la Argentina. El objetivo primordial es lograr la reactivación del alicaído proceso fabril mediante la obtención del financiamiento requerido para nuevos emprendimientos industriales, como así también incorporar la tecnología e insumos necesarios a través de la inversión externa directa, especialmente proveniente de los Estados Unidos. Y aquí conviene agregar que en amplios sectores de la sociedad las empresas extranjeras son apreciadas positivamente al poseer modernas tecnologías y métodos productivos.

Hay quienes sostienen que el capital total radicado se redujo a menos de la mitad, pasando de 2.650 a 1.250 millones de dólares aproximadamente, debido a la liquidación de las tenencias de oro y divisas acumuladas durante la guerra y a la utilización de los recursos externos provenientes del comercio exterior. El Estado adquirió los ferrocarriles, en manos de capitales británicos, por alrededor de 600 millones de dólares, las empresas telefónicas por 110 millones de dólares, y otras. En conjunto, estas operaciones representaron pagos al exterior por unos 960 millones de dólares. Esto habría exigido que se tomaran créditos y se postergaran importaciones de bienes de capital, con las consecuencias lógicas para el desarrollo de   la industria  local.    Si se observa la clasificación de las inversiones extranjeras por país de origen, sobresale la caída de las inversiones británicas desde los años treinta y el aumento de las del resto de países europeos, así como el crecimiento notable de las provenientes de Estados Unidos. Las inversiones con origen en países limítrofes siguieron participando en forma muy secundaria.

Al dictarse la ley 14.222 la inversión directa representaba una tasa anual de 58 millones de dólares, un nivel muy similar al de principios de los años treinta. La totalidad de las radicaciones que se efectuaron bajo este régimen estuvieron destinadas a actividades industriales.

Nuevamente la doctrina se divide entre quienes sostienen que las normas mencionadas no lograron atraer una corriente significativa de inversiones orientándose principalmente, hacia las industrias medicinales y petroquímicas y, en segundo término, hacia las maquinarias, derivados del petróleo y automotores; y  quienes hacen hincapié en los logros de esta etapa en la sustitución de importaciones.

V.-La afluencia inicial de capitales extranjeros (1953-1955)

Ya vimos que la industria nacional a comienzos de los años 50  es prioritaria en los planes económicos y muestra aristas problemáticas. Una de ellas era la insuficiente inversión de capitales tanto de orden público como de origen privado; los requerimientos de recursos se veían particularmente imprescindibles para hacer frente a la provisión de equipamiento, repuestos y combustible que, a lo largo de esos años, son mayoritariamente de origen importado. Frente a ese panorama y con el propósito de revitalizar la economía, superando los inconvenientes de la balanza de pagos, el gobierno -ya explicamos- resuelve facilitar la llegada de capitales de origen externo.

También dijimos que no los cambios no sólo tenían naturaleza económica sino que a su vez, significaron cambios en lo político e institucional. Esta política a favor de atraer las radicaciones de procedencia externa, exigió un replanteo sobre el discurso político, abandonando el nacional-populismo hasta entonces predominante. En efecto, a partir del año 1953, el presidente Juan D. Perón, alejándose de su propio discurso se encamina a concertar acuerdos directos con importantes firmas de origen estadounidense e italiano que producen vehículos, automóviles y maquinarias, dando lugar -como vimos-a nivel legislativo a la sanción de la ley Nº 14.222.

Se comienza a hablar de la industrialización sustitutiva de importaciones basada en las empresas transnacionales (ET). Ciertamente, la decisión del gobierno argentino coincide con el propio interés que las compañías extranjeras demuestran, dado que la estrategia coyuntural de crecimiento que ellas elaboran se basa en la expansión de sus filiales en los países periféricos.

Así, se escuchaba en el Congreso de la Nación al debatirse la ley 14.222 que "es preciso aclarar que no basta con que los países en desarrollo brinden condiciones de seguridad y estímulo a las inversiones privadas extranjeras, creando un clima favorable a las mismas. Es necesario que los países inversores también se ocupen de ello y aprecien la conveniencia de esas inversiones, sobre todo en casos como el actual, en los cuáles podrían contribuir a aliviar la preocupación que surge respecto de las consecuencias de una posible retracción económica en los grandes centros industriales."

No obstante, si bien esas acciones logran la radicación en el país de catorce filiales de empresas extranjeras entre 1953 y 1955, sólo obtienen inversiones modestas y la dependencia energética persiste de manera notable. Recién en los años siguientes el proceso de acumulación de capital industrial se evidencia con gran intensidad y se instalan en el país cerca de doscientas firmas provenientes de otros países. Esta intensificación del aporte de capitales y tecnologías de origen internacional ahonda el proceso de sustitución de importaciones; claro está que con un matiz diferente al del proceso anterior pues ahora la penetración extranjera en la economía nacional adquiere mayor intensidad. Ella aborda, de manera preferencial, los rubros dinámicos y su actividad orienta y acapara el crecimiento del sector manufacturero pero, sin embargo, transfiere al exterior sus utilidades. Veamos algunas de estas radicaciones.

VI. Las radicaciones en Córdoba

A partir de 1952, en la Provincia de Córdoba, la Fábrica Militar de Aviones (FMA) creada en el año 1927, diversifica su producción. Sobre el antiguo Instituto Aerotécnico, la empresa estatal Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) comienza la fabricación de motores, automóviles,  motocicletas "Puma", lanchas y veleros, paracaídas,  maquinarias y herramientas diversas.  Ese establecimiento se convierte en el centro de la industria pesada del país y ocupa a más del 50% de la mano de obra que emplea el conjunto de las industrias cordobesas. Por otra parte, resultó un agente promotor  de la actividad manufacturera pues proporcionaba a las nuevas industrias ayuda técnica, asesoramiento, laboratorios.

Otro importante logro productivo del IAME es la fabricación de los tractores "El Pampa". A los pocos meses de aprobarse la ley de radicación de capitales externos, las autoridades gubernamentales inician la licitación para privatizar la fábrica de tractores del IAME. En este proceso resulta seleccionada la firma italiana FIAT, que ya actuaba como proveedora de la antigua fábrica de tractores estatal. Desde entonces, la compañía itálica extiende sus producciones y constituye FIAT Concord Argentina, transformándose en la mayor planta existente fuera de su país de origen. Esta radicación obtiene créditos blandos por parte del Banco de Crédito Industrial Argentino, como así también aporte de equipos y de personal calificado por parte de FMA.

Estas ventajas son concedidas también a las empresas automotrices que llegan a Córdoba en los años siguientes. Evidentemente la instalación de este complejo industrial consolida un verdadero polo de las ramas metal-mecánica, automotriz y de tractores. A su vez, constituyó un poderoso incentivo para la creación y la producción de numerosísimas industrias subsidiarias.

Otra significativa radicación ocurre en 1955, al instalarse en la provincia la primera y más grande fábrica de automóviles en serie del país, que en menos de diez años produce 300 mil vehículos. Se trata de Industrias Káiser Argentina (IKA), empresa de origen estadounidense, que se radica a través de un contrato efectuado con el IAME. Ese emprendimiento, localizado cerca de la planta estatal, recibe también los terrenos para la construcción de las naves industriales en las proximidades de la ciudad de Córdoba, el aporte de maquinarias, de trabajadores entrenados, como así también créditos beneficiosos y la posibilidad de importar automóviles producidos en los últimos tiempos en su país de origen.

Su llegada significó el inicio de la producción de automóviles a gran escala; primero la Estanciero y el Jeep Willys y, con posterioridad, los de pasajeros Káiser Carabela y Bergantín.  Su importancia se mantendrá en el tiempo más allá del período analizado..

Al mismo tiempo, estas radicaciones significaron emprendimientos para  la fabricación de repuestos o de determinadas partes y de numerosas fábricas productoras de pinturas, cristales, combustibles, tapicería, como así también máquinas-herramienta, matrices y dispositivos.

Estos cambios, afectaran notablemente la vida económica de la provincia al aportar importantes capitales y generar fuentes de trabajo.

La ley de radicación de capitales de origen externo también permite la llegada a nuestro país de  Mercedes Benz, que instala una fábrica de camiones en González Catan, provincia de Buenos Aires.

VII. Los acuerdos petroleros

Las decisiones políticas y económicas instrumentadas en la ley Nº 14.222 dieron lugar a la firma de los convenios sobre producción petrolera que, sin duda, representan uno de los puntos más discutidos de este proceso.

Ante los descubrimientos de nuevos yacimientos y el aumento en la demanda de combustibles aparece un mayor interés en la producción petrolera. YPF enfrenta dificultades para importar la tecnología necesaria para la explotación de las reservas existentes. En el año 1955, para incrementar la producción y resolver la escasez de combustibles, se resuelve concretar los discutidos acuerdos petroleros con la compañía Standard Oil de California, que conceden a la empresa estadounidense la explotación por cuarenta años de cincuenta mil kilómetros cuadrados en Santa Cruz. Las cláusulas -que repiten prácticas de concesión de territorio propias de la región de Medio Oriente- ocasionan un gran debate en el Congreso de la Nación y entre la ciudadanía en general, en especial lo concerniente a la facultad de la empresa de construir y emplear con exclusividad puertos, aeropuertos, caminos, importar libremente insumos, repatriar utilidades sin restricciones y no acatar, dentro del área otorgada, la legislación laboral argentina. No obstante, debe señalarse que al caer Perón y sobrevenir los acontecimientos político-militares del 16 de septiembre de 1955, el Congreso nada ha resuelto sobre esta temática.

VIII. La caída de Perón. Nuevos rumbos

·         Anexo estadístico

Anexo:  ley 1422

…INGRESO AL PAIS DE CAPITALES EXTRANJEROS PARA INVERTIRSE…Nro Asiento: 953-08-0350

INGRESO AL PAIS DE CAPITALES EXTRANJEROS PARA INVERTIRSE EN LA INDUSTRIA Y MINERIA

LEY 14.222

Sancionada: agosto 21-1953

Promulgada: agosto 26-1953

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de LEY:

ARTICULO 1° – Los capitales procedentes del extranjero que se incorporen al país para invertirse en la industria y en la minería, instalando plantas nuevas o asociándose con las ya existentes, para su expansión y perfeccionamiento técnico, gozarán de los beneficios que acuerdan la presente ley.

ARTICULO 2° – A los fines del artículo 1°, los capitales extranjeros podrán ingresar al país:

a) Bajo forma de divisas;

b) Bajo forma de maquinarias, equipos, herramientas y otros bienes productivos necesarios para el desarrollo integral de la actividad a la que se dedicará el inversor.

ARTICULO 3° – Las inversiones extranjeras que se realicen de acuerdo con la presente ley deberán ser previamente aprobadas, en cada caso, por el Poder Ejecutivo Nacional. Para la aprobación de las inversiones se tendrá en cuenta:

a) Que la actividad a la que se destine la inversión contribuya a la realización del desarrollo económico previsto en los planes del gobierno, traduciéndose directa o indirectamente en la obtención de economía de divisas.

b) Que en los casos de capitales que se incorporen bajo la forma de bienes físicos, éstos comprendan todas las máquinas equipos, herramientas y otros elementos concurrentes, para asegurar la instalación total de la planta y, además un volumen adecuado de materias primas y repuestos como para asegurar un normal funcionamiento por el período de tiempo que, en cada caso se considere necesario;

c) Que las máquinas mencionadas y equipos deben ser nuevos o encontrarse en perfecto estado de conservación y responder a sistemas modernos y eficientes de producción;

d) El precio de los bienes físicos que integren la inversión será el corriente en los mercados de exportación a la fecha del ingreso al país.

ARTICULO 4° – Los capitales extranjeros que ingresen de acuerdo con la presente ley quedarán ajustados a la legislación argentina y equiparados a los capitales nacionales.

Las empresas que se constituyan con esos capitales deberán organizarse de acuerdo con la legislación vigente y ajustar su acción a las directivas de los planes de gobierno. Estas empresas recibirán un tratamiento igual, al que reciben empresas argentinas similares.

ARTICULO 5° – Para tener derechos a los beneficios que conceden los artículos 6° y 10° los inversores extranjeros deberán solicitar la inscripción de sus capitales en el registro nacional que se creará a ese efecto.

ARTICULO 6° – A partir de los dos años de la fecha en que la inversión extranjera haya sido inscripta en el registro mencionado en el artículo 5°, el inversor tendrá derecho a transferir al país de origen utilidades líquidas y realizadas provenientes de la misma inversión hasta el 8% sobre el capital registrado que permanezca en el país, en cada ejercicio posterior anual.

ARTICULO 7° – Los inversores extranjeros tendrán derecho a capitalizar e inscribir como capital extranjero las utilidades que pudieran transferir de acuerdo al artículo anterior, que no hubiesen transferido por su voluntad expresa.

ARTICULO 8° – Las utilidades cuya transferencia, dentro de las condiciones indicadas en el artículo 6°, no se hubieren solicitado, o que no se decidiera capitalizar y registrar como capital extranjero, al igual que todo excedente de utilidades sobre el mencionado por ciento, quedarán definitivamente nacionalizadas y no podrán ser transferidas al exterior bajo ningún concepto.

ARTICULO 9° – Las utilidades que se capitalicen y registren como capital extranjero y las utilidades que a su vez produzcan gozarán del derecho de transferencia al exterior establecido por los artículos 10° y 6° de esta ley, respectivamente.

ARTICULO 10. – A partir de los diez años de la fecha de la inscripción del capital extranjero originario en el registro indicado en el artículo 5°, el inversor tendrá derecho a retirarlo del país en cuotas del 10 al 20% anual, según se establezca en cada caso, al autorizar la inversión. La repatriación del capital sólo podrá ser efectuada con fondos propios del inversor. Las utilidades capitalizadas ganarán la antigüedad del capital originario.

ARTICULO 11. – Los inversores extranjeros comprendidos en el régimen de la presente ley que no hubiesen inscripto sus capitales en el registro indicado en el artículo 5°, perderán todo derecho a los beneficios que acuerda esta ley, y los mencionados capitales se considerarán definitivamente incorporados al país.

ARTICULO 12. – Al autorizar el ingreso al país de cada inversión, el poder ejecutivo podrá:

a) Eximir total o parcialmente del pago de los derechos de aduana a los bienes físicos que se incorporen al país;

b) Declarar de "interés nacional" a la nueva actividad que se incorpore al país y aplicar en su favor las medidas de fomento y defensa previstas en la ley 13.892 (Decreto 14.630 del 5 de junio de 1944) de fomento y defensa de la industria.

ARTICULO 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 21 de agosto de 1953.

A. TESAIRE A. J. BENITEZ

Alberto H. Reales Rafael V. González

– Registrada bajo el número 14.222 –

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1953

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.

PERON. – Alfredo Gómez Morales. – Miguel Revestido. – Natalio Carvajal Palacios. – Jerónimo Remorino

Periodo 1955-1963

Marco internacional

A fines de los años 50 comenzó a formarse lo que luego constituiría la Comunidad Económica Europea, que englobaba a las grandes potencias europeas. Un importante componente de la estructura y estrategia global de la CEE estaba constituido por la política agrícola común. Se impuso la idea de que una política agrícola integrada debía ser el instrumento para lograr precios comunes que serían más altos y estarían establecidos por la Comunidad. De esa manera, se pretendía garantizar a los agricultores europeos una renta suficiente, comparable a la obtenida por los sectores urbanos. Era necesario un control sobre las importaciones de productos agrarios provenientes de otras regiones por medio de aranceles especiales y cuotas de importación, así como la intervención en el interior del mercado agrícola comunitario absorbiendo excedentes a precios mínimos garantizados. Esto se daba en el terreno de que las potencias europeas pretendían bajar los costos de sus importaciones agrícolas y no tener que depender de acuerdos con países periféricos. Un intercambio con países del mismo continente bajo este acuerdo disminuía los costos considerablemente. Esta política en común perjudicaría a la Argentina, al igual que a otros exportadores agrícolas, y acentuaría las políticas industrialistas que se podían visualizar desde los años 30.

Por otra parte, el desarrollo de economías a escala, base del crecimiento económico de esa época, requería mercados más amplios que desbordaban los límites geográficos nacionales. Es por eso que otro objetivo de la comunidad pasaba por generar un gran mercado europeo que posibilitara la distribución de los productos por todo el continente sin mayores barreras aduaneras. Esto marcará una tendencia que luego afectará a nuestro país, ya que esa expansión de mercados se verá reflejada en el establecimiento de inversiones, en busca de nuevos mercados con tipos cambiarios que los favorezcan.

 Estados Unidos, consolidado en su rol de líder en aspectos político-económicos, tomaba medidas en contra del comunismo, que parecía expandirse  a partir de la URSS o la reciente Revolución Cubana. Es por esto que se esforzó en generar vínculos con países subdesarrollados para evitar que el peligro comunista se siga expandiendo. Esto se produjo a través de nuevos organismos como Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), o distintos tipos de tratados.

A nivel nacional luego de la primera etapa peronista los gobiernos siguientes caracterizaron sus políticas por un viraje a favor de los capitales extranjeros. Si bien, cada gobierno de la "Revolución Libertadora" tuvo distintas ideologías, esa fue la tendencia predominante. Posteriormente, se plasmó claramente en el gobierno de Frondizi, la presidencia del periodo que más duró, y su plan "desarrollista". Los capitales extranjeros resultaban esenciales para generar una industria pesada, en contraposición con la industria liviana que se había formado a partir de la década del 30. Este aspecto de la política fue producto de observar los finales del segundo gobierno de Perón. En el momento en que tuvo que producirse el salto a una industria intensiva no había capitales para realizarlo.

Leyes de inversiones extranjeras

Este período en la historia argentina comienza con la presidencia del general Lonardi, encargado de llevar a cabo el golpe de Estado que derrocaría a Juan Domingo Perón. Este gobierno de 3 años de duración se caracterizó por sus medidas en terreno político y social tendientes a erradicar al peronismo de los ámbitos políticos. Como por ejemplo, Lonardi anuló la reforma de la Constitución realizada en 1949 por el ya mencionado presidente. Por ello se anularían muchas leyes de inversión, las cuales han sido tratadas en  partes anteriores del trabajo.

 En el plano económico también hubo un intento de alejarse de las medidas peronistas, mientras se trataba de equilibrar las cuentas y controlar la inflación. Dentro del gabinete que componían a este nuevo gobierno se observaban nombres relacionados con viejas prácticas liberales, que mientras Perón estuvo en el poder debieron mantenerse lejos de las esferas políticas. Este resurgimiento de la oligarquía marcó una vuelta al liberalismo económico y social. Ya que, si bien nombraban entre sus planes a mediano y largo plazo continuar con el crecimiento de la industria a través de inversiones extranjeras, sus medidas estuvieron más cerca de ayudar a los productores de materia prima.

Las medidas que se tomaron apuntaban, en concreto, a estimular la producción agropecuaria, con el objeto de equilibrar las cuentas externas, tratando de apartarse lo menos posible de la ortodoxia. Por eso, se proponía una fuerte devaluación que recompusiera la rentabilidad del sector agropecuario, y se daba favoritismo a las importaciones de bienes de capital que requería la producción agropecuaria. Implícitamente, el plan apuntaba a una redistribución del ingreso inversa a la del peronismo, privilegiando las transferencias de la ciudad al campo y del trabajo al capital. Las medidas propuestas tenían un fuerte carácter recesivo, que contraería las importaciones. Además, transformaba en contradictorios los objetivos de mediano y largo plazo, ya que implicaban una reducción de la rentabilidad en el sector industrial, una contracción de la demanda interna, un encarecimiento de las insumos y bienes de capital importados y una mayor dificultad de acceso al crédito. La determinación de recurrir al capital extranjero resultaba en este contexto un mero paliativo con pocas chances de éxito.

Sin embargo, la búsqueda de mayor participación en los mercados capitales y la apertura hacia el comercio internacional llevaron a firmar acuerdos con Bretón Woods, incorporándose así a los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, iniciando una relación con estos organismos que duraría muchos años e influirían considerablemente en las políticas económicas argentinas.

El objetivo de estabilizar las cuentas externas y controlar la inflación no se concretó. Además con el correr del tiempo la situación política se fue tornando más débil y fue necesario convocar a elecciones. Por esta razón, con el nuevo gobierno estas medidas de tendencia liberal quedarían en el olvido.

Luego de Lonardi, asumiría Arturo Frondizi, que a diferencia de su antecesor poseía un plan económico con vistas al futuro y no a solucionar inconvenientes a corto plazo. Cuando asumió a la presidencia la situación mostraba que la crisis del modelo agroexportador, que cimentó el crecimiento argentino durante las primeras décadas del siglo, había alcanzado su punto máximo. Mientras que la estructura industrial argentina se mostraba claramente desbalanceada, concentrada en las ramas livianas de la producción. Es por esto que en la segunda mitad de la década de 1950 las posibilidades de crecimiento del país eran reducidas por el estancamiento de la producción primaria, el saldo en la Balanza Comercial negativo, una industria frágil, desintegrada y sin la infraestructura de apoyo necesario, una red ferroviaria obsoleta y deficitaria, una estructura vial vencida, un sistema energético incapaz de atender las exigencias del sector industrial, requiriendo importaciones de este materia, y a las derivadas del crecimiento urbano, un parque automotor envejecido y escaso, un sistema de comunicaciones desmantelado, todo en un contexto inflacionario para los niveles que podían considerarse aceptables en aquellos tiempos. Dentro este escenario, el principal objetivo de la política económica de Frondizi fue pasar a una economía industrial desarrollista. Consistía en una política que pretendía impulsar un agresivo proceso de avance para superar la crisis en materia de energía, transporte e infraestructura.

El Estado ocupaba un lugar destacado en la determinación e instrumentación de la política económica; su principal función era brindar las condiciones adecuadas para promover la inversión nacional y extranjera, encaminarlas hacia determinadas ramas productivas y localizaciones geográficas. Las prioridades fijadas por el gobierno de Frondizi fueron el petróleo, la siderurgia, la energía, la química pesada, el aumento de la productividad agropecuaria, la industria automotriz y la modernización de la infraestructura de los transportes. Con respecto a los capitales necesarios para lograr estos objetivos, los desarrollistas planteaban que las alternativas eran, o bien, una drástica reducción del consumo interno para forzar el ahorro interno, o la participación de capitales extranjeros. A causa de la complicada situación social que se vivía en el país, luego del Golpe de Estado, y mundialmente, por el temor al surgimiento del comunismo se optó por la posibilidad que requería de inversiones extranjeras. De esta manera el Gobierno se propuso atraer a aquellos capitales extranjeros, tanto privados como oficiales, capaces de modificar, integrar y fortificar la estructura de la economía, ofreciéndoles las máximas garantías jurídicas. Para esto se sancionaron en 1958 leyes de radicación de capitales extranjeros (Ley Nº 14780) y de promoción industrial (Ley Nº 14781); por ellas se aseguraba a los inversores extranjeros libertad para remitir ganancias y aún para repatriar el capital, otorgándole trato preferencial en materia de derechos aduaneros, créditos, impuestos, suministro de energía, entre otras cosas. 

La Ley 14.780 se extendía a todas las actividades productivas (no sólo a la industria y la minería) y pretendía acelerar el proceso de desarrollo económico, habida cuenta de la limitada capacidad de ahorro interno. En sus disposiciones generales más importantes establecía lo siguiente: a) los derechos de los capitales extranjeros se encontraban en igualdad de condiciones que los nacionales; b) las inversiones podían tomar la forma de transferencias financieras de divisas o de ingreso de equipos, maquinarias, repuestos, materias primas u otras formas de aportes; c) los proyectos de inversión estaban sujetos a la autorización previa del Poder Ejecutivo, la que se basaría en el criterio de que la inversión contribuyera a la sustitución de importaciones, a la expansión de las exportaciones o al crecimiento armónico de la economía nacional; d) tendrían prioridad aquellas propuestas que utilizaran recursos nacionales en la producción de materias primas para la industria, que se localizaran en el interior para producir bienes de capital o utilización intermedia, implicaran asociación con capitales nacionales o se comprometieran a reinvertir sus utilidades; e) la repatriación del capital no se hallaba sometida a otras limitaciones que las que se hubiesen establecido al aprobar la inversión; f) las utilidades que se obtuvieran de esas inversiones eran enteramente transferibles a través del mercado de cambios y la repatriación de capital no quedaba sujeta a otras limitaciones que las que se establecieran al momento de aprobarse la inversión; g) quedaba a juicio del Poder Ejecutivo impulsar inversiones a través de la creación de incentivos, tales como la reducción o liberación de derechos aduaneros y cambiarios, la reducción o exención de impuestos, el tratamiento crediticio preferencial, o la inclusión en el régimen más favorable de promoción industrial vigente para las empresas nacionales.

Acerca de la Ley 14.781 podemos decir que tuvo la intención manifiesta de evitar posibles situaciones de inequidad a la industria nacional, debidas al reciente régimen de inversión de capitales extranjeros establecido por la Ley 14780. Entre los objetivos de esta Ley se atendía especialmente al propósito de descentralizar industrialmente al país, buscando frenar el proceso de concentración en el Área Metropolitana, aunque debe señalarse que no se establecía ningún criterio para la localización industrial ni restricciones para la radicación en determinadas áreas. Una mayor precisión y especificación de la norma surgiría de los decretos reglamentarios regionales y sectoriales. Se creó un Consejo Nacional de Promoción Industrial que asesoraría a la autoridad de aplicación, la Secretaría de Estado de Industria y Minería. A pesar que la Ley establecía su aplicación sobre la base de un plan de prioridades, éste nunca se elaboró. Finalmente se fue optando por hacer reglamentaciones parciales, de carácter regional y sectorial o específicamente sectorial. La reglamentación regional abarcó tres zonas: Patagonia, Noroeste y Corrientes. La reglamentación específicamente sectorial abarcó a los sectores siderúrgico, petroquímico y celulósico.

Estas medidas sin duda lograron su objetivo de captar el interés y el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del capital extranjero privado. Por tratarse de la primera apertura real a dicho capital, el efecto inmediato fue un cambio significativo en la tendencia que se observaba hasta ese momento: la tasa media anual de inversión directa se elevo considerablemente (74 millones de dólares en el período 1958-1963, casi diez veces superiores a la tasa del conjunto de los regímenes anteriores), al tiempo que las inversiones directas superaron en monto, en el mismo lapso, a las inversiones realizadas como reinversión de utilidades (tendencia que se revierte en los dos años subsiguientes debido a la modificación de las normas al respecto).

Además de estas leyes se sumaron un conjunto importante de estímulos que hicieron que crezca el ritmo de inversión. En primer lugar, la devaluación y la elevación de los aranceles constituían una fuerte protección frente a la competencia externa. En segundo término, la reducción de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso fortaleció la acumulación de capital, incrementando las tasas de ganancia y mejorando las expectativas futuras de la inversión productiva. En tercer lugar, independientemente de las condiciones de mercado, las negociaciones que se realizaron en el exterior sirvieron para comprometer a diversas empresas a realizar inversiones en el país.

Las nuevas inversiones empezaron a materializarse en progresivos aumentos de la producción y de la productividad que, a su vez, permitieron descomprimir la situación social con incrementos salariales.

Un aspecto muy importante de la política económica de Frondizi y su ministro, Frigerio, fue el autoabastecimiento de petróleo, que si bien no consistió en leyes de inversiones extranjeras en si mismas, se realizó a través de contratos que al operar por cuenta de YPF, estaban legalmente autorizados. Los contratos firmados con empresas norteamericanas no conferían un derecho real de dominio, debido a que el petróleo que se extraía pertenecía y debía ser entregado a YPF.  Ya que los yacimientos que fueron nacionalizados pertenecían a la empresa nacional y las compañías no podían poseerlos. La firma de estos contratos provocó una reacción favorable en Estados Unidos y Europa; muchas fueron las empresas petroleras que se radicaron en el país (trece en total). Como contrapartida no tuvo aceptación popular porque una de las críticas de Frondizi hacia Perón fue que impugnaba recurrir al capital extranjero para la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, el presidente no dio marcha atrás en la política petrolera y pronto comenzaron a llegar las inversiones.

El ritmo impuesto a la solución del petróleo fue tan rápido que en dos meses se habían firmado los principales contratos con empresas privadas; a los seis meses las compañías contratistas comenzaron a entregar su producción a YPF; el autoabastecimiento, se logró en dos años; la producción pasó de 5.668.900 m3 en 1958 a 15.613.500 m3 en 1962. Por su parte las importaciones se redujeron de 504 millones de dólares en 1958 a 148 millones en 1963. En tanto que la inversión extranjera global en el sector petrolero entre 1959 y 1963 llego a los 200 millones de dólares (datos extraídos de la universidad de CEMA).

Además de la del petróleo hubo otras industrias que tuvieron una importante prioridad para la dirigencia nacional, como ya hemos dicho,  la de la energía, la química pesada, el aumento de la productividad agropecuaria, la industria automotriz y la modernización de la infraestructura de los transportes. Esto a su vez permitió que tuvieran un crecimiento que hasta ese momento no había sido posible que tuvieran, gracias a las inversiones extranjeras en la mayoría. Como por ejemplo, el caso de la industria automotriz, que sobre la base de las Leyes Nº 14.780 y 14.781 de Inversiones y Promoción Industrial, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó en 1959 el denominado Régimen de Promoción de la Industria Automotriz. En él se fijaron las normas de funcionamiento de las fábricas existentes y de aquellas en vías de instalación, con el objeto de reglamentar la creciente participación de elementos en la construcción de vehículos automotores. Se establecieron numerosas industrias transnacionales que aun en la actualidad continúan. Tal es así que en 1961 la industria automotriz produjo 137.000 automóviles y camiones.

Otra industria que recibió aportes de inversiones extranjeras fue el área de la generación eléctrica que presentaba serios problemas de atraso y desinversiones. Por eso desde el inicio de su presidencia, Frondizi, anunció a las empresas y sectores interesados su propósito de realizar un gran desarrollo energético en base a una activa participación del capital nacional y extranjero. Las tratativas condujeron a la constitución de una sociedad, SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires  S.A.), con mayoría de capital privado, ex capitales de CADE (Compañía Argentina de Electricidad) y una minoría de capital del Estado. De esta manera, los capitales privados asumieron la obligación de invertir los fondos necesarios para modernizar y ampliar los servicios.

Un caso diferente fue el de los elementos técnicos del agro. Para los desarrollistas el sector rural no era considerado el generador del desarrollo económico, sino que sería la industrialización integral del país la que terminaría repercutiendo en la producción agropecuaria. Es decir, era inevitable una capitalización interna y una aceptación del capital externo que permitiera erigir la industria pesada y de maquinarias, incrementar y difundir el consumo de energía, de fertilizantes, de plaguicidas, combustibles, infraestructura de transportes y comunicaciones. En otras palabras volcar al agro los insumos financieros y técnicos que sólo podía provenir del desarrollo integral de la industria. Este se suponía que era el punto de partida para aumentar la capacidad exportadora y no que ésta fuera la base para edificar la industria.

Por último, la industria petroquímica, esencial para la fabricación de neumáticos, plásticos, abonos, fertilizantes y plaguicidas también recibió ayuda oficial. Entre 1959 y 1961 se aprobaron propuestas de inversiones por un total de 140 millones de dólares. Se logró quintuplicar el valor de la producción de caucho sintético, imprescindible para la elaboración de neumáticos, cuya demanda se amplió por el desarrollo de la industria automotriz y otros bienes petroquímicos básicos con un ahorro de 70 millones de dólares anuales.

Si bien el plan "desarrollista" no falló en sus objetivos tuvo problemas que no podían solucionarse a corto plazo, como lo fueron los inconvenientes en el sector externo. La reaparición del déficit comercial y la disminución del ingreso de capitales provocaban una fuerte presión sobre el mercado de divisas, lo que llevó al Banco Central a perder reservas de moneda extranjera en pos de mantener la paridad cambiaria. Al finalizar la presidencia de Frondizi y con la vuelta de la ortodoxia al poder, asumió Federico Pinedo como ministro. De esta manera se provocó un brusco golpe de timón en la conducción de la economía argentina. La principal medida que adoptó fue la liberación del mercado cambiario y el retiro del Banco Central de la operatoria, tratando de proteger las divisas.

Después de un tiempo la alta conflictividad política afectó el ingreso de capitales de largo plazo. Tanto las inversiones directas como los préstamos del exterior se contrajeron marcadamente, obligando al gobierno a reducir empréstitos de corto plazo que permitían mantener el ritmo de crecimiento, pero a costa de enfrentar poco después una posible turbulencia en el mercado cambiario.

La devaluación provocó un aumento del precio de los bienes comercializables con el exterior en relación con los no comercializables. Esto supuso un encarecimiento de los insumos importados y de los productos exportables que, para el caso argentino, son los de origen agropecuario. Por eso, representó un aumento del costo de producción para las firmas que utilizaban dichos insumos y una disminución del poder adquisitivo de los salarios, lo cual debilitó la capacidad de consumo y redujo la demanda efectiva. Así, la política monetaria y fiscal tuvo serias consecuencias sobre el aparato productivo. La contracción de la demanda agravaba la recesión. La política monetaria restrictiva, por su parte, provocaba un aumento de las tasas de interés que incrementaba los costos y disuadía el emprendimiento de nuevas inversiones productivas.

La posición de Pinedo en el mando de decisiones duró poco tiempo. Dejando en su cargo a Alzogaray, quien también abandonó su cargo iniciando una transición que solo se detendría con la asunción de Illia al poder. 

A modo de conclusión, podemos plantearnos por qué era necesario el capital en esta etapa de la economía argentina. Y la respuesta, si bien, parece simple trae consigo algunas cuestiones.  Porque el ahorro nacional era insuficiente. Por ello se requería para el desarrollo de la industria de base, energía e infraestructura, la concurrencia del capital extranjero, pero el mismo debía ser controlado por el Estado y dirigido a las áreas prioritarias y puesto al servicio de los intereses nacionales. Para ello había que darle seguridad jurídica a los capitales manteniendo la legalidad, y reglas de juego estables, y así, no sólo evitar la fuga de capitales que se venía produciendo, sino, además atraerlos hacia el país. Además del marco jurídico se debían dar una serie de estímulos económicos que beneficiaran la radicación de capitales en general. Esta intención recibiría un duro golpe, por ejemplo, en el caso de los contratos petroleros firmados por el gobierno del Dr. Arturo Frondizi, cuando los mismos sean anulados durante el gobierno de Arturo Illia. Entonces, debe haber una conjunción de acciones publicas y privadas conducentes a lograr las prioridades establecidas. Por ejemplo, en el caso del petróleo: a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), más los capitales nacionales, más los capitales extranjeros. Si bien no podemos generalizar que el desarrollo de todas las industrias fue completamente fructífero, estamos en capacidad de establecer que el avance producido en la industria argentina, gracias a las inversiones de capital extranjero, no tuvieron precedentes en la historia económica  de nuestro país y no podría haberse realizado sin ellas.  Las industrias que más ampliaron su capacidad productiva fueron: la siderurgia, la energía, la química pesada y la industria automotriz.

Por último, como ilustración de las características de estas inversiones pueden mencionarse algunas de los pedidos concretas aprobados durante los primeros años de gestión. Por ejemplo, en setiembre de 1959 el Poder Ejecutivo autorizó cuatro pedidos de radicación de capitales extranjeros por un monto total de 80 millones de dólares (13). Ellos incluían las siguientes propuestas: 1) la compañía estadounidense Texas Butadiene and Chemical Corporation invertiría 39 millones de dólares a fin de constituir la filial argentina de su subsidiaria Texas Butadiene and Chemical International, la cual construiría un complejo petroquímico para la producción de caucho sintético y otros productos en Puerto Deseado; 2) la General Motors Corporation, a través de la General Motors Argentina S.A., invertiría 20 millones de dólares en la instalación de una fábrica de camiones y la producción de otros bienes dentro del ramo automotriz; 3) la Extramar Panamá S.A. destinaría 400 mil dólares a la adquisición, por parte de la empresa Arizona Argentina S.A.C.I., de un buque mercante; 4) la N.V. de Bataafse Internationale Maatschappij radicaría en el país alrededor de 8 millones de libras con destino a la firma Diadema Argentina S.A. de Petróleo, a fin a esta ultima de maquinarias y equipos para su destilería petrolera , (extraído de Clarín, 12/09/59, p. 1).

(Todos los datos de este apartado que no especifican su procedencia han sido extraídos de la misma fuente. Fuente: Secretaria de Hacienda de la Republica Argentina 1978; Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas, "El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas", Buenos Aires, 1998, extraído del libro "Historia Económica Argentina, política y social de la Argentina" de Rapoport)

Periodo 1963-1973

Arturo Illia (1963-1966)

Asumió el poder en octubre de 1963, recibió una economía que emergía de la recesión y aplicó una política económica de corte nacionalista y expansiva.

La situación económica que este gobierno debió enfrentar era bastante crítica: déficit presupuestario, importantes deudas atrasadas con proveedores, salarios impagos  en la administración pública, una considerable deuda externa y tasas de desempleo e inflación creciente.

El plan económico implementado por el ministro Eugenio Blanco a partir de 1964 pretendía aumentar el consumo, a la vez que controlaba los efectos negativos de esta expansión sobre la balanza de pagos mediante controles selectivos. Al mismo tiempo se utilizó el crédito bancario para poner al día las deudas del sector público, dando lugar a un aumento del déficit. Se restablecieron los controles de cambio y se devaluó el peso un 58%. Mientras tanto se elaboro un plan de desarrollo a aplicarse entre 1965 y 1969 tendiente a generar un proceso genuino de industrialización.

Los resultados fueron muy satisfactorios, sobre todo si se tiene en cuenta la brevedad de este periodo de gobierno (dos años y ocho meses). En este lapso la inversión en maquinarias y equipos aumento cerca del 20%.

 La modificación mas importante a la estructura arancelaria se produjo en 1965, se derogaron los derechos aduaneros y recargos de importación vigentes, remplazándolos por un solo recargo de importación fijado en el mismo decreto. Los mayores recargos correspondían al sector automotor, al igual que los textiles y los aparatos eléctricos.

A fines de 1963 Illia firmó los Decretos 744/63 y 745/63 que anulaban los contratos petroleros, iniciados por Arturo Frondizi en su gobierno y basados en la concesión de los yacimientos a empresas privadas reservando a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) la actividad de explotación y la compra de la producción a las empresas concesionarias, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la nación. Esta anulación, obligó al Estado a compensar a las empresas con fuertes indemnizaciones y provoco un estancamiento de la producción del combustible a la vez que genero desconfianza en potenciales inversores extranjeros deteriorando la posición internacional del gobierno.

En el mismo año fue sancionada la Ley 16462, también llamada Ley Oñativia, que establecía una política de precios y control de medicamentos, congelando a los vigentes a fines de 1963, fijando límites para los gastos de propaganda, imponiendo limites a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos.

En materia económica, este gobierno tuvo una política de ordenamiento del sector público, de disminución de la deuda pública y de impulso a la industrialización.

Se creó la Sindicatura de Empresas de Estado, para un control más eficaz de las empresas publicas.

Se intentaron llevar a la práctica planes de desarrollo basados en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y expansión del mercado interno. Le dieron prioridad a sectores tales como el petroquímico, la industria automotriz y la papelera. Illia con una impronta menos desarrollista y mas orientada hacia el nacionalismo tradicional de cuño Yrigoyenista, intento poner en marcha un plan quinquenal en donde el capital extranjero cumplía un papel limitado.

El acercamiento económico con la URSS y Europa del este se debía a que el gobierno de Moscú podía ser un buen proveedor de maquinas y otros bienes de capital para los empréstitos hidroeléctricos y, a la vez, un buen mercado para los productos primarios argentinos.

En 1955 se sancionaron la Leyes 16742 y 16743 para la aprobación de una mayor inversión acusada en la ejecución del presupuesto de la administración general de obras sanitarias. Proyecto del Poder Ejecutivo aprobado por la Cámara de Diputados el 22/09/64 y por el Senado el 20/10/65.

En 1966 se lleva a cabo la primera reunión de la comisión mixta argentino-norteamericana sobre asuntos económicos, que tuvo lugar en Washington del 17 al 19 de mayo del corriente año, intentando aumentar el comercio bilateral y fomentar las inversiones norteamericanas en la Argentina.

Frente al inminente final de la gestión radical, la delegación argentina encabezada por el secretario de Industria Alfredo Concepción, solo había logrado en la capital norteamericana la firma de un comunicado final que se limitaba a expresar buenas intenciones: la necesidad de aumentar la cooperación comercial y de fomentar las alicaídas inversiones norteamericanas en el mercado argentino.

Juan Carlos Ongania (1699-1970)

Tomó el poder con la idea de restablecer el orden, solucionar los problemas económicos y terminar definitivamente con los conflictos sociales. Solo un gobierno fuerte, capaz de garantizar el orden, podía crear un terreno propicio para las inversiones que se requerían para completar la industrialización y promover el desarrollo. De todos modos, la idea de un programa en tres tiempos -el económico, el social y el político- establecía ciertas prioridades en cuanto a las medidas concretas a adoptar.

El plan económico surgió casi un año más tarde de la asunción de Ongania de la mano de Albert Krieger Vasena. Se trataba de poner en práctica un plan innovador tendiente a favorecer a la gran industria y a las empresas extranjeras. La idea subyacente era que el principal problema de la economía argentina era el alto nivel de ineficiencia que afectaba tanto al sector público como al privado.

El ministro de economía anuncio públicamente el 13 de Marzo de 1967 lo que llamo "La Gran Transformación" de la economía argentina. Los considerandos de su discurso apelaban a la necesidad de cambio, de mejor aprovechamiento de los recursos, de alcanzar mayor productividad y eficiencia. Para ello se promovería activamente  la libre competencia y se eliminaría la excesiva protección arancelaria que había provocado tantas distorsiones. También se proponía corregir viejos desequilibrios económicos, promoviendo la expansión de las exportaciones de manufacturas. Una vez más, se intentaría reestructurar las empresas y actividades estatales y racionalizar y modernizar la administración pública, de manera de reducir el gasto y el déficit. Las medidas fiscales se completaban con una disminución de los aranceles a la importación, un aumento de impuesto a las ganancias y otras formas tributarias, un incremento de las tarifas de los servicios públicos y un incremento de las inversiones en obras publicas. Al mismo tiempo, se procuró un ajuste del tipo de cambio vía devaluación del 40% con el objetivo de estabilizar la moneda y, de ese modo, terminar con la especulación y estimular la llegada de inversiones extranjeras.

Los capitales privados para inversiones directas y los préstamos de largo plazo fueron escasos.

Las inversiones extranjeras fueron de corto plazo o se prefirió comprar paquetes accionarios de empresas ya instaladas y altamente rentables, beneficiándose con la prima de inversión que generaba la sobre devaluación. Entonces, en lugar del objetivo buscado de conseguir nuevas radicaciones, se operó una transferencia de paquetes accionarios a favor de firmas extranjeras, que dio motivo a que a esta época se la llamara como el periodo de desnacionalización de empresas, por cuanto alrededor de setenta establecimientos de primera línea en el orden nacional pasaron a manos de capitales extranjeros.

Uno de los sectores más atractivos para las compañías del exterior fue el del tabaco y los cigarrillos , pues se apuntaba de manera fundamental hacia todas aquellas actividades que generaban gran liquidez y un proceso de recuperación de la inversión relativamente rápido, que ornaba de nuevo hacia el exterior a través del libre envió de remesas de utilidades y dividendos.

La batalle de la CGE en contra de lo que se tildaba de desnacionalización de la industria y finanzas argentinas se intensificó hacia fines de la década y llevo más tarde (en 1974) a la sanción de una legislación restrictiva (la contenida en la Ley 20557 que fue promulgada y publicada en el 1963) respecto de las inversiones extranjeras.

En el plano del llamado Plan Económico, las políticas económicas de Krieger Vasena fueron las siguientes:

·         Una fuerte devaluación del 40%

·         La suspensión de los convenios colectivos de trabajo

·         La sanción de una ley de hidrocarburos, que permitía la participación de las empresas privadas en el negocio del petróleo 

·         La sanción de la ley de alquileres que facilitaba los desalojos

Hasta 1969 esta política trajo aparejada una prolongada estabilidad, lo que permitió que las inversiones del estado fueran considerables, especialmente en obras publicas:

La represa hidroeléctrica de "Chocon-Colorados", con el fin de solucionar un fuerte déficit energético. Puentes sobre el Rió Paraná y otras obras viales, constituyeron junto con las obras privadas las inversiones más importantes.

En este año también se sanciono la Ley 16909 de intervención del consejo federal de inversiones.

ART 1º.- Declárese intervenido el consejo federal de inversiones o fin de adecuar su acción a la promoción de las economías regionales como complemento de un plan de desarrollo integral del país.

ART 2º.- El Poder Ejecutivo designara el interventor en el mencionado organismo quien ejercerá las atribuciones que su carta orgánica confiere a la asamblea, junta permanente y secretario general.

Las relaciones con EEUU tuvieron mayor lugar en el terreno económico-financiero. La idea era recobrar la confianza de los inversores extranjeros.

La nueva política petrolera reimplantó las condiciones favorables para las compañías extranjeras. Se produjeron nuevas inversiones directas norteamericanas, prestamos de la Tesorería de los EEUU y de un consorcio de bancos del mismo origen y en el respaldo crediticio de FMI.

Roberto Marcelo Levingston (1970-1971)

La política económica implementada durante este gobierno intentó levantar las severas restricciones y lograr una expansión económica acelerando el crecimiento y mejorando la situación de los trabajadores.

Además, se intento contrarrestar la creciente presencia del capital extranjero a través del estimulo a la industria y las exportaciones nacionales.

En 1970 se fijaron ciertas restricciones a las compras de divisas y prohibición para algunas mercancías.

Respondiendo a la presión de los cuadros del ejército, influidos por la oleada nacionalista en el continente y, sobre todo, por el malestar de los sectores rurales, del comercio y de las clases medias, replanteo la política económica. Tomo una serie de medidas moderadamente nacionalistas tendientes a limitar la penetración extranjera  y a favorecer a las empresas nacionales públicas y privadas, y adopto una política laboral menos rigurosa.

Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973)

Este continúo con la orientación expansionista y nacionalista. Se inicio entonces un periodo de creciente deterioro de las variables económicas. Su gestión se caracterizó por una gran inversión en importantes obras de infraestructura nacional (rutas, puentes, represas, etc.), equipamiento y transporte.

Se establecieron algunos controles más rígidos, a fin de afrontar la difícil situación del sector externo, afectado por una expansión de las importaciones. Dada la posibilidad de liquidar una determinada proporción de divisas en el mercado financiero, se establecieron múltiples tipos de cambio: las importaciones se liquidaban un 30% por el financiero, al igual que las exportaciones tradicionales, mientras que las exportaciones promocionadas liquidaban un 40% por el financiero. Por último, a fin de frenar el flujo de importaciones se tomaron algunas otras medidas: se prohibió la totalidad de ellas por casi dos meses, se prohibió a los bancos abrir nuevos créditos documentarios, se prohibió por un año la importación de una lista de productos considerados no necesarios, se crearon nuevos gravámenes, se aumentaron algunos impuestos y se mantuvo el requisito del deposito previo.

Durante el siguiente año algunas medidas fueron abandonadas y otras flexibilizadas. Se encareció el tipo de cambio y aumento la proporción de divisas liquidadas en el mercado financiero. No obstante, se requirió que todas las importaciones tuvieran financiamiento externo por un plazo no menor a los 180 días. 

Periodo 1973-1976

La vuelta del Peronismo: Cámpora, Perón e Isabel Perón

Contexto Internacional y Nacional de la época:

En el aspecto internacional se destacaba una fuerte crisis petrolera, originada cuando un grupo de países productores agrupados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) incrementó el precio del combustible. Su consumo era vital, por lo que su encarecimiento generó una importante recesión en la mayoría de los países industrializados. Dicha suba permitió a los países productores transferir capitales a las bancas norteamericanas y europea. El considerable incremento de la deuda externa latinoamericana generaba la crisis financiera de los `80.

El shock petrolero de 1973 produjo un importante impacto en la estructura mundial de pagos y originó un aumento en la demanda internacional de dólares, tendiendo a desaparecer la presión en su contra. A partir de allí, los EE.UU. continuaron imponiendo las "reglas del juego" con más facilidad, en el campo financiero internacional. La crisis fue la responsable de un período de gran intranquilidad para las relaciones internacionales, lo que llevaría al cambio de paradigma tecnológico e industrial del capitalismo.

De manera anticipada a ese cambio, en 1972, se había constituido la "Comisión Trilateral", promovida por el banquero D. Rockefeller e integrada por mas de 400 empresas norteamericanas, europeas y japonesas. La Comisión Trilateral realizó una evaluación proyectada en lo que sería la economía mundial de los siguientes 20 años, en el cual los países se dividirían el trabajo en productores de materias primas, de manufacturas con bajo valor agregado, y manufacturas sofisticadas. En este esquema, Argentina sólo podía llegar al 2 nivel, lejos de las economías industrializadas.

En el aspecto nacional, el regreso de Perón después de 17 años de exilio, el 17 de noviembre de 1972, concreto 3 hechos. Primero reunió a los representante de todas la agrupaciones políticas, asentando las bases de una convivencia partidaria logrando la unánime adhesión a una democratización sin restricciones y garantizando el apoyo a políticas nacionales y populares, luego formalizo el FREJULI constituido por el peronismo, el desarrollismo de Frondizi, la democracia cristiana, el conservadorismo popular, desprendimientos del socialismo y del radicalismo y algunos partidos provinciales.

La candidatura presidencial del frente impuesta por Perón, correspondió a Campora y a Vicente Solano Lima.

En las elecciones de marzo del 73 el FREJULI el 49,5 % de los votos y la fórmula de la UCR Balbín / Gammond reunió el 21,+2 %, dada la diferencia los radicales reconocieron la victoria, y se rehusaron a la segunda vuelta.

Políticas y leyes económicas de la época:

El gobierno de Cámpora realizó un proyecto de ley de Inversiones Extranjeras enviado al Congreso incluía directivas acerca de las condiciones de la radicación de capital extranjero. Incluía una clasificación de las empresas de acuerdo con la relación entre capital nacional y extranjero. De este modo, consideraba como empresas nacionales a aquéllas que poseían más del 80% de capital nacional y como empresas mixtas a aquéllas que tenían entre el 51 y el 80%. Cabe acotar en la legislación anterior, se consideraba como empresa nacional a aquélla que tuviera sólo un 51% de capital nacional. Por otra parte, el nuevo proyecto sobre inversiones extranjeras establecía los sectores donde dichas inversiones no se podían admitir: defensa, seguridad, servicios públicos. Además, este proyecto fue complementado con otros que procuraban nacionalizar los bancos que habían sido privatizados durante los gobiernos militares anteriores.[1]  

Con la ascensión de Campora se agudizaron los conflictos internos en el Peronismo, los sectores revolucionarios intentaron dirimir su controversia con la burocratizada sindicalización mediante violentos enfrentamientos, por otra parte logro que Cámpora decretara la amnistía para todos los presos políticos incluidos los miembros de las fuerzas armadas. El retorno definitivo de Perón en el 20 de Junio del 73, paso previo a su vuelta al manejo de los asuntos públicos. La fiesta se volvió en la "Masacre de Ezeiza" hubo un enfrentamiento entre los sectores Revolucionarios del peronismo y los de extrema derecha (nucleada por López Rega) , al día siguiente Perón reclamo volver al orden legal y constitucional, encontró eco el todos los sectores políticos del centro y de la derecha. Cámpora y Solano Lima en Julio presentaron sus renuncias y Lastiri (Titular de la cámara de Diputados) quedo como presidente provisorio, esto dio espacio para que Perón llevara las nuevas elecciones el 23 de Septiembre, donde por el 62% de los votos los gano Perón, esta fue su tercera presidencia en la cual tuvo como vicepresidenta a su esposa Isabel Martínez de Perón, superó a la radical encabezada por Balbín y Fernando de la Rúa con un 24%.

Perón asumió el gobierno. El 12 de octubre de 73 y se propuso la reorganización del poder estatal, para ello proponía un democracia integrada que encauzara los conflictos sociales, controlara las relaciones entre trabajadores y capitalistas y garantizara la estabilidad política del régimen, los conflictos gremiales no disminuyeron y las reformas salariales desbordaron el pacto social, empresarios cuestionaron el pacto i pugnaron por la flexibilización de precios, para ello a fines del 73 ejercieron practicas especulativas, eludieron los controles de precios, etc.

Perón colocó al frente del Ministerio de economía a José Ver Gelbard, que realizó una política económica que no solo consistía en la aplicación de una serie de instrumentos y medidas económicas, sino que estaba cimentada en el Pacto Social, que permitía establecer las condiciones necesarias para el crecimiento económico, la redistribución del ingreso a favor de los asalariados, el fortalecimiento del mercado interno, las restricciones a la operatoria del capital extranjero (el cual había asumido una gran importancia en diversas ramas industriales) y la industrialización.

Por otra parte la paralización del agro, según los especialistas es atribuible al excesivo intervensionismo estatal, mientas otros lo atribuyen a la baja productividad y a escasa renovación tecnológica.

La política económica de esta época tuvo como actores principales a la CGE y la CGT, aspiraba a alcanzar un aumento de la participación de los asalariados en el ingreso nacional, del 40 al 50% en un lapso de cuatro años. Para ello, se implementaría una política salarial tendiente a incrementar los ingresos reales de los trabajadores.

También se buscaba estabilizar el nivel de precios hasta reducir sustancialmente los elevados índices inflacionarios heredados. En este sentido, la política antiinflacionaria no podía estar desvinculada de la salarial, en tanto aducía que buena parte de la inflación era explicada por la satisfacción de demandas sindicales, su traslado al precio a los precios y la conformación de la conocida espiral inflacionaria. Por ende, de la correcta articulación de la política de estabilización con la salarial dependía buena parte del éxito del plan de gobierno.

De allí surgía la importancia del Pacto Social, firmado al 8 de junio de 1973, para concretar los objetivos económicos, en el cual se rubrico un acuerdo formal entre el gobierno, los sindicatos y la industria, mediante el cual se establecía un compromiso que incluía el congelamiento de precios y un alza de los sueldos en doscientos pesos mensuales y se suspendían las negociaciones colectivas salariales por un lapso de dos años. Para luego, las partes involucradas, comprometerse en la estabilización de la economía fortificando la producción y el consumo interno.

El gobierno impulsó controles en los tipos de cambio de divisas y trato de incentivar las exportaciones, esto lo realizó mediante la ley 20.545 (ver Anexo Ley 20.545), promulgada el 11 de noviembre de 1973. La exportación de manufacturas fue incentivada mediante los instrumentos vigentes, esto es, reembolsos y draw-back. En realidad, la Ley 20.545 sobre protección de la producción nacional, sancionada en diciembre de 1973, autorizaba al Poder Ejecutivo a modificar los derechos de exportación, suspenderlas, fijar precios índices, reintegros, reembolsos y draw-back  en los casos de bienes cuya exportación se quería promocionar.

Sobre el final del período, el deterioro de la balanza comercial -en parte atribuible al deterioro de los términos de intercambio- llevó al gobierno a extremar los cuidados en el manejo del comercio exterior. En especial, se trató de controlar las importaciones no sólo a través del tipo de cambio sino que también se las agrupó en tres listas. La lista A comprendía los bienes esenciales, que ingresaban por el mercado comercial. La lista B incluía los bienes de capital, que se canalizaban hasta el 40% de su valor por el mercado comercial y el resto por el financiero. La lista C abarcaba el resto de las importaciones, las cuales se liquidaban por el mercado financiero. Además, el ingreso de productos prescindibles y suntuarios fue prohibido y el de bienes de capital fue restringido a aquellos no producidos localmente, requiriéndose un financiamiento del exterior superior a los 180 días. Asimismo, se utilizó el mecanismo de las Declaraciones Juradas de Necesidades de Importación (DJNI) para restringir aún más las importaciones.

Como medidas complementarias, aunque no por ello de menor importancia, el gobierno elaboro poco menos de una veintena de proyectos de ley, entre los que se destacaban la regulación de las inversiones extranjeras, la reforma fiscal y la nacionalización de los depósitos bancarios, promovió las relaciones argentino-brasileña, para componer el prestigio y romper con el aislamiento de la Argentina (Tratado del Río de la Plata en 1973). A los pocos días viajo al Paraguay donde firmo el Tratado de Yacyretá, al mismo tiempo que impulsaba los proyectos de Hábeas y Salto Grande.

La marcha del plan económico del nuevo gobierno peronista pasó por dos etapas en la que sus alcances y sus resultados quedaron claramente diferenciados. La primera tuvo como punto de partida la firma del Pacto Social y se extendió hasta julio de 1974 con la muerte de Perón y la segunda, que sufrió permanentes marchas y contramarchas, concluyo en marzo de 1976, con la llegada de una nueva dictadura militar.