Por los efectos indeseables del conflicto colombiano y de las estrategias oficiales, el gobierno de Uribe sigue teniendo una gran responsabilidad en el impulso de un marco concertado con Ecuador, para el manejo de los asuntos fronterizos y para hacerle frente a las complicadas agendas subregionales o transnacionales económicas y de seguridad. Esto exige reconocer que no cualquier vía es válida para lograr los propios objetivos, y que no es legal ni legítimo realizar operaciones en territorio vecino sin el consentimiento del gobernante del otro país. Eso es la injerencia en asuntos internos de cada país, que atenta contra la libre determinación de los pueblos. Exige también aceptar que las interdependencias que se han tejido a lo largo de la historia de la vecindad, pero sobre todo con la integración andina, demandan un esfuerzo de mutua comprensión de los intereses y prioridades de cada lado y la búsqueda de acuerdos para hacerle frente a inaplazables problemas comunes y transfronterizos.
Autor:
Pablo Racines Penaherrera
| Página siguiente |