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El monopolio monocromático

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    Artículo publicado en la Revista Nexos No. 355 • Julio de 2007

    Los medios de comunicación son indispensables para la democracia. Por ello la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucionales algunos artículos relevantes de las leyes de radio y televisión y telecomunicaciones abre un horizonte para que los medios electrónicos cuenten con una regulación más acorde con el interés público. Raúl Trejo nos ofrece una reconstrucción del debate sobre dichas leyes y de la manera en que, ante la impugnación de 47 senadores, la Corte atendió ese asunto fundamental.

    El martes 5 de junio por la tarde Javier Corral Jurado bromeaba en un noticiero de radio: "Estamos tentados a pagar en la sección de clasificados del periódico un anuncio que diga: Damos las gracias a Televisa y TV Azteca por los favores recibidos". Unas horas antes los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia que discutieron la Ley Televisa habían abrogado los artículos más importantes de esas reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión aprobadas por el Senado en marzo de 2006. Corral y otros 46 senadores presentaron un recurso de inconstitucionalidad que fue ventilado en medio de la mayor atención que, posiblemente, haya suscitado jamás discusión alguna de ese tribunal.

    Las sesiones de la Corte fueron transmitidas en el Canal Judicial y el Canal del Congreso, ambos en televisión de paga. Antes de ser discutidas, las 546 cuartillas de la ponencia que elaboró el ministro Salvador Aguirre Anguiano en respuesta a esa solicitud de inconstitucionalidad estaban disponibles en internet. Esa deliberación, con tal apertura, significó un ejercicio inédito de la Corte. Frente a ella contrastó el comportamiento de las televisoras privadas que, cuando comenzaron las discusiones de los ministros, desataron una campaña contra Corral y Manuel Bartlett, dos de los ex senadores cuya insistencia permitió que la Corte se ocupara de tales reformas.

    Los noticieros de Televisa anunciaron, con gran despliegue, que un juez en Chihuahua había condenado a Corral a pagar varios anuncios de campaña difundidos tres años antes, cuando era candidato a gobernar ese estado. Sin embargo, no dijeron que el comité estatal del PAN no había pagado esos anuncios porque la filial de Televisa en Chihuahua se negaba a entregar la factura correspondiente. Televisión Azteca, por su parte, lo acusó porque, cuando era senador, había suscrito una iniciativa que proponía para las telecomunicaciones un organismo similar al que ahora objetaba en las impugnaciones a la Ley Televisa. Esas propuestas no eran similares pero lo que buscaban Azteca y otros medios era presentar a Corral como inconsecuente. Cuando solicitó espacio para aclarar esas inexactitudes, Azteca se burló del ex senador.

    Los ministros dedicaron ocho sesiones, entre el 24 de mayo y el 7 de junio, a discutir las impugnaciones a esas reformas. Las versiones estenográficas de tales discusiones, que abarcaron casi 24 horas, suman 544 páginas.

    Desde el 3 de mayo, cuando el ministro Aguirre Anguiano dio a conocer su proyecto de dictamen, los ejes de la Ley Televisa estaban cuestionados en la Corte. Entre los argumentos fundamentales de ese documento se encuentran la defensa de la conducción estatal sobre las telecomunicaciones y la crítica a la concentración excesiva de los medios de radiodifusión en manos de pocos empresarios. Con las reformas aprobadas en 2006, indicaba Aguirre, "se está privando al Estado de la rectoría para planear una eficiente y eficaz administración del espectro radioeléctrico a corto, mediano y largo plazo, al permitirse que, a pesar de constituir un bien del dominio público escaso, su uso sea determinado mediante las peticiones formuladas por los concesionarios".

    El desarrollo tecnológico en la radiodifusión permite que en el espacio aéreo en donde hasta ahora se ha difundido un canal de televisión, quepan tres o cuatro canales de televisión digital. También es posible transmitir, en ese mismo espacio, señales de internet o telefonía inalámbricas, entre otras opciones. Las posibilidades de comunicación que hasta ahora se encontraban reducidas a pocos canales de televisión, pueden diversificarse gracias a la compresión de señales con tecnología digital.

    La Ley Televisa ponía esas ventajas tecnológicas al servicio de las empresas que ya tienen concesiones de radiodifusión. El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión les daba la posibilidad de utilizar como quisieran el espacio adicional que habrá en cada frecuencia, sobre todo en la televisión que es el medio que requiere de más anchura dentro del espectro radioeléctrico. Bastaría con una notificación a la autoridad administrativa para que las televisoras pudieran difundir, en esas frecuencias, servicios de telefonía o internet. Y por ese aprovechamiento adicional del espacio que tienen concesionado no sería obligatorio que le pagasen nada al Estado. Por otro lado, los medios no comerciales "televisoras educativas y culturales, radiodifusoras comunitarias, estaciones oficiales" estaban excluidos del aprovechamiento del espacio adicional que resultará cuando los medios electrónicos experimenten la transición de la radiodifusión analógica a la de carácter digital.

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