La corrupción es un tema muy difícil de abordar en nuestro país, más aún cuando se involucra a un funcionario público: es muy complicado recoger información fiable sobre actividades ilegales o derivadas de la corrupción. Usualmente lo que se da a conocer de la corrupción proviene de hechos o escándalos publicados, en mayor o menor grado, por algún medio de comunicación o por denuncias ciudadanas. En el primer caso, salen a la luz pública actos de corrupción oficial cuando no existe la ley mordaza en ese medio, ya que es una práctica común que se destinen grandes sumas millonarias para comprar el silencio de algunos medios de comunicación.
Pemex no solo enfrenta grandes problemas por falta de inversiones en infraestructura, también enfrenta problemas, quizá mas fuertes aún, en materia de corrupción y de tráfico de influencias, que le ocasionan pérdidas millonarias y graves caídas en los índices de producción. El robo de combustible de los oleoductos y de las terminales donde están involucrados funcionarios de la paraestatal, también representa un alto costo donde la paraestatal pierde cientos de millones de dólares anualmente.
En Pemex existe una verdadera mafia de funcionarios deshonestos que muchos ya la identifican como "el cártel de Pemex", cuya influencia abarca desde la asignación de contratos y obra pública hasta el robo y saqueo de combustible en ductos y terminales. Los actos de corrupción en Pemex se facilitan porque no hay eficientes mecanismos de control y de transparencia que permitan el escrutinio público. El Instituto Federal de Acceso a la Información es solo un buen intento de transparentar la función pública, pero no es suficiente. La transparencia puede ser un medio para evitar la corrupción, pero también se debe insistir en el castigo severo, sin importar de quien se trate, de aquellos que han defraudado la confianza y han actuado mal con los bienes que se les ha confiado.
Pemex está al borde del colapso debido a la corrupción y a la ineficiencia de sus directivos. Esto es lo que afirmó el periódico estadounidense The New York Times en un reportaje. Según el diario neoyorquino, citando a empleados y directivos de Pemex, la corrupción representa un costo de al menos 1,000 millones de dólares al año para la paraestatal. Además Pemex podría haber perdido en 2002 unos 3,500 millones de dólares en impuestos y royalties (derechos o compensación que el Estado cobra al concesionario que explota riquezas naturales). Las ventas de crudo de la petrolera están afectadas con la imposición de royalties de hasta el 60%. La falta de inversión y la tremenda exigencia de impuestos por parte del Estado, son las causas que justifican la crítica situación por la que pasa la petrolera estatal.
A Petróleos Mexicanos, no sólo la limitan los elevados impuestos que paga, también carga con el pesado lastre que representan las cuantiosas prebendas que otorga al sindicato petrolero y su "generosidad" con proveedores y contratistas, además de las prácticas de abuso y de corrupción de muchos de sus funcionarios. Algunos de los hechos más notables sobre la corrupción en la paraestatal que han salido a la luz pública han sido los siguientes:
En 1983, Jorge Díaz Serrano, director de Pemex en el sexenio de López Portillo, fue desaforado y arrestado por un fraude cometido durante su gestión al frente de Pemex. El senador Jorge Díaz Serrano fue acusado de haber adquirido de manera irregular durante su gestión como titular de Pemex, dos barcos petroleros a precios millonarios: el Abkatum y el Cantarell.
En 2004, se hizo público el pago con cargo a Pemex, de los gastos de cirugía estética de la esposa del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que ascendieron a 163 mil pesos. También se descubrió que en su gestión le hizo entrega de una cantidad cercana a los 7,800 millones de pesos al sindicato petrolero que dirige Carlos Romero Deschamps. Contrariamente a lo que se manejó oficialmente, Raúl Muñoz Leos no fue despedido de Pemex por el escándalo de la cirugía estética, sino por oponerse a continuar otorgándoles contratos a los hijos de la familia presidencial.
En 2004, Amado Yáñez, accionista principal de Oceanografía, negoció con el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón y con sus colaboradores Juan Camilo Mouriño y César Nava, millonarios contratos petroleros, según un expediente que Pemex entregó a una comisión especial de legisladores. Tras declarar desierta la licitación para el alquiler del buque, la filial de Pemex adjudicó directamente el contrato 418235843 a la naviera. Con dicho convenio, como única garantía, Oceanografía obtuvo un sospechoso crédito de Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior). Los directivos de Oceanografía cobraron el préstamo por más de 60 millones de pesos mediante cuatro facturas presuntamente apócrifas. El fallo de la licitación fue enviado a Mouriño junto con los oficios de PEP, en los que notifica a Oceanografía que su propuesta fue desechada por insolvencia económica y técnica. Enterado Mouriño del caso, semanas después PEP le otorgó el contrato a Oceanografía en forma directa.
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