Producción y globalización

Enviado por Hermides Martinez Abuabara

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Introducción

En un mudo informático y global del mismo modo como el desempleo que siguió a la Gran Depresión renovó las políticas sociales a través del Estado de Bienestar en economías semicerradas hacia mediados del siglo pasado, ahora necesitamos nuevas respuestas para enfrentar la inseguridad en sociedades crecientemente globalizadas. El Estado es el inevitable asegurador de último recurso, por lo que la mayor inseguridad social reclama una respuesta que debe considerar sus potenciales efectos en el crecimiento y en la distribución del ingreso. De nada sirve una protección social que detiene el progreso o que empeora la distribución del ingreso autónomo.

Una mejor aproximación se da cuando se distingue entre políticas activas y pasivas. Las primeras ayudan a la protección y también al crecimiento; en cambio, las segundas perjudican este último. Las políticas activas son aquellas que mejoran la empleabilidad (capacitación, apoyo a la búsqueda de empleo, rehabilitación, acceso al financiamiento), no distorsionan el incentivo a trabajar (temporalidad) y reducen las barreras que impiden la participación en la fuerza de trabajo (flexibilidad, cuidado infantil). Por su parte, las políticas pasivas son asistenciales, enfatizan transferencias entre grupos y tienden a ser universalistas.

La seguridad es una aspiración básica de las personas y de la sociedad. Por ello, cuando aumenta la inseguridad aparecen inquietudes que buscan una reacción del Estado. En el último tiempo, la inseguridad social ha aumentado por diversas razones: la intensificación de la competencia presiona a empresas y trabajadores. En particular, el cambio tecnológico y la globalización exponen a las personas a cambios de trabajo mas frecuentes, que en promedio resultan beneficiosos, pero que son perturbadores cada vez que ocurren. Con el crecimiento del comercio de servicios, mas puestos de trabajo están expuestos a la competencia internacional (a través de los cambios en los precios, el comercio, las migraciones y el offshoring).

Efectos negativos

La mayor inseguridad tiene consecuencias tan diversas como la desconfianza en las reformas pro mercado, brotes proteccionistas, oposición a las migraciones o gérmenes nacionalistas. En el caso de Chile, esta situación tiene el agravante de que nuestras desigualdades también se reflejan en la capacidad de los diferentes grupos para protegerse de las adversidades.

Adicionalmente, se ha reducido el tamaño de las familias, con lo que el seguro reciproco que ellas ofrecen pierde efectividad. También hay un aumento de los hogares monoparentales y de los encabezados por una mujer, lo que aumenta su vulnerabilidad.

No existe consenso respecto de la relación entre protección social y crecimiento. Por una parte, hay efectos negativos porque se distorsionan los incentivos de la economía de mercado, lo que lleva a una menor disposición a trabajar. En el mismo sentido, la protección universalista (modelo escandinavo) politiza la retribución al esfuerzo personal, lo cual lleva a interesarse más en los procesos políticos que en el emprendimiento como estrategia para progresar. Esta hipótesis esta respaldada por investigaciones que incluyen predominantemente a países desarrollados.

Por otra parte, se sostiene que la protección social beneficia el crecimiento porque genera la cohesión social necesaria para llevar a cabo las reformas pro mercado. Además, ayuda a mitigar las imperfecciones en los mercados financieros y de seguros, frenando la exclusión social. En ausencia de estos mecanismos, las adversidades transitorias comprometen en forma permanente a los hogares, afectando la inversión en capital humano y su potencial de desarrollo. En la misma dirección, la protección social permite administrar mejor los riesgos en la sociedad porque evita conductas excesivamente conservadoras. Los estudios empíricos que respaldan esta visión son los que incluyen a los países en desarrollo, lo que lleva a pensar que esta relación es positiva con bajos niveles de protección y luego es negativa.

Las políticas activas mejoran la distribución del ingreso. En cambio, las políticas pasivas tienen un efecto ambiguo porque empeoran la distribución del ingreso autónomo y aumentan el gasto social redistributivo.

Como enfrentarlo

El desafió es fortalecer significativamente la protección social a través de políticas activas, evitando las distorsiones de las políticas pasivas. Aunque la evidencia empírica es limitada, la evaluación de los programas de empleo muestra que son mas eficientes los que incorporan algún incentivo al emprendimiento, agregan capacitación o tienen un subsidio temporal. En cambio, los programas de empleo directo tienen poco impacto en la empleabilidad de mediano plazo.

Por otra parte, la multiplicidad de ventanillas hace que el acceso a los programas sociales sea consumidora de tiempo, obstaculizando la incorporación de la mujer al trabajo. En el mismo sentido, varios aspectos de las políticas de vivienda no favorecen la incorporación de los pobres a la fuerza de trabajo.

La aplicación de políticas activas requiere de mejores capacidades por parte de los organismos que las implementan. En nuestra realidad tiende a ocurrir que en las localidades de mayor complejidad las políticas de protección tienen un menor respaldo institucional. Por esta razón, aun los programas bien diseñados pierden su efectividad.

En síntesis, vivimos tiempos de mayor inseguridad, lo que produce una demanda de protección social sobre el Estado. Esta demanda plantea un dilema para las políticas públicas, porque la estrategia que se siga tendrá efectos en el crecimiento y en la distribución del ingreso.

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