Han transcurrido 9 años de la inmersión de Guatemala en el siglo XXI. La propuesta populista de Alfonso Portillo Cabrera, durante los primeros cuatro años, demostró el principio del agotamiento, a nivel nacional, del dominio hegemónico de la vieja oligarquía conservadora, ligada ahora al mercado internacional. No obstante, ésta parece conservar su dominio ideológico en los centros urbanos, que fueron adversos y aun lo son, a la llegada de un representante ladino con ideas liberales dominadas por el populismo, a la primera magistratura del País.
Entendemos ese populismo como la exaltación verbal de los derechos de las mayorías populares y la denostación, también verbal, de los monopolios, principalmente los agroindustriales. El no haber realizado cambios que fueran más allá del discurso provocó que, al final de su mandato, la campaña sistemática de los medios masivos de comunicación en su contra, tuviera eco en las clases medias y los grupos sociales que antes le habían apoyado electoralmente. Ello facilitó la llegada de Oscar Berger Perdomo, como segundo presidente civil del nuevo siglo, arropado por los capitales nacionales más importantes y dispuesto a desarrollar un gobierno a la disposición del proyecto de acumulación concentrador, cuyas bases ya habían sido fincadas en el mandato de Álvaro Arzú Irigoyen(1996-2000), quien desmanteló al Estado de las empresas estratégicas productoras de energía y comunicación, principalmente.
El periodo de Berger finalizó sin pena ni gloria. El actual gobierno, comandado por Álvaro Colom, representa el vaivén que refleja el hastío del anterior, recurriendo de nuevo a la verbalización que le ha llevado a ofrecer un gobierno socialdemócrata. Este ofrecimiento surge de su encallejonamiento entre las preferencias de los votantes rurales, fundamentalmente, y la desaprobación de las clases medias y altas de las principales ciudades.
De otra parte, Álvaro Colom no dispone de un equipo de cuadros con experiencia de gobierno ni con solidez en los postulados socialdemócratas. Esta situación se torna más grave en los miembros de su partido, la UNE, que fueron sacados de balance cuando, de la noche a la mañana, pocos días antes de asumir el cargo, su presidente se declara socialdemócrata, mas como un acto de fe coyuntural que como una decisión ideológica y administrativa de gobierno.
A contrapelo de lo descrito, algunas señales surgidas en el seno de la sociedad estadunidense a principios del año 2008, iniciadas con la llamada crisis hipotecaria, reforzada por el descenso de la capacidad adquisitiva del dólar y expresada en el incremento del precio internacional del petróleo, ponen de nuevo en el tapete las ideas keynesianas que fueron barridas a finales de los ochenta, abatidas por el llamado Consenso de Washington (CW). En estas condiciones, el enfrentamiento de la crisis estadunidense, que tiene un rebote en las economías dependientes, propicia el justo reclamo de los grupos sociales afectados pero no dispondrá de respuestas adecuadas y oportunas. La polarización social extrema que propició la cuasi destrucción del Estado `por parte de las políticas que privilegiaron al mercado, dejan poco espacio para la solución, justamente, de los extremos de pobreza a los que se ha llegado.
El futuro inmediato
Voces nuevas se alzan en la propia Unión Americana, sugiriendo el regreso a algunas posiciones keynesianas que fueron impugnadas "para siempre" en los noventa. Pero la voz de alerta se dio desde 1998, cuando Joseph Stiglitz propuso abandonar el CW, con una vida hegemónica muy corta, que se aproxima a los 20 años, y entrar en el Pos CW, regulando las distorsiones del mercado.
La misma situación política norteamericana revela el descontento de su ciudadanía al mostrar sus preferencias por el Partido Demócrata en un ambiente de franco deterioro del Partido Republicano. Una vez que Barak Obama alcanzó la presidencia de USA, probablemente desaparezca en gran medida la coerción mantenida sobre los países menos desarrollados para apegarse a los lineamientos del CW y se permita, también, una nueva participación del Estado en los sectores estratégicos de la economía. Este panorama, crucial para Guatemala en los últimos meses del año 2008 y los primeros del siguiente, obliga a una readecuación de la política pública en sus niveles de mayor sensibilidad, ante el impacto de una crisis generalizada del sistema financiero a nivel mundial, cuyos efectos últimos tienen lugar en Grecia.
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