RTVE: Rodríguez Zapatero y sus sabios se estrellan contra la televisión
Enviado por Juan Varela
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero sabía qué significaba hacer política contra una televisión pública partidista y manejada como una potente maquinaria de propaganda. Los excesos de ese modelo de los medios públicos tuvieron gran parte de la culpa del vuelco electoral en España, tras los sangrientos atentados del 11 de marzo de 2004, cuando los terroristas islamistas acabaron con la vida de 191 personas.
Nada más ganar las elecciones, el nuevo presidente fijó como uno de sus grandes retos la reforma de la radiotelevisión pública, de la estatal, porque en España existen además radiodifusoras y televisoras de los gobiernos autonómicos, que funcionan con el mismo modelo grandioso y funcionarial de Radio Televisión Española (RTVE), pero a escala regional.
Para conseguir su objetivo, Zapatero formó una comisión de notables, luego llamada de sabios, para redactar un informe sobre el nuevo modelo de comunicación estatal. El recién elegido presidente aseguró que respetaría los designios de los sabios y fijó sus objetivos: "garantizar la independencia, respetar el pluralismo político y social, el mejor cumplimiento de su función de servicio público y la extensión de los valores cívicos y democráticos".
Informe de los sabios
Nueve meses después, los sabios acabaron su tarea y a finales de febrero de 2004 presentaron el Informe para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado. Nació sin consenso, con el voto en contra de Fernando G. Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, y con la discrepancia del experto financiero que nombró la Sociedad Española de Participaciones Industriales (la corporación industrial pública), Miguel Ángel Arnedo.
El informe de los sabios es reglamentista y apuesta por la independencia en la composición de los órganos de dirección de la radiotelevisión pública, pero los profesionaliza -con cierta confusión entre ejecutivos y consejeros- y otorga a los sindicatos y partidos políticos (y organizaciones afines) un peso importante.
Descarta la privatización de la radiotelevisión pública y también la financiación a través de un canon (al menos por el momento, aunque deja abierto el futuro). Todos los ciudadanos pagarán con sus impuestos, con el consiguiente peligro para los objetivos de déficit del gobierno y la amenaza de objeciones de las autoridades europeas.
Solución simplista
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ya ha puesto el grito en el cielo: calificó la solución de los sabios como excesivamente simplista y afirmó que si el Estado se hace cargo de la pantagruélica deuda de 7.200 millones de euros, los objetivos de déficit público marcados por el propio gobierno y la Unión Europea no se podrán cumplir.
Los sabios quieren menos publicidad y más financiación pública y han evitado el análisis y las propuestas para atajar la ineficiencia burocrática y económica del ente RTVE.
Al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el gobierno, tampoco le gusta que el director general de RTVE sea elegido por un consejo de administración con miembros del nuevo Consejo Audiovisual y los sindicatos de RTVE. Quieren que Zapatero respete su promesa electoral de que el Congreso nombre al responsable de la radiotelevisión pública.
El partido no quiere perder el control político sobre la dirección general de la radiotelevisión y sus subordinados directores de cadenas e informativos.
El gobierno condecoró a los sabios y metió el informe en un cajón, en espera a que se enfríen algunas ideas. Mientras, aborda a través de una llamada Ley de Televisión Digital Terrestre algunas medidas que cambian el mercado de la radiotelevisión: ampliación de uno o dos canales más de televisión nacional analógica (la televisión de pago de Prisa, primer grupo de comunicación del país, emitiría en abierto); consolidación de cuotas de mercado en la radio convencional y adelanto del apagón analógico.
Faltaría todavía una regulación de las televisoras locales y lograr criterios compartidos para la dimensión y funcionamiento de las televisoras públicas dependientes de los poderes regionales.
Los sabios presentaron al gobierno un largo documento plagado de buenas intenciones y que supone un tímido avance sobre el modelo anterior, pero no promete mucho futuro. El resultado se esperaba, la composición del comité de sabios era demasiado homogénea y faltaba orientación práctica: tres filósofos, Emilio Lledó, Victoria Camps (vinculada a los comités deontológico audiovisuales) y Fernando Savater; un catedrático de audiovisual, Enrique Bustamante, y el citado Fernando G. Urbaneja, el único periodista en activo.
Ningún representante de la industria audiovisual, ni de la propia radiotelevisión pública. Se pretendía así garantizar la independencia, y los sabios reconocen haber gozado de ella, pero se perdió concreción.
Los objetivos
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