El principio de legalidad y los actos administrativos

Introducción

La necesaria existencia del acto administrativo no se debe única y exclusivamente a que La Administración Pública tenga que tener algún medio para hacer válidas, legales y ejecutorias sus decisiones, sino, que por algo más importante aun, "el acto administrativo es el nexo imprescindible entre la administración y la consecución de gran parte de sus fines",[1] es realmente quien permite su actividad, quien genera la relación jurídico administrativa externa y práctica de la Administración pública hacia aquellos de quienes protege sus intereses.

La importancia de esto radica en que entorno al acto administrativo giran todas las garantías jurídicas administrativas que están a disposición del posible ataque a las irregularidades que se pueden presentar en el actuar de la Administración, ya que es a través de propio acto que esta se propone el logro más eficaz de sus objetivos y fin primordial.

Siendo el acto administrativo la vía idónea de que dispone la Administración Pública para producir los efectos jurídicos que desea, y siendo considerado como un acto jurídico donde el objeto causal de su relación jurídico administrativa es entre los sujetos que en ella participan: La Administración -generalmente sujeto activo- y el administrado – generalmente sujeto pasivo.

De esta manera el Principio de Legalidad puede ser entendido de manera genérica es decir como principio de juridicidad, sometiendo los poderes públicos, y principalmente la administración, al Derecho, a las normas jurídicas. La legalidad se concibe como: "un principio de la vida socio-política que consiste en la subordinación de toda la vida social, política y administrativa al imperio de la ley que debe derivar de la voluntad soberana y mayoritaria de la población y a cuya regulación debe subordinarse el Estado en su ejercicio del poder, las organizaciones sociales y políticas y la ciudadanía." [2]

La Legalidad Socialista

La Administración del Estado es ejercida a través del Derecho Administrativo, impartiéndole este último determinada forma jurídica como sistema, se encuentra regido por principios, estos tienen existencia por sí mismos, como resultado de la integración de propiedad de los elementos del sistema, relacionados entre sí y generando nuevas cualidades.

Los principios de la Administración del Estado se dividen en dos clases: político-sociales y organizativos, entre los que identifican el primer grupo podemos encontrar el principio de legalidad socialista. Este principio, base de la actuación de todo el sistema estatal socialista; exige la observancia incondicional y estricta, por parte de los órganos y organismos estatales, funcionarios, organizaciones sociales y de masas y ciudadanos de todo el ordenamiento legal, así como de los actos que emitan, basados en él, los órganos del Estado.

Puede sintetizarse expresando que ante la ley todos son iguales y que los administrados tienen el derecho de exigir se les trate conforme a la ley y al propio tiempo, los órganos, organismos y organizaciones tienen el deber de ajustarse en todos su actos a la ley.

A través de la legalidad socialista, el Estado se enfrenta a los elementos antisociales y los que violan la disciplina estatal y del trabajo y al radicarse como principio fundamental inculca en las masas una conciencia jurídica. La ley es voluntad vinculante, autónoma e inviolable. No sólo vincula al destinatario sino a los propios órganos de poder que la confeccionaron.

El principio de la legalidad socialista es viable porque por primera vez en la historia de la humanidad las leyes no generan contradicciones entre quienes las dictan y sus destinatarios y en su conjunto son el medio para la implantación de las relaciones sociales socialistas. Por ello, la legalidad socialista ha de ser base del derecho regulador de la Administración del Estado.

La legalidad socialista -dice Fernando Álvarez Tabío- es un método de acción de una sociedad que aspira a la realización del comunismo. Consiste en una aplicación constante y estricta del Derecho emanado de los órganos superiores del poder político, y tiene por objetivo el establecimiento en el país de un orden jerárquico cierto y seguro. Este orden debe caracterizarse por la claridad, precisión y dinamismo de las normas que impone; debe fijar de antemano la esfera de competencia de los órganos estatales, sobre el principio de que ningún funcionario, ya sea de arriba o de abajo, puede hacer sino lo que la ley lo autoriza; garantizar los derechos fundamentales del ciudadano y de las organizaciones sociales y establecer los deberes correlativos; proteger la estabilidad de las relaciones jurídicas y crear y desarrollar una atmósfera de confianza en la estricta aplicación de un orden jurídico justo y eficaz por órganos emanados del pueblo y sujetos a su control.[3]