La crisis económica que está atravesando actualmente el país, es uno de los principales motivos por el cual los diferentes contribuyentes están velando más por sus intereses que por la contribución de tributos para el Estado, como ser los respectivos impuestos nacionales.
Producto de esto, es que la conciencia tributaria está debilitándose día a día, ya que estos contribuyentes, están buscando la forma de evadir impuestos, ya sea para pagar menos de lo que les corresponde, o simplemente para no pagar nada. Un claro ejemplo de esto se puede apreciar con la comercialización sin factura de productos electrónicos en los diferentes mercados informales de Bolivia.
Estos comerciantes afectan enormemente al crecimiento y desarrollo del país, ya que uno de los ingresos más fuertes que tiene el Estado es por recaudación de impuestos y dichos mercados no contribuyen con impuesto alguno, es decir, los movimientos que se dan en estos sectores informales no aportan absolutamente nada.
El mercado informal es un fenómeno del cual derivan graves consecuencias para la sociedad en su conjunto, supone una merma para los ingresos públicos, lo que afecta a la presión fiscal que soportan los contribuyentes cumplidores; condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales; distorsiona la actividad de los distintos agentes económicos, de tal modo que los contribuyentes fiscalmente cumplidores deben enfrentarse a la competencia desleal de los incumplidores; en definitiva, el mercado informal constituye uno de los principales elementos de inequidad en nuestro Sistema Tributario.
Frente a los efectos negativos de este fenómeno, la actuación de los poderes públicos debe encaminarse no sólo a la detección y regularización de los incumplimientos tributarios, sino también, y con mayor énfasis si cabe, evitar que éstos incumplimientos se produzcan, haciendo hincapié en los aspectos disuasorios de la lucha contra la informalidad, al tiempo que se favorece el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
El fortalecimiento del control y la prevención de la comercialización fraudulenta, son una tarea y un compromiso del Gobierno. En cumplimiento de dicho compromiso, debe existir un plan de prevención contra defraudación fiscal, en relación a la detección, regularización y persecución de los incumplimientos tributarios más graves, y estableciendo un conjunto de medidas coordinadas sobre la base de la experiencia práctica que persiguen mejorar la respuesta frente al fenómeno del mercado informal.
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