- Liberalización del sistema educativo
- Carencia de formación en gestión
- Ausencia de control de calidad en el proceso
La crisis educativa en nuestro país se ha convertido en un tema y a la vez en un problema que tiene múltiples y diversas vertientes de estudio y por ende de explicación, posiblemente todas ellas válidas. Tal problemática puede ser dimensionada de acuerdo a su naturaleza y complejidad como estructural, por su alcance espacio-temporal como nacional e histórica, porque afecta a toda la sociedad peruana y de manera sincrónica, epistémicamente tambien se constituye en un problema semiótico en razón a que resulta casi imposible arribar a una concepción mas o menos consensuada del término calidad, dada su reconocida multivocidad.
Es evidente que cada una de estas y otras dimensiones del problema pueden seguir siendo estudiadas o analizadas de acuerdo al interés y dominio de los estudiosos y sobre todo de los responsables de su atención o solución, de allí que, en lo que a título personal nos preocupa, podamos centrar el análisis – bastante somero – de esta problemática planteando cuatro posibles hipótesis, que a nuestro juicio han sido soslayados o tratados muy tangencialmente en otros análisis. Reiteramos que el problema es complejo y vasto, incluso demasiado polémico, porque de por medio están los enfoques ideológicos utilizados para el análisis.
Nuestras hipótesis son:
1° La liberalización del sistema educativo
2° La ideologización del gremio magisterial
3° La ausencia de formación en gestión
4° La carencia de mecanismos de control de la calidad educativa en el proceso.
Sobre los cuales reflexionamos un poco más en extenso y proponemos algunos lineamientos de solución en sendos siguientes artículos, complementarios al presente.
Liberalización del sistema educativo
De todo lo que hemos, leído, analizado o escuchado hasta el momento podemos inferir que no existe consenso acerca del momento, fenómeno o episodio en que la educación comienza a entrar en crisis y es que las opiniones son tan sui generis o divergentes que no permiten llegar a una conclusión. Por el contrario con mucha frecuencia se escucha que antes (pero no se dice hasta cuando) la educación era mejor que la actual; sin embargo, tal aforismo se refuta con la reforma de la década de los setenta (DL 19326) la cual se implantó precisamente en respuesta a la situación crítica del sistema educativo de entonces.
Algunos analistas circunscriben la problemática educativa a la calidad de las leyes, enfoque que tambien puede ser refutado puesto que la ley de reforma fue derogada y modificada en la década de los ochenta (Ley 23384) la misma que en la década del 2000 vuelve a modificarse (Ley 24088) y muy a nuestro pesar la educación no mejora.
En la década de los noventa bajo el énfasis pragmatista debido al régimen liberal adoptado por el gobierno de entonces, se postuló y puso en práctica, por recomendación de organismos internacionales, después de algunos intentos transitorios, la modificación del sistema de gestión educativa, asumiendo que la gestión estatal era ineficiente y por tanto causante de la baja calidad. En nuestro modesto entender la crisis se agudiza aun más a partir del reconocimiento oficial (DL 882) del servicio educativo como una "mercancía" más, sujeto a las azarosas y libérrimas leyes del mercado y con el cual se oficializa y se autoriza el negocio educativo a ultranza, lo que es más sin lugar a control estatal alguno, que dada la naturaleza de ser considerado como un servicio público debe ser un imperativo del estado, generando así una situación dicotómica muy diferenciada entre educación pública y educación privada, de tal manera que hoy en día el estado abdica de obligación de cautelar la educación estatal a favor indirecto de las entidades privadas, es decir a menor calidad de la educación pública mayor cantidad de instituciones de educación privada y en la mayoría de los casos de dudosa calidad. Afirmamos que es a partir de esta política – aun vigente – que se acentúa la crisis de la educación, por los siguientes hechos evidentes, entre otros:
a) El crecimiento incesante de entidades educativas privadas, sobre todo las del nivel superior. (tema de por sí trascendente y complejo que rebasa los alcances del presente comentario), que no nos exime de expresar nuestra preocupación profesional por el desempeño deficitario y anárquico de las universidades de reciente creación. Bastaría sólo con indicar que resulta irracional que para un país de 28 millones de habitantes hayan 85 universidades, en tanto que para Francia con 60 millones tiene apenas 60 universidades y de mejor calidad..
b) El descuido en la formación docente, tanto en lo cuantitativo y mas aun en lo cualitativo. ¿No sería acaso conveniente cerrar un buen número de Institutos Pedagógicos, e incluso recesar por un par de años algunas Facultades de Educación para evitar seguir frustrando las justas aspiraciones de los futuros maestros?. No es del caso citar cifras para demostrar lo perentorio de esta medida, pues los casi 400 Institutos, las mas de 40 Facultades y los 120 mil profesores desocupados así lo justifican.
Bajo este sistema, las instituciones educativas de carácter privado han sido intencional y literalmente convertidas en propiedad privada, por tanto sujeto a los intereses mercantilistas de sus propietarios (antes promotores). Al amparo de esta consideración no es raro observar como se compren las licencias de funcionamiento, se traspasen instituciones, se negocien franquicias, se seudo acrediten instituciones sin mayores méritos justificatorios, etc. Como si eso no fuera suficiente se siguen formando en especialidades tradicionales innecesarias, se desarrollan planes curriculares demasiado débiles de tal manera que hoy en día ya no se hable de educación básica sino de educación mínima, más aun si ya no hay el rigor necesario tanto en los procesos de admisión como en los de graduación.
Si bien es importante destacar la participación creciente del sector privado en el desarrollo educativo, ésta no puede quedar al libre albedrío del voluntarismo económico y menos aun divorciada del modelo de sociedad democrática, igualitaria, solidaria, justa, inclusiva, etc. porque a este paso el sistema social se irá desequilibrando cada vez más, pudiendo incluso llegar a la fractura del orden social.
Sobre este acápite y con el fín de darle validez y utilidad a la política dispuesta a partir del dispositivo legal mencionado, cabría preguntarnos:
¿ En cuanto se incrementó el PBI con la inversión privada en educación?
¿ Cual es la tasa de incremento de la mano de obra en este rubro?
¿ Cuanto es el beneficio tributario que realmente percibe el Estado?
¿ Que innovaciones significativas han introducido estas nuevas entidades?
¿ En que medida estas nuevas instituciones educativas estarán realmente coadyuvando al desarrollo nacional?
Todas estas interrogantes se constituyen a nuestro modesto entender en posibles líneas de investigación que los expertos en el tema podrían realizar para demostrar la eficacia de la política neoliberal, en el campo educativo.
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