Medios y pluralismo en Venezuela
Enviado por Andrés Cañizález
El 28 de diciembre de 2006 el presidente venezolano Hugo Chávez copó los titulares informativos cuando, al interior de un recinto militar y vistiendo uniforme castrense, anunció la decisión de su gobierno de no renovarle la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal más antiguo del país con más de 50 años de existencia y con el más alto nivel de audiencia en la televisión abierta. No es un secreto que RCTV mantenía una línea editorial crítica al gobierno, en sus emisiones informativas y de opinión, aunque en líneas generales se trataba de un canal de entretenimiento, con importantes índices de audiencia en los sectores populares.
La noticia, lógicamente, levantó inmediatas reacciones y pronunciamientos. A las 23h59 del domingo 27 de mayo de 2007, el canal pionero de la televisión venezolana cesó en sus trasmisiones. Sin embargo, el tema del permiso de transmisión para RCTV no puede verse aislado, y es necesario ubicarlo en un contexto mediático mayor: la constitución de una hegemonía comunicacional por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez, especialmente en materia de medios radioeléctricos.
El gobierno utilizó como argumento un decreto presidencial de 1987, del presidente Jaime Lusinchi, el cual le da validez a la totalidad de concesiones de radio y televisión del país por un lapso de 20 años, hasta el 27 de mayo de 2007. Sin embargo, en medio del debate, el gobierno soslayó que ese decreto también establecía el derecho de preferencia para la renovación de los permisos y la causa de no renovación era que se hubiesen cometido actos ilícitos. No hubo ninguna decisión del poder judicial por el cometimiento de delitos por parte de RCTV, ni tampoco anuncio del gobierno de revisar o no renovar la concesión de otra planta de radio y televisión, por lo que la decisión se enfiló solo contra RCTV, evidenciándose como discriminatoria.
Esto no ha sido casual. Una de las debilidades que detectó el gobierno, en el contexto del golpe de Estado y regreso de Chávez al poder, en un lapso de 48 horas, durante los sucesos de abril de 2002, fue precisamente la ausencia de una red comunicacional articulada. El pasado 8 de enero, en una extensa entrevista con el diario El Nacional, Andrés Izarra, hoy presidente de Telesur, corroboró la intención oficial de establecer una hegemonía.
La constitución de esta hegemonía mediática tampoco sucede en el vacío, pues tiene como telón de fondo decisiones políticas que apuntan en la dirección de un mayor control por parte del presidente Chávez. Entre estas decisiones destacan la creación de un partido único en las filas del hasta ahora variopinto movimiento chavista, la concesión de poderes especiales por parte del parlamento para que el jefe de Estado legisle por decreto durante año y medio, y la inclusión de un mecanismo de reelección indefinida en la reforma que se debate para la Constitución Bolivariana de 1999.
RCTV y la pluralidad informativa
La decisión presidencial de no renovar la concesión de RCTV tiene al menos dos aspectos, entre muchos tantos, que resultan preocupantes. En primer término, esta determinación, que desde sus inicios se planteó como irrevocable, significa un peligroso retroceso en la pluralidad informativa nacional. En la actual coyuntura de Venezuela, una bandera democrática pasa por defender la existencia de diferentes puntos de vista en materia informativa y de entretenimiento, y ello cobra especial relevancia cuando se apuntala la noción de hegemonía mediática estatal.
En los tres últimos años, especialmente, ha cobrado cuerpo esta noción. El gobierno creó nuevos canales (Vive, Asamblea Nacional TV, Ávila TV, Telesur), inyectó enormes sumas de dinero para repotenciar a los tradicionales medios estatales como Venezolana de Televisión y Radio Nacional de Venezuela, mientras que a la par se hizo evidente el reacomodo editorial en canales privados como Televen y Venevisión, siendo en este último más indiscutible la sincronía con los intereses gubernamentales, pues en muchas transmisiones informativas su papel es encadenarse con la señal estatal de VTV. Por otro lado, en diciembre se anunció la compra por parte del gobierno de la estación televisiva CMT, para convertirla en la señal local de Telesur. En materia televisiva, es evidente la consolidación de la hegemonía a la que se refiere Izarra. Las excepciones eran RCTV y Globovisión, y de algunas iniciativas de alcance regional, del resto, la pantalla nacional está "roja, rojita". (En el contexto de la campaña electoral de diciembre de 2006 en la que resultó reelecto, Chávez llamó a que las entidades públicas fueses "rojas, rojitas", en referencia al color de su movimiento político. Pese a la desproporción de su llamado, pues implica el alineamiento político total de las instituciones, no recibió sanción alguna por parte de las autoridades electorales).
Cabe acotar que Globovisión es un canal de noticias e información -claramente crítico- pero con cobertura limitada. Por otra parte, en esa lógica de consolidar un aparato gubernamental, el ejecutivo de Venezuela asignó a dedo a una fundación de carácter estatal, TEVES, la administración de la señal que manejó RCTV por 53 años, con una directiva nombrada por el gobierno, sin indicios de pluralidad. La decisión sobre RCTV, teniendo el anterior telón de fondo, terminará de ajustar el anillo mediático estatal, en el cual no se vislumbra que pueda presentarse una programación medianamente independiente. Para las voces regionales que aún mantienen una posición crítica en Venezuela, la decisión sobre RCTV significará una dosis amedrentadora evidente. Si debido a su línea editorial crítica el gobierno no le renovó el permiso a la empresa nacional más antigua del sector, con inversiones mil millonarias y haciendo caso omiso de las condenas internacionales, qué podrán esperar las pequeñas estaciones en ciudades como San Cristóbal, Barquisimeto o Puerto Ordaz.
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