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Delitos que dan lugar a la extradición

Enviado por Amanda Lupo


Partes: 1, 2

    1. Jurisdicción
    2. Delitos que dan lugar a extradición
    3. Los casos latinoamericanos
    4. La relación con los Estados Unidos
    5. Un conflicto de leyes interesante

    Generalidades

    Realizo este ensayo dedicando todo mi esfuerzo investigativo al Foro de Abogados de Comodoro Rivadavia en donde siempre me he sentido a gusto y en especial a la Dra. Iris B. Pacheko de quien he aprendido muchísimo con solo compartir momentos laborales en el Buffet Jurídico.

    La Extradición es un instituto del Derecho Internacional Público de aplicación en el derecho criminal; mediante este instituto las autoridades judiciales de un país solicitan la entrega de un encartado, procesado o imputado o sospechoso a las autoridades de otro quien a su vez dispone los medios necesarios para entregar al encartado o procesado, imputado o sospechoso o en cuestión al solo efecto de proseguir con el proceso.

    La extradición es un término plasmado en tratados jurídicos internacionales y que se diferencia notablemente de otros conceptos como entrega, deportación, extrañamiento o expulsión. Mientras que la extradición es un término que exige un acuerdo jurídico entre los estados implicados, la expulsión puede realizarse hacia donde plazca al gobierno de turno utilizando criterios únicamente subjetivos. La entrega es un concepto que, aunque en ocasiones cuenta con respaldo judicial, participa de reglas únicamente represivas, ya que los protagonistas de su ejecución son fuerzas policiales homónimas.

    Nosotros patagónicos debemos recordar ese folklore popular antiguo en el que se habla del paso por nuestra Patagonia de Sundance Kid, los forajidos noruegos y muchos otros. Esto podrá ser o no una expresión de un folklore pero sin lugar a dudas demuestran la idea que tenían de la extradición los antiguos fugitivos de la Justicia y el inconsciente colectivo general.

    Derecho positivo: Convención Interamericana sobre la Extradición; Art.1, Los Estados Partes se obligan, en los términos de la presente Convención, a entregar a otros Estados Partes que lo soliciten, a las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad.

    Jurisdicción

    La potestad de juzgamiento de delitos comunes se consideraba solo circunscripta al ámbito territorial de validez de las leyes de un Estado; y si una persona requerida estaba físicamente en otro sitio fuera de la jurisdicción considerábase una posición de decoro y respeto a la soberanía ni siquiera solicitar datos del encartado o sospechoso en cuestión. Esto significa una clara adhesión a la teoría restringida.

    Hoy ya con otro criterio se considera que también procede la extradición cuando el delito por el cual se solicita la entrega de la persona ha sido cometido fuera del territorio del Estado requirente y empero el Estado requirente tiene jurisdicción para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición, y dictar el fallo consiguiente. En este caso estamos ante el caso de una teoría amplia de la jurisdicción. Esto es muy usual en las potencias del primer mundo que se consideran con potestades de juzgar personas que hayan cometido delitos que perjudiquen a sus nacionales en cualquier lugar del mundo.

    Delitos que dan lugar a extradición

    El procedimiento era antiguamente era aplicado para delitos políticos y vedado para los delitos comunes. Luego con el transcurso del tiempo se afianzo el concepto y la práctica de cooperación entre estados con lo cual se institucionalizo en muchos países el instituto de la extradición aplicándose ahora para delitos comunes, delitos criminales y negándose para delitos políticos en la mayoría de los Estados.

    La extradición como término jurídico comenzó a aplicarse en el siglo XIX en Gran Bretaña y EEUU. Hasta entonces, las normas utilizadas para con los fugitivos eran totalmente aleatorias. Algunos estados recogían a los huidos de la justicia de otros países, ofreciendo todas las garantías para su protección fuera cual fuere el delito. Otros, en cambio, se deshacían inmediatamente de los fugitivos. Las primeras leyes fueron precisamente para restringir las extradiciones, en especial las que afectaban a convictos de delitos políticos. Así, durante el siglo XX y recogiendo el derecho a la extradición por la mayoría de las legislaciones particulares y bilaterales entre los estados, el caballo de batalla se centró en la consideración del delito político. Uno de los hechos más sonados en esta disputa jurídica entre el concepto de «delito común» y el «delito político» fue la petición en 1934 de la extradición de Francia a Italia de los autores de la muerte del rey yugoslavo Alejandro. Una corte italiana decidió que la muerte de Alejandro había sido un acto político y, en consecuencia, denegó la extradición.

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