La debacle economica de Puerto Rico: el fin de la 936

Introducción

En los años de 1973 a 1976 la economía de Puerto Rico estaba en una situación de crisis. Además de la "crisis energética" que afectaba la economía mundial en esos años, el caso de Puerto Rico envolvía otros factores adicionales al petróleo.[1] Entre estos factores se destacaban, el alza en los salarios, el alto costo del transporte marítimo y el alto costo de la energía eléctrica.[2] Esta serie de factores plantearon la necesidad de re- examinar las estrategias económicas desarrolladas en la isla hasta ese momento. La solución surgida de este análisis fue, el mercadear a Puerto Rico como territorio propicio para grandes empresas transnacionales, que necesitaran un lugar desde donde repatriar hacia Estados Unidos sus ganancias sin tener que pagar los impuestos federales requeridos. El mecanismo primordial para esta nueva estrategia económica lo fue la aplicación en Puerto Rico de la sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. Dicha sección fue aprobada en 1976 por el Congreso de los Estados Unidos, en sustitución de la sección 931 que ya existía en Puerto Rico.[3]

La sección 936 especificaba los estatutos contributivos federales para las corporaciones estadounidenses que se establecían en las "posesiones de los Estados Unidos" y básicamente permitía a las subsidiarias de estas corporaciones que operaban en Puerto Rico y otras posesiones, remitir sus ganancias a la corporación matriz en cualquier momento, sin pagar la contribución federal sobre el ingreso de corporaciones. Además de esto, el gobierno del ELA solo les imponía un impuesto de repatriación de un 10% sobre dichas ganancias, que se reducía si las compañías invertían parte de dichas ganancias en bonos del Estado o las depositaba en instituciones bancarias locales.[4] Se esperaba que la 936 aumentara la inversión productiva en la isla, redujera la frecuencia con que se liquidaban las fábricas cuando terminaba su plazo de exención contributiva y que aumentaran los ingresos del gobierno del ELA provenientes del impuesto de repatriación o "tollgate tax".[5] Sin embargo, las mayores esperanzas del gobierno eran que "las 936" mantuviesen un nivel de empleo que ayudara a mitigar la crisis económica y social por la que atravesaba Puerto Rico desde 1973 y que se prolongó hasta 1983.

Desde su implantación la sección 936 brindó beneficios económicos a diferentes sectores de la economía puertorriqueña, en especial a los sectores industriales y financiero. La banca en Puerto Rico se nutrió de los "fondos 936" lo que conllevó un crecimiento en los bancos locales y la llegada de numerosos bancos extranjeros. En el sector industrial, la 936 permitió el establecimiento de empresas farmacéuticas y electrónicas que obtuvieron "astronómicas" ganancias en sus operaciones en la isla.[6]

Durante años la exención contributiva federal concedida por la sección 936 fue en gran medida el único instrumento para atraer inversiones a Puerto Rico. Fue por ello que desde 1976 a 1996 la gestión política y económica de la isla giró en torno a retener los beneficios de la sección 936. Sin embargo, dicha sección enfrentó modificaciones hechas por el Congreso estadounidense en los años de 1982, 1986 y 1993, que poco a poco fueron limitando sus disposiciones y restándole beneficios a las corporaciones que se acogían a ella, hasta que en agosto de 1996 un proyecto de ley del Congreso de los Estados Unidos, firmado por el Presidente Bill Clinton derogó por completo la sección.[7]

La derogación de la sección 936 fue un proceso que generó intensos debates en los círculos políticos, en los medios noticiosos y entre la opinión pública puertorriqueña. Para algunos esto vaticinaba un desastre económico para la isla, mientras que para otros, esto era una oportunidad para que Puerto Rico buscara un desarrollo económico sobre bases más sólidas. Desde 1996, las opiniones sobre los efectos del "fin de las 936" han estado matizadas por las posturas político-partidistas y por los "análisis" de los expertos en economía. Estas opiniones creaban en ocasiones panoramas económicos de incertidumbre y confusión para la ciudadanía.

En este trabajo es de mi interés darle una mirada a la imagen del final de la 936 difundida en la prensa puertorriqueña, brindándole atención a la forma en que economistas y políticos vislumbraban el futuro económico inmediato de la isla. Para ello analizo artículos periodísticos relacionados al tema, así como artículos de economistas sobre los efectos económicos de la eliminación de la sección 936. Esto para ver en qué medida se difundió una imagen confusa sobre los efectos del final de la 936.