Rol probatorio del apoderado de las víctimas dentro del incidente de reparación integral
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Resúmen
Con ocasión de la entrada en vigencia del sistema de enjuiciamiento acusatorio consagrado en el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado en la Ley 906 de 2004, no solo se modificó la tramitación del rito procesal tendiente a conllevar al Juez de conocimiento hacia el espectro intelectivo en el que adopte una de las tesis planteadas por las partes, ora por certeza racional2, ya porque no se logró disipar cualquier incertidumbre y perplejidad acerca del delito y la responsabilidad penal del acusado, sino también aquella inherente a la responsabilidad civil derivada del delito.
Resulta diáfano pregonar que aun cuando este nuevo método legalmente determinado para administrar justicia, se erige bajo el pilar de una confrontación adversarial entre el Estado como titular del ius puniendi y el acusado, representado para estos fines por su defensor, contando ambos extremos con igualdad de armas para lograr su cometido y limitándose los pronunciamientos judiciales a las solicitudes de los intervinientes en el juzgamiento3, no puede el Juez de conocimiento desconocer las reglas del debido proceso, debiendo actuar en todo caso bajo los parámetros de árbitro, aspecto este fuertemente irrigado por el sistema acusatorio –eficientismo-, sin dejar de lado la atribución de ser el garante supremo de las prerrogativas del ciudadano sometido a juicio y en general de la comunidad –garantismo-, acorde con los lineamientos de un Estado Social y Democrático de Derecho, como fórmula de organización política adoptada por el constituyente del año 91.
Enviado por Norberto Hernàndez Jiménez
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