La era Sourrouille: el corazón del Plan Austral

En Febrero de 1985, luego de la partida del ministro Bernardo Grinspun, el Secretario de Planificación Juan Vital Sourrouille asumió la cartera económica pretendiendo un drástico cambio en la política económica. Hasta este momento el gobierno ocupado por le radicalismo no tenía elaborado en concreto un plan para sobreponerse a la situación económica recibida por el período precedente. Fue por esto que el Presidente Dr. Raúl Alfonsín tildara de "indispensable" contar con un documento que hiciera posible avanzar con la restauración económica del país.

            Pocas semanas antes de asumir su cargo, Sourrouille dio una conferencia de prensa en la que aclaraba que el programa económico vigente en el país tenía una visión a mediano plazo y que quien sucediera al ex ministro Grinspun tendría la necesidad de una revisión significativa de los esquemas vigentes.

            Es así que el nuevo ministro debería tomar decisiones delicadas, casi tanto como la situación atravesada por el país al momento de su asunción. Casi en respuesta inmediata a esto, el gobierno observó con buenos ojos la posibilidad de negociación con los acreedores externos, desplazando en cierta medida a un mediano plazo las medidas tendientes a revitalizar la distribución del ingreso -causa directa del posterior reclamo distributivo de las cúpulas sindicales del país, lo que confluiría en un aumento significativo del nivel inflacionario nacional producto de la puja distributiva encausada entre estos sectores y el empresariado argentino-. Dar una explicación de estas medidas que satisfaga a todos los actores políticos y económicos no es tarea sencilla, menos para un gobierno agobiado por las presiones continuas que en su contra percibía. Quizá el mayor error no tanto económico sino político del gobierno del Dr. Alfonsín consistió en no haber podido arribar a un acuerdo intersectorial tanto con los cabecillas sindicales (C.G.T.) como con el empresariado argentino, ya sea en tanto a los valores salariales como al nivel de precios general que, en pos de la restauración de la economía nacional, debían adoptarse. A esto, y no a modo de excusa sino como buenos comprendedores de la vida política argentina -una de las más estudiadas y teorizadas a nivel mundial (tal es el caso de David Rock con respecto al Peronismo, entre otros)- debe considerarse como factor determinante para el fracaso del consenso político buscado la antítesis existente entre las bases radicales y las opositores, mayormente pertenecientes al Partido Justicialista.

Consecuencia de la crisis caracterizada, en febrero de 1985 se produjo el cambio en la cartera económica del gobierno radical, asumiendo el papel de Ministro de economía el Dr. Sourrouille.

            En este contexto el nuevo ministro estableció una nueva estrategia para la recuperación de la economía argentina basada en dos constantes fundamentales como lo eran la inversión y la exportación[1] -ya que con un aumento en las inversiones sería posible recapitalizar la economía con una mejor producción, acompañado esto por  el ansiado incremento de las exportaciones, trayendo como consecuencia inmediata un aumento en la reserva de divisas-. De esta manera se esperaba mejorar la situación atravesada con relación directa a la gran deuda externa recibida por el gobierno militar (haciendo frente, al menos en la planificación inicial, a la cancelación de la misma). A su vez, la adquisición de bienes útiles para el crecimiento económico del país -capitalización de la industria nacional- aportaría los recursos técnicos necesarios para afrontar el desarrollo productivo tendiente, lo cual -a largo plazo- traería aparejado un incremento en la producción de bienes con valor agregado y a la consiguiente reindustrialización del sector productivo nacional.

Por su parte, Augusto Di Baja complementa nuestra explicación dando a conocer otros objetivos básicos cometidos a través del nuevo plan:

1.- Aumento significativo de los niveles de eficiencia en el sector público.

2.- Delimitación de las actividades y servicios que debe realizar y prestar el sector público.

3.- Incremento del nivel de ahorro y canalización del mismo hacia la inversión productiva.

4.- Reestructuración del sistema financiero y reducción del número de entidades y sucursales.  

5.- Orientación del crédito hacia las actividades prioritarias, con plazos suficientes para financiar la inversión.

6.- Moderación del fenómeno inflacionario, teniendo presente que la política anti-inflacionaria y la política de largo plazo son complementarias en la dirección global de la política económica.