La televisión española y la otra guerra de Irak (2003)

1. Del monopolio a la supremacía informativa
3. Graves irregularidades
4. Silenciadas las discrepancias
5. Interpretaciones tendenciosas
6. Oposición impedida a rebatir
7. Insinuaciones y comentarios
8. El asesinato del cámara
9. Crisis de credibilidad, pero no de audiencia
10. Fuentes en Internet

Un análisis de la cobertura informativa de un conflicto tan polarizado como la reciente guerra contra Irak resulta difícil de realizar desde una perspectiva de imparcialidad. La postura de los Gobiernos defensores del ataque –encabezados por los de los Estados Unidos, Reino Unido y España– ha sido tan radical que no ha permitido más alternativa que el apoyo incondicional a la invasión militar o su rechazo. En este sentido, es complejo abordar un estudio de estas características sin estar influido, al menos en parte, por el sentir general de la opinión pública –no sólo española, sino también mundial-, que en reiteradas manifestaciones multitudinarias clamó en contra de esta guerra, y por el consiguiente malestar de la ciudadanía al ver que nuestros gobernantes han hecho caso omiso de estas movilizaciones.

No obstante, cesado ya el eco de las armas, podemos intentar exponer una serie de datos objetivos que nos permitan vislumbrar cuál ha sido la actitud y el papel de Televisión Española (TVE) en este conflicto, tanto en su condición de empresa pública de comunicación, como de televisión gestionada por un Gobierno que brindó su colaboración a los Estados Unidos para iniciar los ataques. Estos datos evidencian que la información se ha utilizado para ofrecer una visión parcial de los hechos, una visión comprometida con la posición gubernamental y no con los principios de veracidad, objetividad e imparcialidad de las informaciones que se postulan para el Ente Público en el artículo 4º de la Ley 4/1980, reguladora del Estatuto de la Radio y la Televisión Pública Española. La situación que exponemos reviste especial gravedad por cuanto, desde una perspectiva interpretativa, la información intencionalmente parcial y subjetiva de los hechos provee a la sociedad de significados que aumentan la conflictividad de la construcción social de la realidad.

Un análisis de la cobertura informativa de un conflicto tan polarizado como la reciente guerra contra Irak resulta difícil de realizar desde una perspectiva de imparcialidad. La postura de los Gobiernos defensores del ataque –encabezados por los de los Estados Unidos, Reino Unido y España- ha sido tan radical que no ha permitido más alternativa que el apoyo incondicional a la invasión militar o su rechazo.

En este sentido, es complejo abordar un estudio de estas características sin estar influido, al menos en parte, por el sentir general de la opinión pública –no sólo española, sino también mundial-, que en reiteradas manifestaciones multitudinarias clamó en contra de esta guerra, y por el consiguiente malestar de la ciudadanía al ver que nuestros gobernantes han hecho caso omiso de estas movilizaciones.

No obstante, cesado ya el eco de las armas, podemos intentar exponer una serie de datos objetivos que nos permitan vislumbrar cuál ha sido la actitud y el papel de Televisión Española (TVE) en este conflicto, tanto en su condición de empresa pública de comunicación, como de televisión gestionada por un Gobierno que brindó su colaboración a los Estados Unidos para iniciar los ataques. Estos datos evidencian que la información se ha utilizado para ofrecer una visión parcial de los hechos, una visión comprometida con la posición gubernamental y no con los principios de veracidad, objetividad e imparcialidad de las informaciones que se postulan para el Ente Público en el artículo 4º de la Ley 4/1980, reguladora del Estatuto de la Radio y la Televisión Pública Española. La situación que exponemos reviste especial gravedad por cuanto, desde una perspectiva interpretativa, la información intencionalmente parcial y subjetiva de los hechos provee a la sociedad de significados que aumentan la conflictividad de la construcción social de la realidad.

Del monopolio a la supremacía informativa

La historia de la televisión en España arranca en 1953, con la fundación de TVE, vinculada entonces al Ministerio de Información y Turismo, que comenzó sus emisiones regulares en 1956. Diez años después se crea el segundo canal público. Desde su creación, y hasta 1983, con los canales públicos autonómicos –dependientes de los respectivos gobiernos regionales–, TVE mantuvo el monopolio informativo, una situación que cambió definitivamente en 1989, con la Ley de Televisión Privada, que dio lugar a los canales Antena 3, Tele5 y Canal +, éste último en la modalidad de pago con franjas en abierto.

Durante estos años de convivencia del sistema público y privado de televisión, el Grupo Radio Televisión Española ha mantenido su liderazgo en el sector audiovisual, conservando, con pequeñas excepciones temporales, los primeros lugares de audiencia. Esta situación ni siquiera se ha alterado con el auge, en la última década, de los canales locales, ni con el incremento experimentado de actores en el sector televisivo español con la irrupción de las plataformas digitales por satélite y otros operadores por cable. Esta supremacía en las cuotas de audiencia, que sitúa al primer canal de TVE con un share medio en los cuatro primeros meses del año, superior en dos puntos al de su principal competidor, Tele5, es todavía más significativa si integramos los índices a nivel de grupo, ya que entre el primer canal y La 2, TVE ha concentrado durante ese período el 30,82% de la audiencia. En el sector de los informativos la hegemonía es mayor aún, ya que de los cinco espacios informativos con mayor seguimiento, en el primer cuatrimestre del año, cuatro corresponden a TVE.

La posición de liderazgo que ha sabido conservar TVE no ha evitado su clara asociación con el Gobierno de turno. El hecho de que el Estatuto de la Radio y la Televisión incluyera por primera vez un Consejo de Administración elegido por mayoría cualificada del Congreso y del Senado no ha sido suficiente para desligar la gestión del Ente Público de la del Ejecutivo. No en vano, es este último órgano el encargado de nombrar al director general, un cargo que siempre ha recaído en personas de su absoluta confianza, como es el caso del actual director general, José Antonio Sánchez.