- El sistema integral de seguridad municipal de santa lucía
- La oficina de prevención y seguridad pública (opsp)
- Consideraciones
- La transversalidad
- Anexos
Criminología y Sistemas Integrales de Seguridad a nivel de los Municipios. El caso de Santa Lucía (Gran Canaria-España)
Comunicación presentada en el XV Congreso Mundial de Criminología (Barcelona, julio 2.008)
Como sabemos existen diversos y diferentes ámbitos y niveles de seguridad / inseguridad. Desde fenómenos globales que a todos nos afectan a nivel planetario hasta niveles individuales e interpersonales y de convivencia. Estos últimos son los que producen un mayor número de victimaciones que a su vez son "vividas" con un alto grado de intensidad y de afectación.
Los municipios son las administraciones más próximas a los ciudadanos y por ende, los ayuntamientos se convierten en los destinatarios del mayor número de exigencias ciudadanas. Representan y en parte son, percibidos por los ciudadanos, como el "poder político-administrativo", la "autoridad pública" que los acompaña y asegura. Sin embargo, los municipios, casi nunca tienen competencias mas que parciales en materia de seguridad, al menos, entendida popularmente, como casi en exclusiva la que dispensan las agencias formales; policía, administración de justicia, prisiones y otras.
Por contra, los ayuntamientos sí tienen muchas de las competencias para desarrollar políticas preventivas y/o paliativas de seguridad, entendida de una manera más dinámica y convergente. Diríamos que, gran parte de los componentes y recursos sociales y comunitarios, implicados en los abordajes de los fenómenos transgresivos, residen en los municipios; servicios sociales y asistenciales, policía local, juzgado de paz, protección civil, emergencias, etcétera.
Una visión integrada de la seguridad supone una sistematización y organización que pasa, de necesidad, por la coordinación. Una coordinación que casi nunca se da y que es el "tendón de Aquiles" del aprovechamiento de medios y de recursos disponibles o por implementar.
Por su parte, la Criminología es, por su propia concepción, la disciplina social más relacionada con la seguridad, entendida esta como un conjunto de instrumentos, técnicas y procedimientos de respuestas de control de determinadas conductas transgresoras, objeto, "primigenio" de la Criminología.
Las características del conocimiento criminológico, es decir; dinámico, sintético, integral y contextual, le convierte en un soporte indispensable en el diseño y práctica de políticas de control (seguridad) que como se ha dicho, si se pretenden integrales, han de ser, de necesidad, basadas en la coordinación de la multiplicidad de recursos que casi siempre coexisten de manera inconexa y por ello, infrautilizados, reiterativos y victimantes.
Punto de partida. Vivimos en el tiempo aún del imperante paradigma de la peligrosidad / seguridad- respuesta que produce una eficiencia y efectividad "normalizadamente" muy limitada basada en responder a las manifestaciones, a los síntomas del fenómeno. Esta "constante" de limitación se acompaña de una "constante" exigibilidad de soluciones que viene obligando a los poderes públicos al progresivo reconocimiento de unas y otras, limitaciones y exigencias, que les va forzando un cambio de tendencia que advierte de un progresivo cambio de paradigma. Una especie de necesaria (dada la evidente obligación de mantenimiento de elementos de respuesta) ampliación del anterior hacia el paradigma de la peligrosidad / seguridad-anticipación.
Con una visión integral y dinámica el municipio gran canario de Santa Lucía puso en marcha en 2.005 una Asesoría de Seguridad en la Alcaldía y una Oficina de Prevención y Seguridad Pública (OPSP) adscrita a la Concejalía de Seguridad, encargando la dirección y coordinación de las mismas a dos criminólogos. Al proyecto se le asignaron los siguientes objetivos iniciales:
1. Acercar el servicio de seguridad y emergencias a los vecinos y vecinas.
2. Conocer y canalizar las necesidades e inquietudes ciudadanas.
3. Diseñar y ejecutar políticas de seguridad pública.
4. Facilitar información, técnicas y coordinación a los servicios intervinientes para la resolución de situaciones de riesgo y conflicto.
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