CAPITULO III
ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD EN LATINOAMÉRICA.
Con el fin de tener un mayor y objetivo conocimiento sobre las Comisión de la Verdad, presentaré en este capítulo un análisis del contexto en que creó estos organismos y las recomendaciones que estos indicaron al finalizar su labor de investigación.
Dentro de la conformación de comisiones de la verdad las cuales queda claro , surgen por el clamor de todas las víctimas y /o familiares del proceso de violencia política y ante una necesidad de verdad ejerciendo su derecho a ser informado (saber lo que pasó), así como el derecho a tener tutela jurisdiccional buscando la sanción de los responsables y la reparación por los vejámenes que causaron y la necesidad de que le Estado cree o modifique las condiciones que generaron todo el proceso de dolor y muerte que conlleva el proceso de violencia política.
Existen dos clasificaciones debido a la forma de su creación las cuales son las comisiones oficiales, las cuales son creadas por mandato del gubernamental y otras que surgen gracias al incentivo de organizaciones privadas (no gubernamentales).
SUBCAPITULO I
1 Argentina
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. CONADEP.
En una entrevista reciente, Falcoff, especialista residente del Instituto Norteamericano de la Empresa (American Enterprise Institute), en Washington, observó que en general los resultados de las comisiones de la verdad de Chile y Argentina tuvieron efectos muy diferentes. La comisión de la verdad de Argentina, dijo Falcoff, se propuso investigar los asesinatos en gran escala y las "desapariciones", luego de la "humillación" de la derrota de los militares en la guerra contra Gran Bretaña por el control de las islas Malvinas en 1982. Es posible que esta derrota, indicó Falcoff, "hubiera hecho más por el progreso de la causa de los Derechos Humanos en ese país que cualquier otro suceso individual".
Después de la guerra, dijo Falcoff, se produjo una "orgía de recriminación" por los miles de personas que habían sido secuestradas, torturadas y asesinadas, sin explicación alguna, por las fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias entre 1970 y 1983.
"Esto puede parecer muy cínico", observó Falcoff, "pero creo que es exacto decir que hubo una especie de ira desplazada hacia los militares por haber perdido la guerra".
La situación de los Derechos Humanos en Argentina, dijo, "ha mejorado porque hay un gobierno civil elegido, una prensa bastante libre y el ambiente político del país ha cambiado significativamente" desde la guerra de las Malvinas.
En sus escritos sobre Argentina, Falcoff ha observado que tratar de evaluar la situación de los Derechos Humanos en Argentina desde 1970 es entrar en un "campo de minas polémico". Las violaciones ocurrieron, dijo Falcoff en un artículo de 1988, "con la concurrencia o la aprobación de miembros del clero, del poder judicial, de la prensa, del sector empresarial y de círculos intelectuales y laborales".
El gobierno estadounidense, en su informe al Congreso de principios de 1977 sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina, concluyó que se había dado muerte a unos 2.000 argentinos sólo entre 1973 y 1976. En contraste, dijo Falcoff, la comisión de la verdad del país, llamada Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas y nombrada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983, halló sólo 600 casos de esas muertes antes del golpe de estado de 1976, cuando las fuerzas armadas tomaron el poder y dieron comienzo a una represión generalizada.
Tampoco hubo consenso alguno, después de la caída del gobierno militar en 1983, sobre el número de víctimas; los cálculos diferían ampliamente, dijo Falcoff. La Asamblea Permanente Argentina de Derechos Humanos, que según Falcoff era una organización conocida por sus estrechos vínculos con el Partido Comunista, citaba la cifra de 6.500 casos entre 1976 y 1979. Agrega que una comisión especial del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, que visitó Argentina en 1979, calculó el número en 10.000, en tanto que Amnistía Internacional lo puso entre 15.000 y 20.000.
Falcoff agregó que no tiene "razón alguna para dudar" de la cifra del informe oficial de la Comisión Nacional Argentina que afirma que hubo 9.000 casos de 1976 a 1983. Pero uno de sus problemas con el informe, titulado "Nunca más", publicado en 1985, es, dijo, lo que dejó por fuera. Este informe "dice esencialmente que todo lo malo que sucedió en Argentina tuvo su origen en el golpe de estado de 1976, `lo que no es cierto'".
Falcoff criticó también los capítulos finales del informe. Esa sección, dijo, culpa a Estados Unidos de todo lo malo que sucedió en Argentina, pero no menciona "nada en absoluto de la función que tuvo el gobierno argentino en las desapariciones" antes del golpe de estado de 1976. Sugirió que se había dejado fuera, a propósito, información incriminatoria con el fin de no ofender al Partido Peronista en Argentina, una fuerza poderosa en el país en la época en que se preparó el informe.
Tras su fracaso en la política económica, y la derrota en la guerra de Las Malvinas, además del gran repudio internacional por sus graves violaciones a los Derechos Humanos, a fines de 1983 los militares argentinos se vieron forzados a devolver el poder a los civiles.
En Argentina, los Derechos Humanos de miles de personas fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas, que usaron una "tecnología del infierno" según se pudo comprobar por las miles de denuncias y testimonios de las víctimas. Los organismos de Derechos Humanos establecen en cerca de 30,000 personas el número de desaparecidos y asesinados en la guerra sucia.
Tal como lo dijo en su oportunidad el presidente Raúl Alfonsín, después de esta etapa de tanta violencia, "No puede haber un manto de olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa sobre una claudicación ética semejante". Por eso, uno de los primeros actos constitucionales del presidente Alfonsín, fue crear la Comisión de la Verdad, llamada Comisión Nacional para la Investigación sobre la Desaparición de Personas, CONADEP a la que le encargó investigar las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre 1976 y 1983, el período de las dictaduras militares.
Entonces, poco a poco, la población Argentina fue conociendo de una manera más global los horribles sucesos que en su debido momento se negó a aceptar que realmente estuvieran aconteciendo en el país. "Tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje", aseguró después la CONADEP en su Informe "Nunca Más".
Al inicio de su gobierno, las nuevas autoridades civiles procesaron a los nueve Comandantes Generales de las FF. AA., del llamado "Proceso de Reconstrucción Nacional": generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, y Leopoldo Galtieri; los Brigadieres Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo; y los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini, y Jorge Isaac Anaya. Se consideró que en su condición de jefes supremos conocieron e impulsaron los planes de exterminio de los presuntos "subversivos".
Alfonsín ordenó procesar judicialmente a nueve ex comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, "por haber sembrado el dolor, el terror y la muerte", pero, como informó Horacio Verbitsky, "confió la tarea al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas". Ante esto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquives sostuvo que "el gobierno actuó con excesiva cautela, para no irritar a los militares".
El ex Presidente Reynaldo Bignone fue encarcelado, acusado de ordenar el secuestro de dos soldados conscriptos, cuando era director del Colegio Militar. También se encarceló al almirante Chamorro, por su actuación como jefe del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA; el general Ramón Camps, por haberse jactado de su participación en miles de casos de desapariciones políticas y al ex comandante del primer cuerpo del Ejército, general Guillermo Suárez Masón.
Para terminar el debate sobre los miles de desaparecidos, las Fuerzas Armadas, en su Acta Institucional, manifestaron que "únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quien corresponde la responsabilidad de métodos injustos o muertes inocentes", y que todas las acciones realizadas en la guerra constituyeron "actos de servicio". Además, públicamente proclamaron su deseo de que los enemigos desaparecidos y muertos "reciban el perdón de Dios".
La CONADEP. Decreto Ley de creación: D. L. 187/83 del 15 de diciembre de 1983. Período de investigación: 9 meses
. Miembros de la CONADEP:
Ernesto Sábato. (Escritor)
Jaime F. de Nevares. (Obispo de Neuquén)
Marshall T. Meyer. (Rabino Judío)
Ricardo Colombres.
René Favarolo.
Hilario Fernández Long.
Carlos T. Gattinoni. (Obispo Metodista)
Gregorio Klimovsky.
Eduardo Rabossi.
Magdalena Ruiz de Guiñazu.
Santiago Marcelino López. (Diputado)
Hugo Diógenes Piucill. (Diputado)
Horacio Hugo Huarte. (Diputado)
Para crear la CONADEP el gobierno tuvo que superar conflictos en el Congreso, donde la tendencia mayoritaria era asignar las investigaciones sobre los desaparecidos a una comisión interna. Era tanto el temor a los militares que el Senado no cumplió con designar sus tres representantes para la CONADEP, como sí lo hicieron los diputados.
La CONADEP, desde el inicio de su trabajo enfrentó muchas dificultades, que pudo superarlas, gracias al apoyo decidido de las entidades nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Los primeros colaboradores rentados de la CONADEP, que cumplían su jornada trabajando aún en días feriados y fines de semana, muy pronto abandonaron su labor, abrumados y quebrantados por los horrores que día a día fueron conociendo por el testimonio directo de las víctimas de la represión.
Gracias al empeño de Ernesto Sábato y la presión de los organismos de Derechos Humanos, algunos miembros de la Comisión tuvieron la posibilidad de viajar al extranjero y recibir denuncias de los exiliados argentinos en Estados Unidos, Francia, Suiza, España, México, entre otros países. La CONADEP logró el apoyo de la Cancillería, que habilitó "oficinas de denuncias" de desapariciones durante la dictadura militar, en la mayoría de las sedes diplomáticas argentinas dispersas por el mundo. Las repercusiones del trabajo de la Comisión en los periódicos y la televisión europeos animó a muchos exiliados a cooperar con las investigaciones.
Conforme la CONADEP avanzaba en sus investigaciones, sus miembros fueron insultados y amenazados por los agentes de la represión, que los acusaron de "activar los odios y resentimientos, impedir el olvido, y no propiciar la reconciliación nacional".
La CONADEP, luego de nueve meses de trabajo en los que reunió más de 50,000 páginas de testimonios y denuncias; en noviembre de 1984 publicó su Informe, con el Título: "Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas". Allí dio cuenta de la desaparición de 8,960 personas, según denuncias debidamente documentadas y comprobadas. La CONADEP dejó abierta la posibilidad de que el balance final de las víctimas aumentara, pues muchos otros casos quedaron en la etapa de investigación y verificación de los datos, por lo que la cifra de 8,960 desaparecidos no puede considerarse definitiva. El 80 % de las víctimas de los militares argentinos tenían entre 21 y 35 anos de edad.
El Informe señala que en Argentina existían 340 centros clandestinos de detención, dirigidos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Allí los detenidos eran alojados en condiciones infrahumanas, y sometidos a toda clase de humillaciones. También indica que "De algunos de los métodos de tortura empleados en esa guerra interna no se conocían antecedentes en otras partes del mundo". En esos años de la dictadura militar, las técnicas de tortura Argentina se exportaron a otros países del continente.
La CONADEP descubrió que entre los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales, se estableció un "Pacto de Sangre", que implicaba la participación de todos en las violaciones a los Derechos Humanos. A causa de esto, cuando algún miembro de esas fuerzas trataba de desobedecer un mandato criminal, pronto lo convertían en una víctima más. La Comisión comprobó que "Todo signo de discrepancia dentro de las FF. AA. y de Seguridad con los métodos utilizados para la detención y eliminación de personas fue sancionado de modo brutal. Brindar alguna información a los familiares de detenidos-desaparecidos sobre su localización, estado físico o destino era equivalente a la muerte. Estaban prohibidos, incluso, los comentarios entre las propias filas sobre los operativos realizados, sancionándose con el mayor rigor cualquier signo de humanidad que pudiera tenerse con el prisionero".
El Informe "Nunca Mas" indica que miles de personas fueron exterminadas, habiéndose destruido previamente sus cuerpos para evitar su posterior identificación. "No se cometieron excesos, si se entiende por ello actos particularmente aberrantes. Tales atrocidades fueron práctica común y eran actos normales y corrientes efectuados a diario por las fuerzas represivas"
También la CONADEP difundió una lista de 1351 represores, entre ellos diversos médicos, jueces, periodistas, obispos y sacerdotes católicos que actuaron como Capellanes de los militares y que colaboraron con ellos en la guerra sucia. En la lista de represores aparecen, entre otros, el Obispo Pío Laghi, Nuncio Apostólico del Estado Vaticano en Argentina, el ex Obispo de La Plata, Antonio Plaza, el Monseñor Emilio Graselli, el sacerdote Christian Von Wernich, el capellán Pelanda López, y el Monseñor Adolfo Tórtolo, Vicario de las Fuerzas Armadas.
Pese a las investigaciones de la Comisión, y las denuncias de los grupos de Derechos Humanos en Argentina, el Congreso ascendió a cientos de militares involucrados en secuestros, torturas y desapariciones forzadas, y que aparecían en la lista de la CONADEP como violadores de los Derechos Humanos. Incluso Asaz, el asesino de dos monjas francesas, fue ascendido. "Sabe cuantos Astiz hubo en la Armada? Trescientos Astiz", dijo el contralmirante (r) Horacio Mayorga, ex jefe de la base naval de Trelew, en una entrevista en 1985. "Los oficiales de la ESMA eran personas austeras que mataban por la Patria", agregó. Igualmente fueron ascendidos el ex director de la ESMA, capitán de Navío José María Arriola; el ex director de la Escuela de Submarinos de Mar de Plata, capitán de Navío Roberto Pertussio; los tenientes coroneles Óscar Bianchi y Athos Rhenes, que intervinieron en diversas masacres a civiles indefensos, y el coronel Julio César Durand, quien dirigió la intervención Argentina en el Golpe de Estado de 1980 en Bolivia.
El ex capitán de la Armada (r) Francisco Scilingo, en declaraciones al periodista Horacio Verbitsky, en marzo de 1995, confirmó que cerca de 2,000 presos políticos de la dictadura fueron asesinados por oficiales de la Marina, que los arrojaron vivos al mar, después de haber sido drogados. Algunos altos representantes de la Iglesia católica conocían sobre estos hechos, pero en vez de tratar de impedirlos, apoyaron estos horribles crímenes. Scilingo afirmó que los sacerdotes católicos se encargaban de tranquilizar el espíritu" de los oficiales que participaban en tales crímenes, regresaban de cada Vuelo" con un fuerte remordimiento de conciencia. "El capellán de la ESMA… me hablaba que (el vuelo) era una muerte cristiana, porque (los presos) no sufrían, porque no era traumática, y que había que eliminarlos; que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está prevista la eliminación del yugo del trigal. Me dio cierto apoyo", declaró Scilingo.
También se llegó a saber que una isla que pertenecía a la Iglesia Católica fue prestada a la ESMA, para que los oficiales de la marina lo usaran como Campo de Concentración. Allí se trasladaba a los presos políticos, cada vez que las comisiones de las Naciones Unidas, la OEA, Amnistía Internacional o de otros organismos visitaban la ESMA para investigar las graves denuncias de tortura.
La CONADEP tomó la iniciativa de presentar varias recomendaciones a los distintos poderes del Estado, "con la finalidad de prevenir, reparar y finalmente evitar la repetición de Conculcaciones de los Derechos Humanos". Entre sus propuestas incluyó: la continuación de las investigaciones por la vía judicial, la entrega de asistencia económica, becas de estudio y trabajo a los familiares de las personas desaparecidas; y la aprobación de normas legales que declaren como crimen de tesa humanidad la desaparición forzada de personas. Igualmente, la CONADEP recomendó la enseñanza obligatoria de los Derechos Humanos en los centros educativos del Estado, tanto civiles como militares y policiales, el apoyo a los organismos de Derechos Humanos, y la derogatoria de toda la legislación represiva existente en el país. Muchas de estas recomendaciones están aún pendientes de llevarse a la práctica. Y la dolorosa verdad sigue aflorando, como un trauma colectivo que exige una terapia integral.
2 Chile
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación
Falcoff dijo que la comisión de la verdad de ese país para las violaciones de los Derechos Humanos, cometidas entre 1973 y 1990, fue, en su mayor parte "justa, exacta y correcta".
La Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación de Chile publicó un informe que describe los abusos cometidos por el gobierno militar encabezado por el general Augusto Pinochet. Las circunstancias eran diferentes de las que existían en Argentina, explicó.
Para comenzar, dijo, el ejército de Chile no había sido humillado en una guerra como lo había sido el de Argentina.
En lugar de declarar culpables, la comisión hizo un "trabajo bastante bueno" de informar objetivamente sobre los hechos. Los militares aceptaron un acuerdo de concesiones mutuas sobre la comisión de la verdad que permitió un máximo de franqueza en cuanto al número de muertes ocurridas durante los 17 años del régimen de Pinochet, y, además, que se incluyera información sobre "quién murió y en qué circunstancias".
Al mismo tiempo, continuó Falcoff, en el informe no se dice si las muertes fueron o no justificadas. Ese juicio, observó, se dejó a la "discreción individual" del punto de vista político de cada persona. Tras la derrota moral y política de Pinochet, el pueblo de Chile eligió como Presidente a un miembro moderado de la oposición, quien había anunciado su compromiso ineludible con la defensa de los Derechos Humanos.
Consecuente con su promesa, el Presidente Patricio Aylwin, mediante el Decreto Supremo No. 355 del 24 de abril de 1990, creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, con el objetivo de Contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en los últimos anos, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos".
Los Miembros que conformaron esta Comisión fueron:
Raúl Rettig Guissen (Presidente)
Jaime Castillo Velasco
José Luis Cea Egaña
Mónica Jiménez de la Jara
Laura Novoa Vásquez
José Zalaquett Daher
Ricardo Martín Díaz
Gonzalo Vial Correa
Los dos últimos habían sido funcionarios del gobierno del dictador Pinochet.
La tareas que se le encomendó a la Comisión de Verdad fueron:
- "Establecer un cuadro, lo más completo posible, sobre los graves hechos de violación a los Derechos Humanos, sus antecedentes y circunstancias.
- Reunir información que permita individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero.
- Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que estimara de justicia, y
- Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio deberían adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los Derechos Humanos".
Se determinó que se investiguen a los hechos con resultado de muerte o desaparición ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 bien sea dentro del país o en el extranjero". Toda la investigación debió hacerse en un plazo de nueve meses, del 9 de mayo de 1990 al 9 de febrero de 1991.
Más de 60 personas de los diversos organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos colaboraron y trabajaron a tiempo completo para el procesamiento de las informaciones obtenidas por la Comisión. Entre ellos, cabe destacar el valioso trabajo que cumplieron Jaime Castillo Velasco y José Zalaquet Daher. Domingo Namuncurá, un líder del SERPAJ, fue designado Asesor Presidencial en Derechos Humanos.
La Comisión recibió a más de 3,400 familiares de desaparecidos y asesinados que presentaron múltiples casos, de los cuales 644 quedaron fuera de su competencia. También consultó archivos de más de 100 organizaciones de Derechos Humanos, académicas, políticas y religiosas.
Los miembros de la Comisión, además de investigar dentro del país, tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero, con el propósito de entrevistar a víctimas de la represión así como a familiares directos de los detenidos-desaparecidos y otros tipos de víctimas de la dictadura pinochetista.
Las sedes de las gobernaciones e intendencias provinciales dentro del país, así como las Embajadas y Consulados chilenos en el exterior sirvieron para la recepción de denuncias de desapariciones. Muchos estudiantes de las facultades de derecho colaboraron muy eficazmente para asesorar a los familiares de las víctimas en la presentación de sus denuncias. Después hubo necesidad de contratar asistentes sociales, pues los familiares de las víctimas, al hacer memoria de los sucesos ocurridos, caían en profundas crisis emocionales.
A sus demandas de informacion sobre las víctimas de la dictadura chilena respondieron favorablemente los hospitales, y el Registro civil, pero la gendarmería y las Fuerzas Armadas, aunque respondieron a un 70 % de las cartas enviadas por la Comisión, casi siempre manifestaban que los documentos sobre los detenidos-desaparecidos "ya habían sido incinerados o destruidos, en cumplimiento de disposiciones jurídicas".
Sólo una mínima parte de los 160 miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que la Comisión quiso interrogar, prestó su colaboración, aunque aportaron pocas informaciones. La mayoría de los oficiales y agentes, según las respuestas de los ministros respectivos, ya habían sido dados de bajas o no aparecían como miembros de esas fuerzas.
Las normas nacionales e internacionales de los Derechos Humanos, así como las leyes de guerra o del derecho internacional humanitario formaron parte del marco jurídico con el cual trabajó la Comisión al analizar los distintos hechos de violencia.
El Resultado final de las investigaciones de la Comisión fue un Informe de tres partes:
- Primera parte: Relación de los hechos de violaciones de los Derechos Humanos, hasta la página 1094
- Segunda parte: Recomendaciones para reparar el daño: Págs. 1,096 hasta 1,168.
- Tercera parte: "Víctimas", Volumen de 635 páginas, con una reseña biográfica de las 2,279 personas respecto de las cuales la Comisión se formó una Convicción de que murieron o desaparecieron como víctimas de la violación a sus Derechos Humanos, entre ellos 132 miembros de las fuerzas del orden.
También se investigó, aunque no muy profundamente, la actuación de los partidos políticos legalmente reconocidos en los hechos de violencia, especialmente en el Golpe de Estado, así como el rol que cumplieron, entre otros, las Iglesias cristianas, los medios de comunicación, los partidos políticos, los profesionales y sus organismos gremiales.
La Comisión analizó el rol de los familiares de las víctimas, de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, y la reacción de la comunidad internacional a través de la ONU, la OEA, el ACNUR; la Comisión internacional de Juristas, la Cruz Roja y Amnistía Internacional, que a lo largo de la dictadura emitieron numerosos informes denunciando las graves violaciones a los Derechos Humanos en el régimen de Pinochet.
Con todas sus investigaciones, la Comisión de la Verdad comprobó el poder omnímodo del que gozaba la DINA y estableció que "Se trataba de un organismo cuyo funcionamiento en la práctica fue un secreto y por encima de la ley, su organización interna, composición, recursos, personal y actuaciones escapaban no sólo del conocimiento público sino también del control efectivo de la legalidad. Más aún, la DINA fue efectivamente protegida de todo control, no sedo del que pudieran haber ejercido el Poder Judicial, altos oficiales de las FF. AA., e incluso de la Junta de Gobierno; en efecto, aunque formalmente la DINA dependía de la Junta de Gobierno, en la práctica respondió solamente ante la Presidencia de la Junta de Gobierno, más tarde Presidencia de la República". Agrega el Informe de la Comisión de la Verdad, que: "Este organismo, en el hecho secreto, y así libre de controles e injerencias, tenía la amplia misión de reunir y evaluar la información que después se emplearía para tomar importantes decisiones de Gobierno."
Después de minuciosas investigaciones sobre los desaparecidos y asesinados por las fuerzas del orden la Comisión recomendó la reparación pública de la dignidad de las víctimas, y diversas medidas de bienestar social, pensión única de reparación, atención especializada en salud, educación, vivienda, condonación de ciertas deudas y exención de la obligatoriedad del Servicio Militar a los hijos de las víctimas. La Comisión presentó también recomendaciones en los aspectos jurídicos y administrativos, como la "declaración de muerte de personas detenidas-desaparecidas", la adecuación del ordenamiento jurídico nacional al derecho internacional de los Derechos Humanos, y la ratificación de tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Igualmente propuso diversas medidas para reformar el poder judicial y las Fuerzas Armadas, tal como la continuación de las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos.
La Comisión de Verdad y Reconciliación recomendó la penalización del ocultamiento de información respecto a las inhumaciones ilegales, ya que muchos familiares de las víctimas continuaron reclamando los restos de sus seres queridos.
En enero de 1992 el gobierno chileno, mediante la ley 19.123 creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, para ejecutar las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, especialmente en la reparación material de los daños causados por la dictadura pinochetista, calificada por la Comisión como Zuna tragedia desgarradora".
En los años posteriores al trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación, los grupos de Derechos Humanos y los familiares de los desaparecidos lograron hallar a algunas de las víctimas de la dictadura enterradas en cementerios clandestinos. También se obtuvieron más pruebas de las actividades criminales de los agentes de la DINA, y su Jefe, Manuel Contreras recibe una condena de siete años de "prisión efectiva", por su implicación en el asesinato del Dr. Orlando Letelier. Contreras, con apoyo del Ejército se atrinchera en un Hospital militar y trata de burlarse del fallo judicial. Finalmente Contreras demuestra que aún en regímenes democráticos, los militares conservan amplias porciones de autonomía y poder, al que por ningún medio quieren renunciar.
3 El Salvador
La naturaleza polémica del asunto en El Salvador, donde la comisión de la verdad, auspiciada por las Naciones Unidas, culpó a oficiales del ejército del grueso de las violaciones de los Derechos Humanos.
El informe de la ONU, "De la locura a la esperanza", contó con información documentada sobre aproximadamente 15.000 casos de violaciones de los Derechos Humanos cometidas entre 1980 y 1991, período que cubre la guerra civil en ese país, durante el cual se calcula que perdieron la vida 75.000 personas.
Comisión de la Verdad.
Miembros que conformaron esta comisión fueron:
Belisario Betancur. (Ex Presidente de Colombia)
Reinaldo Figueredo Planchart. (Congresista venezolano)
Thomas Buergenthal. Estadounidense. Juez. (Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)
Esta Comisión, apoyada por un numeroso grupo de asesores y colaboradores, nacionales y extranjeros, trabajó durante seis meses para investigar y dos meses adicionales para elaborar y presentar su informe, que fue titulado "De la Locura a La Esperanza" La guerra de 12 años en El Salvador".
La división de Derechos Humanos de la ONUSAL le facilitó apoyo técnico y logístico para procurar proteger la identidad de los testigos e informantes, muchos de los cuales, solo accedieron a testificar cuando se les aseguró una reserva absoluta. Diversos gobiernos extranjeros y organismos internacionales colaboraron con la Comisión, suministrando documentos confidenciales emitidos por sus delegaciones diplomáticas, y proveyendo declaraciones oficiales de agentes policiales y militares.
A. El Mandato
La Comisión de la Verdad de El Salvador surgió como resultado de los Acuerdos de Paz de El Salvador negociados en más de tres años (1989-1992) entre el gobierno de El Salvador y el movimiento guerrillero Frente Farabúndo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que estuvieron enfrentados durante todo ese período. Las negociaciones se llevaron a cabo con el auspicio de las Naciones Unidas, y la colaboración de Colombia, México, España y Venezuela y culminaron en el Acuerdo de Paz firmado en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992.
La decisión de crear la Comisión de la Verdad fue adoptada en los Acuerdos de México, que definen las funciones y facultades de la Comisión, y se firmaron en Ciudad de México el 27 de abril de 1991. La autoridad de la Comisión se amplió con el artículo 5 del Acuerdo de Paz de Chapultepec, titulado "Superación de la Impunidad." Estas disposiciones constituyen el "Mandato" de la Comisión, definida de la siguiente manera:
"La Comisión tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad." Para esto, se indicó que la Comisión tomará en cuenta las siguientes consideraciones:
a. La singular trascendencia que pueda atribuirse a los hechos a ser investigados, sus características y repercusión, así como la conmoción social que originaron; y
b. La necesidad de crear confianza en los cambios positivos que el proceso de paz impulsa y de estimular el tránsito hacia la reconciliación nacional."
En cuanto a la impunidad, las funciones específicas que se le asignaron a la Comisión se definen en el Acuerdo de Chapultepec de la siguiente manera: Ése reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los Derechos Humanos. A tal fin, las Partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad."
Además de las facultades que los Acuerdos de Paz le confirieron respecto a la impunidad y la investigación de graves hechos de violencia, a la Comisión también le encargaron elaborar recomendaciones "de orden legal, político o administrativo, que podrán incluir medidas destinadas a prevenir la repetición de tales hechos (de violencia), así como iniciativas orientadas hacia la reconciliación nacional".
De esta forma se dotó a la Comisión con dos facultades específicas: la de realizar investigaciones y la de presentar recomendaciones, en cuya ejecución se comprometieron ambas Partes.
El Mandato le encarga a la Comisión investigar "graves hechos de violencia… cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad". Aquí la Comisión tomó en cuenta la singular importancia de cada acto violento, las repercusiones que tuvieron y los desordenes sociales que ocasionaron. El Mandato no enumeró ni identificó ningún caso específico para que fuera investigado por la Comisión; tampoco distinguió entre actos de violencia en gran escala y aquellos que involucraban solamente a unas cuantas personas. Al investigar estos hechos, la Comisión tomó en cuenta factores adicionales relacionados con el cumplimiento de su Mandato.
El primero es que lo que se había de investigar eran hechos graves o flagrantes cometidos por ambos lados del conflicto salvadoreño y no solamente por una de las partes.
Segundo, el Acuerdo de Chapultepec instó a la Comisión, a poner atención especial en el tema de la Impunidad de los hechos de violencia cometidos por oficiales de la Fuerza Armada, que nunca fueron investigados ni castigados.
Entonces, al optar por investigar un caso en lugar de otro, se tuvo presente consideraciones respecto del carácter representativo del caso, la disponibilidad de pruebas, los recursos investigativos disponibles, el tiempo requerido para llevar a cabo una investigación exhaustiva, y el tema de la impunidad tal como lo define el Mandato.
B. El Derecho Aplicable
Al definir las normas jurídicas aplicables a su labor, la Comisión estableció que durante el conflicto salvadoreño, ambas partes tenían la obligación de acatar una serie de normas del derecho internacional, entre ellas las estipuladas en el derecho internacional de los Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario, o bien en ambos. Por otro lado, a lo largo del período de guerra interna, el Estado de El Salvador estaba en la obligación de adecuar su derecho interno a sus obligaciones conforme al derecho internacional.
En el Acuerdo de San José sobre Derechos Humanos, las Partes reconocieron que por "Derechos Humanos" se entiende "los reconocidos por el ordenamiento jurídico salvadoreño, incluidos los tratados en los que El Salvador es parte, así como por las declaraciones y principios sobre Derechos Humanos y sobre derechos humanitarios aprobados por las Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos."
La Comisión de la Verdad reconoció que el derecho internacional de los Derechos Humanos sólo es aplicable a los gobiernos, mientras que en determinados conflictos armados, el derecho internacional humanitario es vinculante para ambos lados. Es decir, tanto para los insurgentes como para las fuerzas del gobierno. Sin embargo, hay que reconocer que cuando se da el caso de insurgentes que ejercen poderes gubernamentales en territorios bajo su control, también se les puede exigir que cumplan con ciertas obligaciones en materia de Derechos Humanos, vinculantes para el Estado según el derecho internacional; por ende, resultarían responsables en caso de un incumplimiento. El FMLN sostuvo oficialmente que tenía algunos territorios bajo su control y efectivamente ejerció ese control.
C. Las Investigaciones
Las Comisión de la Verdad investigó primeramente la violencia ejercida por agentes del Estado contra los opositores políticos. Allí ubicó el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y las dos acompañantes en el Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana (1989). Enseguida analizó diversas ejecuciones extrajudiciales, como el asesinato de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, las religiosas norteamericanas, los periodistas holandeses, así como los ataques a organismos de DDHH (FENASTAS y COMADRES), las desapariciones forzadas, las masacres de campesinos por la Fuerzas Armadas (Casos Mozote, Río Sumpul y El Calabozo). Después investigó los asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte, entre ellos el de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
En segundo lugar, la Comisión de la Verdad investigó la violencia del FMLN contra opositores como el asesinato de alcaldes, y jueces, las ejecuciones extrajudiciales de campesinos colaboradores del gobierno, el asesinato de militares estadounidenses sobrevivientes, entre otros.
La Comisión aseguró que "Ninguna de las tres ramas del poder público: judicial, legislativo ejecutivo, fue capaz de controlar el desbordante dominio militar en la sociedad".
Finalmente, la Comisión de la verdad presento una serie de Recomendaciones que incluyen: Reformar la legislación penal y el Poder Judicial, depuraciones en las Fuerza Armadas, Fuerzas Policiales y dentro de la administración pública; inhabilitaciones políticas a las personas involucradas en violaciones de los Derechos Humanos y del derecho humanitario, por un lapso no menor de diez años. También recomendó investigar y terminar con los grupos ilegales (Escuadrones de la muerte).
Igualmente la Comisión recomendó que el gobierno salvadoreño otorgue una reparación material y moral para las víctimas de la violencia y sus familiares directos. Se recomendó la entrega de tierras, equipamiento agropecuario, becas de estudio, etc. Los acuerdos de Paz fijaron un calendario de actividades, muchas de las cuales, como la entrega de tierras a los combatientes de ambos lados, y la Compensación económica, solo se han cumplido en mínima parte. En la práctica el Estado salvadoreño descuidó mucho el cumplimiento de los acuerdos. Por eso, pese al empeño del FMLN, así como a los esfuerzos de la ONU y los países amigos, la pacificación en El Salvador es todavía un proceso muy lento.
SUBCAPITULO II
A continuación presentamos el desarrollo de algunas comisiones de la verdad que surgieron por iniciativa no gubernamental, sin mandato legal específico.
1. Bolivia:
Comité impulsor del Juicio contra García Meza.
Después de 18 años de dictaduras militares, que usurparon el poder a gobiernos civiles legítimamente elegidos, en octubre de 1982 Bolivia recuperó su institucionalizad democrática, eligiendo como Presidente al Dr. Hernán Siles Suazo. Las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, entre asesinados, torturados, desaparecidos, entre 1965 y 1982 eran numerosas. De acuerdo al Comité Impulsor del Juicio contra García Meza, El Golpe militar liderado por el General Hugo Banzer Suárez, en agosto de 1971, inició uno de los gobiernos de facto más sangrientos en la historia del país. Este Comité impulsor agrega que fueron denunciadas más de 14,000 detenciones ilegales de personas, muchas de las cuales fueron sometidas a crueles torturas; más de 6,000 exiliados, masacres; desaparición forzada de mas de 70 personas.
Igualmente el Comité Impulsor sostiene que durante la dictadura de 16 días del coronel Alberto Natusch Busch, agentes del gobierno de facto asesinaron a 76 personas en la ciudad de La Paz, desaparecieron a 140 personas y provocaron heridas graves a otras 204 personas. Durante la presentación de pruebas en el Juicio de Responsabilidades, la activista de Derechos Humanos, Loyola Guzmán, señaló que el régimen de García Meza es responsable de la desaparición de 22 personas y del asesinato de otras 52, entre ellas la del diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz. La ASOFAMD denunció en mayo de 1990, que en Bolivia habían desaparecido 156 personas. De ellas, 76 corresponden al periodo del general Banzer, 34 al periodo del general Alfredo Ovando, 28 al de García Meza, 14 al de Alberto Natusch y 4 en el periodo de René Barrientos.
Al restablecerse la institucionalizad democrática en el país, se discutió sobre qué hacer con los crímenes de las dictaduras, pero no hubo consenso sobre los casos que deberían de ser investigados. Como el Poder Judicial, y el liderazgo de los partidos políticos, en su mayoría, era el mismo que actuó durante las dictaduras militares, no hubo la suficiente voluntad para sancionar a todos los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos.
Muy tímidamente el Presidente Hernán Siles Suazo firmó el 28 de octubre de 1982, el Decreto Supremo N. 241, creando la Comisión Nacional de Desaparecidos. Esta Comisión investigó, hasta abril de 1983, el asesinato de 14 prisioneros políticos, en 1972, por el gobierno de Banzer, y la desaparición de 22 personas en el periodo de García Meza.
En los primeros meses de transición democrática, solo se logró consenso en la necesidad de investigar los delitos cometidos por el régimen de fasto del general Luis García Meza, que practicó masacres de opositores políticos, desapariciones forzadas, torturas, y expulsiones ilegales del país.
La Central Obrera Boliviana, las Iglesias Católica y Metodista, la Universidad San Simón de la Paz, los gremios de periodistas, los grupos de Derechos Humanos, los familiares de las víctimas de la dictadura, con el apoyo de algunos políticos iniciaron un Juicio de Responsabilidades contra el general Luis García Meza, y 55 de sus principales colaboradores, primero en febrero de 1984, en el Congreso Nacional y en abril de 1986 ante la Corte Suprema de Justicia. Una decisión del Congreso, del 25 de febrero de 1986, excluyó las investigaciones de hechos ocurridos antes del Golpe de García Meza, protegiendo de esa manera, especialmente, al dictador Hugo Banzer.
La confluencia de diversos organismos representativos de la sociedad, y de larga tradición de lucha como la COB, la Universidad, la Iglesia, junto con los grupos de Derechos Humanos, en la denuncia y el enjuiciamiento del régimen de García Meza, aseguró un importante respaldo institucional y popular al proceso de investigar la verdad y castigar a los culpables de las violaciones a los Derechos Humanos y atropellos al Estado de Derecho. Un selecto grupo de abogados y estudiantes de derecho, periodistas, así como familiares de las víctimas de la dictadura, trabajaron en el Comité impulsor del Juicio, durante cinco años, para recopilar y procesar más de 30,000 páginas acumuladas sobre los hechos de la dictadura y elaborar los alegatos y las acusaciones.
Cuando el Congreso de la República decidió acusar al ex dictador ante la Corte Suprema, y el poder judicial expidió una orden de detención, el 13 de enero de 1989, García Meza se declaró en rebelión y se escondió, para burlarse de la justicia. Un mes después el Poder Judicial ordenó la confiscación de las propiedades del ex dictador, la pérdida de sus derechos ciudadanos, y reafirmó la orden de búsqueda y captura. Después se conocería que García Meza se había escondido, inicialmente, en una de las haciendas de otro ex dictador, general Hugo Banzer Suárez.
García Meza desde la clandestinidad lanzó diversas amenazas contra los grupos de Derechos Humanos y chantajeó a dirigentes del gobierno, a fin de que le brindaran protección a cambio de guardar silencio. La Corte Suprema de Justicia también recibió numerosas presiones a fin de retardar el proceso y diluirla en discusiones palaciegas. Asó García Meza vivió, durante cinco años, con la protección oficial, hasta que fue capturado en Brasil. Por eso, con toda razón, el Comité Impulsor indicó que "En esa búsqueda sin cansancio de la verdad jurídica… hemos encontrado aún más feroz el rostro de los tiranos, de los masacradores, de los que torturaron y dispararon, de los que detrás de los ejecutores planearon y ordenaron los crímenes, y de los que se enriquecieron a costa del patrimonio público".
El Comité impulsor del Juicio de Responsabilidades, a pesar de las amenazas, siguió su trabajo con mucha energía, elaborando los recursos acusatorios y difundiendo masivamente en los periódicos, la radio y la televisión informes respecto al juicio. Incluso preparó siete micro-documentales para la televisión, con los títulos de "Genocidio de la calle Harrington de La Paz", (donde ocho dirigentes del MIR fueron asesinados), "Contra la Impunidad", "Prófugo de la Justicia", "La letra muerta de la Ley", etc.
El testimonio de la ex Presidenta de la República, Lydia Gueiler Tejada, en el Juicio, así como de varios ex ministros de Estado que formaron parte de su gobierno, y que fueron torturados por agentes de la dictadura, aportó abundantes evidencias sobre la responsabilidad penal de los militares golpistas.
El ex coronel Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior de García Meza, responsable directo de la organización de grupos terroristas paramilitares al servicio de la dictadura, fue capturado por agentes bolivianos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, y agentes estadounidenses de la Drug Enforcement Agency, DEA, el 10 de diciembre de 1989; tres años después de haber sido declarado "rebelde y contumaz" y haberse fugado de la justicia. Inmediatamente, sin autorización del Poder Judicial de Bolivia fue trasladado hacia Miami, en un avión de la DEA, organización que lo entregó a la Corte Federal de Miami.
En el curso de las investigaciones se fue revelando que por orden de los dictadores fueron asesinados el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, los ocho dirigentes del MOR, el sacerdote Luis Espinal, y muchos otros más; y se demostró que el gobierno de tacto clausuró y destruyó instalaciones y equipos de emisoras de radio y periódicos; allanó Iglesias, colegios y universidades, despilfarró el dinero del Estado, y dictó muchas leyes anticonstitucionales.
También se descubrió cómo se organizaron los escuadrones de la muerte que operaron en diversas ciudades de Bolivia cometiendo atentados terroristas y crímenes con total impunidad. El Comité impulsor comprobó que el criminal nazi Klaus Barbie contaba, en el período de García Meza, con un grado de oficial superior y mando dentro del Servicio de Inteligencia del Ejército de Bolivia. El General Luis Arce Gómez, con autorización del Alto Mando, otorgó el grado de Teniente Coronel honorífico a Klaus Altmann (Barbie), el 12 de febrero de 1980, cinco meses antes del golpe de Estado. Entre los asesores extranjeros también se comprobó la participación del Mayor de las FF. AA. de Argentina, Julio César Durand, así como de los neofascistas italianos Stefano Delle Chiaie y Pierluigi Pagliai.
El Comité impulsor comprobó que altos miembros del mismo ejército boliviano entrenaban y dirigían a grupos paramilitares que cometían diversos atentados terroristas por todo el país, y que asesinaron a opositores políticos, lanzaron bombas contra manifestaciones pacíficas, atacaron sedes de organismos políticos, religiosos y culturales, y atentaron contra un avión en el que viajaban líderes del movimiento político UDP. Se confirmó que todos estos atentados se hicieron con el propósito de justificar El Golpe de Estado, en vista de una supuesta incapacidad del Gobierno para controlar el terrorismo.
Además se comprobó que el Servicio de Inteligencia del ejército, a cargo del coronel Luis Arce Gómez, había elaborado una lista negras en las que figuraban como personas a ser eliminadas, el padre Luis Espinal Camps, el diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, el ex Presidente Walter Guevara Arce, el líder sindical Juan Lechín Oquendo, y el ex ministro Eduardo Pérez Iribarne. Igualmente se descubrió que prominentes dirigentes de la empresa privada participaron en la preparación del Golpe de Estado, que incluso financiaron, para luego beneficiarse con diversos contratos con el Estado.
Cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos contra la Impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, a petición de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otras ONGs bolivianas determinó realizar en Bolivia una Sesión, durante los días 17 al 19 de julio de 1990, para investigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los últimos regímenes militares, el gobierno se negó a autorizar dicha Sesión, con el pretexto de que no hay que perturbar la paz. Incluso los congresistas oficialistas emitieron una Resolución, calificando como "delito" la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, y se amenazó con deportar a los jueces instructores, si se atrevían a entrar a Bolivia, ya que, argumentaron, de acuerdo a la legislación vigente, sólo la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para juzgar a dignatarios y ex dignatarios del Estado que hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones.
Las autoridades bolivianas se negaron a conceder visas de entrada a las personas que actuarían como jueces instructores del Tribunal, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel de Argentina, la abogada chilena Fabiola Letelier y el sacerdote colombiano Javier Giraldo. En vista de esta negativa, la Sesión se llevó a cabo en Bogotá, en abril de 1991, y condenó moralmente a los ex dictadores general Hugo Banzer Suárez, coronel Alberto Natusch Busch y general Luis García Meza, inhabilitándolos moralmente para participar nuevamente en instancias de gobierno de su país o de cualquier país del mundo, según comunicación del Secretariado del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Luego de más de seis años de juicio, en 1992 el Poder Judicial de Bolivia logró condenar al general Luis García Meza, y a Luis Arce Gómez, a 30 años de prisión. Actualmente García Meza se encuentra en la prisión de Chonchocoro, en La Paz, luego de haber sido extraditado del Brasil. Otros cincuenta implicados también recibieron su condena.
Los abogados que representaron a la parte civil afectada por la dictadura de García Meza, manifestaron ante el Tribunal Supremo: "Estuvimos motivados por la búsqueda de la verdad desde el primer momento; y cuando en ese primer momento la principal defensa apareció siendo la mentira, nos volvimos incansables en esa búsqueda de la verdad… había que probar que se delinquió bárbaramente contra el país, desde el aparato mismo del Estado… a la notoria verdad histórica había que adjuntar la verdad jurídica".
Aunque el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades fue una Comisión de la Verdad no creada por mandato legal, sino por imperativo ético de las fuerzas progresistas de la sociedad boliviana, su trabajo fue muy eficaz, logrando comprometer a la mayor parte de los organismos del país en la búsqueda de la verdad sobre esta etapa crítica de su historia. Sus integrantes trabajaron con la convicción de que "Ni el odio ni el menor atisbo de venganza han presidido nuestros actos en esta presencia acusatoria ininterrumpida de seis años y seis meses. Hemos creído que el daño que la dictadura le hizo al país fue inmenso, pero estamos convencidos, sobre todo, que la impunidad de esa dictadura sería un daño mucho mayor".
2 Brasil:
Proyecto Brasil Nunca Más.
Encargados:
Cardenal Paulo Evaristo Arns, Arzobispo de Sao Paulo
Rev. Jaime Wright, Pastor Presbiteriano.
Las investigaciones para conocer las violaciones a los Derechos Humanos de las últimas dictaduras (1964-1979) fueron dirigidas por miembros de la Arquidiócesis de Sao Paulo, de la Iglesia Católica. Alrededor de treinta personas vinculadas a la Arquidiócesis trabajaron por más de cinco años en el más absoluto secreto para obtener los documentos, analizarlos, comprobar la información, y procesarla de acuerdo a criterios fijados previamente.
La Investigación comenzó en agosto de 1979 y concluyó en marzo de 1985. En ese período se logró sistematizar informaciones contenidas en 707 expedientes de procesos llevados ante el Tribunal Militar Supremo. Por esto, una característica del Informe es que se basa, fundamentalmente, en documentos oficiales de los procesos judiciales llevados a cabo por los Tribunales militares contra activistas y opositores políticos.
El resultado del trabajo se difundió en volúmenes de mas de 5000 páginas, (Proyecto A) con el título Brasil Nunca Mais, que fue considerado como "Una radiografía inédita de la represión política y una anatomía de la resistencia". Una síntesis del Informe se publicó en forma de libro en Petrópolis, en el verano de 1985. Allí se reunió información sobre las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante los regímenes militares desde 1964 hasta 1979.
El libro Brasil Nunca Más, además de describir las formas crueles, degradantes, de los castigos y las torturas, presenta datos históricos sobre el origen de los regímenes militares, el desarrollo de los aparatos represivos, y la perversión del derecho penal, que favoreció el atropello de los Derechos Humanos.
Entre los colaboradores del Proyecto Brasil Nunca Más, el régimen militar eligió como víctima-símbolo, a Paulo Stuart Wright, hermano menor del pastor presbiteriano Jaime Wright, con cuyo secuestro y asesinato se quiso amedrentar a los activistas de Derechos Humanos asociados a la Arquidiócesis, para que abandonen sus denuncias y su acompañamiento a los familiares de las víctimas de la represión oficial. Si no se ha respetado al hermano de uno de los líderes de la lucha por los Derechos Humanos, menos se respetaría a los otros miembros de la comisión de la Arquidiócesis. Esa era la lógica para atemorizar y destruir a los grupos de solidaridad y de defensa de los Derechos Humanos.
El Informe Brasil Nunca Mais incluye testimonios acerca de la labor de agentes de la CIA de los Estados Unidos, como el oficial estadounidense Dan Mitrione, quien enseño los llamados "Métodos científicos para arrancar confesiones y obtener la verdad". De acuerdo a numerosas y documentadas denuncias, Dan Mitrione entrenó a cientos de agentes militares y policiales brasileños, utilizando en sus experimentos inicialmente niños y mendigos recogidos de las calles de Bello Horizonte.
Igualmente Brasil Nunca Más describe las diversas técnicas de tortura empleadas por los militares y policías, el uso de insectos y animales como cobras y ratas, la aplicación de productos químicos sobre el cuerpo de los prisioneros, según fue corroborado por diversas víctimas. El Informe también presenta testimonios sobre torturas practicadas en menores de edad, así como en mujeres y gestantes, que sufrían violaciones sexuales.
Brasil Nunca Más indica que en el periodo de 1964 a 1979 se registran 125 casos de ciudadanos desaparecidos por motivos políticos algunos de los cuales posteriormente a su detención por la policía fueron encontrados en cementerios, enterrados con nombres falsos. La lista completa de desaparecidos aparece en la página 291 al 293 de BNM. En la versión editada en forma de libro en 1985, no figuran las listas de militares y policías involucrados en las violaciones a los Derechos Humanos, que se incluyeron en la publicación global. Una lista de 444 agentes militares y policiales torturadores, que por razones estratégicas no fue incluida en las ediciones de Brasil Nunca Más, fue publicada por la Arquidiócesis de Sao Paulo en el Diario Folha de Sao Paulo y en el Jornal do Brasil, el 22 de noviembre de 1985.
En el Informe "Brasil Nunca Más" quedó expuesta la verdadera característica del Estado brasileño, en base a sentencias dictaminando torturas, castigos corporales, escarmientos en plazas públicas, secuestros, desapariciones, normas de tratamiento carcelario inhumanas, todo eso estaba registrado en los expedientes judiciales. Así, los mismos documentos oficiales proveían un testimonio irrefutable.
Después de publicarse los volúmenes del Informe Brasil Nunca Mais, las fuerzas armadas publicaron un furioso documento de respuesta, con el título Brasil Sempre, justificando su acción, llevada a cabo, según ellos, "para salvar a la patria del monstruo del comunismo y del caos interno". A diferencia de los informes en Argentina y Chile y El Salvador, en Brasil el Informe Nunca Más no presenta explícitamente recomendaciones ni formula peticiones directas para reformas en la policía y el Ejército. La brutal radiografía que se presenta de la violencia policial y militar habla por sí sola, de la necesidad de transformaciones en las estructuras del Estado. Brasil Nunca Más transmite la demanda de respeto a la memoria de los muertos: La ausencia de sepultura, que impide que los muertos sean 'venerados por sus familiares, lo cual, constituía una maldición bíblica aterradora. Por eso, se demanda la localización y entrega de los cuerpos de los desaparecidos a sus familiares, y la reivindicación de las víctimas: "Hasta cuando habrá, en Brasil, mujeres que no saben si son viudas, hijos que no saben si son huérfanos, criaturas humanas que esperan vanamente en puertas implacablemente trancadas, de un Brasil que juzgábamos ingenuamente, exento de tantas crueldades".
En 1984, la Assembleia legislativa del Estado do Río Grande do Sul, publicó un Informe del Comité Brasileño por la Amnistía, en el cual indicó que "Pasados mas de quince años de dictadura militar, el número de muertos y desaparecidos suman más de trescientos, y ese número tiende a aumentar porque el aparato represivo continúa intacto y activo". En 1995, el gobierno brasileño aprobó el DL 869/95 con el propósito de otorgar una reparación económica a los familiares de 136 personas desaparecidas durante las dictaduras militares. La Ley encarga otorgar una reparación económica de hasta $ 150,000USA a cada familia de las personas asesinadas o desaparecidas que reconoce el gobierno.
Pero los familiares de los desaparecidos, y de las otras víctimas siguen demandando el esclarecimiento de la verdad de lo que paso con sus seres queridos y el castigo a los responsables. Juntamente con el Movimiento Tortura Nunca Mais, los familiares de las víctimas publicaron a fines de 1995 el libro "Dossie Dos Mortos e Desaparecidos Políticos a partir de 1964". Los fantasmas del pasado tortuoso en el Brasil siguen esperando su liberación.
3. Paraguay:
CIPAE. Paraguay Nunca Más.
El 4 de mayo de 1954, tras un corto periodo de gobierno constitucional, las Fuerzas Armadas de Paraguay dan un golpe de Estado y derrocan al presidente Federico Chávez, de la Asociación Nacional Republicana. Dos militares asumen el poder, primero, por unos pocos días, el general Tomás Romero Pereira, y poco después, para quedarse por 35 años en el poder, el general Alfredo Stroessner.
El largo periodo de gobierno del general Alfredo Stroessner marcó a la sociedad paraguaya con el signo del terror. "El miedo que genera nuestro sistema político es tan cierto y evidente que no se necesitan estudios muy sutiles ni gran aparato científico para demostrarlo", afirmaba en 1974 el sacerdote Ramón Juste. Agregaba que "el mero intento de decir o escribir públicamente algo que pueda ser interpretado como critica al sistema es ya un síntoma de gran audacia y aún a veces de temeridad suicida".
Stroessner se jactaba públicamente que había convertido a su país en la nación más anticomunista de todo el mundo. Con esa visión trataba de eliminar a los opositores políticos, mediante la tortura, el secuestro, la desaparición y el asesinato impune. El mismo se esforzó por convertir a Paraguay en un santuario para los activistas anticomunistas de diversas partes del mundo. Allí centralizo sus archivos el sistema de terrorismo de estado de los países del cono sur de América, bajo el nombre de "Operación Cóndor".
En Paraguay, las violaciones a los Derechos Humanos afectaron también a cientos de extranjeros que escapaban de persecuciones en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay. En recompensa, la dictadura Argentina, durante su guerra sucia, desapareció a 54 ciudadanos paraguayos que se encontraban en la capital federal, Buenos Aires, donde querían protegerse de la represión en su país.
Ya en septiembre de 1976, la Liga Internacional por los Derechos Humanos difundió una lista de 203 prisioneros políticos en las cárceles de Paraguay, algunos de los cuales llevaban más de 18 años encarcelados. La lista incluía casos de presos que murieron en las prisiones.
En junio de 1990, el Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, aseguró que Paraguay, desde 1954 hasta el 3 de febrero de 1989 fue gobernado por una feroz dictadura que violó sistemática y gravemente los Derechos Humanos fundamentales, así como los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo paraguayo." Cuando los organismos no gubernamentales empezaron a difundir informes sobre la represión de la dictadura, durante la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, se confirmó que el "stronismo", una forma moderna del despotismo, contó con un poder absoluto en el país, y estableció una "mafia" en el poder, a favor de un restringido grupo oligárquico. Esta "mafia", conformada por funcionarios públicos, ha obrado bajo la dictadura considerándose por encima de las leyes, como si las leyes fuesen válidas solo para los ciudadanos comunes y no para las personas investidas de funciones públicas.
Desde su creación en 1976, el Comité de Iglesias paras Ayudas de Emergencia, CIPAE, con el apoyo de varios organismos internacionales desarrollo un sistemático proceso de registro y documentación de los hechos de violencia en el país. Como varias sedes religiosas habían sufrido allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad, el CIPAE, desde su origen, tomó la precaución de proteger la mayor parte de los archivos en casas de seguridad, sacar copias dobles, y aún microfilmar la documentación. Aquí vale un reconocimiento profundo al reverendo Charles Harper, del Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, quien dio su apoyo total a la labor desarrollada por el CIPAE.
El CIPAE en 1984 encargó a sus colaboradores, sistematizar la información sobre la violencia y sus efectos en Paraguay. Había mucho temor de que las fuerzas represivas intentaran silenciar completamente a los organismos de Derechos Humanos. Por eso, hubo muchas dificultades para acceder a las fuentes documentales básicas, ya que el miedo paralizaba a los familiares de las víctimas.
El resultado de las investigaciones fue publicado a partir de mayo de 1990 en una serie de cuatro tomos bajo el título general de "Paraguay: Nunca Más", donde se registran numerosos hechos de violación de los Derechos Humanos durante la dictadura de Stroessner. En el Tomo I de Paraguay Nunca Más, se indica que, 360 mil personas, de un total de tres millones de habitantes, pasaron por las cárceles de Stroessner. Igualmente estima en 1 millón y medio el número de paraguayos obligados a salir al exilio.
En "Paraguay Nunca Más" se documenta minuciosamente el respaldo que le dio el gobierno de los EE.UU. al gobierno golpista al que reconoció formalmente nueve días después de la deposición del gobierno constitucional. En agradecimiento, el gobierno del general Alfredo Stroessner, se ofrecerá permanentemente al gobierno de EE.UU. como un aliado, dentro de la "Guerra Fría", para combatir al comunismo. Igualmente se documenta las diversas formas de Violación de la Constitución Política del Estado, con la declaratoria permanente del "Estado de Sitio", la suspensión de las garantías personales, el acoso a los disidentes políticos, la censura a los medios de comunicación, y la creación de una legislación antisubversiva que facultaba las detenciones arbitrarias y la tortura.
Otro trabajo de documentación de las violaciones a los Derechos Humanos en el gobierno de Stroessner fue producido por la Iglesia Católica de Misiones, con el título Koága Roneeta (Ahora hablaremos), Testimonio Campesino de la represión en Misiones, 1976-1978.
En este libro se expone la brutalidad policial y militar contra cientos de activistas de las Ligas Agrarias Cristianas y de la Juventud Agraria Cristiana, entre otras organizaciones de base, ya que el régimen de Stroessner consideraba que la Iglesia estaba infiltrada de comunistas. Igualmente se explica cómo los torturadores actuaron en Paraguay con mucha fiereza y sadismo, y que incluso había especialistas en cada tipo de tortura. Además de describir muchos casos de torturas y asesinatos de dirigentes campesinos, el libro intenta identificar a cientos de personas que colaboraron con la represión, como jueces, alcaldes, intendentes, entre otros. Como en los otros países del continente, muchos de estos personajes que cooperaron con los torturadores, y represores, más tarde, al conquistarse la democracia, seguirían usufructuando el poder.
Pese a las promesas oficiales de democratizar el Estado, se constata que las estructuras administrativas, policiales y jurídicas han permanecido inalterables. Todavía se mantiene la herencia stronista de: Los enormes poderes del Presidente, la falta de independencia del Poder Judicial, la presencia masiva de personal de la dictadura en los altos niveles del Estado, la inercia en los organismos de fiscalización, la negación de justicia a las familias de las víctimas. Por eso, de los cientos de casos denunciados, solo 16 merecieron atención del Poder Judicial, que abrió procesos investigatorios, que han continuado con mucha lentitud.
Stroessner fue derrocado por un Golpe de Estado el 2 de febrero de 1989, y a partir de esa fecha, aumentaron las denuncias de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante su largo período de gobierno. El 24 de Setiembre de 1989 las FF. AA. en pleno, hicieron público su Pronunciamiento Institucional, en el cual afirmaron, que "Las Fuerzas Armadas siempre han desempeñado un papel protagónico en la historia nacional, y que, se identifican plenamente con la proclama de su Comandante en Jefe, de "restaurar la dignidad de la nación, y contribuir con su esfuerzo a la instauración de la democracia en nuestro país".
Las FF. AA. agregaron que "El bien de un Paraguay moderno y democrático, es imposible de alcanzar con el esfuerzo de unos pocos". Enseguida, proclamaron que, "celosa de la estabilidad política del país y del bienestar de todos sus habitantes, observan con preocupación que en algunos sectores de la sociedad se interprete equivocadamente el concepto de democracia, que permite el libre ejercicio de los derechos, pero dentro del marco de la Ley y el respeto a las autoridades. Concluyeron su Pronunciamiento aclarando que "Sólo cumpliendo las normas de convivencia social, avaladas por el respeto a los Derechos Humanos, se podrá llegar a la Consecución de los fines e ideales de una verdadera democracia."
A fines de 1993 se descubrió en Paraguay, de manera casual, los archivos del sistema represivo de los gobiernos del cono sur de América, que fueron calificados como "Los archivos del Terror". Allí se encontró abundante documentación que explica cientos y hasta miles de casos de exiliados y detenidos políticos argentinos, uruguayos, bolivianos, paraguayos, chilenos, brasileños y paraguayos, muchos de los cuales desaparecieron a manos de los servicios de seguridad de esos países.
En Paraguay los organismos de Derechos Humanos siguen demandando una rigurosa investigación sobre las violaciones a los Derechos Humanos de los últimos años.
CAPITULO IV
COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN
Para muchos peruanos es difícil olvidar todo el horror y destrucción que se vivió dentro del periodo de 1980 al 2000, espacio de tiempo en el que la sociedad tuvo que convivir con el miedo, pero lamentablemente las nuevas generaciones poco o nada conocen de lo que aconteció en el país en esos años. Por ello trazaré una línea histórica de aquellos acontecimientos que conmocionaron al país y al mundo, a través de los periodos gubernamentales de: el Arquitecto Fenando Belaunde Terry (1980-1985), Dr. Alan García Perez (1985-1990) y Ing. Alberto Fujimori Fujimori (1990 – 2000),
SUBCAPÍTULO I:
1 Proceso de Violencia Política en el Perú
El proceso de guerra y muerte empezó justamente cuando en 1980 el Arquitecto Fernando Belaunde Terry se instaló en el gobierno. Volvíamos a la democracia luego de 12 años de dictadura y teníamos otra vez un congreso electo con representantes de todos los departamentos. Poco después elegimos alcaldes en todos los distritos y provincias de nuestro país.
Fue en ese momento que Sendero Luminoso inició sus acciones en Ayacucho declarándole la guerra al Estado Peruano. En Respuesta, nuestras autoridades políticas no encontraron mejor camino que negar el problema. Mas tarde, cuando la escalada terrorista era evidente, decidieron delegar su solución a las Fuerzas Armadas, primero en Ayacucho en 1982 y luego poco a poco en la mayor parte del país, por medio de la creación de los Comandos Políticos Militares.
Para Los militares la solución del problema estuvo siempre al lado de la fuerza: emplearon desde la política de " tierra Arrasada" del General Noel, hasta el establecimiento de alianzas con la población comunera a través de los Comités de Autodefensa.
Años después (1984) apareció el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que contribuyó a ampliar los territorios y la complejidad de la Violencia. En 1985, el gobierno de Alan García no hizo otra cosa que imitar la política de Gobierno anterior y de esta manera la violencia se convirtió en un hecho cotidiano. Mientras tanto Sendero Luminoso – en nombre de la justicia como proclamaban sustentando sus hechos – no discriminaba y asesinaba campesinos, autoridades, ingenieros, funcionarios públicos o sacerdotes. En este periodo, también surgen los primeros grupos de paramilitares como el Comando Rodrigo Franco.
Hacía inicios de los noventa el país parecía desbordado por la violencia política y es recién entonces cuando la población de Lima toma conciencia del problema. Una serie de atentados urbanos como el de Tarata, lo hicieron notar. Es cuando el presidente Fujimori mediante una alianza con las fuerzas Armadas, crea una serie de mecanismos como los Tribunales sin rostro y la ley de Arrepentimiento, los que enviaron a cientos de inocentes y culpables, justos a las mismas cárceles. La caída del Abimael Guzmán en 1992, marcó el inicio del fin de una forma de violencia. Sin embargo, tras ese aparente final feliz el país terminó siendo gobernado por el Servicios de Inteligencia Nacional, que aplicó las mismas técnicas de control a la subversión a aquél que se opusiera al gobierno. Para ello, utilizó toda la maquinaria del poder, desde los paramilitares del Grupo Colina hasta los principales medios de comunicación masiva. Todo instrumento de control era válido.
El saldo del conflicto ha sido doloroso. El fuego cruzado de las fuerzas políticas y armadas dejo cerda de 25 mil muertos, casi 10 mil desaparecidos y un poco menos de 700 mil personas desplazadas de sus comunidades. El costo material de esta catástrofe se eleva a casi 25 millones de dólares. Una cantidad que asciende a toda la deuda externa del país.
Dentro de la experiencia peruana han existido dos antecedentes de la Comisión de La Verdad y Reconciliación.
En el Perú se han dado diferentes hechos de violencia política los cuales han marcado su historia, para lo cual solo señalaremos algunos, de los que han sido conocidos a nivel nacional, y que han señalado diferentes etapas dentro de estos 20 años, para lo cual trazaremos una línea histórica de estos.
1.1 Periodo de Gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry. ( 1980 – 1985 )
Año 1980 .- El proceso de guerra y muerte se inició en este año cuando Fernando Belaunde Terry se instaló en el gobierno, acto por el cual volvíamos a la democracia luego de 12 años de dictadura y teníamos otra vez un congreso electo con representantes de todos los departamentos. Poco después se dieron las elecciones para la elección del alcaldes en todos los distritos y provincias del país.
Fue en ese momento que Sendero Luminoso SL; denominación que sus miembros no aceptan. El cual estaba organizado en células y una de sus principales formas de operar es el reclutamiento bajo amenaza de muerte. Iniciando sus acciones en el Departamento de Ayacucho, provincia de Cangallo, distrito de Chuschi, incendiando padrones electorales, siendo los actores de este hecho capturados por los propios campesinos y entregados a un contingente de soldados, siendo este acto el que marca el inició la violencia política, por la cual surgen diferentes acciones como asesinatos, atentados, los cual se utiliza como un medio para alcanzar el poder.
Teniendo como modus operandi: entrar en las aldeas rodear a la población y pedir ayuda con alojamiento y alimentos matando a grupos de personas para mostrar su poderío
Acompañando a este hecho del 18 de mayo, en el mismo departamento, en la provincia de Huamanga un grupo de senderistas dinamitó la antena de Corpac, atentado que también se dio en un centro educativo de Cerro de Pasco.
El 22 de octubre en Ayacucho, un comando de S. L. Tomó las instalaciones de radio " La Voz " de Huamanga y difundió un mensaje a la población incitando a que se plieguen a la lucha armada. y el 27 del mismo mes la policía detiene una Bomba Humana quien poseía 7 cartuchos de dinamita viajando con dirección no especificada. Desplegándose el 17 de diciembre, en la ciudad de Huancayo un gigantesco operativo policial. Y en ayacucho se produce la captura de Edith Lagos lideresa de S.L.
Año 1981 .- Se produce en mayo la dación del Decreto Ley 046, la cual señala la tipificación del delito de terrorismo, por otro lado se realiza la creación de una división dentro de la Policía Nacional del Perú PNP. con el fin de que investigue todos estos hechos terroristas, identifique a sus miembros y capture a estos. El 05 de enero en ayacucho empiezan a circular volantes en los cuales se dan mensajes como "mueran los Sinchis" "viva invasión de los campesinos pobres".Y el 10 un destacamento de sinchis intervienen en Vizchongo y otro poblado no especificado, señalados como cuarteles guerrilleros; produciéndose la captura de 12 terroristas en un enfrentamiento armado que duró 12 horas.
En febrero se produce la captura de 200 terroristas en ayacucho y en Junio se detienen al intelectual N.Matayoshi y a H. Carlier produciéndose el 11 la búsqueda a Carlos Taipe ( dirgente de la CCP) quien trabajaba con las dos personas antes detenidas
Año 1982 .- El grupo alzado en armas Sendero Luminoso, en un comunicado realizado por Abimael Guzmán, afirma que la lucha por el poder se inicia en 1980, mediante un documento denominado "Iniciamos la Guerra de Guerrillas", la cual se dio en la zona alto andina, además se dio por parte del Estado la declaración de Estado de Emergencia al Departamento de Ayacucho, dando como consecuencia la dación de poder a las fuerzas armadas FFAA
Año 1983 .- Sucedió un lamentable hecho el 26 de Enero de 1983, un atroz asesinato de ocho periodistas y su guía, nombrándose una comisión para investigar quienes habían sido los agentes que perpetraron estos hechos, la cual arrojó como resultado la sindicación a campesinos a quienes se les proceso.
Año 1984 .- Se da el atentado a Lucanamarca, el cual es importantes por que se encuentran pruebas de la intervención del comité central de Sendero Luminoso; por otro lado se da la aparición del MRTA, iniciando sus acciones con dos asesinatos a dirigentes sindicales, acto con el cual se señala su inicio en el proceso de violencia dentro del país.
1.2 Periodo de Gobierno del Dr. Alan García Pérez. ( 1985 – 1990 )
Año 1985 .- Se dio la matanza de Accomarca, acto en el cual se ejecutó extrajudicialmente a toda una familia, la cual estaba compuesta por miembros del el Grupo Sendero Luminoso, donde intervinieron las Fuerzas Armadas, acto en el cual salió a la luz la estrategia que venía llevando a cabo esta, y donde inclusive se dio la declaración del General Telmo Hurtado, quien señalaba que era necesario acabar con el mal desde la raíz, justificando así la muerte de los hijos de miembros terroristas en esta acción. Para que a pesar de que este general haya sido juzgado y separado de las Fuerzas Armadas, continuara ejerciendo su carrera militar y llegando a tener asensos dentro de esta.
Es necesario precisar que las acciones de Accomarca se dieron con anterioridad a que el Señor Alan García Pérez entrara a ejercer el cargo de presidente y que el juicio si se dio en su periodo de gobierno le juzgamiento a este general.
Año 1986 .- Se produce el acontecimiento del frontón (18 de junio) fecha en que se marca la ruptura total de la función del estado de respetar y proteger la vida de sus ciudadanos, ya que se dio muerte a personas que estaban dentro de este establecimiento penitenciario y inclusive no habían sido juzgas, donde se dio la muerte del ideólogo de Sendero Luminoso Díaz Martines, quien fue junto con Abimael Guzmán los que dieron el fundamento Maoísta a esta agrupación, entre otros se el dio muerte al denominado Mosca Loca.
Año 1987 .- El Estado derogó la ley 24651, dándose la ley de delitos de terrorismo, derogando la apología como delito, y en la cual se da beneficios como el de arrepentimiento y cooperación con la justicia; al igual que la ley 24700. También Sendero Luminoso, realiza un quiebre en sus acciones, puesto que sus matanzas y atentados dejan de ser selectivos, atacando también a comuneros inocentes sin dar le una distinción alguna.
Año 1988 .- Se da un hecho desgarrador en Cayara, donde un senador aprista "melgar" investigó el hecho, señalando este que las Fuerzas Armadas no podían ser culpables, negando y dejando de lado indicios existentes con los que se demostraba la participación de las Fuerzas Armadas. Este caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo lamentable que no se haya dado la protección necesaria a los testigos quienes en algunos casos fueron asesinados y víctimas de atentados. Por otro lado ya se dan ataques subversivos en lima, los cuales se dieron en forma selectiva como la victimación al General de la Marina Caterata, y dirigentes sindicales, con lo cual se estaba llegando al equilibrio estratégico.
Se da la ley 24953.
Año 1989 .- Se dan una serie de hechos que marcan historia cono la muerte a Enrique López Albujar o la fuga del penal, donde de increíble manera un grupo de terroristas escapan por medio de un túnel, donde tan solo se responsabilizo a los vigilantes de este centro penitenciario pero no se deslindó ninguna responsabilidad a las autoridades políticas.
Se da la ley 25031
1.3 Periodo de Gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori ( 1990 – 2000 )
Año 1990 .- En este año se produjo el contacto de las fuerzas campesinas "rondas" con el ejercito, situación que produjo que los grupos alzados en armas, empezaron a desplazarse por las zonas del Sur Andino, debido a que en la zona centro dio un continuo rechazo por los campesinos, en este año también se produjo el caso de Chumbivilcas, donde las Fuerzas Armadas utilizando pasamontañas matarían y violarían personas. Para este año las organizaciones de Derechos Humanos enviaron a personas camufladas con la finalidad de realizar averiguaciones de la situación que se estaba viviendo en el País es el caso del Pepe Ramírez enviado de APRODEH, quien presento un artículo sobre la situación que ocurría , hecho por el cual fue detenido e incriminado como terrorista, cuando estaba sacando unas copias de las investigaciones que estaba realizando.
Año 1991.- Hubo un acontecimiento que fue conocido por toda la nación e inclusive dio la vuelta al mundo, este hecho fue la matanza de Barrios Altos, la cual se produjo ya que según las investigaciones que realizaron grupos militares, se estaba realizando una actividad en la cual miembros de Sendero Luminoso iban a articular planes de ataque. Después se supo que si se produjo ésta, pero que era en otro sector de Barrios Altos. En este año Sendero Luminoso entró en la fase que se denomina según los estudiosos de equilibrio y en donde estaban pensando formar lo que ellos denominaban el cinturón de hierro, para lo cual desde su óptica estaban pensando contar con el grupo de personas de provincia que estaban alrededor de Lima, situación que no se dio por que la mayoría de personas que estaban dentro de este área eran personas desplazadas, que habían dejado sus poblados escapando de la violencia política.
Año 1992 .- Ocurre el asesinado de la Sra. Marielena Moyano, acto que motivó el repudio de toda la población, llegando a romperse por completo ese "cinturón de Hierro", como Sendero Luminoso lo denominaba. El 5 de Abril se da el autogolpe, creándose los procesos con jueces sin rostro se da al delito de terrorismo la pena de cadena perpetua, a lo que sendero vuelve a buscar blancos que hagan más visible su actuar. A la par también se da la muerte de universitarios y un profesor de la Universidad de La Cantuta, pensando que estos habían sido los autores del ataque que se produjo en la Ciudad de Lima en Tarata Miraflores.
Se da el Decreto Ley N° 25475, el 6 de mayo sancionando con penas de 20 años de pena privativa de libertad a presidio perpetuo diversas conductas cubiertas con el término
Asumiendo el Estado la defensa de la sociedad utilizando vías militares y legales. Las primeras se tradujeron en operaciones que produjeron muchas víctimas no combatientes entre 1992 a 1994
Año 1993 .- Se promulga la pena de muerte para los casos de terrorismo catalogando a estos como actos de traición a la patria, fue en este lapso de tiempo que aprovechando la situación de incertidumbre y desconcierto de la Población peruana se empieza a cometer sin reparo diferentes actos los cuales eran graves violaciones a los Derechos Humanos y iniciando un proceso de corrupción a gran escala.
Año 1994 .- Se produce la captura de Lori Berenson, pero dentro de este proceso se realiza la aprensión de personas inocentes, sin existir ninguna sanción para sancionar a las Fuerzas Armadas por estos hechos.
Año 1995 .- Se otorgan las leyes de Amnistía como un estímulo, a todos los agentes de fuerzas armadas y policiales por haber "ganado" la guerra, y donde algunos jueces como la Jueza Salvatierra declara inconstitucional esta ley, lo cual motivó que se diera una resolución por parte del congreso, señalando que esta ley era irrevisable, generando una polaridad en la población ya que algunos estaban contra la impunidad, pero por toro lado existía un apoyo por otra parte de esta.
Se crea la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.
Año 1996 .- Se produce un hecho que situó la atención a nivel nacional el cual fue la toma de la embajada del Japón por el movimiento revolucionario Tupac Amaru.
Año 1997 .- Se produce el rescate de los rehenes de la embajada, hecho que dejaba una secuela de muerte, en donde inclusive se habría producido ejecuciones extrajudiciales, con lo cual se puso en riesgo a poblaciones urbanas y el respeto de los Derechos Humanos de los miembros de este grupo.
También se da la captura y sentencia de Loayza Tamayo, quien estaba involucrada como parte de S.L. y habría sido sindicada como actora de atentados terroristas la cual fue nuevamente juzgada por traición a la patria y donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio una resolución en la cual se señalaba la liberación de esta y que se le otorgue una indemnización, y señalando por primera vez a la violación sexual como una modalidad de tortura.
Año 1998 .- Se da la Ley de Terrorismo agravado limitando beneficios penitenciarios a los sentenciados por este tipo lo cual se hacía extensivo a los ciudadanos civiles agrupados en pandillas, bandas
Año 1999.- Se produce el caso de Castillo Petruzzi y de Los Chilenos acusados de terrorismo, en donde se pedía que se les realice un nuevo proceso debido a las irregularidades del proceso que se dieron donde fueron sentenciados, situación que sirvió de excusa para que en el gobierno de Alberto Fujimori se pida el retiro de la competencia de la Corte Interamericana aduciendo que esta tan solo promovía la libertad de estos terroristas, buscando así evitar las resoluciones que este ente emitiría por los casos peruanos que estaban siendo evaluados y llevados. También en este año se produjo la captura de el Camarada "Feliciano"
Año 2000.- Se da el levantamiento del estado de emergencia.
2. SECUELAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN EL PERÚ.
Duramente casi dos décadas el Perú sufrió una etapa de grave violencia interna que afectó seriamente su viabilidad y gobernabilidad democrática. En 1980, al a par que retornábamos a un régimen constitucional, se iniciaba una situación de violencia irracional generada por el surgimiento del terrorismo, practicado por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru – MRTA, así como por la respuesta gubernamental que enfrentó esta situación.
Se desconocen cifras oficiales sobre las consecuencia de este doloroso proceso de violencia. Sin embargo se calcula que aproximadamente 30,000 peruanos murieron como consecuencia del terrorismo desatado por Sendero Luminoso y el MRTA, así como por la acción estatal que la enfrentó. El desarrollo de la violencia política forzó a unas 600 mil familias a abandonar sus lugares de origen y desplazarse en condiciones sumamente precarias. Las pérdidas económicas para el país se calculan en un monto similar al de la deuda externa.
Los grupos terroristas mostraron un gran desprecio por la vida humana, siendo responsables de miles de asesinatos selectivos de autoridades locales, políticas, miembros de fuerzas del orden, profesionales, dirigentes comunales, entre otros. Se calcula que entre 1987 y 1998 fueron víctimas por el terrorismo 999 miembros de la Policía Nacional del Perú, por lo menos 838 miembros de las Fuerzas Armadas, y no menos de 979 autoridades locales y servidores públicos. Asimismo, atentaron gravemente, contra los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas emplearon tratos humillantes, amenazas y actos de terror contra la población, así como la utilización de coches bomba contra la población civil. Queda por tanto pendiente que se establezca sus responsabilidades ante el país.
De otra parte, la respuesta de los agentes el Estado también generó graves e injustificables violaciones a los Derechos Humanos de miles de peruanos que merecen una explicación y sanción. Según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo más de 4, 000 peruanos fueron víctimas de desaparición forzada sin que hasta la fechase conozca su paradero, se garantice el derecho a la sepultura que asiste a los familiares y se ofrezca la reparación a sus deudos
Asimismo, un número indeterminado de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y torturadas; y miles de personas fueron detenidas y convenidas arbitrariamente. Si bien estas prácticas no son utilizadas más o han disminuido sustancialmente, no es posible admitir que el pasado reciente pretenda ser ocultado a los ojos de la ciudadanía como si se tratara de un asunto de segunda importancia, ni puede tolerarse que la sociedad del nuevo milenio se construya sobre la base del más injustificado de los olvidos.
3 ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD EN EL PERÚ.
Desde el ano 1980, tras 12 años de gobiernos militares, el Perú experimenta una situación de guerra interna, en la que el movimiento subversivo "Sendero Luminoso" (Partido Comunista del Perú) se enfrenta al Estado peruano. El movimiento insurgente transitó de su práctica subversiva inicial al terrorismo, causando miles de víctimas, no sólo de miembros de las fuerzas del orden, sino principalmente, de campesinos, dirigentes gremiales y populares; autoridades comunales profesionales; y población en general. Igualmente las Fuerzas del Estado han cometido graves y numerosos actos de detenciones masivas, torturas, desapariciones forzadas y genocidio contra la población peruana. Esta guerra interna ha producido cerca de 30,000 muertos y más de 5,000 desaparecidos.
En diversos momentos, el Estado a través del Congreso de la República o el Poder Ejecutivo, creó Comisiones investigadoras de la Verdad, para deslindar responsabilidades frente a denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos. Generalmente los gobiernos de turno, después de mucha pugna, cedían a las exigencias de la oposición política y de algunos gobiernos extranjeros preocupados por los Derechos Humanos en el Perú.
La mayoría de las comisiones que se crearon, nacieron con propósitos claramente justificatorios de la política "contra subversiva" oficial. Así ocurrió con la llamada "Comisión Uchuraccay", una de las primeras encargadas de investigar casos de violaciones de los Derechos Humanos en el Perú.
Muy pocas veces las investigaciones encargadas en el Perú han tenido un efecto pacificador y restaurador de la justicia. La impunidad para los violadores de los Derechos Humanos es casi norma oficial. Cuando alguna vez se trató de llegar al fondo de los hechos y sacar a luz a los responsables de actos contra los Derechos Humanos, pronto se levantaron las FF.AA. y policiales para mostrar que se consideran entes sagrados e intocables; y así se impidió el castigo a los culpables.
Por falta de una clara comprensión del fenómeno de la violencia, así como de apoyo del Poder Judicial y de recursos materiales, las diversas comisiones investigadoras de la verdad en el Perú, no han podido, por ello en la mayoría de los casos, llevar a buen término el resultado de sus investigaciones, ni proteger a los informantes y testigos. Muchas personas, luego de presentar sus testimonios y denuncias, fueron desaparecidas o asesinadas por las fuerzas del Estado, o por"grupos desconocidos". Así ocurrió con los testigos de los casos "Uchuraccay", "Soccos", "Cayara", "Umaru y Bellavista", "Accomarca", "Operación Aries-Huallaga", entre otros. Más tarde, las Fuerzas Armadas encargarían esa labor, de eliminar a los testigos o sobrevivientes de masacres a los grupos llamados de "defensa civil", a los que entregó algunas armas.
3.1 Comisión Investigadora de la muerte de los periodistas en Uchuraccay: (Enero 1983)
- Mario Vargas Llosa. (Escritor)
- Mario Castro Arenas. (Periodista)
- Abraham Guzmán Figueroa. (Jurista)
El origen de esta Comisión Investigadora fue el escándalo nacional e internacional ocasionado por el atroz asesinato de ocho periodistas y un guía campesino, el 26 de enero de 1983, en la localidad andina de Uchuraccay, Ayacucho, que debido al crecimiento de la violencia se hallaba en Estado de Emergencia, bajo un total control militar.
Un sector importante del periodismo peruano acusó a los militares y a los "Sinchis" (Policía antisubversiva) de haber fomentado la masacre de los periodistas, quienes procuraban investigar la veracidad de los partes de guerra oficiales, que daban cuenta del asesinato de presuntos miembros de Sendero Luminoso por parte de los propios campesinos.
Los periodistas y los abogados de Ayacucho sospechaban de la puesta en marcha, por las Fuerzas Armadas, de una estrategia de guerra sucia, con torturas, desapariciones forzadas, asesinatos de campesinos de la región en la que actuaba Sendero Luminoso. El desarrollo de la violencia en los meses posteriores, confirmaría la veracidad de estas preocupaciones. Los periodistas se organizaron para viajar a Uchuraccay a fin de investigar por sus propios medios el nuevo curso que estaría tomando la lucha contrainsurgente. Fue así, en la búsqueda de la verdad, como les alcanzó la muerte.
Al conocerse la noticia trágica de la desaparición de los ocho periodistas y su guía, la sociedad peruana se sintió muy conmovida. El Decano del Colegio de Periodistas del Perú, Dr. Mario Castro Arenas afirmó que "Ni en la segunda guerra mundial, ni en los arrozales fangosos de Vietnam habían muerto tantos periodistas juntos como en Uchuraccay". Meses después de la tragedia, el Decano del Colegio de Periodistas lanzaría sus lamentos:
"Qué bochorno, qué vergüenza, que espanto. Los teletipos repiquetearon por el mundo entero, describiendo la tragedia. Los diplomáticos peruanos acreditados en el exterior y los que vivían escondiéndose de la policía de inmigraciones de Nueva York y de la DISIP de Caracas emergieron de su semiclandestinidad para negar que en el Perú existiesen pueblos situados culturalmente en la edad de piedra donde se podría asesinar por error a ocho periodistas con piedras y con palos como las hordas de la era de las cavernas".
Aunque los dirigentes del gobierno anunciaron su interés de que se esclarezca la verdad sobre la masacre de los periodistas, en el fondo, lo que buscaban era obtener un respaldo "académico" a la versión oficial sobre la tragedia, previamente difundida por el Presidente de la República, y que se basaba en los informes del Comando Político Militar de Ayacucho.
El Presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, mediante Resolución Suprema del 27 de enero de 1983, Creo una "Comisión Investigadora de los sucesos de Uchuraccay", con el fin de "contribuir al esclarecimiento de una verdad que reclaman urgentemente la conciencia nacional y la opinión pública del resto del mundo". Se estableció que la Comisión no tendría competencia judicial o policial.
La Comisión trabajó con el apoyo de los antropólogos Juan Ossio, Fernando Fuenzalida y Luis Millones. También asesoraron a la Comisión el jurista Fernando de Trazegnies, el psicoanalista Max Hernández, los lingüistas Rodolfo Cerrón Palomino y Clodoaído Soto, así como el historiador Ricardo Valderrama.
La investigación desarrolló su trabajo desde el 28 de enero hasta el 28 de febrero de 1983, con entrevistas a autoridades militares, policiales y políticas de la zona Convulsionada y la revisión de documentación reservada de las FF. AA., tanto en Ayacucho como en Lima.
Aunque estaba claro que la verdad podría conocerse investigando en el mismo lugar de los crímenes, la Comisión se hizo presente en Uchuraccay solo por cuatro horas, durante un Cabildo Abierto convocado por el Comando Político Militar de Ayacucho. De acuerdo a los militares, en Uchuraccay existía un ambiente de alta tensión, y agresividad contra los foráneos, que ponía en peligro la vida de los integrantes de la Comisión, por lo cual no era recomendable permanecer más de cuatro horas en la zona de la tragedia. Además del reducido tiempo para investigar en el lugar de los crímenes, los miembros de la Comisión tenían la barrera del idioma, ya que la mayoría de la población de Uchuraccay, a la que se acusó de haber cometido el asesinato de los periodistas, sólo hablaba quechua y muy pocos dominaban el castellano.
La Comisión tuvo facultades para interrogar a altos jefes militares y policiales que operaban en la zona de Ayacucho, pero las entrevistas se realizaron en un clima de terror paralizante, investigando solo aquellos aspectos acordados con los militares, revisando documentos poco esclarecedores, evitando asuntos controversiales que Comprometían a las fuerzas del orden en violaciones a los Derechos Humanos.
El Informe y su documentación sustentatoria fue entregado a las autoridades el 4 de marzo de 1983. Inmediatamente se desplegaron esfuerzos para darle difusión internacional, ya que de acuerdo a la Comisión Investigadora, no existía responsabilidad del Estado en la masacre de Uchuraccay. Pero dentro del país el Informe produjo un sabor amargo, una decepción por la forma escandalosa como se quiso limpiar la imagen del gobierno y de las fuerzas armadas que actuaban en Ayacucho.
La Comisión estructuró su informe en cuatro partes descriptivas y analíticas, exponiendo su versión de los hechos, las causas de la masacre, los informes de los asesores, asé como testimonios de testigos. En el Informe se sostiene que "La Comisión ha llegado a la convicción absoluta de que los comuneros que se encontraban en ese momento (el 26 de enero de 1983) en Uchuraccay confundieron a los nueve forasteros (los periodistas y el guía) que se aproximaban, con un destacamento de "senderistas" que venia, sin duda, a escarmentarlos por el linchamiento de varios de los suyos perpetrado en esa misma comunidad en los días anteriores. Esta operación de represalias era temida y esperada en las comunidades iquichanas que habían matado senderistas y mantenía a los comuneros en un estado de ánimo sobresaltado, medroso y furibundo…"
También se afirma que "La Comisión tiene la "convicción relativa" de que los periodistas debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara un diálogo previo, y por una multitud a la que el miedo y el cólera, mezclados, enardecían y dotaban de una ferocidad infrecuente en su vida diaria y en circunstancias normales." Sin embargo, la Comisión aclara que "no puede descartar, que este intento de diálogo se produjera (considerando el hecho de que tres de los periodistas hablaban quechua) y fuese inútil debido al exceso de suspicacia, pánico y furor de los comuneros…"
La Comisión investigadora reitera que una llegado a la "convicción absoluta" de que el asesinato de los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuraccay, posiblemente con la colaboración de comuneros de otras comunidades iquichanas, sin que, en el momento de la matanza, participaran en ellas fuerzas del orden". Más rotundamente Vargas Llosa y sus colaboradores afirman que "La Comisión ha llegado a la convicción absoluta de que los periodistas fueron asesinados porque los comuneros los creyeron terroristas y sin sospechar su verdadera condición".
En Cambio, según el Tribunal de Ayacucho, "los campesinos de Uchuraccay fueron obligados a atacar a los periodistas, por presión de las Fuerzas Armadas. Los comandantes militares y policiales actuaron como instigadores del crimen". El Tribunal ayacuchano identificó a veintisiete comuneros como autores de la masacre, y al general Clemente Noel y Moral (Jefe del Comando Político Militar de Ayacucho) junto con cinco oficiales de la policía y uno de la Marina, como autores intelectuales.
La Comisión Investigadora se encargó de construirle una explicación academicista a las versiones que el gobierno había difundido previamente, indicando que los campesinos asesinaron a los periodistas. Para ello, la Comisión buscó justificaciones étnicas, históricas y culturales, apoyándose en la permanente sed de venganza de los aborígenes andinos contra los blancos opresores. La Comisión sostuvo que los campesinos confundieron las cámaras fotográficas con armas de guerra y pensaban que los periodistas eran terroristas que venían a atacarlos. Así, según la Comisión, los periodistas, fueron víctimas de una desafortunada equivocación".
Un mes después de la presentación del Informe, las fuerzas militares "descubrieron" casualmente las cámaras fotográficas y varios rollos de película de los periodistas victimados, con imágenes que al ser reveladas pusieron en duda muchas de las "convicciones absolutas" de la Comisión. Así se reveló el deficiente trabajo de investigación de la Comisión presidida por Vargas Llosa.
A pesar de que en todo momento las autoridades militares y policiales obstaculizaron al Poder Judicial, para impedir que se esclarezca la verdad del asesinato y aunque existían evidencias de participación "indirecta" de altos jefes militares y policiales en esta masacre, solo tres indígenas de la zona, Dionisio Morales, Simeón Aucatoma y Mariano Cassani, fueron acusados. Otros implicados y testigos, como el Teniente Gobernador, desaparecieron o fueron asesinados en los días de las investigaciones.
Aunque la investigación descartó que los periodistas se hubieran presentado en Uchuraccay como senderistas, supuestamente portando una bandera roja, tal como lo había sostenido el Jefe del Comando Político Militar, ninguna autoridad regional o nacional tuvo la honestidad de reconocer que se había mentido al país, ni mucho menos se esforzaron para reivindicar la memoria de las víctimas. Cuando posteriormente, en 1985, el Tribunal de Ayacucho le preguntó a Vargas Llosa porqué la Comisión Investigadora presentó el Informe con su insólita versión, el escritor sólo respondió que aceptó colaborar con el gobierno apara "salvar a la democracia" y que dirigió la elaboración del Informe guiándose por las declaraciones de los militares.
La actuación de la Comisión investigadora creó problemas al poder judicial, que denunció el avasallamiento de su soberanía por parte del Poder Ejecutivo. Esta confusión demoró el inicio de un proceso legal por la muerte de los periodistas. Y cuando el Tribunal de Ayacucho trató de averiguar la verdad de la masacre, muy pronto el Poder Ejecutivo, así como el Legislativo, le pusieron numerosas trabas, llegando, incluso, a volver a fojas cero el proceso judicial tras dos años de investigaciones. Así, por segunda vez, la verdad de Uchuraccay fue maniatada.
Frente al desamparo en que se dejó a las familias de los periodistas victimados en Uchuraccay, diez años después del asesinato, el 26 de enero de 1993, los gremios de los periodistas realizaron una multitudinaria marcha de protesta, demandando al Estado una pensión de gracia para los familiares de estos periodistas victimados en 1983. Hasta la fecha tal demanda no ha sido atendida.
3.2 Comisión investigadora de las masacres en los Penales. (Agosto de 1986)
Congresistas:
Rolando Ames Cobián. (Presidente)
Jorge del Prado.
Javier Bedoya de Vivanco.
Óscar Felipe Ventura.
Agustín Haya de la Torre.
Áureo Zegarra. (Sector de la minoría parlamentaria).
Romualdo Biaggi Rodríguez.
Judith de la Mata.
César Delgado Barreto.
Miguel Ángel Mufarech.
Humberto Arenas.
Nicanor Asmat Vega.
José Barba Caballero. (Sector de la mayoría)
La masacre de mas de 250 prisioneros políticos en dos cárceles peruanas, los días 18 y 19 de junio de 1986, por parte de efectivos de la Guardia Republicana y de la Marina de Guerra del Perú, originó la creación de una Comisión Investigadora a nivel parlamentario. La mayoría de los reclusos acusados de subversión fueron fusilados después de que se habían rendido. El penal de El Frontón, en El Callao, fue bombardeado pese a que los presos amotinados no representaban gran peligro. No hubo ningún interés en rescatar a los heridos o sobrevivientes. La presión internacional para que se esclarezca la verdad de la masacre fue muy grande, ya que ésta se produjo cuando se celebraba en Lima el Congreso Mundial de la 11 Internacional Socialista.
El Instituto de Defensa Legal, IDL, realizo un análisis jurídico de la acción del Estado para restablecer el orden y la autoridad en los penales, y llegó a la conclusión de que "la respuesta oficial adoptada, estuvo caracterizada por el empleo de una violencia a todas luces exagerada y desproporcionada, producto, sin duda del clima de violencia exacerbada, inhumana e inmoral que hoy envuelve al Perú". Agrega el IDL, que "El saldo desolador de destrucción y muerte (murieron cerca de 300 internos)… basta para dejar constancia de lo irracional, desproporcionado, inhumano y antijurídico que caracterizó al tratamiento oficial dado a los motines en los penales."
La Comisión, nombrada por el Congreso en el mes de agosto, tardó mas de un año para instalarse, y desde el principio se dividió en dos bloques irreconciliables, debido a que los parlamentarios del oficialismo no querían realizar una investigación seria e independiente que identifique a los responsables de la masacre. Más bien, trabajaron para impedir el esclarecimiento de los hechos.
La Comisión tuvo facultad para citar en calidad de testigos a agentes policiales y miembros de la marina de guerra, ministros de Estado, jueces, fiscales, y familiares de las víctimas. La Comisión también acudió al peritaje técnico del Colegio de Ingenieros, a fin de verificar o desmentir la versión gubernamental de que los pabellones de los prisioneros de El Frontón fueron derribados "casualmente", lo cual impidió el rescate de los heridos o sobrevivientes. El peritaje técnico descartó la versión del gobierno.
Originalmente las más altas autoridades del país prometieron cooperar para que se esclareciera la responsabilidad de los autores de la masacre de los penales, y para que nunca más se repitieran esos graves hechos. El Presidente de la República, Alan García, prometió efectuar una minuciosa investigación de la matanza, y llegó a proclamar: "O se van ellos, (los culpables del genocidio) o me voy yo". Al final, ninguno de los altos oficiales involucrados en la masacre se fue.
Conforme las investigaciones demostraban que días antes de la masacre miembros del gobierno habían amenazado de muerte a los reclusos, como lo hizo el Ministro de Marina, y habían ordenado la actuación de las Fuerzas Armadas para debelar el motín, sin estimar las consecuencias; las principales autoridades del gobierno se obsesionaron en impedir el real conocimiento de la verdad. Las acusaciones de responsabilidad penal incluyeron al Presidente de la República, Alan García Pérez, así como al Viceministro del Interior, Agustín Mantilla, y los ministros de Guerra y de Marina, Julio Pacheco Concha, entre otros miembros del gobierno, que aseguraron que el amotinamiento de los reclusos puso en peligro la seguridad de la República". Las investigaciones de la Comisión demostraron que el motón de los reclusos ni siquiera alteró el transporte público o privado en el Perú, y que con un poco de esfuerzo habría tenido una solución no violenta.
Debido a que no hubo consenso en cuanto al tratamiento de la información obtenida y la responsabilidad ante el país de presentar la verdad, la Comisión Investigadora se dividió, y al final se presentaron dos informes. Uno suscrito por los parlamentarios del partido del Gobierno y sus aliados (que fue aprobado), y otro suscrito por el presidente de la Comisión y parlamentarios de la oposición, en Minoría.
El informe del sector de la Minoría señala que "Está demostrada la imprevisión de las autoridades gubernamentales", ya que las autoridades del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, no cumplieron con las especificaciones respecto a la clasificación de internos o a las medidas de seguridad indicadas en el Código de Ejecución Penal". De aquí se establece la responsabilidad penal y administrativa del Ministro de Justicia, Luis González Posada, y del jefe del INPE, Manuel Aquézolo.
También en el informe se sostiene que: "Está demostrado que los comunicados oficiales públicos proporcionaron información falsa que magnificaba los hechos de los motines," y que "está demostrado que el gobierno, al incumplir con su obligación de proteger la vida humana, dio órdenes que trajeron como consecuencia un injustificable número de muertes". Aquí se precisa que "La opción tomada de "debelar los motines a través de la fuerza militar, en el plazo más breve y perentorio", significaba poner en grave e innecesario peligro la vida de los rehenes y los internos. Igualmente se indica que "La fuerza militar utilizada fue desproporcionada en relación al peligro realmente existente y las formas de ataque implementadas tampoco revelaron precaución alguna por reducir los costos humanos del develamiento."
Además, el informe en minoría señala que "Está demostrado que algunos miembros de las Fuerzas del orden realizaron graves actos contra la vida de los internos, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales. Ante esto, se recomienda promover acciones penales contra el coronel de la Guardia republicana Rolando Cabezas, el general del Ejército Jorge Rabanal Portilla, el general de la Policía Máximo Martínez Lira, así como contra el Almirante Víctor Nicolini y el Vice Almirante Victor Ramírez Isola.
El informe en Minoría reitera que "Está demostrado que el gobierno aprobó y aplicó un Decreto Supremo inconstitucional", por lo cual, la responsabilidad penal recae también en el Presidente de la República y en el Consejo de Ministros.
La Comisión liderada por el senador Rolando Ames, presentó recomendaciones de carácter jurídico penal así como de medidas políticas y administrativas, entre las cuales se destacan:
- La transformación y democratización integral del Estado.
- Nueva concepción de la Defensa Nacional. Esta debe basarse en la soberanía nacional, revisión de las nuevas leyes del Sistema de Defensa Nacional, nueva formación institucional, una estrategia de paz alternativa, recuperación de la iniciativa política y conquista de una amplia base social, a fin de mantener una superioridad moral.
- Respeto a las Normas internacionales y nacionales de protección de los Derechos Humanos.
- Reformas Indispensables. Aquí se propone, entre otras cosas, mejorar la infraestructura y servicios en los penales, ejecutar reformas en la política penitenciaria para "hacer de los centros de detención lugares donde sea posible la rehabilitación de los internos, y dar oportunidades al interno de recuperar su identidad humana y social".
En cuanto a la Administración de Justicia, se reconoce la necesidad de un Poder Judicial eficaz en el ejercicio de sus facultades de control a las acciones del Poder Ejecutivo. "Cuando se presentan situaciones de emergencia, como las estudiadas, estando de por medio la vida de las personas, rehenes e internos, los jueces deben ejercer sus facultades legales de protección de los derechos de las personas". Como otras buenas recomendaciones, esta también quedaría en letra muerta. En los años posteriores los motines en los penales siguieron resolviéndose Conga violencia, con resultados trágicos.
Ésta Comisión también presentó recomendaciones en cuanto al rol de las fuerzas policiales, y sobre el rol del Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, a fin de establecerlos como órganos interdependientes con los otros poderes del Estado. El Informe aprobado por el Congreso, el de la Mayoría oficialista, no acepta responsabilidad penal del Presidente de la República ni de otros miembros del Poder Ejecutivo.
Poco después de la presentación del Informe de la Minoría, pese a que tanto el homicidio como el genocidio son delitos comunes, la Corte Suprema de Justicia del Perú, emitió una Resolución trasladando al fuero militar el proceso seguido contra los responsables de la masacre en los penales. Luego, tras una parodia de juicio a los autores de la matanza, se exculpó a los principales responsables civiles y militares. Las investigaciones de la Comisión, las evidencias de responsabilidad penal de altos oficiales del Ejercito, la Marina, la Policía, y de miembros del gobierno, no fueron tomadas en cuenta por el Poder Judicial.
Incluso en las Naciones Unidas, ante las acusaciones presentadas contra el Estado peruano en la Comisión de Derechos Humanos, el representante del gobierno, senador Javier Valle Riestra, sostuvo que no existe responsabilidad del gobierno en los crímenes de los penales, porque "fueron perpetrados por agentes estatales con mentalidad autoritaria que cubrieron de ludibrio a nuestra democracia". Trató de ocultar la matanza de los prisioneros con poemas metafísicos y citas en latín.
Posteriormente, tras siete años de investigaciones y negociaciones jurídicas-diplomáticas, en 1994, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó una sentencia relacionada a la masacre en el penal de El Frontón, ordenando al gobierno peruano indemnizar a los familiares de tres de las víctimas.
SUBCAPITULO II
ANÁLISIS DE LA LEY DE FORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN
1. FUNDAMENTO DE LAS COMISIONES DE LA VERDAD.
Las consecuencias de esta realidad no han sido suficientemente atendidas por el Estado ni por la sociedad peruana. De allí que resulte necesario, para conocer lo que realmente sucedió para determinar las responsabilidades individuales e institucionales, y para comprender las causas y factores que posibilitaron que se llegar a tal situación, establecer una comisión de la verdad. Sólo así se conocerán los errores cometidos y pedagógicamente, se comprenderán el contexto y las decisiones entonces tomadas para que no se repitan y el Estado y la sociedad peruana puedan dar pasos firmes para la consolidación de la paz e iniciar consciente y voluntariamente la re-institucionalización democrática del país y de la reconciliación nacional.
La creación de una Comisión de la Verdad, se fundamenta en la necesidad de no olvidar ni ocultar el pasado reciente que nos tocó vivir; de dejar para las generaciones futuras una memoria histórica y colectiva que permita conocer lo sucedido y reconstruir sobre bases sólidas las institucionalidad democrática y la plena vigencia de los Derechos Humanos del país.
La consolidación del proceso de pacificación requiere de la conformación de una Comisión de la Verdad, integrada por personas de innegable trayectoria moral, que se haga cargo del estudio de los hechos vinculados a las violaciones de los Derechos Humanos en el Perú, tanto por acciones imputables a grupos terroristas, como los derivados de la acción estatal. Dicha Comisión debe dejar constancia de los hechos de violencia ocurridos en el país durante las dos última décadas y las responsabilidades correspondientes, así como identificar las causas de la violencia subversiva y las necesarias acciones que deben tomarse para impedir que ésta vuelva a afectar a la sociedad peruana.
Iniciar este proceso de reconstrucción histórica contribuirá al fortalecimiento del Estado de Derecho y sentará las bases para un proceso de reconciliación nacional que atienda las aspiraciones de verdad, justicia y reparación de los familiares de las víctimas, en la cual se pueda construir un país diferente.
En el escenario internacional, otras sociedades en América Latina han recurrido a instrumentos semejantes como ya mencionamos, en Chile, Argentina, Guatemala, etc, y en otras latitudes, experiencias como la de Sudáfrica, son también aleccionadoras.
Asimismo, el Perú está obligado por múltiples instrumentos de Derecho Internacional que buscan proteger los derechos que esta comisión intenta salvaguardar. Así por ejemplo, el Perú ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. También ha ratificado la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura. Por lo tanto, la Comisión de la Verdad contribuirá a los fines buscados por estos tratados.
El grupo de trabajo creado por Resolución N° 304-200-JUS, luego de catorce sesiones de labor, y en consulta con amplios sectores del Estado y la Sociedad Civil peruana, presenta este proyecto que plasma la explotación de criterios para establecer una Comisión de la Verdad, su mandato, objetivos y organización, así como otras medidas comprendidas en le informe y recomendaciones que aquí se señalen.
La consulta nacional efectuada se ha dirigido a catorce sectores distintos a nivel nacional comprendiendo tanto a la población que fue directamente afectada por el conflicto interno, como a los ámbitos más representativos de la vida nacional, en el Estado y la Sociedad. Es importante enfatizar que los resultados de la consulta confirmaron las apreciaciones que sobre el tema compartieron las integrantes del Grupo de Trabajo.
Para la elaboración del Proyecto de Decreto Supremo, el grupo de Trabajo ha contado además con la asesoría de expertos nacionales y extranjeros. Ha revisado la literatura existente, las normas de creación de otras comisiones de la Verdad en la región y distintos lugares del mundo y documentos de opinión y análisis sobre la materia.
2. OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN
Un primer objetivo es el esclarecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos. Ello porque resulta de suma importancia saber que sucedió. En un sentido, la prensa y la opinión pública ha conocido más ampliamente los actos cometidos por los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pero ha habido menos oportunidad, por el control hacia los medios de información y las restricciones que de hecho existieron en las zonas de mayor incidencia del conflicto interno, de conocer las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas del orden.
En esta medida, las actuaciones de la Comisión de la Verdad llevarán a determinar las responsabilidades a que hubiere lugar, en los planos personales e incluso institucionales, que pudieran existir.
Tratándose la Comisión de la Verdad de un mecanismo no jurisdiccional, su indagación y eventual juicio de valor, serán éticos y no sustituyen a la actuación de los tribunales de justicia. En tanto que la verdad material es una sola, su aporte será una contribución a la justicia.
El estudio de los hechos lleva consigo el análisis del contexto en el que se produjeron y más allá de una motivación académica, el propósito de la labor de la Comisión será instrumental con el fin de aclarar las políticas aplicadas, los métodos de actuación y los patrones de conducta en que incurrieron los actores de la violencia política.
Otro objetivo que viene aparejando con la labor descrita consiste en formular las propuestas de reparación integral y de dignificación a las víctimas. Este objetivo atiende a uno de los aspectos que se encuentran pendientes de asunción por el Estado. Es el caso de algunos sectores de desplazados y de los inocentes indultados, si bien queda mucho por hacer en el terreno de la reparación integral a las víctimas.
En el caso de otras víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, no existe medida alguna en su favor, por lo que es un vacío que la Comisión de la Verdad podría remediar.
En lo que respecta al cumplimiento de los objetivos aquí comentados, se propone la conformación de un mecanismo de seguimiento o supervisión de las recomendaciones que formule la Comisión de la Verdad.
3. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN.-
El grupo de trabajo optó por determinar el tipo de hechos en los cuales actuará la Comisión de la Verdad, circunscribiéndolos a los que se cometieron básicamente entre mayo de 1980 y diciembre del 2000, por parte del Estado o los Grupos subversivos en el proceso de la violencia política. La propia comisión contará con la discrecionalidad de abordar otras graves violaciones a los Derechos Humanos, siempre y cuando hayan sido cometidos en el periodo indicado.
Los hechos bajo el mandato de la Comisión serán la desaparición forzada de personas, las torturas, asesinatos y otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas, cuando se trate de actos atribuibles al Estado o sus agentes. Los secuestros, asesinatos, violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas, nativas y otras graves violaciones a los derechos de las personas cometidas por los grupos terroristas, paramilitares y algunos agentes de las FF. AA., y FF. PP., serán también comprendidas en la labor de la Comisión.
En este aspecto, la comisión precisará los niveles de participación de las personas involucradas y dispondrá de amplitud para concluir con un juicio de valor diferenciado de lo que podrían establecer como suficiente los tribunales de justicia.
3.1 SEGURIDADES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN Y EL DEBER DE COOPERACIÓN.-
El nombramiento de los miembros de la Comisión de la Verdad por parte del Presidente de la República, así como la naturaleza excepcional de su mandato y lo delicado de su misión, compromete al poder ejecutivo a otorgar las garantías de seguridad y protección personales a los comisionados y el respaldo necesarios a la Comisión para el cumplimiento de sus objetivos.
Asimismo, el respaldo del Estado y el compromiso con la verdad de parte de todas las entidades y funcionarios públicos deber traducirse en el apoyo y cooperación constantes con la Comisión a efectos de hacer efectiva las labores que esta desarrolle.
Dado que el incumplimiento del deber de cooperación afecta seriamente el compromiso con la verdad y el logro de los objetivos para los cuales fue creada la Comisión, ésta deberá poner en conocimiento tal incumplimiento al titular del sector y organismo correspondiente para las acciones a que hubiere lugar.
3.2 LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD.-
Para alcanzar los objetivos de la Comisión de la Verdad es necesario dotarla de amplias atribuciones. Entre las principales características de tales atribuciones podemos citar aquellas dirigidas a facilitar el trabajo de recopilación de información y testimonios de cualquier persona o autoridad, así como de practicar las diligencias que consideren necesarias con el apoyo de personal especializado.
Asimismo otro grupo de atribuciones están dirigidas a dotar a la Comisión de mecanismos que le permitan asegurar el carácter reservado de sus actuaciones cuando así lo estime conveniente, ello le permitirá el acopio de información y testimonios en un clima de confidencialidad que muchas veces por lo complejo del tema es necesario otorgarlo. Del mismo modo es necesario facultar a la Comisión para adoptar las medidas adecuadas que aseguren la protección de quienes le proporcionen información relevante o colaboren en su trabajo.
3.3 PLAZO DE TRABAJO
El plazo otorgado a la Comisión ha tomado en cuenta la complejidad del problema, el periodo de la investigación que recae bajo su mandato, las posibilidades de acceso a información, las particularidades geográficas y culturales; así como los aspectos técnicos y logísticos. Por ello se ha establecido un plazo de 18 meses prorrogables a 5 meses, más contados a partir de su efectivo funcionamiento.
4. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
La designación de los miembros de la Comisión se establece por una decisión presidencial. El hecho de encontrarnos en un periodo de transición democrática, el amplio respaldo ciudadano a este régimen y la legitimidad moral de un gobierno que no se encuentra en contienda electoral brindan elementos que fortalecen una opción de este tipo.
Asimismo, la experiencia de países de América Latina que conformaron comisiones de la verdad mediante decisiones del Poder Ejecutivo, confirman que esta forma de creación no trae consigo limitaciones para su actuación toda vez que el respaldo de este tipo de comisiones recae en la solvencia moral de sus miembros, en el compromiso ético de la clase política y la exigencia de gran parte de la ciudadanía.
Otro elemento a considerar es le relativo a que los miembros de la Comisión serán representantes de la sociedad civil, por el rol protagónico de ésta en el proceso reciente del país, por no partidarizar la cuestión y por su experiencia cada vez más notoria en distintos procesos de democratización del Estado y la propia sociedad.
4.1. CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN
El criterio fundamental es el de la legitimidad moral de los comisionados. Tanto el respaldo ético al gobierno en el cual se originará la Comisión, como la correspondiente autoridad moral de los que sean nombrados, es clave para todo lo que la comisión pueda realizar. En esa línea, la propuesta indica que los comisionados deben contar con una trayectoria ética y democrática, única titularidad para asumir el cargo.
Tratándose de una determinación de trascendencia nacional, su designación se debería hacer con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros mediante resolución suprema.
5. ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN
La conformación de la Comisión de la Verdad supondrá procesar una de las experiencias más complejas y difíciles de la vida republicana en los últimos 20 años. Por ello es necesario que el Estado se comprometa a aportar lo mejor de sus recursos para le logro de los objetivos de la Comisión y su buen funcionamiento. Será la propia comisión que elaborará el presupuesto que demandará su funcionamiento.
Se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Comisión de la Verdad, este sector deberá proveer los recursos por medio de una transferencia presupuestal adecuada, proyectando para ello el correspondiente Decreto de urgencia. Por otro lado, el Poder Ejecutivo propondrá una partida presupuestal específica, dentro del rubro que resulte más pertinente, dentro del proyecto de ley referido al Presupuesto General de la Nación del próximo ejercicio fiscal.
Por otra parte, los resultados de su trabajo deberán ser apreciados en la medida que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, la realización de la justicia y la reparación integral de las víctimas.
Los recursos que el Estado pudiera emplear para asumir el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, siempre serán inferiores a los beneficios sociales, políticos y también económicos que pueden lograrse con la instalación de la Comisión de la Verdad.
La experiencia de varios países en América Latina y la realidad de la globalización e internacionalización de la problemática de los Derechos Humanos así lo demuestran
CAPITULO V
RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA
1. ¿Cuáles son las funciones del Estado? (Puede marcar mas de una alternativas). | ||||||||||||||
% | CANT. | |||||||||||||
Defender el territorio patrio. | 100% | 100 | ||||||||||||
Garantizar la vigencia de los derechos humanos en el país. | 100% | 100 | ||||||||||||
Velar por la seguridad y la convivencia pacífica de los pobladores | 96% | 96 | ||||||||||||
Promover el bienestar general a través de la Justicia y la Igualdad. | 100% | 100 | ||||||||||||
Dar trabajo a todos los peruanos | 100% | 100 | ||||||||||||
2. ¿El Estado viene cumpliendo con sus funciones? (Marcar sólo una alternativa) | ||||||||||||||
| % | CANT. | ||||||||||||
De manera total | 0% | 0 | ||||||||||||
De manera parcial | 36% | 36 | ||||||||||||
No cumple con sus funciones | 64% | 64 | ||||||||||||
100% | 100 |
| ||||||||||||
3. ¿Usted o sus familiares han sido víctimas del proceso de violencia política "terrorismo" que vivió en país entre los años 1980 al 2000? (Marcar sólo una alternativa). | ||||||||||||||
| % | CANT. | ||||||||||||
Sí | 79% | 79 | ||||||||||||
No | 21% | 21 | ||||||||||||
100% | 100 | |||||||||||||
4. De que forma fue afectado usted o sus familiares en el proceso de violencia política "terrorismo". (Puede marcar mas de una alternativas). | ||||||||||||||
% | CANT. | |||||||||||||
Muerte | 35% | 35 | ||||||||||||
Desaparición | 41% | 41 | ||||||||||||
Tortura o malos tratos | 23% | 23 | ||||||||||||
Detención arbitraria o secuestro | 47% | 47 | ||||||||||||
Violencia sexual | 0% | 0 | ||||||||||||
Procesos judiciales / problemas judiciales | 45% | 45 | ||||||||||||
Desalojo o desnutrición de bienes y propiedades | 31% | 31 | ||||||||||||
Utilización forzada de personas | 1% | 1 | ||||||||||||
Otras violaciones de Derechos Humanos | 1% | 1 | ||||||||||||
224% | 224 | |||||||||||||
5. ¿Ha escuchado hablar sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación "CVR"? | ||||||||||||||
Sí | 97% | 97 | ||||||||||||
No | 3% | 3 | ||||||||||||
100% | 100 | |||||||||||||
6. ¿ Cuáles son las funciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? (Marcar sólo una alternativa). | ||||||||||||||
% | CANT. | |||||||||||||
Investigar las violaciones de Derechos Humanos | 9% | 9 | ||||||||||||
Hacer cumplir las promesas que las autoridades hicieron durante el proceso electoral. | 6% | 6 | ||||||||||||
Descubrir las cuentas de Fujimori y Montesino en el extranjero. | 9% | 9 | ||||||||||||
Determinar las causas que generaron la violencia política en el país. | 6% | 6 | ||||||||||||
Investigar las violaciones a los derechos humanos para determinar las causas por las cuales se inicia el proceso de violencia política "terrorismo" en el país y dar recomendaciones para que esto no se repita. | 70% | 70 | ||||||||||||
100% | 100 | |||||||||||||
7. Fue necesario crear la Comisión de la verdad (Marcar sólo una alternativa) | ||||||||||||||
Sí | 88% | 88 | ||||||||||||
No | 12% | 12 | ||||||||||||
100% | 100 | |||||||||||||
8. Para los que contestaron que SI ¿Por qué fue necesario crear la CVR? | ||||||||||||||
% | CANT. | |||||||||||||
Para conocer la verdad | 27% | 24 | ||||||||||||
Para que se juzgue a los culpalbles | 52% | 46 | ||||||||||||
Para que se repare a las víctimas | 14% | 12 | ||||||||||||
Otros: | 7% | 6 | ||||||||||||
100% | 88 | |||||||||||||
9. Para los que contestaron que NO ¿Por qué no fue necesario crear la CVR? | ||||||||||||||
% | CANT. | |||||||||||||
Se abren heridas | 58% | 7 | ||||||||||||
Es necesario olvidar lo que ocurrió | 8% | 1 | ||||||||||||
Incentiva al odio | 33% | 4 | ||||||||||||
Otro: | 0% | |||||||||||||
100% | 12 | |||||||||||||
| 10. Al finalizar el periodo de funcionamiento al CVR ésta realizará un informe sobre su trabajo en la cual debe incluir recomendaciones y expectativas, con el fin de que el proceso de violencia no se repita. ¿Qué debe hacer el Estado debe hacer con las recomendaciones? (Marcar sólo una alternativa). | ||||||||||||||
cumplir con todas las recomendaciones | 89.00% | 89 | ||||||||||||
realizar alguna de las recomendaciones | 8.00% | 8 | ||||||||||||
dejar de lado las recomendaciones que presentó la CVR | 3.00% | 3 | ||||||||||||
100% | 100 | |||||||||||||
11. Si el Estado peruano no cumple con las recomendaciones que emanen del informe presentado por la CVR.¿Qué hará? (Marcar sólo una alternativa). | ||||||||||||||
| % | CANT. | ||||||||||||
No le interesa | 3.00% | 3 | ||||||||||||
Exigir el cumplimiento de las recomendaciones que presentó la CVR (total o parcial) | 92.00% | 92 | ||||||||||||
Buscar mecanismos de protección paralelos a las instituciones de seguridad y orden estatal | 5.00% | 5 | ||||||||||||
100% | 100 | |||||||||||||
12. ¿Qué actitud tomará frente al Estado si nuevamente se inicia el proceso de violencia política en el país?. | ||||||||||||||
| % | CANT. | ||||||||||||
Desconfianza en las instituciones del Estado peruano | 92% | 92 | ||||||||||||
Deslegitimar al Estado, porque no cumple con sus deberes escenciales | 7% | 7 | ||||||||||||
Otro: | 1% | 1 | ||||||||||||
100% | 100 | |||||||||||||
SUBCAPITULO II
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA
1. CUESTIÓN PREVIA: LOS DEBERES ESENCIALES DEL ESTADO
Nuestra Constitución Política de 1993, en el Título I, Capitulo I Derechos Fundamentales de la persona, artículo 1 señala: "la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En concordancia con el Titulo II del Estado y la Nación, Capítulo I Del Estado, La Nación y el Territorio, artículo 44, que prescribe en su primer párrafo: "son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los Derecho Humanos; proteger a la nación de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación".
Situación que la mayoría de la población representada en el número de encuestados tienen claro cuales, conociendo cuales son las funciones intrínsecas que nuestros gobernantes de tuno tienen que realizar, las cuales están aparadas en nuestra Carta Magna.
Sin embargo cuando este grupo de personas refiere si el Estado está cumpliendo a cabalidad estos "Deberes Esenciales"; nos indica que el éste no biene cumpliendo a plenitud estas funciones
Según el trabajo de investigación realizado por Desco, indica que entre 1980 y 2000 en el Perú hubieron 26 540 víctimas del proceso de violencia política de los cuales: 1 233 eran miembros de las FF.AA., 1 589 miembros de las FF.PP., 11 935 ciudadanos y 11 783 presuntos miembros de grupos alzados en armas. Situación que se refleja en la encuesta realizada, la cual muestra que del 100% entrevistados, el 79% han sido victimas de la vulneración de sus derechos inherentes, destacando a demás que dentro de este porcentaje de victimas (79%), se han producido 224 violaciones de sus derechos humanos entre las cuales destacan: asesinato o ejecución extrajudicial, desaparición, tortura o malos tratos, detención arbitraria o secuestro, violencia sexual, procesos judiciales o problemas judiciales, despojo o destrucción de bienes, utilización forzada de personas, entre otras violaciones de los derechos que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que el Estado Peruano ampara.
Ante el incumplimiento por parte del Estado del fin supremo y sus "deberes esenciales" el gobierno transitorio del Dr. Valentín Paniagua Curazao, consiente de esta ineficiencia durante el proceso de violencia política, el cual perdura hasta la actualidad (para el cumplimiento de este "Deber Esencial"), por Decreto Supremo N° 065-2001- PCM, publicada el 4 de junio del 2001, crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La cual busca impulsar entre los peruanos la reconciliación nacional; la cual se basa, en el ejercicio de los derechos a: la información (saber que pasó), a la tutela jurídica (sanción a los responsables de las violaciones de Derechos Humanos), a la convivencia pacifica (creando mecanismos estatales de protección y respeto a los derechos inherentes de la persona). Voluntad política aprobada por el 88% de los encuestados. Siendo según los resultados de una encuesta realizada en noviembre del 2001 por la encuestadora APOYO, el organismo de mayor credibilidad a nivel nacional.
2. SUSTENTO PARA QUE SE CREE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN Y SUS FUNCIONES Y SU PROYECCIÓN AL FUTUTO.
Dentro de los considerandos que se dieron para que se cree la Comisión de la Verdad en el D. S, 065-2001-PCM, indica: "que un Estado y sociedad democráticos deben enfrentar el pasado con firmeza y sin ánimo de venganza, esclareciendo todos los hechos reñidos con las libertades y postulados democráticos". Añade también que "es el medio idóneo para esclarecer los hechos de violencia terrorista y las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante este periodo como para que éstos no se repitan, creando las condiciones necesarias para la reconciliación social fundada en la justicia".
Para que Comisión de la Verdad, logre estos propósitos y tomando en consideración experiencias de otros países y la propia realidad peruana, encomendó que al final de su trabajo desarrolle: una análisis de las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, que estimularon que se genere en el país el proceso de violencia política. También contribuir con el esclarecimiento por los órganos, jurisdiccionales respectivos, sobre las violaciones de Derecho Humanos por los agentes de la violencia política, procurando determinar el paradero y la situación de las víctimas. Establecer propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y familiares. Además de recomendar reformas institucionales bajo el marco por el cual se asegure que los hechos ocurridos en el país no se repitan jamás.
3. REVALIDACIÓN DE NUESTRAS HIPÓTESIS
Conforme a los resultados de nuestro trabajo de campo las hipótesis formuladas se afirman
HIPÓTESIS GENERAL:
El informe que emane de la comisión de la verdad y reconciliación no es un elemento suficiente para que no se repita el proceso de violencia política en nuestro país. Siendo necesario para que esto suceda que el Estado Peruano cumpla con estas recomendaciones en su totalidad y solo de esta manera se cumpliría con el objetivo la referida comisión y el estado estaría reconciliándose con la ciudadanía, buscando el cumplimiento de sus funciones en totalidad, por que el contexto en el que se desarrolló la violencia política no ha variado (las políticas institucionales que se aplicaban en el referido periodo -1980 2000- no han variado en esencia).
A. PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA
Es afirmada por que la población deslegitimaría los mecanismos de protección estatal, creando mecanismos de auto defensa para que se respeten sus derechos. Claro ejemplo se da en la actualidad con la contratación de servicios de vigilancia.
B. SEGUNDA HIPÓTESIS
No tiene sentido el gasto operacional que viene realizando la Comisión de la Verdad y Reconciliación, si la recomendaciones que pueda generar ésta en su informe no se cumplan
1. La ineficacia del Poder Judicial para aplicar las leyes e imponer la justicia ante las violaciones a los derechos humanos exige la existencia de Comisiones de la Verdad.
2. Las Comisiones de la Verdad en América Latina muestran diferentes procesos de organización, desarrollo, y aportación democrática, siendo difícil establecer un modelo base de comisión de la verdad , por lo mencionado anteriormente, por su clasificación y el contexto en el que se desarrolla por lo cual también es difícil establecer atribuciones.
3. Los esfuerzos de las Comisiones de la Verdad contribuyen relativamente a la pacificación nacional, al revelar la historia oculta de la violencia, y abrir la posibilidad de sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
4. Cuando la investigación de las Comisiones de la Verdad no conduce a sancionar a los violadores de los derechos humanos, se convierte en un mecanismo de impunidad, un recurso oficial para superar el pasado sin curar las heridas.
5. Para que una Comisión de la Verdad tenga éxito, además de la participación de los organismos de derechos humanos, se requiere un amplio movimiento de apoyo popular, en el cual las organizaciones políticas, religiosas, académicas, sindicales, campesinas y otras unan sus esfuerzos. La búsqueda de la verdad tiene más posibilidades restauradoras en la sociedad cuando forma parte de un esfuerzo abierto de pacificación nacional que compromete a la mayoría de la población.
6. Las Comisiones de la verdad tienen mas probabilidades de llegar al conocimiento pleno de la verdad cuando actúan en el período inmediatamente posterior a la finalización de la crisis de violencia.
7. Las investigaciones encargadas en medio del proceso de violencia tienden a ser parciales e incompletas, por el peligro que conlleva identificar y señalar públicamente a los culpables de violaciones a los derechos humanos.
8. Las comisiones independientes tienen más probabilidades de llegar al conocimiento de la verdad que aquellas integradas por personas que forman parte de gobiernos acusados de cometer las violaciones a los derechos humanos.
9. Las investigaciones globales de los sucesos de toda la etapa de violencia y las medidas de reparación tienen un impacto restaurador de la paz social mayor que las investigaciones y las soluciones parciales.
10. Afirmar la hipótesis general, que señala la necesidad de que se cumplan las recomendaciones emitidas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como el mecanismo para que la violencia política en el país no se repita.
11. Afirmar la primera hipótesis específica, que señala que de no cumplirse las recomendaciones que expida la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe final se producirá la deslegitimación del Estado peruano por la población la cual al verse desprotegida articulará mecanismos de autodefensa, para hacer vigente el respeto a sus derechos.
12. Afirmar la segunda hipótesis específica, que señala el Estado peruano cumple con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, existe la probabilidad de que el proceso de violencia política ocurra nuevamente en el país, y de nada habrá servido crear comisión en mención.
Ante el resultado que nos nuestra la investigación realizada damos la siguiente propuesta legislativa:
CONSIDERANDO:
Que la justicia y la verdad son condiciones indispensables para asegurar la reconciliación nacional, dentro del declarado propósito de construir una nación libre de violaciones a los derechos humanos;
Que en el desarrollo del proceso de violencia que sacudió el país desde 1980 se produjeron graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, que no han recibido plena y debida atención y que han causado daño a miles de peruanos, incluido el asesinato, la tortura, la desaparición forzada, el desplazamiento interno y el uso de métodos terroristas;
Que es política de este gobierno enfrentar el pasado con firmeza pero sin venganza, así como mirar al futuro con una sólida convicción democrática y de reconciliación.
En esta perspectiva, establecer la verdad y buscar salidas justas y dignas son condiciones indispensables para la reconciliación nacional y la construcción de la paz y la justicia en la nación;
Que estos objetivos deben cumplirse en el marco de las obligaciones que el Estado peruano tiene de conformidad con los Tratados Internacionales de los que es parte, así como de la Constitución y leyes vigentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1º Que resulta necesario para poder llegar finalizar con los objetivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación destinar un porcentaje del PBI a partir del presupuesto nacional del 2004, destinado a cumplir las recomendaciones que presente la referida Comisión. El presupuesto que se destine para tal fin será otorgado por un periodo de 10 años el cual se podrá ampliar.
Articulo 2° Establézcase un Grupo de Trabajo interinstitucional que el año 2014, evalúe el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación
Artículo 3º: El Grupo de Trabajo tiene un plazo de 180 días calendario contados a partir de la fecha de su instalación para presentar un Informe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Magisterio de la Iglesia | Es la acción por la cual el Papa, los concilios y los Obispos unidos en Roma intervienen en materia social |
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Estado | Estructura política de la sociedad, con un territorio; goza de soberanía política, con un ordenamiento jurídico legal, órganos de gobierno y autoridades legítimamente designadas |
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Violencia política | Conjunto de acciones de un determinado grupo para alcanzar el poder de un país, las cuales generan la violación de los Derechos Humanos. |
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Bien Común | Es la suma de aquellas condiciones de vida social mediante las cuales los hombres, pueden conseguir con facilidad y plenitud su propia perfección y consiste sobre todo en el respeto a los derechos y deberes de la persona humana. |
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Socialismo | Sistema con marcado acento en la dirección centralizada de la economía, que promueve la concentración de los medios de producción de importantes sectores económicos como propiedad del estado. |
Tiranía | Concepción del estado que reúne el poder en una sola mano, de manera absoluta y arbitraria, negando la distribución de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial y eliminando el ejercicio de la colegialidad en la conducción de la sociedad hacia el bien común |
Secularismo | Lleva consigo la absorción de la Iglesia por el Estado, es un movimiento de ideas y costumbres defensor de un falso humanismo que hace abstracción de Dios y que muchos casos se manifiesta en el culto del hacer y del producir. |
Legalidad | Todo lo que esta de acuerdo o conforme a lo prescrito en la ley |
Legitimidad | Aceptación y reconocimiento libre por parte los gobernados. |
|
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Grupos alzados en armas | Agrupación de personas que buscan tomar el poder para gobernar a través de acciones armadas. |
Derecho Internacional de los Derechos Humanos | Conjunto de instrumentos internacionales aprobados y suscritos por las colectividades estatales para reconocer los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y adoptar mecanismos destinados a otorgarles protección en el ámbito supraestatal |
BASOMBRIO IGLESIAS, CARLOS.
1997 ¿Están las fuerzas armadas en América Latina subordinadas a la democracia? Lima: IDL.
HABERMAS, PRISCILA.
2000 Verdades Nunca Reveladas. New York.
ROSPIGLIOSI FERNANDO.
2000 Montesinos y las fuerzas armadas IEP. Lima.
DE LA JARA BASOMBRÍO, ERNESTO.
2001 Memoria y Batallas en Nombre de los Inocentes. Lima: IDL .
GONZALES CUEVA, EDUARDO.
2000 El reto de la verdad y la justicia. Lima: MINJUS.
SERVICIOS EDUCATIVOS PROMOCIÓN Y APOYO RURAL
1992 Cifras y Cronología de la violencia política en la Región Central del Perú (1980 -1991).
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
2001 Memoria para los ausentes. Lima.
CARDENAL ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
1990 Liberación y Reconciliación. Lima.
A mi madre.
AGRADECIMIENTO
Quiero mostrar mi mas profundo agradecimiento a las entidades y personas que prestaron un momento de su valioso tiempo para colaborar en el desarrollo de la presente investigación
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
- Aprodeh.
- Pastoral y Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo.
- Instituto Bartolomé de las Casas.
- Amnistía Internacional Sección Peruana .
- Fe y Esperanza .
- Sr. Abogado Javier Ciurlizaa Contreras Secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
- Sra. Sociologa Sofía Macher Botanero. Miembro de la Comsión de la Verdad y Reconciliación.
- R.P. Angel Acuña.
- Dr. Carla Chipoco Promotora de la Defensoría del Pueblo Lima.
- Sra. Abogada Rocío Gala asesora legal de COMISED
jorge morales morales
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