Ley orgánica de descentralización del poder público (Venezuela)

Gaceta Oficial N° 4.153 de fecha 28 de diciembre de 1989 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente,

LEY ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, DELIMITACION Y

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DEL PODER PUBLICO

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales para promover la descentralización administrativa, delimitar competencias entre el Poder Nacional y los Estados, determinar las funciones de los Gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional, determinar las fuentes de ingresos de los Estados, coordinar los planes anuales de inversión de las Entidades Federales con los que realice el Ejecutivo Nacional en ellas y facilitar la transferencia de la prestación de los servicios del Poder Nacional a los Estados.  

Artículo 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes orgánicas respectivas, esta Ley se extenderá a las Gobernaciones del Distrito Federal y de los Territorios Federales en la medida que les sea aplicable.

Artículo 3.- Es de la competencia exclusiva de los estados, conforme a lo establecido en la Constitución:

• La organización de sus Poderes Públicos, de sus Municipios y demás entidades locales y su división Política Territorial;

• La administración de sus bienes y la inversión del Situado Constitucional y demás ingresos que le correspondan, con sujeción a lo dispuesto en la Constitución y esta Ley;

• El uso del Crédito Publico, con las limitaciones y requisitos que establezcan las leyes nacionales;

• La organización de la Policía Urbana y Rural y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal;

• Las materias que le sean atribuidas de acuerdo con los Artículos 137 de la Constitución y 9º de esta Ley; y,

• Todo lo que no corresponda, de conformidad con la Constitución, a la competencia nacional o municipal. 

CAPITULO II

De las Competencias Concurrentes entre los Niveles del Poder Público

Artículo 4.- En ejercicio de las competencias concurrentes que establece la Constitución, y conforme a los procedimientos que esta ley señala, serán transferidos progresivamente a los Estados los siguientes servicios que actualmente presta el Poder Nacional:

1. La planificación, coordinación y promoción de su propio desarrollo integral, de conformidad con las leyes nacionales de la materia;

2. La protección de la familia, y en especial del menor;

3. Mejorar las condiciones de vida de la población campesina;

4. La protección de las comunidades indígenas atendiendo a la preservación de su tradición cultural y la conservación de sus derechos sobre su territorio;

5. La educación, en los diversos niveles y modalidades del sistema educativo, de conformidad con las directrices y bases que establezca el Poder Nacional;

6. La cultura en sus diversas manifestaciones, la protección y conservación de las obras, objetos y monumentos de valor histórico o artístico;

7. El deporte, la educación física y la recreación;

8. Los servicios de empleo;

9. A formación de recursos humanos, y en especial los programas de aprendizaje, capacitación y perfeccionamiento profesional; y de bienestar de los trabajadores;

10.  La promoción de la agricultura, la industria y el comercio;

11.  La conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales.

12.  La ordenación del territorio del Estado de conformidad con la Ley Nacional;

13.  La ejecución de las obras públicas de interés estatal con sujeción a las normas o procedimientos técnicos para obras de ingeniería y urbanismo establecidas por el Poder Nacional y Municipal, y la apertura y conservación de las vías de comunicación estatales;

14.  La vivienda popular, urbana y rural;

15.  La protección a los consumidores, de conformidad con lo dispuesto en las leyes nacionales;

16.  La salud publica y la nutrición, observando la dirección técnica, las normas administrativas y la coordinación de los servicios destinados a la defensa de las mismas que disponga el Poder Nacional;

17.  La investigación científica; y,

18.  La defensa civil.