El círculo vicioso de la deuda externa argentina 1989-1999

3. Contexto internacional y endeudamiento: un breve desarrollo histórico
4. Antecedentes de la deuda externa 1976-1989
5. Argentina y la globalización financiera
6. Periodo 1989-1999: Deuda Externa y Convertibilidad
7. A modo de conclusión

"La crisis argentina demuestra que los acuerdos empeoraron la situación, porque fueron propuestas de contracción de la economía que agravaron la ya existente situación de recesión económica en el país. Un acuerdo malo es peor que ningún acuerdo"

Joseph Stiglitz

Introducción

El objetivo del presente trabajo es poner de manifiesto la significación de la deuda externa en la realidad argentina. La misma tiene una presencia extremadamente importante en la actualidad y es fundamental para comprender la conformación de la estructura económica y social de la Argentina.

En los últimos años, la deuda fue un factor decisivo en la evolución de largo plazo y en el permanente deterioro de la economía argentina, con sus secuelas de hambre, desocupación y destrucción de la estructura social.

Intentaremos, entonces, hacer un breve repaso de la relación endeudamiento-renegociación, como muestra del auténtico círculo vicioso que conformaron estos dos procesos a lo largo del periodo 1989 – 1999.

Comenzaremos la exposición con un repaso del modo como el contexto internacional y algunos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de la economía argentina en la década del 90 incidieron sobre el proceso de endeudamiento argentino.

Asimismo, se verán cuáles son las causas y el desarrollo de la llamada globalización financiera, el rol de los organismos internacionales, los movimientos de capital, y los cambios a nivel internacional que posibilitaron y posibilitan el proceso global y cómo esto está vinculado con el endeudamiento.

Para esto, se comenzará haciendo una breve descripción del proceso de endeudamiento anterior desde 1976, siempre bajo la lógica de la relación citada anteriormente, para después ingresar ya en el tema de la globalización financiera de los años ’90. El esquema de desarrollo será el siguiente:

1. Contexto internacional y endeudamiento: un breve desarrollo histórico.
   0. El proceso de endeudamiento
   1. La renegociación
2. Antecedentes de la deuda externa 1976-1989
3. Argentina y la globalización financiera.
   0. El proceso de endeudamiento
   1. La renegociación
4. Periodo 1989-1999: Deuda externa y Convertibilidad
5. A modo de conclusión

1. Contexto internacional y endeudamiento: un breve desarrollo histórico

En Bretton Woods se establecieron los tres pilares del nuevo sistema económico mundial:

• El Fondo Monetario Internacional.
• El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, denominado luego Banco Mundial.
• La Organización Mundial de Comercio, que derivó luego en el GATT.

Este sistema, que reemplaza al patrón oro, derivó en la práctica en un régimen de cambio ligado al dólar. En realidad el compromiso de cambiar en oro su moneda solamente solo lo podía sostener inicialmente Estados Unidos.

No hay que perder de vista que había dos fantasmas en aquella época: La crisis de 1929 y el surgimiento del bloque de países socialistas. De esta manera, los países occidentales se vieron ante la necesidad de crear todo un sistema de bienestar, de defensa del empleo, ante lo que implicaba la existencia de un sistema que disputaba la hegemonía en Europa y a nivel internacional. Esto se ve claramente en las políticas económicas de los países occidentales hasta los años 70. Esto se reproduce, además, en la periferia.

El paradigma de toda esta política económica predominante era el keynesianismo, que establecía todo un proceso de regulación del ciclo económico a partir de una activa intervención del Estado, de la regulación de políticas tendientes a cumplir ese objetivo de crecimiento y estabilidad de precios.

Pese a todo, a principios de los años 60, surgen algunos problemas, ya que los Estados Unidos comienzan a perder su ritmo de crecimiento, mientras su posición externa pasa a ser deficitaria. Esto está ligado a un proceso cíclico que se ve agudizado con algunos fenómenos como la Guerra de Vietnam.

De esta manera, comienzan a surgir dudas acerca del nivel del dólar y la estabilidad en el largo plazo del régimen creado en Bretton Woods. Estados Unidos ve aumentar su tasa de inflación y comienza a establecer algunos límites a la tasa de interés. También se efectúa una restricción a la salida de capitales. La razón es que, sobre todo en los 50, gran parte de las divisas de las empresas trasnacionales norteamericanas comienzan a no repatriar las utilidades e invertir el dinero en Europa o Asia.

Este proceso se verá reforzado a partir de una desregulación financiera que arranca en este período y donde se forman, en Londres y en otros países europeos, centros financieros con menor cantidad de regulaciones bancarias, bajos encajes, bajas tasas de impuestos y un fuerte secreto financiero.

En este mercado se captan movimientos de capital de muchos países que habían empezado a fines de los 50 directamente a liberalizar la cuenta capital. Estos movimientos de capital de países europeos, de transnacionales americanas, de los bancos, dinero de los países de Europa del Este se canaliza en Londres, donde hay tasas de interés más atractivas. De esta manera, se crea una masa líquida de dinero que se invierte en los euromercados.

A principios de los 60 algunos países europeos, como Francia, intentan canjear sus reservas de dólares en oro movidos por la y por motivos geopolíticos. Esto deriva en la suspensión de la convertibilidad entre el dólar y el oro para las transacciones privadas. Se limita la posibilidad de convertir las monedas en oro para las transacciones oficiales u comienza a producirse un proceso especulativo donde los flujos de capital comienzan a demandar oro a cambio de dólares.

Este proceso de creación de los euromercados va a estar ligado a la primera oleada del endeudamiento o de origen de la deuda externa a fines de los años 70.

El crecimiento de los 60 comienza a declinar conjuntamente con la hegemonía de los Estados Unidos. Además, existía la percepción de que la URSS se estaba expandiendo y que los países de Europa Occidental intentaban tener una política independiente.

Esto se traduce en las corrientes financieras de capital y en el año 71 finalmente los Estados Unidos luego de una ronda de negociación con el grupo de los 5 formado por Estados Unidos, Alemania Federal, Francia, Gran Bretaña y Japón, se decide una devaluación del 10% del dólar que pasó de 31 a 35 dólares la onza.

Esta devaluación no modificó la situación de desequilibrio externo de Estados Unidos, y comenzó a haber corridas hacia el oro y principales monedas. Alemania y otros países europeos que eliminaron restricciones de capital, reimpusieron a fines de los 60 limitaciones al ingreso de capital para desalentar las inversiones en marco y de generar un proceso de valoración en dólares. En 1973 se declara la inconvertibilidad oficial respecto al oro y se establece la flotación de las monedas. Con esta situación, termina el régimen de Bretón Woods.

Todo lo que resta en la década del 70 puede resumirse en un período de altísima inestabilidad, devaluaciones de las principales monedas, altas tasas de inflación, caída del producto en general, etc. El otro shock es el impacto de la primera crisis del petróleo que significó un fuerte golpe a las economías y que generó una inflación de costos y de demanda muy importante.

Este contexto dificulta y genera una inestabilidad en las tasas de interés internacionales y tipos de cambio muy fuertes. Hay básicamente una crisis productiva y financiera, una caída en el modo de regulación de Bretón Woods, que genera, además, una crisis del modelo keynesiano.

Por otro lado, comienza a tomar vigor la posición neoclásica que venía surgiendo con fuerza a partir de economistas, como Milton Fridman, que fomentan el monetarismo. A fines de los 70 el monetarismo empieza a ser instrumentado de la mano de una perspectiva neoconservadora. Básicamente con la llegada al poder de Reagan y de Margaret Thatcher, hay un cambio de paradigma que se va a expresar en una política de control de la por sobre cualquier otro tipo de consideración.

La crisis del petróleo, la inflación, la renta petrolera diferencial de los países de la OPEP y la menor demanda de dinero en los países desarrollados, comienzan a genera una demanda de liquidez. Los bancos internacionales comienzan a prestar a los países de Tercer Mundo de manera ostensible hacia los años 77 y 78. De repente, comienza a haber disponible crédito todavía barato a nivel internacional donde no había necesidad de condicionalidades y era bastante sencillo conseguir dinero y usarlo para lo que sea. Este financiamiento empieza a estar denominado en tasas de interés variables. Cuando empieza la política monetarista, la tasa de interés empieza a subir y presiona o genera desequilibrios fiscales en los países desarrollados. La conjunción de un problema de liquidez, sumado a las altas tasas de interés, hacen que se comiencen a cortar los créditos, se acorte los plazos, generando un amplio proceso de insolvencia.

Estos procesos de insolvencia de la deuda comenzaron en México en 1982 y más de 20 países no pudieron cumplir los pagos de la deuda externa, la gran mayoría de América Latina.

Antes de esto, en muchos países lo que estuvo de moda fue realizar un cronograma de devaluaciones que se iban reduciendo tratando de dar una certidumbre cambiaria con el objetivo que los precios fueran también bajando. Esto vulgarmente se popularizó con el nombre de la "tablita". El marco teórico era el enfoque monetario del balance de pagos que suponía, en condiciones de competencia, que los precios internos tenían que converger con los precios internacionales.

Lo que sucedió es que los precios no convergieron, y el dilema fue devaluar o esperar a que convergieran. Como los precios internos subieron más que los internacionales se comenzó a perder competitividad y a aumentar las importaciones. Al aumentar las importaciones aumentaron los déficits de cuenta corriente. La manera en la que se enfrentó esta situación fue endeudarse más para cubrir la brecha.

Aumentó entonces el stock de deuda pública y privada y las tasas de interés internacionales se iban a las nubes, con lo que en algún momento todo explotó.

La fuga de capitales posterior fue funcional al sistema porque los Estados Unidos y Gran Bretaña absorbieron capital del resto del mundo e incluso necesitaron de la fuga de capital de los países subdesarrollados para poder cubrir su propio desequilibrio. El objetivo era controlar la inflación y tener un dólar alto en Estados Unidos. El gobierno de ese país llevó a cabo una política monetaria estricta y una política fiscal sumamente expansiva. Esto muestra que el sistema financiero internacional no es simétrico: una economía hegemónica puede trasladar su crisis al resto del mundo y de esa manera se financia de manera permanente.

A mediados de los 80, y cuando ya el retraso cambiario de los Estados Unidos afectó algunos sectores productivos de este país, empezó a haber un lobby interno y de los países europeos por tratar de estabilizar las tasas de interés y los tipos de cambio.

Resumiendo: hasta mediados de los 70, las corrientes de capital no eran significativas. En general el ahorro nacional era equivalente al ahorro interno, los desequilibrios de la cuenta corriente eran modestos a nivel global y no había un mercado de capitales que financiara esos desequilibrios. Generalmente en todo el período del siglo XX hasta este momento, se pueden encontrar datos que indican que, particularmente en los países subdesarrollados, el crecimiento del producto en el tiempo tiene un componente cíclico. Este ciclo está bastante ligado a algunos factores como los términos de intercambio, es decir a la relación entre los precios de exportación y los de importación. Esta relación de precios es muy volátil sobre todo para países que exportan materias primas y están sujetos a que sus cuentas fiscales y el sector externo están alineadas a esta evolución.

En los 70 el patrón de desarrollo de sustitución de importaciones tuvo algunos signos de agotamiento. En vez de reformular las ISI a través un proceso económico que tendiera a un proceso de acumulación de capital, se produce la ruptura y un cambio de paradigma de consecuencias severas. En vez de tratar de solucionar los estrangulamientos, se implementan procesos de apertura que provocan una crisis peor a las cíclicas del 30-40 y de los 70.

Otro tema vinculado con la deuda tiene que ver con la aparición de mecanismos de capitalización de la deuda. Entre otros mecanismos, esta capitalización implicaba hacer inversiones con un cierto componente de subsidio para el inversor, porque permitía establecer proyectos de inversión en los países endeudados a un precio inferior al de poner dinero fresco. Si los títulos en los mercados valían 20 o 30 pesos, se le reconocía si se lo vendía al deudor, podrían participar de algún proyecto de inversión, hacer uno nuevo o comprar inversión ya instalada en el país.

Posteriormente viene el Plan Baker que implicaba un aumento en el plazo de la deuda, a 30 años, donde se planteó en el caso de México una garantía del Tesoro de Estados Unidos que no se extendió con esta premisa a otros países. Los países endeudados reclamaban un trato político, una quita de capital, una extensión de los plazos, etc.

De esta manera, se llega a los 90, donde se produce un nuevo ciclo de endeudamiento que reconoce distintas fuentes, entre ellas, los reconocimientos de deuda internos, el auge de las corrientes financieras de capital, etc. Hubo un importante ingreso de capital estimulado por la apertura de la cuenta comercial y financiera que implicó la generación de deuda nueva en moneda extranjera en toda la década y que fundamentalmente fue creciente a partir del 96 y 97. El pico en el primer período fue el 93, una baja en el 95 con el efecto Tequila, y luego la cima nuevamente en el 96 y 97. El Estado fue generando un déficit fiscal creciente, por efecto de la pérdida de recursos- se efectúa la reforma provisional y el Estado se queda con el pasivo-, se colocan títulos a tasas de mercado, etc. Asimismo, hasta el 95-96- 97, no solo había crédito abundante sino que el horizonte financiero había quedado despejado, pero hubo que empezar a pagar los títulos. Para esto, los países debieron salir a los mercados y pagar tasas de interés más altas. Al final se reemplaza deuda con tasa de interés Libor, por nueva deuda con altas de tasas de interés.

A final del 98 ocurre un proceso interesante de sustitución de la deuda externa por deuda interna: la deuda sigue aumentando pero el propio sistema financiero comienza a prestar nuevamente porque de otra manera se caía. Muchas casas matrices empezaron a sustituir deuda para que esta situación no impactara en los balances.

2. Antecedentes de la deuda externa 1976-1989

2.1. El proceso de endeudamiento

La dictadura militar, esencialmente durante la gestión de Martínez de Hoz (1976-1981) se caracterizó por una agresiva política de endeudamiento del Estado y de las empresas públicas. Este endeudamiento era una de las principales prioridades de los intereses extranjeros que estaban detrás de la dictadura: inmediatamente después del golpe militar, el Fondo Monetario Internacional otorgó un crédito multimillonario a Argentina y declaró a los bancos occidentales que este país era un lugar privilegiado para reciclar el exceso de petrodólares.

Dos factores confluyen para que la dictadura sustituya el modelo de sustitución de importaciones por un modelo rentístico-financiero: primero, la alta liquidez de la banca internacional, como dijimos antes, derivada de los fondos depositados en los bancos como producto de la crisis del petróleo. Segundo, la avidez de la clase dominante argentina por realizar negocios financieros que les permitiesen evadir capitales al exterior. Este endeudamiento resulta más de las necesidades de los bancos extranjeros que de las reales necesidades argentinas de capital.

El modelo requería transferir recursos del sector productivo al sector financiero mediante tasas de interés locales más altas que las internacionales. El esquema consistía, básicamente, en conseguir dinero barato en el exterior, invertirlo en el país y luego sacar nuevamente esos capitales más la diferencia lograda vía tipo de cambio. "El atractivo financiero genera una entrada bruta de divisas a cargo de los empresarios de casi 5.000 millones de dólares en el curso de 1979".

La dictadura justificó el endeudamiento alegando la necesidad de divisas fuertes para sostener el descabellado aumento de las importaciones, especialmente de armas. Sin embargo, las fortunas enviadas por capitalistas argentinos a países occidentales y paraísos fiscales durante la dictadura suman más que el total de deudas contraídas por Argentina en ese periodo.

Desde el comienzo de la dictadura (marzo de 1976), la deuda externa argentina creció de menos de 8.000 millones de U$S a más de 170.000 millones. Argentina reembolsó alrededor de 200.000 millones de US$ en el mismo período, pero la deuda siguió creciendo debido a la fuerte suba de las tasas de interés decidida por Reagan y Thatcher a comienzo de los 80s.

Las Reforma Financiera de 1977 elimina toda regulación del mercado financiero, quedando el Estado como garante de los depósitos. Pero esto no bastaba; había que disponer, además, de divisas. Para obtener préstamos de los bancos privados, el gobierno exigía de las empresas públicas argentinas que se endeudaran con los banqueros privados internacionales. Las empresas públicas se convirtieron entonces en una palanca fundamental para la desnacionalización del Estado, a través de un endeudamiento que significó el abandono de una gran parte de la soberanía nacional.

Por ejemplo, la petrolera Y.P.F., hoy vendida a la española Repsol, fue forzada a endeudarse en el exterior, pese a que no lo necesitaba. En el momento del golpe militar, la deuda externa de YPF era de 372 millones de U$S. Siete años más tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de U$S. Casi todos los créditos quedaron en manos de la dictadura, que además redujo a la mitad las comisiones que iban a YPF por la venta de combustibles para aumentar sus ingresos. YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía en las multinacionales privadas Shell y Esso, aunque dada su buena situación financiera al comienzo de la dictadura, podía haberse dotado de una capacidad de refinación acorde a sus necesidades, complementando la de sus tres refinerías ya existentes. Al final de la dictadura, YPF estaba asfixiada por las deudas, pese al despido de 13.000 de los 47.000 trabajadores que tenía la empresa en 1976.

De manera general, los créditos contratados por el Estado o las empresas públicas con los bancos eran recolocados como depósitos en estos mismos bancos o en otros bancos competidores. En 1979 el 83% de estas reservas estaban fuera del país. El Banco Central argentino colocaba discrecionalmente dichos fondos en los bancos estadounidenses, apoyado por la generosa intermediación de la Reserva Federal estadounidense. En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda. El Banco Central argentino fue dirigido durante la dictadura de Videla por Domingo Cavallo, que luego fue ministro de economía con Carlos Menem y con De la Rúa. El Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica de 1976 a 1981, Guillermo Klein, dirigía al mismo tiempo una oficina privada que representaba los intereses de 22 bancos extranjeros.

En el siguiente cuadro podemos ver cómo se desarrolló el proceso de endeudamiento entre los años 1976 y 1983:

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Fuente: GELMAN, Susana G., Análisis de la Deuda Externa Argentina, Fac. de Ciencias Económicas, U.B.A.

Estas cifras muestran que la política económica promovida por Martínez de Hoz a partir del 2 de abril de 1976, y más específicamente con la Reforma Financiera de 1977, marca el inicio de un proceso de destrucción del aparato productivo del país, creando las condiciones para una economía especulativa que desvastó el país.

Como dijimos antes, las reservas no eran administradas ni controladas por el Banco Central. Los prestamos eran redepositados en los mismos bancos o en otros bancos competidores. Un 83% de estas reservas fueron colocadas en 1979 en instituciones bancarias de fuera del país. Las reservas se elevaron a 10.138 millones de dólares y los depósitos en los bancos exteriores a 8.410 millones de dólares. El mismo año la deuda externa pasaba de 12.496 millones de dólares a 19.034 millones de dólares.

Galasso, en su libro De la Banca Baring al FMI, describe varias vías de endeudamiento: "…una de ellas proviene de la acción de los financistas que, pudiendo acceder al mercado externo de capitales, se endeudan a razonables tasas en el "mundo civilizado" (3% al 4% anual), proveyéndose de dólares que convierten en pesos en la Argentina para colocarlos al 12 o 14% mensual, es decir, al 150% o 160% anual. Pasado el plazo de inversión, realizan la reconversión a dólares con extraordinario beneficio, perdiendo solo la devaluación del peso respecto al dólar según ha sido planificada por la "tablita". El paso siguiente consiste en la salida de esos dólares -el importe inicial arrastrando consigo los intereses ganados- e inmediatamente, volver a endeudarse por una suma mayor, para regresar al circuito financiero de Buenos Aires y repetir la operatoria. Estos sucesivos "impulsos" y reiteración del "círculo financiero" reciben el nombre, en la jerga de los especuladores, de ''bicicleta financiera". Otra forma de endeudamiento, ligado a la fuga, proviene de aquellos que poseen, en el exterior, un depósito de "fondos negros" -divisas, bonos o títulos- lo que les permite solicitar un préstamo en dólares que ingresan a la Argentina para realizar el juego especulativo descrito. Alguien que tiene dinero en un banco del exterior, en combinación con el mismo banco, se lo hace prestar a su domicilio en la Argentina, creando así Deuda Externa. En estos casos, se están prestando su propio dinero, por lo cual se habla de "autopréstamos", decir, el titular de los fondos en vez de repatriarlos y hacerles correr algún riesgo en Argentina -por ejemplo, que se sancione la imposibilidad de girar al exterior o dificultades de orden impositivo- prefiere trabajar el dinero, como "prestado", de tal modo que ante cualquier medida restrictiva, dirigida a impedir fuga de capitales, él pueda sostener que solo está "pagando'' una deuda".

Al final de la dictadura, el Estado asumió las deudas reales o ficticias. El Banco Central argentino declaró que no tenía registro de la deuda externa pública, pese a lo cual el gobierno de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada como del Estado, basándose en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura. El estado argentino asumió también las deudas contraídas por filiales argentinas de empresas y bancos multinacionales con sus casas matrices o con bancos internacionales, fácilmente fabricables por un juego de contratos ficticios. Sólo se mantuvieron las deudas que la dictadura impuso sobre las empresas públicas, por lo que Menem esgrimió el argumento de su endeudamiento para privatizarlas, previa transferencia de las deudas al Estado.

Tras la dictadura se creó una comisión parlamentaria para investigar el saqueo del país, que fue disuelta por el mismo Alfonsín pues sus resultados hubieran desacreditado su política económica, que ya había estatizado la deuda privada. Pero una querella presentada por el periodista Alejandro Olmos en 1982 permitió que, 18 años más tarde, la Corte Suprema dictaminase que la deuda tiene por origen un mecanismo de dilapidación y desvío de fondos del que son responsables el Gobierno argentino, el Fondo Monetario Internacional, los banco privados del Norte y la Reserva Federal de EE.UU.

La sentencia (del 13 de julio del 2000) revela que el Estado asumió las deudas de 26 bancos con los que el mismo Estado argentino estaba endeudado, tales como el Citibank, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America, etc. Señala que "la deuda externa (…) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país (…) y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día". La Corte Suprema declaró "ilegítima" la deuda contraída por el régimen Videla y recomendó al Congreso utilizar esta sentencia para negociar su anulación. El Congreso ignoró la recomendación, pues los oligarcas que lo componen también se benefician del pillaje: los capitalistas argentinos compran en los mercados financieros norteamericanos y europeos los títulos de la deuda de su propio país con el dinero que han sacado del mismo, y reciben por tanto una parte de los reembolsos.

El estudio del periodo constitucional 1984/89 implica un análisis de la política económica del gobierno de Alfonsín que no puede ignorar el contexto internacional en que se formuló, caracterizado en América Latina por la crisis de la deuda y sus secuelas. La obligación de respetar las enormes deudas externas, sin posibilidad de acceder a nuevos préstamos, condicionó a las políticas económicas de todos los países de la región, incluida Argentina durante toda la década de los 80. Esto es posible observarlo en el cuadro siguiente, que refleja el aumento de la deuda externa a una tasa de crecimiento anual acumulativo del 6,1%, en contraposición al 21% del gobierno militar 1976/83.

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Fuente: GELMAN, Susana G., Análisis de la Deuda Externa Argentina, Fac. de Ciencias Económicas, U.B.A.

A pesar de los diferentes planes antiinflacionarios aplicados durante este gobierno, al comienzo con éxito como el Plan Austral, se llega a 1989, con créditos internacionales nulos, déficit fiscal muy alto y una tendencia hacia el desborde inflacionario que determina la entrega del poder 6 meses antes al Dr. Menem, ganador de las elecciones de Mayo de ese año.

2.2. La renegociación

La derrota militar de las Malvinas terminó con el gobierno militar que había gobernado la Argentina desde 1976. El desastroso final de la guerra derivó en la impostergable apertura política que finalizaría con las elecciones de octubre de 1983 y la elección de Raúl Alfonsín como Presidente. además, la guerra puso fin a la política irrestricta de apertura a los capitales externos y puso sobre el tapete, el tema de la deuda externa, obligando al último presidente de facto a reconocer la incapacidad de hacer frente a sus compromisos externos.

En general, el inicio de la crisis financiera internacional se ubica a fines de agosto de 1982, cuando México comunica a sus acreedores financieros externos la suspensión por 90 días de los pagos de capital de su deuda externa.

Sin embargo, para la Argentina la crisis financiera había comenzado antes, aunque tal situación permaneció oculta por la guerra de Malvinas. Argentina fue entrando en una moratoria progresiva de capital e intereses desde abril de 1982. Concluida la guerra, el Ministro de Economía de Bignone, Jorge Wehbe, sería el encargado de declarar formalmente la imposibilidad del país de hacer frente a sus compromisos financieros e iniciar las negociaciones con los acreedores externos.

Al finalizar 1982, el total! de la deuda contratada bajo la forma de operaciones de pase ascendía a 1.400 millones de dólares. El régimen de seguros de cambio concluyó en octubre de 1982 después de algunas modificaciones que intentaron hacerlo más atractivo. Para entonces se habían contratado seguros por 4.500 millones de dólares, los que sumados a los tomados bajo el régimen anterior totalizaban 9.600 millones equivalentes al 70 % del total de la deuda externa privada.

Como se dijo antes, la guerra de las Malvinas ocultó por breve tiempo la situación de virtual cesación de pagos en que se encontraba el país. Sin embargo la crisis financiera que estalla luego del conflicto bélico, remontaba sus orígenes casi un año y medio atrás, y su inminencia fue postergada mediante la solución de los seguros de cambio. Esta solución provisoria significó de hecho una renegociación de deudas que recibió el apoyo de los bancos, pues conjugaba el riesgo de incobrabilidad de las deudas de empresas cuyas posibilidades de quiebra se habían visto incrementadas a partir del abultamiento de sus pasivos externos, provocado por las sucesivas devaluaciones.

Los efectos de la solución adoptada no serían, sin embargo, neutros. El primer paso hacia la estatización de la deuda externa privada había sido dado, convalidando la estrategia de apertura financiera irrestricta que había permitido un elevado nivel de endeudamiento externo, sin ninguna previsión respecto a las posibilidades futuras de su repago.

La postergada crisis del endeudamiento privado resurgió hacia fines de 1982, cuando comenzaban a vencer los swaps y los seguros de cambio contratados en 1981.

Respecto de los seguros, el Banco Central no contaba con las reservas necesarias para hacer frente a la cancelación de los préstamos. A este problema se sumaba la expansión monetaria, a la que daría lugar la liquidación del diferencial de tasas de cambio contratadas en los seguros. Estas fueron las razones invocadas por las autoridades económicas, en noviembre de 1982, para establecer un nuevo régimen especia; para el tratamiento de la deuda privada con seguro de cambio contratada en 1981 y no renovada en 1982.

"Según el nuevo régimen el Banco Central se hacía cargo de las deudas en dólares previo arreglo, con el deudor local, del importe correspondiente en pesos. Por su parte, el acreedor externo podía optar entre: a) aceptar títulos públicos denominados en dólares emitidos a nombre del acreedor o, b) renegociar los préstamos directamente con el deudor privado por plazos no menores a lo establecidos para los títulos . Estos últimos podían ser negociados únicamente en el exterior, tenían un plazo de vencimiento de cinco años con dos y medio de gracia y pagaban una tasa de interés equivalente a la Libor de seis meses".

El programa para la refinanciación de la deuda privada fue presentado como una decisión unilateral del Gobierno argentino, ante la situación imperante en el sector externo. Sin embargo, las autoridades económicas que en ese momento se encontraban negociando la refinanciación de la deuda pública, efectuaron discretas consultas con los acreedores externos.

Para fines de 1983, 4.800 millones de dólares en préstamos cubiertos con seguro de cambio se habían vuelto exigibles y los deudores habían pagado al Banco Central el importe correspondiente en pesos. Sin embargo, sólo 1.400 millones de dólares de estos préstamos habían sido convertidos a bonod y promissory notes. Tal situación respondía, aparentemente, a la falta de acuerdo entre e! deudor local y el acreedor externo respecto a la opción a adoptar.

En cuanto a los swaps, a diciembre de 1982, el Banco Central enfrentaba las mismas dificultades que con los seguros de cambio. La escasez de divisas y la pérdida de control sobre la política monetaria llevaron a! Gobierno a decidir la extensión de las operaciones de pase por 90 días. Una nueva prórroga fue decretada en mayo de 1983 y en julio el Banco Central anunció el acuerdo alcanzado con los acreedores externos para la refinanciación de los préstamos swaps.

En este acuerdo se diferenciaba entre las deudas financieras y las comerciales. Para las primeras se establecía su renovación por tres años con cancelaciones parciales a partir del año y medio. Para las deudas comerciales, la renovación era por el término de un año y medio con amortizaciones parciales a partir de los 9 meses. Las condiciones financieras eran las mismas para ambos tipos de deuda.

A partir de entonces el Gobierno debió comenzar la renegociación de la deuda antes de la asunción del próximo Gobierno constitucional. Esto coincidía con la intención de los acreedores, quienes preferían negociar con los militares. Los contactos se iniciaron en septiembre de 1982, en la reunión anual del FMI en Canadá. Para comenzar a negociar, los organismos internacionales de crédito impusieron dos condiciones:

• Argentina debía acordar con el Fondo Monetario Internacional un plan de ajuste que garantizara el pago a los acreedores externos.
• Debían liberarse los fondos británicos, que se habían congelado durante la guerra de Malvinas.

La segunda exigencia respondía a una política de los acreedores, según la cual los contratos de préstamos incluían una cláusula por la cual si alguno de los bancos participantes en el crédito dejaba de cobrar su parte por cualquier motivo, el resto debía distribuir su cobro con el banco afectado. Para evitar que todos los bancos recibieran una proporción menor de sus cobros era necesario que la Argentina levantara el congelamiento impuesto a Gran Bretaña. Ambas exigencias fueron finalmente cumplidas y se iniciaron las conversaciones para la obtención de un acuerdo stand-by.

Las negociaciones con el Fondo se llevaron a cabo entre los meses de septiembre y diciembre de 1982, y concluyeron con en envío de dos préstamos: un financiamiento compensatorio por caída de exportaciones por 520 millones de DEG, y un stand-by por 1.500 millones de DEG. El acuerdo, se extendía hasta marzo de 1984, legando al nuevo gobierno que surgiera de las elecciones, la solución final del problema. Trimestralmente, vendrían los desembolsos, luego de las evaluaciones técnicas de seguimiento del acuerdo.

El plan de estabilización acordado pretendía lograr la reactivación económica, la reducción del desempleo y el solucionar el problema del sector externo. Los principales puntos configuraban un clásico plan de ajuste: disminución del déficit fiscal, fijación de la tasa de interés, control de la emisión, una política austera de créditos para el sector privado, reducir la inflación, etc. Como siempre ocurre en este tipo de acuerdos, para el FMI, el déficit externo provenía del exceso de gasto interno, por lo cual, su solución pasaba por una política de reducción de la demanda, que permitiera reunir los fondos para los pagos de los intereses.

Al respecto, una publicación argentina decía que "…esta visión, sostenida por décadas por el FMI, no se había alterado aún en una situación radicalmente distinta como era el caso argentino en ese momento. Tradicionalmente los desequilibrios externos del país se habían expresado en un saldo deficitario en la cuenta de comercio, donde las importaciones de bienes superaban habitualmente a las exhortaciones. Para entonces, sin embargo, la cuenta comercial era superavitaria y el desequilibrio se ubicaba en el desajuste financiero provocado por el pago de los servicios de la deuda externa, producto del nivel de endeudamiento y el alza de las tasas de interés internacionales".

Al gobierno del momento se le haría difícil cumplir con estas metas, en un año de elecciones y donde ya no era tan fácil anular las expresiones populares de descontento.

Para colmo de males, aun faltaba la negociación con el Comité de Bancos acreedores de la Argentina, que exigía un previo acuerdo con el FMI. El programa acordado con este Comité consistía en un crédito puente por 1.100 millones de dólares y un préstamo de mediano plazo por 1.500. El crédito puente pretendía solucionar el problema de la balanza de pagos, mientras que el crédito de mediano plazo solucionaría el tema de las cuentas externas durante 1983 y su vigencia sería por un plazo de 5 años. Finalmente, en el mismo acuerdo, se fijaban las condiciones para los contratos de refinanciación de las deudas del sector público.

"Las sobretasas pactadas en el caso argentino se habían incrementado en la época de las Malvinas y volvieron a aumentar a fines de 1982. Mientras en el crédito puente el margen por sobre la Libor llegaba a 1 5/8 % en el crédito de mediano plazo esa sobretasa alcanzaba a 2 1/4 %".

Los primeros desembolsos, asociados con estos acuerdos, comenzaron en 1983. Sin embargo, las negociaciones con los bancos estuvieron marcadas por la evolución del acuerdo stand-by con el FMI. Diversas misiones de ese organismo vinieron a la Argentina durante 1983, con el objeto de evaluar la marcha del programa económico y hacia fines de mayo se produjo el segundo desembolso. No obstante, luego de estas duras negociaciones, los resultados habían sido bastante magros, mientras era marcada la severidad de los acuerdos.

A medida que las elecciones se acercaban y trascendían las características de las negociaciones con el Fondo y los acreedores externos, el tono de las críticas hacia el Gobierno fue aumentando. La discusión sobre la conveniencia de negociar o no con el FMI se transformó en severa crítica cuando se dieron a publicidad las metas comprometidas con el organismo internacional, en abril de 1983. Las críticas apuntaban a la aceptación de un programa recesivo cuando, sostenían, el país venía haciendo el ajuste de su economía desde comienzos de 1982. Los trascendidos sobre las exigencias de la banca acreedora y la idea de que las mismas eran finalmente aceptadas por el Gobierno, merecieron también la reprobación de la sociedad.

Una de las cláusulas de los acuerdos firmados que más criticas provocó fueron las referidas la jurisdicción extranjera sobre los contratos de renegociación de la deuda de las empresas publicas, especialmente Aerolíneas Argentinas. Dicha cláusula llevó a un juez federal de Santa Cruz, el Dr. Federico Pinto Kramer, a iniciar acciones judiciales por considerar a la cláusula de prórroga de jurisdicción lesiva para la Nación, y dictó la medida de no innovar, con lo cual la renegociación de la deuda pública quedó trabada. Como corolario de estas acciones el mismo juez dispuso, en los primeros días de octubre, el encarcelamiento del presidente del Banco Central, Dr. García del Solar, quien fue detenido cuando regresaba desde Nueva York, luego de haber participado en la reunión anual del FMI.

Esta medida judicial hizo que los acreedores externos decidieran suspender el primer desembolso del préstamo de mediano plazo que debía efectuarse después de la firma del contrato de renegociación de la deuda de Aerolíneas Argentinas. Esto ocurrió en el momento en que se mantenían negociaciones con el FMI para lograr el tercer desembolso del stand-by; según el organismo, se había producido un severo desfasaje en las metas acordadas.

En el sector externo, la continua demora en el ingreso de dinero fresco a ser suministrado por la banca para atender las necesidades de financiamiento, complicaron la situación de reservas del país e impidieron cumplir con la prometida eliminación de los atrasos. La situación en el frente externo se complicó aún más con el episodio del juez Pinto Kramer. La suspensión de las negociaciones con la banca no sólo anuló el acceso de nuevos fondos, sino que creó, además, un clima de marcada intranquilidad en el país que alentó la salida de capitales. Con las reservas prácticamente agotadas el Gobierno debió suspender, en octubre, los pagos de las obligaciones comerciales anteriores a esa fecha, en tanto se prorrogaba por 60 días la devolución de los depósitos en dólares.

Esta medida tomada por la banca acreedora llevó al Fondo a suspender definitivamente todos los desembolsos y a enviar una misión para comenzar a tomar contacto con los candidatos de los partidos políticos que podían ganar las elecciones.

La asunción del gobierno democrático trajo ciertas expectativas acerca de que la Argentina lograra un mejor tratamiento por parte de los organismos internacionales de crédito. Por otro lado, la falta de cifras confiables acerca del monto de la deuda reforzaban esa idea. El primer año del gobierno de Alfonsín, sin embargo, sería testigo de más complejidades en el proceso de negociación.

La situación que recibía el gobierno era bastante complicada, y en ella se combinaban problemas estructurales y una coyuntura más que compleja. El elevado déficit fiscal, las altas tasas de inflación, el déficit de balanza de pagos y el bajo nivel de reservas, complicaban sobremanera la situación en medio de numerosos vencimientos que se iban produciendo.

En el informe del Boletín Informativo Techint, ya mencionado, se argumenta: "El déficit fiscal del último trimestre de 1983 había alcanzado niveles anualizados del 14 % del PBI. La tasa de inflación para septiembre, octubre y noviembre promediaba el 19 % mensual. Las reservas disponibles alcanzaban sólo los 300 millones de dólares, mientras los atrasos externos acumulados estarían, a fin de año, en el orden de los 3.000 millones de dólares".

Los intereses con los bancos comerciales se habían pagado hasta el 10 de octubre de 1983. Los atrasos se debían a la falta de pago de las importaciones. La suma de los atrasos había generado una situación difícil y amenazaba convertirse en el principal obstáculo en las negociaciones.

La conclusión del gobierno era que el problema de la deuda estaba en función de los plazos de pago y las altas tasas de interés de los mismos. Lo que el gobierno democrático pretendía era, entonces, lograr la comprensión de los acreedores para prorrogar los plazos y reducir las tasas. Se pensaba, además, en un aumento de las exportaciones y en un control de las importaciones para lograr un mayor superávit comercial que permitiera afrontar la situación.

El primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grinspun, estaba convencido de que Argentina contaba con un margen de maniobra suficiente como para proponer a los acreedores que el país verificaría las cifras y luego elaboraría una propuesta de pago. La estrategia era negociar con los acreedores, dejando de lado al FMI.

Sin embargo, Grinspun se daría cuenta rápidamente, luego de varias discusiones mantenidas con el Comité de Bancos, el Club de París y la Reserva Federal de. los Estados Unidos, que toda ayuda externa para Argentina debía tener, como paso previo, la firma de un acuerdo stand-by con el Fondo.

La oferta de Grinspun a los bancos constaba de tres puntos principales:

• Solicitar el desembolso del préstamo de mediano plazo, informando el arribo de una misión del FMI para el 6 de febrero de 1984 y el avance de una carta de intención para fines de mayo. Con los 1.000 millones de dólares, ofrecer pagar el préstamo puente, y con los 250 millones restantes, intereses atrasados del sector público.
• Con los excedentes de la balanza comercial pagar solamente la deuda comercial, bonex y otras prioridades.
• Renegociar los vencimientos de 1982-83 conjuntamente y en las mismas condiciones que los de 1984-85.

En resumen, la propuesta consistía en pagar intereses luego de recibidos los desembolsos pendientes, sin contar con un acuerdo con el Fondo y sin contar con la refinanciación de la deuda pública en función de los acuerdos de 1983 ya descriptos.

A este respecto, el citado informe del Boletín de Techint, dice: "se elaboraba, además, una propuesta de financiamiento de los 7.000 millones de dólares necesarios para cerrar las cuentas. Así, 2.300 millones provendrían de los bancos, representando un aumento en su exposición del 10%. La restitución de líneas comerciales permitirían unos 1.400 millones más, mientras que los bancos multilaterales como BID y Banco Mundial, podrían aportar unos 500 millones de dólares. Para cubrir el resto se calculaban dos variantes según que el programa a acordar con el Fondo fuera de corto o de largo plazo. En el primer caso, esa institución aportaría 1.400 millones y las agencias bilaterales, nucleadas en el Club de París, otro tanto. En el caso de recurrirse a una facilidad ampliada (o sea un programa de tres años), se obtendrían del FMI unos 2.300 millones, por lo cual el Club de París sólo aportaría 500 millones".

En marzo de 1984, y luego de arduas negociaciones se concretó una operación conocida como salvataje, que permitió resolver el problema inmediato de los intereses y su registro por parte de los bancos.

Esta operación provocó varias interpretaciones. La versión del gobierno destacó la solidaridad latinoamericana, mientras que la oposición justicialista criticó dicho acuerdo.

Finalmente, el ministro Grinspun terminó aceptando las negociaciones con el Fondo, además de sumar nuevos compromisos con los países que habían intervenido en el salvataje. De esta manera, se caía también la promesa inicial de no efectuar ningún pago hasta el 30 de junio de 1984.

Con respecto a las tensiones con el FMI, el informe Techint aclara: "el grado de tensión existente no impidió, sin embargo, encontrar una solución para el pago de intereses que debía hacerse a fines de junio y evitar, al igual que en marzo, la calificación de non-performing. La solución consistió en una facilidad, otorgada por los bancos, por 125 millones de dólares con vencimiento el último día de septiembre, sobre los cuales se aplicaba el mismo mecanismo de contragarantía que en el caso anterior, más otros 275 millones pagados con las reservas del B.C.R.A. La condición, esta vez, era llegar a un acuerdo stand-by en el mes de agosto".

El intento del gobierno radical de hacer valer la posición argentina en el acuerdo a firmarse con el Fondo naufragó formalmente en septiembre de 1984, cuando el ministro Grinspun envía un nuevo memorando, esta vez con el aval de los técnicos del organismo internacional. La aprobación de este memorando por parte de las autoridades del Fondo se demoraría, sin embargo, hasta el 18 de diciembre de ese año.

Este acuerdo tenía una duración de 15 meses por un monto total de DEG 1.419 millones que se desembolsarían en seis cuotas iguales de DEG 236,5 millones, la primera a la firma del acuerdo y las restantes por períodos trimestrales, luego de la revisión y aprobación por parte del Fondo de las metas periódicas acordadas. La devolución del préstamo se realizaría también en cuotas, a siete años contados a partir de la fecha de efectivización de los desembolsos.

De esta manera, se caía nuevamente en los programas del Fondo ya conocidos por sus imposiciones en las políticas del sector externo, las políticas monetarias y fiscales y la política de ingresos.

El programa acordado resultaba similar al aceptado en 1983, con sus rigurosas pautas monetarias y fiscales, un rápido control de la inflación y un fuerte ajuste interno, lo cual lo convertía en un plan recesivo.

La firma de este tipo de acuerdos no hacia más que mostrar la falsedad de la tesis acerca de la cual un gobierno democrático podía obtener condiciones más favorables para enfrentar el problema de la deuda externa.

Pero, como la mayoría de este tipo de planes, el mismo tuvo corta vida: luego de los primeros desembolsos, la misión del FMI que vino a la Argentina a monitorear el desarrollo del plan, interrumpió los siguientes desembolsos.

Sin embargo, como se afirma en el informe del Boletín Techint, "las metas de balance de pagos no constituyeron un problema para la aprobación del stand-by. El saldo de la cuenta corriente se mantuvo dentro de los parámetros fijados por el acuerdo. Las cifras sobre déficit de caja, si bien excedieron la pauta en menos del 2 %, no mostraron un desfasaje significativo. Lo que hacía insostenible la idea de cumplimiento en el futuro de las metas fiscales era el nivel alcanzado por la inflación. En los últimos meses del año y comienzos del siguiente la inflación, lejos de disminuir, se había acelerado, haciendo prever que el índice señalaría un 700 % de incremento en los precios, mientras que se había previsto un 300 %. Esto significaba un desfasaje total de las metas nominales. El Gobierno debió hacer un tremendo esfuerzo hacia fines de 1984 para cumplir con el compromiso de restricción monetaria, a costa de una elevación considerable en el costo del dinero. La política de restricción monetaria, junto con los esfuerzos realizados por el Gobierno para poner en caja los gastos del sector público, tuvieron como efecto detener el proceso de reactivación que se venía observando, y a partir de entonces la economía comenzó a mostrar un cuadro de recesión con inflación.

A menos de una semana de efectuado el primer desembolso, al anunciarse la política salarial, el stand-by corrió el riesgo de pasar a la historia como el más breve, dadas las reacciones que se generaron entre los técnicos del organismo internacional. Grinspun debió entonces zanjar la cuestión trasladando el pago de los sueldos de la administración pública para los primeros días de febrero de 1985. Luego de largas negociaciones se acordaba, a fines de 1984, el llamado Plan Financiero Argentino 1984-85. Si todo se producía de acuerdo con lo planeado, el país recibiría 7.900 millones de dólares. Con ellos se financiarían 3.100 millones del déficit que arrojaban las proyecciones de la cuenta corriente del balance de pagos para ese período. Al mismo tiempo se pagaría el préstamo puente de 1982 y el monto acumulado de atrasos que sumaban 3.200 millones de dólares. Con el resto se recompondrían reservas y se liquidarían algunas deudas de capital no refinanciables. El dinero sería aportado por las instituciones participantes en el plan, convocadas al efecto por el director gerente del FMI. El monto principal, unos 4.200 millones de dólares. provendría de los bancos acreedores en forma de plata fresca, mientras que el Fondo aportaría 1.400 millones en compra de DEGs, bajo el acuerdo stand-by. El resto lo integraría el Club de París (700 millones), los organismos oficiales de crédito (1.000 millones) y los bancos multilaterales de desarrollo (600 millones). En cuanto a las condiciones financieras el acuerdo contenía una serie de mejoras respecto a las obtenidas en la época de Wehbe. Un año y numerosas vicisitudes habían pasado, pero finalmente el acuerdo estaba logrado. Sin embargo, las dificultades del programa económico puesto en marcha en septiembre, en el marco del acuerdo stand-by, impidieron al ministro ejecutar el plan financiero. Su renuncia al cargo, en febrero de 1985, llevaría a la cartera de Economía a un hombre reconocido interna y externamente por su capacidad técnica y su buen trato. Ambas cualidades resultaban de importancia en la negociación con los banqueros, para quienes el estilo personal de Grinspun había resultado difícil".

En febrero de 1985 renunciaba Grinspun y era reemplazado por Juan Sourrouille. El diagnostico del nuevo ministro era que había que dar un fuerte corte al problema de la inflación, con las clásicas medidas de congelamiento de precios y salarios a fin de romper la inercia indexatoria. Al mismo tiempo, se tomaría severas medidas de reducción del déficit fiscal y restricción monetaria. Además, este plan incluía definiciones fuertes en materia de la deuda externa y la negociación. Esto llevó al gobierno a intentar reflotar el stand-by de Grinspun mediante la negociación del programa económico diseñado con el FMI.

Luego de fuertes subas de las tarifas de servicios públicos y una devaluación, el 14 de junio de 1985, se lanzaba el Plan Austral, que consistía en el congelamiento de precios y salarios y en la eliminación de la emisión monetaria para el financiamiento del déficit fiscal. A partir de ese momento, este déficit sería atendido solamente con endeudamiento externo. Se incluía, además, una reforma monetaria que cambiaba al peso por el Austral, equivalente a 1.000 unidades de la vieja moneda. Se adoptaba también una tabla de conversión monetaria, conocida como desagio, para evitar los efectos redistributivos entre acreedores y deudores a que daría lugar una abrupta modificación del ritmo de crecimiento de los precios.

En un principio los técnicos del Fondo dudaron sobre las ventajas del plan, aunque la mayoría de sus medidas se encuadraban dentro de los planes del FMI. Finalmente, se acordó la continuación del stand-by.

"Las nuevas metas acordadas consistían en: una reducción del déficit de caja no financiero del sector público -como proporción del PBI- desde el 8,2 % registrado en 1984 al 3,6 % para 1985. Esta pauta incluía una reducción desde un nivel del 7,5 % alcanzado durante el segundo trimestre del año, al 2 % para el último trimestre y al 0,4 % para el siguiente. El déficit conjunto del sector público (déficit operativo no financiero más resultado operativo del B. C. R. A.) debía pasar del 13,1 %, registrado en el segundo trimestre de 1985, al 2 y 3 % para los trimestres restantes del año. En el primero del año siguiente esta cifra se ubicaría en el 1,2%".

Pero la práctica resulta siempre más compleja y unos meses después, apenas cumplido el primer desembolso de los bancos, el gobierno estudiaba la necesidad .de requerir una revisión de las metas incumplidas, a fin de sostener la vigencia del stand-by. Luego de duras discusiones, el FMI aceptó los argumentos oficiales y acordó las metas para el mes de marzo.

De esta manera, a mediados de 1986 estaban concluidos los acuerdos con los bancos y con el FMI. Pero cada año reabrirá un nuevo capítulo en la renegociación.

En julio de 1987, un nuevo acuerdo con el FMI, produjo una corrección de los precios relativos a través del aumento de las tarifas públicas y del tipo de cambio. Esto provocó un aumento general de los precios que empujó a que los sindicalistas y empresarios repactaran acuerdos que alimentaban la inflación. "Un perverso círculo vicioso comenzaba a horadar las bases del Plan Austral".

Luego vendría el Plan Primavera, última tentativa del gobierno para tratar de encauzar la economía. Este plan tampoco funcionó y, finalmente, en febrero de 1989 se produjo el conocido "golpe de mercado" que provocó una fuerte salida de capitales, una burbuja especulativa y una corrida cambiaria que desató fuertes aumentos de precios que desembocaron en un proceso hiperinflacionario.

Finalmente, el triunfo de Carlos Menem en las elecciones de mayo de 1989, y los consiguientes anuncios del presidente electo, terminaron por debilitar aún más la posición del gobierno, hasta que en julio de 1989 se produce la renuncia de Alfonsín y la entrega anticipada del mando.

3. Argentina y la globalización financiera

El proceso de globalización financiera no es un proceso que se inicia en los 70, luego de la caída de Bretton Woods. Dicho proceso ya se había dado a fines del siglo XIX y a principios del XX, en los cuales existieron procesos parecidos de auge bursátil, ingreso de capitales, que terminan en la bancarrota de países como la Argentina en 1890 y en una crisis mundial en 1929.

Este proceso de globalización financiera tiene bastante que ver con una lógica de desarrollo capitalista. Durante mucho tiempo se observó una etapa vinculada a una globalización de naturaleza comercial, como en el siglo XVI, con el dominio del comercio y los servicios vinculados a él. Una segunda fase por ejemplo sería cuando uno analiza el grado de integración argentina en la primera mitad del siglo XX, que tiene que ver con la inserción del país en la división internacional del trabajo como proveedor materias primas para países desarrollados.

Un segundo nivel está dado por una globalización de carácter productivo. Esto tiene que ver con la globalización de la producción ligada a la desarrollo de las empresas multinacionales. De esta manera, comienza un proceso donde tiene relevancia la concentración del valor a partir de la radicación de empresas trasnacionales que localizan regionalmente la producción y que van a transferir parte de este excedente a sus países de origen. Este proceso se corresponde con la época de Bretton Woods. En este sentido, hay distintos casos: en algunos países hay procesos de inversión de trasnacionales pensados como desarrollo hacia fuera y que tienen un componente exportador importante. En otros países, por ejemplo en América Latina, este proceso se liga al abastecimiento del mercado interno. Si se mira en el largo plazo, mirando la balanza de pagos, la inversión tiende a generar desequilibrios en el largo plazo porque genera un saldo negativo de divisas. Lo que entra como inversión, más la reinversión de utilidades es inferior a las utilidades y dividendos que salen en forma directa.

Esta situación va a generar un modelo donde tiende a haber desequilibrios de cuenta corriente. De esta manera, los países tenían que hacer esfuerzos exportadores: menores cuando los términos del intercambio eran favorables, y mayores en las épocas donde se producían procesos de crecimiento ligados a expansión de las importaciones. Se generan ciclos que terminan en ajuste económico, procesos de Stop and Go, donde aumenta el consumo, el nivel del salario real, generando un desequilibrio externo que presionaba en el tipo de cambio y termina en un ajuste económico clásico. Esto es típico desde los 50 hasta mediados de los 70

Una tercera fase es la globalización de carácter financiero, donde predominan las corrientes internacionales de capital financiero.

Las tres etapas marcan que las corrientes financieras son más importantes que las productivas y las de comercio. En la década del 80 por ejemplo aproximadamente las corrientes financieras registradas excedían en 50 veces las corrientes comerciales, que es la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios a nivel mundial.

Las corrientes cambiarias especulativas eran 50 veces superiores a las necesarias para satisfacer los intercambios comerciales. Si uno observa este proceso, que se consolida en los 80 y los 90, ve como los activos de los sistemas financieros internacionales superan la suma de los PBI, como crecen las entidades financieras y los mercados de capitales internacionales, todo desvinculado de la producción.

En 1950 el 80% de la oferta primaria de dinero estaba dada por la emisión primaria de dinero de los bancos centrales. En cambio, en la década del 70, el dinero se genera por el mecanismo multiplicador, sobre todo cuando la velocidad del dinero aumenta; se genera un proceso de creación de dinero que se autonomiza de lo que los bancos centrales pueden hacer, disminuyendo, en consecuencia, su capacidad para regular la liquidez internacional.

Analizando el proceso de endeudamiento externo, en los 70, puede verse que los principales sujetos del proceso de globalización financiera eran los bancos internacionales operando en los centros financieros. En los 90, en cambio, ese endeudamiento no es en gran parte con los bancos sino que está dado por la demanda de inversores institucionales. El negocio de los bancos es la intermediación, es decir, las comisiones y no los intereses.

El avance de la tecnología permitió, además, crear mercados globales con información en tiempo real en distintos mercados las 24 horas del día.

Con el auge del monetarismo y de los tipos de cambio flexibles a nivel internacional, se generaba una gran especulación en las tasas de interés y tipo de cambio a nivel internacional como no había existido hasta ese momento. Estos fue interactuando con la aparición de los financiero como un objeto de vida propia: se desarrollan modelos de administración de cartera, orientado a obtener más ganancia a través de la diversificación de los activos. La Reforma Financiera de 1977 en la Argentina es un claro ejemplo de esto último.

Durante los años ’90, Argentina, adoptó políticas orientadas a su integración en la economía mundial. Los procesos de reformas que se planteaban en el denominado "Consenso de Washington", cuna del neoliberalismo, consistían en un conjunto de medidas de disciplina fiscal, apertura comercial, desregulación y liberalización de la inversión extranjera directa.

Ningún país adhirió tan aplicadamente como la Argentina, durante la presidencia de Carlos Menem, a este conjunto de políticas. Calificado como "alumno estrella" del FMI, Argentina país parecía convertirse en uno de los grandes protagonistas de la globalización.

De acuerdo con el citado "Consenso de Washington", Argentina debía integrarse a la economía mundial apoyándose en sus ventajas comparativas para la producción agroganadera.

El país creció ininterrumpidamente durante la primera mitad de los ‘90. Pero en 1995, con la crisis conocida como "efecto tequila", se inició la gran fuga de capitales que culminaría en la crisis del Plan de Convertibilidad.

Posteriormente, las crisis del Sudeste Asiático, Rusia y Brasil determinaron que la Argentina entrara en una profunda recesión y, finalmente, a fines de 2001, sufriera el mayor default de la historia.

"La caída del alumno estrella", titulaba la prensa internacional. El análisis de las causas del derrumbe argentino es y seguirá siendo por mucho tiempo motivo de debate. Pero lo que sí es indudable es que las visiones más optimistas sobre la globalización han sufrido un duro golpe, del mismo modo que se han puesto en cuestión o revisión las políticas del Consenso de Washington y el rol de los organismos internacionales de crédito.

El problema de la deuda, desde sus comienzos y hasta la actualidad, ha sido encarado en Argentina a partir de políticas ortodoxas, al punto que este país se convirtió en un caso paradigmático en este sentido. Schvarzer sostuvo que la deuda condicionó la política económica, la relación con los organismos multilaterales de crédito, las relaciones internacionales y en definitiva las variables fundamentales de la economía. Según Schvarzer, "la economía argentina fue, en los últimos veinte años, una economía de endeudamiento. Además, el cumplimiento de las condiciones que imponía la deuda llevó a una endogeneización de la deuda. No se trata sólo de un problema externo, sino que está en juego un problema entre el Estado y los tenedores de bonos que residen en Argentina y, especialmente, la suerte del sistema financiero local. Esto se refleja en la relación con el FMI, ya que es claro que grupos nacionales hegemónicos se benefician de políticas que este organismo promueve, del cual se valen para responder a sus propios intereses".

4. Periodo 1989-1999: Deuda Externa y Convertibilidad

4.1. El proceso de endeudamiento

El régimen de convertibilidad se inició el 1 de abril de 1991 y culminó a fines de 2001, por lo cual se puede tomar el periodo 1992-2001 como uno solo en lo que respecta al endeudamiento externo.

Desde 1988 el país estaba en cesación de pagos y había comenzado a realizar pagos parciales desde mediados de 1990 para avanzar en un acuerdo con los acreedores externos.

En 1989 se lanza el Plan Brady que implicaba una transformación a bonos a 30 años de plazo con garantía de capital de parte de los intereses de la deuda y esto implicó en cierta forma el final o la solución final al tema de la deuda. Fue el final de los préstamos sindicados bancarios. Las tasas de interés internacionales en este momento estaban en baja. Es un momento expansivo en la economía mundial. Las tasas del 6% eran más bajas que las pagadas por la mayoría de los países endeudados que habían pagado en los 80 tasas de dos dígitos. Ahora estas garantías en realidad, esta reducción del 30 o 35% de la deuda no era tal, porque estas garantías había que comprarlas y esto significa endeudarse con los organismos multilaterales de crédito. Por otro lado se establecieron otros mecanismos. Por ejemplo, la capitalización de la deuda para privatizaciones.

El estado asumió la deuda de las empresas públicas que se iban privatizando. Lo que sucedió es que se fueron privatizando y quedaron como entes residuales. Después hubo problemas con registros perdidos, etc, y se consolidó en x monto, con sospecha con deuda inflada. Lo mismo que pasó con la deuda por el no cumplimiento del 82% móvil que fue consolidada con bocones. Donde los registros provisionales fueron destruidos, etc, sin que existiera un registro. En el Plan Brady como no se siguió el registro de deuda en los 80 en el Banco Central, la reconstrucción de la deuda fue hecha sobre la base de declaración jurada de los acreedores.

El Plan Brady, finalmente, fue firmado en marzo de 1993. La convertibilidad se propuso al comienzo del ciclo ordenar los pagos de la Argentina con el exterior y terminó en la misma situación de imposibilidad de hacer frente a los vencimientos, ni siquiera de los intereses.

Hacia fines de 1992, Argentina contaba con una mora de capital e intereses cercana a los 9.300 millones de dólares.

Con la Convertibilidad se inicia un proceso de renegociación de la deuda, donde los préstamos se reemplazan por títulos públicos. De ese modo se modificaban los tenedores de la deuda: a comienzos de 1993 eran los bancos comerciales extranjeros, luego del plan Brady, la titularización de la deuda externa pública argentina pasó al anonimato, liberando a los bancos transnacionales acreedores, del riesgo de una declaración de nulidad, no pago, o moratoria indefinida de la deuda.

Uno de los argumentos principales de la renegociación del Plan Brady fue que suponía una quita de capital. Esto fue así solo en los primeros meses, pero al fines de 1993, la deuda total ya superaba a la de 1992.

Con el Brady se normalizan los pagos y desaparece la mora. Los bancos habían logrado eliminar de sus balances una deuda incobrable valuada entre el 12% y el 20% en el mercado de capitales y habían iniciado la transferencia de esos títulos a cambio de empresas públicas argentinas y a inversores particulares a ellos vinculados.

En el siguiente cuadro, puede verse la evolución de la deuda en el periodo 1990-1999

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Fuente: GELMAN, Susana G., Análisis de la Deuda Externa Argentina, Fac. de Ciencias Económicas, U.B.A.

El periodo 1999-2000 es testigo de un cambio histórico en la implementación de políticas económicas, dentro de un contexto internacional caracterizado por la globalización, con medidas de estabilización acompañadas de cambios estructurales, todo ello dentro de lo aconsejado por el llamado Consenso de Washington, y con una fuerte tendencia a los procesos de integración regional. Las recomendaciones del Consenso de Washington, estaban de acuerdo con el paradigma liberal que fue haciéndose dominante en todo el mundo, y Argentina adopta estas medidas que traen como consecuencia, la estabilidad de precios a través de la Ley de Convertibilidad (con moneda doméstica sobrevaluada y muy difícil salir del anclaje del tipo de cambio), privatizaciones (con resultados adversos en muchos casos), desregulaciones y apertura económica (Cuenta Corriente del Balance de Pagos fuertemente deficitaria). Todo lo anterior determina la necesidad de contar con la entrada de capitales externos para solventar no sólo el déficit externo sino también el fiscal y es así, que se observa el aumento de la deuda externa que durante 1990/99 aumentó el 124% con una tasa anual acumulativa del 9,5%, superando el 15% anual durante el trienio 1993/95.

En 1991, le correspondía a cada argentino, una deuda externa de 1881 u$s y en 1999 este importe se eleva a 4004 u$s.

El proceso de liberalización tuvo como medidas principales la apertura financiera y la desregulación del mercado de capitales. Al principio del gobierno menemista se autorizaron los ingresos y egresos de capitales de forma totalmente libre, y se autorizó la salida irrestricta de fondos en concepto de royalties, intereses, dividendos, etc. El mercado de capitales se vio favorecido por el ingreso masivo de inversiones financieras del exterior, que convirtieron a la Argentina en un nuevo "mercado emergente".

El pago de la deuda externa y las privatizaciones demandaban dicha apertura de los flujos financieros con el exterior, ya que limitarlos hubiera provocado que no se consiguieran inversiones externas. Además, para acentuar la nueva lógica económica, se realizó una reconversión del sistema bancario por medio del cierre de bancos oficiales, la privatización de bancos provinciales, una fuerte reducción de los bancos cooperativos y un avance de entidades de origen extranjero.

"Esta tendencia se profundizó luego de la crisis mexicana, para afianzarse con las sucesivas crisis posteriores, dando como resultado una importante concentración de los depósitos y una acentuada disminución de la cantidad de bancos, a partir del cierre, la fusión y la absorción de numerosas entidades. De 220 bancos existentes en noviembre de 1990, hacia julio de 1999 sólo quedaban 121, a pesar de que el número de sucursales totales había crecido ligeramente".

"El mayor dinamismo de las importaciones frente a las exportaciones determinó que, luego de varios años consecutivos de superávit comercial, reaparecieran los déficit, que se superpusieron a los saldos crecientemente negativos del sector servicios y contribuyeron a generar un alto déficit en cuenta corriente. El saldo de los servicios reales se relacionó, por un lado, con la creciente carga del sector transportes, fruto del crecimiento del comercio exterior y la virtual ausencia de líneas de transporte nacionales, y, por el otro, del incremento de los viajes y el turismo en el exterior".

Sin embargo, con el correr del tiempo aumentó todavía más la incidencia del déficit en el sector de servicios financieros. Este rubro del balance de pagos había experimentado una notable mejoría entre 1990 y 1995, cuando los programas de privatización redujeron la deuda externa y las empresas extranjeras se encontraban iniciando una etapa de expansión de sus inversiones. Por otra parte, desde el punto de vista de las cuentas públicas, la revaluación del peso aligeraba la carga del pago de la deuda externa, tomando en cuenta que las principales fuentes de ingresos del gobierno se recaudan en moneda nacional y la deuda externa debe pagarse en divisas. Pero la persistencia de esas condiciones llevaban como requisitos el superávit fiscal, una tasa de ahorro interno más elevada y un contexto más favorable para la reinversión de las utilidades de las empresas extranjeras, requerimientos que no se concretaron. El saldo de la cuenta corriente arrojó, en consecuencia, un déficit de 65.500 millones de dólares entre 1992 y 1998.

Esta necesidad de financiar el déficit de la cuenta corriente expuso al país a las oscilaciones del flujo mundial de capitales, que en los comienzos del gobierno de Menem tenían condiciones favorables, lo cual hizo que este tema fuera dejado de lado hasta que comenzaron los primeros problemas. El riesgo de que los inversores extranjeros podían impulsar fuertes huidas de capitales, no fue tomado en cuenta.

Esta situación se produjo en 1994, cuando un aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos cambió las condiciones de la liquidez mundial. México resultó severamente afectado y se vio obligado a abandonar su política de convertibilidad realizando una devaluación. Este hecho generó una corrida de capitales, denominada "efecto tequila", desde los "países emergentes" hacia mercados más seguros.

El "efecto Tequilla" impactó de inmediato en la Argentina y produjo un fuerte proceso de retiro de depósitos, una brusca caída de la Bolsa y una disminución de las reservas. Algunos bancos debieron cerrar sus puertas, aunque el conjunto del sistema financiero logró superar la tempestad gracias al auxilio de la banca estatal.

Un nuevo equilibrio del sector externo, sin devaluación, se logró durante 1995 y 1996 mediante la presión de la recesión sobre el empleo y los precios. Esto produjo fuertes desequilibrios internos que demandaron más ingresos de capitales externos, ahora en condiciones más onerosas y desfavorables.

"Inicialmente, la cuenta capital logró un resultado favorable debido al proceso de privatizaciones y la estabilidad monetaria, que revirtieron el flujo negativo de capitales a partir de 1991. Por un lado, ingresaron los pagos de las privatizaciones, mientras que, por el otro, se registró un flujo de inversiones extranjeras directas. A estos montos se les agregaba el retorno de parte de los fondos locales fugados al exterior durante los años anteriores. Sin embargo, los desequilibrios fiscales y de la cuenta corriente contribuyeron a reimpulsar el endeudamiento con el exterior".

De esta manera, Argentina volvió a recurrir al financiamiento externo, lo cual produjo, a fines de 1999, que la deuda externa pública fuera de 85.000 millones de dólares. Aumentó, además, la deuda privada, a partir del financiamiento buscado por los concesionarios de las empresas privatizadas.

"Después de haber quedado reducida a casi cero por el proceso de estatización durante la última parte del gobierno militar y sin haber sufrido un incremento importante por la restricción del crédito durante la administración radical, la deuda externa del sector privado se elevaba a fines de 1995 a más de 18.000 millones de dólares, aumentando hasta alcanzarlos 60.000 millones al 51/12/99. En su conjunto, la deuda externa bruta superaba en 1999 los 140.000 millones de dólares, más que duplicando el monto de los inicios del Plan de Convertibilidad. Entre 1991 y 1999 se había incrementado el 156 %".

"El monto de los intereses de la deuda fue creciendo también notoriamente, triplicándose entre 1991 y 1999, y constituyendo una carga cada vez más pesada: los intereses de la deuda representaban por sí solos, en 1999, más de 11.000 millones de dólares".

"El endeudamiento público y privado, a través del pago de intereses y amortizaciones y la remisión de utilidades de las empresas extranjeras generó una serie de egresos hacia el exterior, a lo que debe sumarse, una considerable fuga de capitales al exterior que, en 1998, representaban un monto cercano a los 100.000 millones de dólares. Para basualdo, el endeudamiento externo no sólo produjo una transferencia de recursos a los acreedores externos, sino también hacia grupos económicos y diferentes tipos de capital extranjero, a través de la redistribución del ingreso y de transferencias de recursos provenientes del Estado, dando lugar, a su vez, a esa salida de capitales".

Finalmente, a lo largo del periodo 1989-1999 puede observarse que hubo, al principio, una mejoría fugaz con respecto a la situación anterior. En 1995, luego del "Tequilla" comienza a producirse un progresivo deterioro. Los desequilibrios en las cuentas externas comenzaron a manifestarse de manera cada vez más visible, sin que se adoptaran medidas correctivas estructurales.

5. A modo de conclusión

La renegociación de la deuda, externa argentina, en sus diferentes etapas, se encuadró dentro de la estrategia diseñada desde el Gobierno de los Estados Unidos para atender el problema del endeudamiento de los países en desarrollo. A partir de ella se acordaron e implementaron programas económicos, en el marco de los préstamos stand-by con el FMI, y se reprogramaron deudas mediante la negociación con el Comité de Bancos, representante de los acreedores. Los acuerdos con el Club de París y con los bancos multilaterales de desarrollo siguieron el mismo esquema.

El objetivo era lograr que el país superara los problemas de balanza de pagos que inhibían las posibilidades de efectuar regularmente las transferencias al exterior, para permitir la normalización de las relaciones con el mercado internacional de capitales. La experiencia argentina, y en general la del resto de Latinoamérica, muestra que esta estrategia ha distado de lograr los objetivos buscados. Mientras el país ha realizado importantes ajustes, el problema del endeudamiento se ha trasladado hacia el futuro -siempre un futuro de corto plazo- mediante el recurso de capitalizar una parte de los intereses devengados, a partir de la constitución de nuevo endeudamiento.

La constitución del endeudamiento externo no fue acompañada de un proceso de inversión y crecimiento. Pero este hecho, que habla de la ligereza en el otorgamiento de créditos sin el menor control sobre las posibilidades futuras de su repago, se ve profundizado por las características de los programas económicos aplicados en el contexto de la refinanciación.

El rápido ajuste monetario, fiscal y externo, que los programas proponen ha tenido como consecuencia prolongados procesos recesivos reflejados, entre otras cosas, en la vertiginosa caída de la inversión. La carencia de acumulación de capital reproductivo y la consecuente inhibición del crecimiento en tanto exacerba los problemas distributivos internos ya comentados, augura mayores dificultades para efectuar las transferencias externas futuras.

Por otro lado, estas contradicciones se manifiestan en la dureza de las metas propuestas en los programas de estabilización. Los stand-by suelen justificarse desde varios ángulos. Se coincide en señalar que los ajustes ortodoxos, aunque dolorosos, son los únicos transitables. Adicionalmente, también se afirma que un acuerdo con el FMI permite mayor confianza externa y por tanto mejores términos de negociación con la banca. Finalmente, se acepta la, baja capacidad del país para negociar y se recuerda que para acceder a la financiación externa es obligatorio aceptar e! monitoreo del FMI. Sin embargo, la ejecución de un programa irrealizable, dentro de un convenio contingente, implica la interrupción de desembolsos de plata fresca. Además, cuando la misión técnica anuncia el incumplimiento de las metas y propone la suspensión del acuerdo, se exacerban los motivos de inestabilidad interna. La historia de los stand-by se reduce así a una suerte de permanente aprendizaje sobre la capacidad del equipo económico de tumo para lograr una cantidad en extremo exigente de objetivos de corto plazo, que nunca se realizan por completo, provocando un permanente proceso de renegociación y generando incertidumbre.

Para Schvarzer, la crisis que estalló a principios de la década del ochenta en Argentina fue la consecuencia de un proceso de endeudamiento y especulación propiciado por el gobierno militar que asumió en 1976, más concretamente por la política económica del ministro Martínez de Hoz. Este endeudamiento no se tradujo en un incremento de la importación de bienes de capital que hubiera posibilitado un impulso a la capacidad productiva del país, como sí ocurrió en Brasil, por ejemplo. La utilización perversa de esos fondos, sumada a la magnitud del proceso, explica que, cuando la deuda alcanzó niveles considerables, la economía argentina no se haya encontrado en condiciones de enfrentarla.

El crecimiento de la deuda posterior a la crisis de principios de los ochenta se explica, fundamentalmente, no por el acceso a nuevo crédito externo, sino por la continua refinanciación de la deuda previa. Este proceso de incremento de la deuda en Argentina se volvió autónomo, en la medida en que los intereses que no se podían pagar eran capitalizados y generaban obligaciones aun mayores para el período siguiente. A medida que se acrecentaba la relación entre el monto de deuda y el producto bruto interno o las exportaciones, la capacidad de continuar los pagos se hacía más dudosa.

La existencia del problema de la deuda trae serias consecuencias. En principio, opera como una fuerte restricción a la capacidad de maniobra del país. El FMI se convirtió en un actor muy poderoso en este terreno, ya que fue el interlocutor obligado en las instancias de renegociación de la deuda. Esto supuso otorgar un enorme poder de control a esta institución, la cual responde en buena medida al Departamento del Tesoro norteamericano, que puede percibirse con mucha claridad en el escenario argentino actual.

Ferrer, por su parte, argumenta que antes de la crisis de la deuda de comienzos de los ochenta, los desequilibrios de balanza de pagos eran transitorios. Los acuerdos que se establecían con el FMI suponían ciertas condicionalidades para el país, referidas a variables fiscales, monetarias y al tipo de cambio. Generalmente, el FMI postulaba la devaluación como mecanismo para recuperar el equilibrio externo. En los ochenta, se produjo un cambio radical en la estrategia del FMI en su relación con los países endeudados, en el marco de una crisis que se había extendido en la región, tras el default inicial de México, y de la instalación del pensamiento ortodoxo en los países centrales. De los condicionamientos previos, que se limitaban a ciertas variables estratégicas, el FMI pasó a presionar en la dirección del ajuste estructural, incidiendo en la totalidad de la política económica. Frente a esta política, algunos países se resistieron y otros fueron más complacientes.

El proceso insostenible de endeudamiento es una de las causas fundamentales de la aguda crisis que hoy está viviendo la Argentina. Esta crisis es, sin dudas, consecuencia del Plan de Convertibilidad, el cual respondió básicamente a una lógica de endeudamiento y de cumplimiento de las condiciones de la deuda. Este plan se basó en un proceso autosustentado que llevó a un fuerte desequilibrio fiscal y externo, generado por determinadas políticas, como el mantenimiento de un tipo de cambio sobrevaluado, el desfinanciamiento público (generado sobre todo a raíz de la reforma previsional) y las condiciones que facilitaron determinadas inversiones extranjeras directas.

El problema actual reside en cómo recomponer una estrategia nacional frente al contexto mundial imperante. La búsqueda de una solución para las situaciones de insolvencia ofrece un aporte esencial para superar la traumática situación que atraviesa Argentina. En este marco, Argentina debería proponerse una negociación viable con el FMI, que no lleve a resignar cuestiones fundamentales que hacen a la soberanía del país y a su estrategia de desarrollo.

Jorge S. Zappino

Licenciado en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires)

Magister en Historia Económica y de las Políticas Económicas (Universidad de Buenos Aires)