El plan congruente de paz como ejercicio de empoderamiento ciudadano

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Una tarde de vacaciones universitarias en esas que no encontrábamos nada por hacer, casualmente nos topamos en una de las jardineras y nos preguntamos por el quehacer del sociólogo, ya que la información que recibíamos era poca y nos asaltaba la duda, acto seguido decidimos hacer una visita al sector de la Alpujarra para conocer que realizaba el ejecutivo en materia social y realizar un sondeo de la participación del sociólogo y de no ser así entonces del profesional de las ciencias sociales.

Inicialmente ingresamos al edificio de la alcaldía donde encontramos con beneplácito que un muy buen aporte del profesional de las ciencias sociales en la actual administración en los programas de carácter social, pero nuestra curiosidad nos llevo hacia el edificio de la gobernación, casualmente nos dirigimos al piso 10 y donde encontramos La Secretaria De Participación Ciudadana Y Desarrollo Social donde nos mostraron su quehacer y hacia adonde se dirigían, recibimos información del plan de gobierno, el PLANEA y Visión Antioquia, pero entre todo ello encontramos algo llamado Plan Congruente de Paz, y es de confesar que no conocíamos la acepción de congruencia.

Pero nuestra curiosidad se satisfizo al encontrar que si se realizaban trabajos con carácter social, lo que pasaba era que no tenían mucha difusión y los funcionarios de la gobernación nos invitaron a participar y a observar su labor.

Casualmente la primer invitación era la de asistir a la instalación de la Asamblea Municipal Constituyente de Tarso, instalación a la cual pensábamos ir, pero llegó a nosotros una información dentro del área universitaria, que los grupos armados de ultra derecha (auc) no permitirían que tal ejercicio se llevara a cabo, noticia la cual nos produjo temor y nos abstuvimos de ir al municipio, después encontramos que todo salió al contrario y que esta vez las armas no pudieron contra la voluntad de la gente.

Fue allí donde más nos llamo la atención lo que se venia ejecutando, encontrándonos con un panorama diferente al percibido en la ciudad y con una dinámica totalmente contraria en las territorialidades, no se estaba encontrando la panacea al conflicto armado en Colombia, pero si se estaba comenzando a realizar algo donde el constituyente primario extendía sus horizontes de participación, ello fundamentado en una política de Estado, que proponía una paz incluyente y participativa con un eje transversal noviolento, lo cual comenzó a generar empoderamiento ciudadano.

Este escrito muestra la puesta en marcha de una política gubernamental que se encuentra perneada transversalmente por un componente pedagógico y que además es la una propuesta de carácter social que se adapta en el país a unas políticas de proyección, que esta cimentada en el constituyente primario y que fue construida por ellos mismos; y no por expertos que elaboran planes de gobierno correspondientes a una visión tecnocratica y no a la realidad de las aspiraciones la comunidad.

Encontramos que este informe al igual que lo presenta el Plan Congruente, contiene características de la planeación, el trabajo social y otras áreas del conocimiento en las ciencias sociales. Pues el plan después de ser elaborado por las personas de los diferentes municipios, se convirtió en todo un ejercicio de trabajo interdisciplinario, ya que es apoyado por el equipo del PNUD, Planeadores, trabajadores sociales y tal ves lo más relevante es que su aplicación en la etapa de animación es realizada en su mayoría por sociólogos.

Característica la cual llamó demasiado nuestra atención, pues la labor sociológica sé esta jugando su futuro y la forma de cómo emprender una nueva alianza entre Estado, sociólogo y sociedad, para que juntos encuentren la mejor forma de decirle a muchos en este país que Antioquia esta buscando solucionar su conflicto por una vía diferente a la armada.

Además trabajamos conceptos en el marco teórico que permiten mostrar como se concibe en el plan de desarrollo de la administración, lo que es la gobernabilidad democrática y la seguridad democrática la cual se diferencia de la propuesta del plan de desarrollo nacional, pues ambos van hacia el fortalecimiento de estos dos conceptos, pero cada uno la concibe diferente. También aportamos lo que para nuestra óptica pretende el fortalecimiento de la sociedad civil y como el P.C.P trabaja sobre ello, y por ultimo tenemos la noviolencia como el componente pedagógico del P.C.P, la propuesta de solución del conflicto retoma a la noviolencia como el eje, a ello hay que anotar que no solamente se dan los aportes Filosóficos de King, sino que también retomamos a Mario López, quien realizó un trabajo de investigación con la propuesta de la Noviolencia como una alternativa política y además encontraremos una amplia variedad de personas que se encuentran trabajando la noviolencia y la acción directa.

Es en este escrito se realiza una construcción de conocimiento que combina la teoría sociológica, el proyecto del PCP, la filosofía de noviolencia y el paradigma de participación democrática; además que vislumbra una realidad que esta en boca de los actores sociales, mas allá de los limites ornamentales del claustro universitario, acogiéndose a nueva perspectiva de la estructura sociológica que no este ubicada en la fuerza centrípeta ni centrífuga, sino en el vértice de la dinámica social.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

La concepción que tiene los ciudadanos de la democracia y sus instituciones ha suscitado un creciente interés sobre este tema en las sociedades latinoamericanas. Efectivamente se ha tomado como pauta para comprender la gran relevancia que tiene este tema, e igualmente ha servido para evaluar el proceso de democratización y la calidad de la democracia.

"La gobernabilidad democrática no se refiere tanto a los atributos de un régimen democrático, como a las capacidades de una sociedad para enfrentar sus retos y oportunidades, es una estrategia de construcción de capacidades propias para fortalecer las interrelaciones con las instituciones, la capacidad política de la calidad transformadora del liderazgo"

SOBRE EL CONCEPTO DE GOBERNABILIDAD

Durante la década del 70 es en donde se comienza a acuñar el origen de la utilización del término gobernabilidad, Esta inclusión es el resultado de la constatación de un incremento en la insatisfacción y desconfianza que provoca el funcionamiento de las instituciones democráticas en los países desarrollados. Casi siempre se adopta una interpretación claramente conservadora del concepto de gobernabilidad al asociarlo principalmente con una sobrecarga de demandas sociales frente al Estado. Desde esta interpretación la ingobernabilidad está asociada, por un lado, a la falta de eficacia de los Estados para responder a los crecientes reclamos de la sociedad en el marco de las condiciones económicas existentes, y, por otro, a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones democráticas al no encontrar cumplidas sus demandas.

En muchos casos esta ineficacia y falta de gobernabilidad comienzan a convertirse en el detonante para la creación de un conflicto, la exclusión política que se traduce con el tiempo en la falta de legitimidad del Estado, éste se convierte en inoperante y en ausente, es allí donde grupos pueden comenzar a ejercer su autoridad y legitimarse (usando los medios que fuesen), la ausencia estatal, ya sea por omisión, recae en la falta de atención de las Necesidades Básicas Insatisfechas, se traslada la presencia de poder, no se crea una cultura política y publica, generando una falta en las dos vías de comunicación donde se pierde por completo los canales sociales.

Lo esencial de esta postura está reflejado en el precepto de que la ampliación de la democracia es la que permitir la articulación de mayores demandas de la sociedad civil frente al Estado, para otros resulta inconveniente la aplicación de este tipo de ejercicio por que se convertiría La democracia en un razonamiento que al profundizarse en la sociedad y los ciudadanos alimentaría sus ofertas y demandas, por lo tanto el país se vuelve ingobernable para la sociedad misma. Pero por otro lado encontramos que es la pérdida de confianza entre los electores y sus partidos, entre la ciudadanía y las políticas estatales lo que produce estados de ingobernabilidad. Y como este tipo de sociedades no limitan la participación popular, el resultado es una desconfianza hacia la democracia misma.

Desde otras perspectivas, se tiende a confundir ambos términos, e incluso de les asemeja con los de gobernancia y gobierno, pero para algunos estos parecen ser dos términos contradictorios, ya que la gobernabilidad y la democracia pueden tomarse como un exceso de participación de los ciudadanos; entonces democracia significaría un déficit de gobernabilidad; una gobernabilidad fácil sugiere una democracia deficiente. Por otra parte igualmente encontramos que desde esta visión, que la única persona capaz de crear condiciones de gobernabilidad esta en la elite gobernante a partir de una determinada ingeniería social, de modificaciones en el nivel procedimental de los sistemas políticos o de apelar a la ayuda de mass media a efectos de incrementar los niveles de legitimidad.

Las estrategias que se proponen frente a esta situación también conllevan una impronta conservadora que se canaliza por los medios de disciplinar a través de mecanismos ideológicos o coercitivos a la sociedad, a fin de limitar su capacidad de demanda. Varias instituciones han jugado un papel fundamental en la reaparición del concepto en el contorno de la política y las ciencias sociales. Recuperada la institucionalidad democrática y habiendo desaparecido (al menos momentáneamente) los enemigos «externos» del sistema, los problemas de gobernabilidad se visualizan principalmente como deficiencias del propio Estado y del sistema político. Por otra parte, la preocupación por el uso eficiente y transparente de la asistencia financiera internacional lleva a incorporar a la idea de gobernabilidad los conceptos de «rendición de cuentas» o responsabilidad, predictibilidad, honestidad, etc. Esto para la buena imagen que se debe presentar ante la comunidad internacional, las entidades internacionales con el fin de acceder a los ofrecimientos que estos facilitan.

De cualquier manera, esta recuperación del concepto de gobernabilidad en el inicio de los años 90 no alcanza a superar una los presupuestos restringidos y elitistas que acota el concepto a un problema que es visto solamente desde la eficacia administrativa o de buena conducción y gerenciamiento del aparato de gobierno. Continúan siendo las decisiones estatales las preponderantes para dar el calificativo sobre la gobernabilidad de un Estado o no, este se convierte en el factor dinámico y en cierta forma excluyente entorno al cual se definen las condiciones de legitimidad y eficacia, dejando de lado las reales implicaciones que ambos conceptos acarrean para dejar sentada la base sobre si realmente se ejecuta el conjunto de factores sociales destinados a establecer nuevas formas de cohesión e integración social para construir un nuevo orden que sea capaz de disminuir las desigualdades objetivas que dividen actualmente la sociedad y aumentar la igualdad de oportunidades actuando de acuerdo a los contexto internacionales que producen las condiciones efectivas para la gobernabilidad.

Desde el mundo académico contemporáneo, estas concepciones han provocado el surgimiento de diferentes perspectivas que principalmente, alertan sobre el uso restringido del concepto y plantean la propuesta del debate entorno a la participación de los distintos actores sociales en función de la creación de las condiciones que hagan propicia la gobernabilidad democrática.« Tan grave como ignorar el problema de la gobernabilidad sería enfocarlo en forma equivocada o restringida. Existe la tentación de circunscribir el problema al mejoramiento del gobierno y de su capacidad de manejar el proceso de desarrollo económico y a maximizar la eficiencia del sector público. Invertir ideas y recursos solamente en estos temas, sin analizar las condiciones de las cuales realmente depende la estabilidad del gobierno, su capacidad de ejercer funciones y la viabilidad del sector público, sería como arar en el mar…».

En esta idea se permite obtener una visión más ampliada e integra del concepto de gobernabilidad, no se queda solamente en los parámetros dados por el sistema financiero internacional, sino que se presenta este como un fenómeno sistemático y además incluyente, le asigna un lugar las variables vinculadas a la relación del Estado con el conjunto de organismos económicos y poderes públicos y no deja de lado la interacción con los actores de la sociedad civil, la economía y el mercado.

Estas interacciones las encontramos como aspectos fundamentales para desarrollar la posibilidad de formar consensos o mayorías estabilizadoras. Transformado la gobernabilidad que se ha visto nada más como un asunto de ingeniería en el ámbito de la cúpula del Estado, Permitiendo visualizar los proceso por los cuales se pasa con la complejidad que ello acarrea, donde interactúan en conjunto los actores sociales «por lo tanto la gobernabilidad democrática no es solo el producto de la capacidad de un gobierno para ser obedecido por sus propios atributos (transparencia, eficacia, buena imagen), sino de la capacidad de todos los actores políticos estratégicos para moverse dentro de determinadas reglas de juego -una especie de concertación-, sin amenazas constantes de ruptura que siembren la incertidumbre en el conjunto de la sociedad…»

Resulta de sustancial importancia señalar una distinción que, para el caso de las condiciones particulares de los países latinoamericanos, no es menor. Hacemos referencia a las posiciones que absolutizan el papel de la voluntad de los actores en torno al mantenimiento de un equilibrio inestable; genera éste suprema importancia para que las elites lo mantengan de esta forma, pues mientras el pueblo no se revele decididamente, se puede mantener así, pero cuando se revelan, estos lo realizan de una forma desorganizada y con ello solo ganan que se ajuste periódicamente el status quo a través de mecanismos previstos con anterioridad e institucionalmente, dejando como producto el mantenimiento de la misma clase en el poder y las ganancias generadas por la revolución son ínfimas, las cuales entran a favorecer mas a quien no las exigió, que aquellos quines la demandaban, es tal la ceguedad de parte y parte que aquéllas demandas que deberían ser priorizadas como las condiciones socioeconómicas necesarias para alcanzar un grado de legitimidad (no solo de legalidad) que permita la gobernabilidad democrática, son omitidas y descartadas.

Existen perspectivas que han incorporando a su análisis las condiciones de gobernabilidad, los mecanismos de articulación entre Estado y sociedad civil. Estos enfatizan principalmente los aspectos vinculados al espacio político-institucional. Desde esta visión, la gobernabilidad estaría cuestionada sobre todo por la crisis de representatividad. Esta crisis, si bien no ha afectado aún a la credibilidad en el sistema democrático, ha comenzado a cuestionar los procedimientos utilizados para la elección de los representantes, a los partidos políticos y a los propios políticos como grupo que prioriza sus propios intereses antes que los de sus representados

Muchas de las sociedades latinoamericanas en la que los individuos solo ejercen su papel de ciudadanos en relación con la única institución que funciona en forma parecida a lo que prescriben como democracia (las elecciones), para el fortalecimiento de la gobernabilidad se requeriría del desarrollo de mecanismos alternativos de participación política de la población, centrándolo en la creación De una profunda cultura política que permita ejercer una ciudadanía plena que da cabalidad al desarrollo de la legitimidad, en cambio la idea de eficacia es incorporada en un doble sentido, Por un lado se interpreta en lo concerniente a la competencia técnica y administrativa del gobierno a los efectos de aumentar su racionalidad y por otro lado, se da en dirección del respeto por los compromisos asumidos en los tiempos electorales, demostrando al resto del electorado la voluntad política Que tiene su representante para atender las problemáticas endémicas y coyunturales situaciones de exclusión social y de pobreza.

"La coetaneidad de los procesos de democratización, de reforma del Estado y de ajuste económico que están viviendo los países de la región, colocan a esta problemática en un lugar central. La desvinculación entre « una reforma del Estado que apunta principalmente a una racionalidad económica, sin ninguna referencia al régimen democrático y los procesos de democratización, pone en peligro la gobernabilidad democrática entendida en un sentido integral".

Cuando los gobernantes y otros actores que resultan determinantes para la proyección político – social, solo centran su actividad en la implementación de la democratización por medios diferentes a los de la modernización, el gobierno se caracterizara por ser un Estado que puede llegar a ser gobernable pero con ingobernabilidad. Cuando los gobiernos otorgan privilegios a orientar el Estado hacia una modernización mecanicista que tiene como objetivo principal reducir el gasto público para optimizar su operatividad, puede esto decantar en la desnaturalización del sistema democrático. La crudeza de esta realidad a sido tomada desde otro tipo de perspectivas, estas aducen que al tiempo en que solamente nos centramos en empeñamos en la consolidación la democracia, descuidamos otras pautas que resultan de ponderante importancia para la efectiva implementación de esta, el descuidar estas pautas hacen que no estemos lo suficientemente preparados para asumir medidas de tipo económico que implican un costo social elevado que colocan en duda la misma democracia, la expectativa de uno u otro sector es ensombrecida ya que la pretensión de este esta en alcanzar los criterios básicos de la justicia social.

En síntesis hemos encontrado que las perspectivas originales de carácter conservador, limitan el sentido de la gobernabilidad y el desarrollo de estrategias que esta puede implementar en un Estado, degenera esto en que la implementación de las demandas elaboradas por la sociedad no obtengan los canales apropiados para la solución de estas, ya que las soluciones en su mayoría son elaboradas desde la cúpula del Estado en dirección a contener los conflictos sin que ellos amenacen la estabilidad del sistema socioeconómico y político de los últimos años. Una puesta diferente a la anterior se ha planteado, entendiendo el concepto de gobernabilidad democrática como el planteamiento de una perspectiva integral y no restringida del binomio legitimidad-eficacia. Deja en condiciones de igualdad la necesidad de construcción permanente de la gobernabilidad democrática a partir de una nueva articulación entre el Estado y la sociedad civil, otorgándole a esta última un papel irremplazable, dicho de otra manera la gobernabilidad es equivalente al desarrollo de un marco democrático que suponga amplia participación de sectores populares en la resolución de los problemas que plantea la crisis y la reestructuración productiva y societal

SOBRE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Aunque en Antioquia se han realizado en el pasado programas tendientes a promover la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, es claro que el enfoque, la metodología, el propósito y los alcances de esta iniciativa, se constituyen en una innovadora forma de enfrentar el problema del deterioro de la convivencia y de la seguridad democrática, sin antecedentes ni referentes en los procesos de gestión del departamento. Encontramos que en el departamento se retoma en concepto de seguridad democratita al igual que la nación, pues para las propuestas políticas del departamento, esta se obtiene mediante la inversión pacifica que se le dé a la transformación del conflicto por medio del empoderamiento ciudadano, es planteada la seguridad democrática como una competencia tanto del Estado como de la sociedad civil para garantizar y permitir el pleno ejercicio de los derechos fundamentales

En el plan de desarrollo nacional se puede encontrar el siguiente planteamiento sobre la seguridad democrática; « "sin seguridad no hay prosperidad… y puede no haber futuro", por consiguiente "se brinda seguridad se avanza en el propósito de cerrar la brecha fiscal se podrá recuperar la confianza y la senda del crecimiento económico". «La seguridad democrática pretende asegurar la viabilidad de la democracia y afianza la legitimidad del estado.

El planteamiento del problema formulado por la sociedad Antioqueña y recogido en el Plan Congruente de Paz expresa que el deterioro de la convivencia y la seguridad democrática esta dado en un contexto de inequidad, exclusión, conflicto armado, rural y urbano, el asentamiento de este problema en cuanto a lo concerniente de la seguridad democrática se visibilizo en lo complejo y multidimensional que el concepto mismo trabaja, pues el deterioro de la seguridad individual, de la seguridad colectiva, de la seguridad institucional y de la seguridad social, implican una construcción olistica en la que alguna de sus partes se encuentra afectada, inmediatamente esto repercute en el resto y por ende en la seguridad democrática.

El ideal de todo ser humano es llegar a vivir en paz y tranquilidad, es decir, alcanzar su felicidad, esta se puede lograr con la instauración de un orden democrático y la implementación de la convivencia pacifica con la comunidad, tomándose esto como un carácter consustancial e innato a nuestra especie y para la construcción de cultura, ya que por naturaleza y como reflejo cultural asumimos que somos seres sociales. Entendemos que la seguridad entendida en términos de convivencia pacifica, esta dada por el dialogo entre diferentes, en las relaciones humanas donde se puede abrir el espacio para la deliberación publica para la toma de decisiones que atañen a la colectividad y para la resolución de la disputa por la defensa y conquista de ciertos intereses.

INSTAURACIÓN Y DESARROLLO DE LA CONCEPCIÓN DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

«El país debe transitar al desarrollo de un concepto de seguridad democrática en el carácter estricto de bien público fundamental, que trascienda la conceptualización de seguridad entendida exclusivamente como defensa y seguridad. La seguridad democrática no se basa esencialmente en la aplicación de la capacidad de coacción, de la intimidación o de penalización por parte del Estado sobre el resto de la sociedad, sino que se fundamenta cada vez más en el perfeccionamiento de una cultura de convivencia ciudadana, en términos de tolerancia, solidaridad, respeto a las diferencias, y en un ambiente crecientemente igualitario en el que prevalezcan criterios, postulados y principios básicos de justicia distributiva.

Afirmar el Estado de Derecho y reconocer el papel de la sociedad en la definición del pacto social, sustentado en la soberanía popular que funda la vida en sociedad. Garantizar la seguridad para la población y complementariamente para el Estado, siendo la primera sustento fundamental de la observancia de la segunda. Aplicar políticas de seguridad que no sólo sean legales sino también legítimas y, aún más, éticamente válidas, y evitar acudir a la excepcionalidad como se ha hecho tradicionalmente sin mayor éxito. Propugnar la seguridad para la convivencia y para el desarrollo de las potencialidades de la sociedad, y no la seguridad en sí y por sí solas. Vindicar a la fuerza pública como un órgano con una capacidad deliberante sobre los asuntos fundamentales y los propósitos colectivos de la sociedad. Se concibe la deliberación como un concepto amplio en el sentido de debate, discusión, reflexión sobre asuntos de interés colectivo –como la seguridad democrática–, y no en su sentido más restringido y restrictivo como el referente exclusivamente a meras materias partidistas. Así, bajo la acepción bien entendida de deliberación, la siguiente argumentación no contradice, de manera alguna,

Al Artículo 219 de la Constitución Nacional que establece taxativamente que "La Fuerza Pública no es deliberante".

Las sociedades humanas están fundamentadas en un conjunto de acuerdos que les permite vivir y mantener su especie, dentro de este conjunto de acuerdos encontramos que las sociedades llegan a crear unos parámetros normativos para el mantenimiento de la convivencia, es por ello que la sociedad humana apunta al fortalecimiento de su existencia y desarrollo con cada uno de sus miembros, a estos se las han dado los reconocimientos y garantías a derechos fundamentales a permanecer, y a permanecer con su dignidad humana inherente e intacta.

Como condicionante de la dignidad humana encontramos la seguridad de las personas. Esta seguridad debe ser, al mismo tiempo, fáctica y jurídica:

A). La seguridad fáctica está integrada por un conjunto de circunstancias objetivas que dan a cada ser humano la capacidad de actuar libremente, pero sin dañar a otros.

B). La seguridad jurídica, esta en el sentido positivo y consuetudinario, en ambos sentidos, se da cuando existen normas reguladoras de la conducta humana, siempre y cuando estas sean públicas, previas, claras, manifiestas, y se apliquen a todos por igual, por instituciones independientes que hagan parte de una estructura democrática. El concepto de seguridad democrática puede ser definido e interpretado de diferentes maneras, por lo tanto su aplicabilidad también corresponde a esta capacidad. Nuestra interpretación esta de la mano con lo opuesto al concepto de seguridad autoritaria, o de seguridad totalitaria o de seguridad dictatorial. por que entendemos y la historia ha demostrado que este tipo de seguridad promueven los Estados autoritarios y fascistas, merma el poder democrático, deconstruye el poder ciudadano, fomentan una cultura represiva e incrementa la antropología militarista

Desde una mirada más positiva comenzamos por indagarnos, ¿qué significa? La seguridad puede catalogarse como democrática cuando es incluyente con todos los miembros de la sociedad y los trata por igual, además, los medios que utiliza para alcanzar su fin deben buscarse y lograrse a través del respeto y la dignidad de la persona, por ende, que no causen vulneración o amenaza en la autonomía o inviolabilidad del ser humano.

La seguridad y los derechos humanos no son formas quiméricas e inalcanzables, tampoco conceptos ni realidades incompatibles. Más bien, el derecho a la seguridad forma parte de la normatividad de los derechos humanos y con la violación de varios de estos derechos, se ve vulnerado el derecho a la seguridad que posee cada persona. La declaración universal de los derechos humanos en su artículo tercero reconoce que: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, igualmente esta reconocido por el Artículo noveno, 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por el artículo séptimo, 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acuerdos, tratados y protocolos que el país ha asumido en ejercicio de su soberanía, en la protección y respeto a sus ciudadanos y coterráneos.

Ahora bien, cuál es la relación entre la seguridad de la persona y la seguridad democrática, entendiendo que ésta llama al orden público, y como resultado encontramos que no hay, o no debe haber, contradicción entre el orden público y la seguridad de la persona. El orden público democrático y seguridad pública son parte de un mismo conjunto que es entendido y percibido como el estado de circunstancias dentro de las cuales una determinada población de un territorio nacional se encuentra libre de riesgos o daños provenientes del abuso del poder estatal o de cualesquier otra dirección de pode, de la ruptura de la convivencia pacífica por parte de los grupos armados al margen de la ley, o de la acción de cualquier tipo de criminalidad.

La obligación de la nación y en esta caso de Colombia es de proteger y garantizar los derechos humanos, también se aplica en las circunstancias difíciles en que de facto se encuentra el país por el conflicto armado interno. Pero esta protección no solamente debe de estar garantizada por el gobierno central, sino que también es deber y recae sobre las otras territorialidades gubernamentales. Conforme a lo establecido, las autoridades nacionales tienen la obligación y el deber de tomar todas las medidas necesarias, sin salirse del marco que establece la constitución y los parámetros de los derechos humanos, ello con el fin de proteger y garantizar la seguridad de los habitantes del territorio frente a eventuales agresiones originadas en acciones de grupos armados al margen de la ley, o en la criminalidad común. Las actividades adelantadas por el Estado son legitimas y necesarias, siempre y cuando no se salgan de los parámetros de la legalidad, estas actividades son orientadas a prevenir y de ser el caso, llevar a la justicia las conductas ilegales, de diferente índole, que atentan contra la seguridad. Uno de los discursos de la actualidad que fomentan el sentido de la seguridad esta dado por el terrorismo, discurso el cual tiene sus inicios en los atentados del 11 de septiembre contra las torres gemelas de New York, y encontramos que así como se desplomaron las torres, el discurso que se realizaba en contra del narcotráfico también se desplomo, este cambio y fue remplazado por el del terrorismo, el cual resulta ser un flagelo que atenta contra la libertad y la democracia. El terrorismo desde ha ya varias décadas ha estado implementándose, aun más en nuestro país que esta sometido a una guerra irregular o de guerrillas, teniendo la particularidad de que poseemos una constitución que en su primer articulo hace alusión al Estado social de derecho.

El termino de terrorismo ha sido uno de los cuales ha encontrado poco acuerdo entre quienes intentan definirlo, es así como encontramos que en el derecho internacional y en los derechos humanos como en el derecho internacional de los conflictos armados ha habido dificultades para definirlo, al acuerdo que si se ha llegado es que en un Estado de Derecho las exigencias de la jurisprudencia y la doctrina demandan que el uso de las palabras "terrorismo" y "terrorista" no sea indiscriminado ni propagandístico, sino lo más preciso posible. Sin embargo, desde 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas define como terroristas "los actos criminales con fines políticos y concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas" . Por su parte el Comité Internacional de la Cruz Roja señala que constituyen una forma particular de terrorismo, prohibida en el artículo 13 del Protocolo II, "los actos o las amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil".

Cuando se presenten casos en que las actividades delictivas contra la seguridad pública llegan a poner en peligro la vida de la Nación, los artículos cuarto,1, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 27,1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos autorizan al Estado para ejercer el llamado derecho de excepción. Con la salvedad de que este se debe implementar respetando los principios internacionales de legalidad, temporalidad, proporcionalidad y necesidad, y sin afectar los derechos humanos dados en las normas internacionales. Dicho de otra manera, toda acción que el Estado emprenda en contra del terrorismo no puede salirse los parámetro y principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho penal. Independientemente de la repercusión y las consecuencias de las acciones terroristas.

Es inherente a las funciones del Estado observar y conservar a cabalidad los principios y las normas adoptados por la comunidad internacional en materia de respeto a la vida y a la integridad personal, de privación de la libertad, de trato humano de los detenidos y de seguridad jurídica de las personas. De igual manera el Estado no puede limitar o suspender el derecho de hábeas corpus (derecho a solicitar y a obtener el control judicial de la legalidad de la privación de la libertad), el derecho a las garantías judiciales, el derecho a un tribunal independiente e imparcial y el derecho a la presunción de inocencia. Independientemente de los métodos crueles, ilegales y cobardes que puedan usarse en actos terroristas, el Estado tampoco puede ignorar o desconocer los principios de taxatividad, tipicidad, legalidad y no retroactividad. Dicho en otras palabras la imputación de las conductas punibles debe ser "inequívoca, expresa y clara". Mucho menos se permite reducir el espacio de otras libertades que se encuentran garantizadas, como la objeción de conciencia, de pensamiento y de religión, el derecho expresarse libremente, la libertad de informarse claramente, la libertad de reunión y asociación pacífica y los derechos políticos. El Estado debe respetar los principios internacionales sobre independencia e imparcialidad de la justicia. En ninguna circunstancia la necesaria lucha antiterrorista debe implicar la confusión de poderes entre los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, ni el establecimiento de sistemas procésales que permitan el juzgamiento de civiles por autoridades militares o por entidades no jurisdiccionales.

Una política de seguridad democrática tampoco debe expresarse en disposiciones o prácticas mediante las cuales se den o impongan a los miembros de la población civil funciones o tareas que, al hacerlos participar de modo directo y activo en las hostilidades, los priven de la protección a ellos conferida por la normativa internacional humanitaria. El Estado debe siempre respetar el principio humanitario de distinción. En ningún caso, la cooperación de los ciudadanos con las autoridades encargadas de la defensa nacional, de la protección del orden público, o de la administración de justicia debe asumir formas de acción que involucren a los civiles en el conflicto armado.

La Corte Constitucional de Colombia dijo en su sentencia C-251 del 11 de abril de 2002 "…Si el Estado se fundamenta en la dignidad y derechos de la persona, entonces la preservación del orden público no es una finalidad en sí misma, sino que constituye un valor subordinado al respeto a la dignidad humana, por lo que, la preservación del orden público lograda mediante la supresión de las libertades públicas no es (…) compatible con el ideal democrático. (…) Y de otro lado, si el Estado está al servicio de la comunidad y de las personas entonces corresponde obviamente a las autoridades del Estado proteger y ser garantes de la seguridad de las personas, y no a las personas proteger y ser garantes de la seguridad del Estado". La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en su sentencia del 30 de mayo de 1999 "…Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda la sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral".

CONCEPTOS FUNDANTES

Distintos autores han destacado que cuando nos referimos a la gobernabilidad estamos utilizando un concepto polisémico: «término que adquiere una connotación imprecisa y ambigua", «que mueve inevitablemente a la confusión»; «palabra atrapa todo» o «concepto elusivo. No sólo no existe consenso acerca del uso del término, sino que en distintas ocasiones es utilizado en sentido marcadamente opuesto

La tendencia a confundir conceptos se hace notorio por que existe un fuerte vínculo entre la participación política y la gobernabilidad. Pensamos que si una población participa activamente en la cosa pública, esto produce casi de inmediato beneficios directos:

Para el sistema político democrático del que se trate (aumenta la gobernabilidad, estabilidad, etc.)
Para los ciudadanos y su capacidad de juzgar adecuadamente los asuntos políticos ( empoderamiento. La existencia de estos beneficiosos vínculos, sin embargo, no resulta tan sencilla de demostrar ni es objeto de consenso entre los estudiosos.

Uno de los primeros estudiosos de la sociedad humana es Aristóteles, este en sus creaciones filosóficas sostenía que unos hombres nacen para mandar y otros para obedecer, en este orden de ideas también dividía a la sociedad en artesanos, labradores y defensores, cada individuo según su aspecto y contextura física serviría para pertenecer a una de estas tres formas de distribución de la Republica, al igual que Aristóteles, contra la opinión de Sócrates, se conoce uno de los primeros documentos del sofista Protágoras, que no fueron quemados en la hoguera, que argumentan en favor de la justificación de la participación democrática en la historia de la teoría política, que todos los ciudadanos deben participar en el gobierno de la ciudad, puesto que todos ellos poseen igual competencia política e igual capacidad de juicio para los asuntos políticos. Por los siguiente ya hay un mínimo de sentido moral y de sentido de justicia, ambos son compartidos por todos los ciudadanos, y esto les permite participar, deliberar, discutir y decidir sobre lo público. Debido a que todos poseemos una capacidad de juicio político (la combinación de sentido moral y justicia), todos podemos y debemos participar. Esta capacidad de juicio nos hace iguales y es la posesión de esa capacidad la que justifica un sistema político democrático.

La teoría política a dedicado poca atención a este tema y a esa justificación. Y es una pena que la teoría sofista, convenientemente invertida, se haya convertido en el argumento para mantener la exclusión no permitir el debate, aminorando la participación en la esfera pública. Acarreando esto como consecuencia y no hace mucho tiempo, la exclusión de los trabajadores al derecho al voto, igualmente cuando se negaba el sufragio a la mujer o cuando se relegaba a la condición de paria político a una minoría racial (o a una mayoría racial), la razón para hacerlo siempre era la misma: estos individuos por infinidad de motivos se les eran aducidas cualidades como personas o como grupos sociales, de que carecían de capacidad de juicio político. De hecho, hoy se sigue utilizando esta argumentación para justificar exclusiones que consideramos razonables.

Por otra parte en sentencia de la Corte Constitucional de Colombia esta dejó sentado como precedente de doctrina y jurisprudencial que la participación democrática "expresa un proceso social de intervención de los sujetos en la definición de destino colectivo… se concibe y sé vivencia como un principio de organización y de injerencia activa de los individuos que irradia todos los procesos de toma de decisiones que tienen lugar en los distintos campos y esferas de la vida social".

Suponemos que la incapacidad para el autogobierno de algunos grupos, les excluye del gobierno común. Y este fue casi siempre el caso de las exclusiones antedichas: a las mujeres, por ejemplo, se les negaba autonomía individual tanto o más que capacidad de participación política; si los trabajadores no poseían otra propiedad que su fuerza de trabajo, esa era razón suficiente para demostrar su falta de autonomía en la esfera económica, que tenía como consecuencia la exclusión de la esfera política, o como sucediera en nuestra nación con las constituciones de 1832 y 1843.

Se ha dudado que la igualdad de juicio político existiese realmente y de que, caso de existir, su uso generalizado fuera conveniente. Existe quienes consideraban al igual que Jeremy Bentham, que cada uno es el mejor juez de sus propios intereses, pero eso no fue óbice para que recomendara formas de sufragio fuertemente restringidas. John Stuart Mill, por su lado, afirmaba que era preferible equivocarse por uno mismo que acertar siguiendo los dictados ajenos, pero al tiempo consideraba más conveniente una forma de sufragio cualificado que el sufragio universal. Contemporáneamente, Joseph Schumpeter o Giovanni Sartori creen que, debido a la complejidad de los asuntos políticos y al tipo de conocimiento especializado que requieren, un cierto grado de apatía entre los ciudadanos debe ser bienvenido en cualquier democracia representativa e, igualmente, que las decisiones políticas básicas y cruciales deben ser dejadas en manos de nuestros representantes.

El precepto de la participación política siempre ha levantado sospechas entre algunos sectores y partidos políticos, pero más comúnmente en los conservadores, quienes poseen la convicción de que la participación intensiva de la ciudadanía divide profundamente a la sociedad en demandas, ambiciones y necesidades excluyentes. El faccionalismo y el conflicto son sus corolarios. Por consiguiente, las masas de ciudadanos serían manipuladas fácilmente por demagogos y politiqueros en tal caso, los índices de participación señalarían, no a la fortaleza, sino, precisamente, a la debilidad del régimen democrático. La alta participación sería, pues, señal de insatisfacción o de deslegitimación del sistema e impactaría negativamente en la gobernabilidad. Todo ello, según esta perspectiva, aconsejaría como más razonable para lograr gobernabilidad el uso de herramientas tales como la representación, los políticos profesionales, los expertos.

El sistema democrático representativo allanaría los caminos para encontrar solución a estos problemas por medio de la interposición de las elites quines serian las encargadas y además poseen la facultad de agregar y articular intereses y demandas. Después de todo, lo importante para la tendencia liberal, sería garantizar el ejercicio de la libertad individual, no siendo así la participación o el juicio político ciudadano. Siendo de esta manera para el sector tradicional liberal-conservadora de dar cabida al individualismo moderno, entendiendo al sistema democrático como un conjunto de instituciones y mecanismos que garantizaran a cada individuo la posibilidad de realizar sus intereses sin interferencia o con el mínimo de interferencia posible.

No obstante se margina la vida participativa. Los individuos son movidos por el auto interés y el deseo, tratará de proyectar estos sumándolos a los de otros y hacerlos alcanzables y realizables, ya sea en un futuro mediato o no tanto. Esto es posible con la suma de los intereses mediante la acumulación de participantes en un grupo o sector que escuche o realice sus demandas. Son pues los partidos políticos las maquinarias, no de participación, sino de articulación y agregación de intereses individuales, las que permiten catalogar como bien público el total de los intereses individuales seleccionados, categorizándolos ordenándolos según las pretensiones de acuerdo con algún principio legítimo como sucede en la generalidad de los casos, el de la mitad más uno.

El ciudadano que se promueve desde esta visión está alejado del ideal participativo. Se supone, además, que el ciudadano liberal descrito es una construcción más realista. Básicamente porque:

Parece más fácil comprender los propios intereses que el bien común.
Los incentivos para participar se hallan más ligados al egoísmo de promocionar el propio interés que al logro del interés general.
La promoción del propio interés asegura el incentivo para los mínimos de participación requeridos en una democracia .

Como resultado encontramos una categorización del ciudadano que se encuentra en la misma dirección de las individualidades y los intereses, por ende la actividad política y la participación pública se limita a unos cuantos, creando desinterés y desestimulación, conduciendo ello al desanimo y permitiendo que la actividad política publica se profesionalice.

Caso el cual no esta muy alejado de la realidad según lo propuesto por la visión liberal porque lo que resulta importante para la autorrealización no tiene conexión con la participación política, sino con el auto desarrollo en la esfera privada o profesional y con el control de los mecanismos de agregación de intereses. Ese control estaría ligado a la existencia de elecciones en las que los individuos, armados con el conocimiento de sus propios intereses e informados suficientemente respecto de las alternativas, eligen entre productos políticos en competición y los sujetan a su control en la elección subsiguiente. Tal indulgencia ciudadana no exige una participación amplia y constante, sino que recomienda un prudente equilibrio entre el sufragar que es disfrazado como la más enalteciente forma de participar y la apatía como una fórmula al tiempo, ya que tal ejercicio no es continuo ni perdurable, convirtiéndose en una receta barata y eficiente para ejercer la compleja labor de la gestión según los intereses de los representantes y representados.

El famoso, conocido y polémico Carlos Marx ya había previsto este cambio de dirección, centrado ahora en los intereses, los derechos y las libertades individuales, acabaría concretándose bajo el capitalismo en la defensa de los derechos de propiedad individual o privada, olvidando todos los demás temas. También hay que tomar en cuenta lo mencionado por la Dama de Hierro, Margaret Thatcher o él actor de Hollywood, Ronald Reagan quienes adujeron algo bastante similar al planteamiento Marxista: la nueva derecha enfatiza los derechos de propiedad y seguridad a expensas de la participación y la libertad política. Desde esta perspectiva, lo que se trata es de conseguir un gobierno eficiente y justo, y tal objetivo será mejor servido por un pequeño grupo de políticos, burócratas y representantes, con el mínimo de interferencias, que por el uso generalizado de las habilidades de juicio ciudadano a través de la participación y la cogobernabilidad.

Los teóricos de la elite democrática han tratado de fundamentar desde lo rutinario la perspectiva liberal- conservadora. Los descubrimientos hechos por estos, dejan al ideal participativo ubicado en una posición poco positiva y desoladora, estos teóricos argumentan que las personas que están cohesionadas en un grupo social, comunal y además están asentadas en las ciudades y las territorialidades poseen una apatía profunda, les interesa poco conocer su realidad política e ignoran importantes deliberaciones, se les clasifica de apolíticos y su capacidad participativa se reduce al mínimo, los ciudadanos son egoístas e individualistas se preocupan por su autosostenimiento y por mantenerse en la competencia del sistema que exalta a la propiedad privada, además de sus pretensiones de sobresalir por encima de los demás en el campo laboral o profesional, se resienten negativamente al sistema neoliberal y al capitalismo, ambos desde su rol político, etc. Para aclarar: los ciudadanos de nuestras democracias no poseen juicio político ni aspiran a desarrollarlo y, para procurar gobernabilidad, estabilidad y democracia, de lo que se trata es de:

Difundir el valor de la tolerancia política entre los ciudadanos y la responsabilidad entre las elites.
Establecer marcos institucionales que garanticen ciertas reglas del juego.

"En ninguno de estos casos resultaría lo suficientemente conveniente impulsar o incentivar excesivamente la participación directa de los ciudadanos en los asuntos políticos. De hecho, el establecimiento institucional de canales de participación, que raramente son utilizados por la ciudadanía, refuerza este prejuicio liberal: el equilibrio entre participación moderada y apatía, unido a reglas de tolerancia y protección de derechos, produce gobernancia; la incentivación de la participación extensiva produce inestabilidad, intolerancia, sobrecarga del sistema, etc. Y esta tesis se entiende como más adecuada todavía en los casos de regímenes democráticos jóvenes que recientemente han experimentado una transición desde el autoritarismo. En efecto, ahora parecería que una desincentivación de la participación extensiva, un cierto grado de apatía, la desmovilización de algunos de los sectores más fuertemente implicados en el proceso de transición, la cesión de amplias esferas de poder a los representantes, la extensión de valores como la tolerancia, la búsqueda de éxito individual, la privatización de las diferencias entre la población, etc., producirían más gobernancia que sus contrarios."

De acuerdo a lo anterior surgen interrogantes como: ¿ de esta forma se estaría creando alineación política en los ciudadanos? ¿Resultaría aun más peligroso que los ciudadanos se alejaran de la actividad política participativa para el ejercicio de la gobernabilidad?

Ejerciendo una critica en contra a la posición de la perspectiva liberal-conservadora, la democrático-participativa precisa que al incentivar la participación y por medio de esta, sé desarrollar el juicio político ciudadano. En el lugar o territorio donde haya que tomarse una decisiones que inmiscuya a la colectividad, la participación ciudadana es el mejor canal o el método más incluyente y, por ende, el más legítimo para hacerlo. Y no es que únicamente se garantice la participación del autogobierno colectivo y, por ende, aumente la gobernabilidad. Además, los resultados producidos son efectos políticos benéficos ligados al ideal de auto desarrollo de los individuos y los pueblos. Aduciendo un poco a la historia encontramos que para los griegos era la participación en el autogobierno la que convertía a los seres humanos en dignos de tal nombre. La deliberación, la competencia pública (en el buen sentido de la palabra), la discusión y el debatir en común unidad e igualdad como ciudadanos que colaboraban de manera ordenada y pacifica para la construcción del bien colectivo que esta cimentado en los parámetros de la participación.

Para los humanistas del Renacimiento el compromiso con la vita activa constituía el vínculo comunitario creador de virtud cívica. Para Tocqueville, en fin, la implicación ciudadana en todo tipo de asociaciones (civiles, sociales, políticas, económicas, recreativas, etc.) constituía un rasgo distintivo del régimen democrático. Para John Stuart Mill o John Dewey la democracia no era únicamente un sistema de reglas e instituciones, sino un conjunto de prácticas participativas dirigido a la creación de autonomía en los individuos y a la generación de una forma de vida específica. Los partidarios contemporáneos de la democracia «fuerte» o «expansiva» aspiran igualmente a hacer de la participación el centro de gravedad de sus argumentaciones.

En general, la participación es un valor clave de la democracia según esta tradición. Y esa posición privilegiada se legitima en relación con tres conjuntos de efectos positivos:

La participación crea hábitos interactivos y esferas de deliberación pública que resultan claves para la consecución de individuos autónomos.
La participación hace que la gente se haga cargo, democrática y colectivamente, de decisiones y actividades sobre las cuales es importante ejercer un control dirigido al logro del autogobierno y al establecimiento de estabilidad y gobernabilidad.
La participación tiende, igualmente, a crear una sociedad civil con fuertes y arraigados lazos comunitarios creadores de identidad colectiva, esto es, generadores de una forma de vida específica construida alrededor de categorías como bien común y pluralidad.

La combinación de estos tres efectos positivos propuestos por Daniel Filmus resulta favorecedora, en esta forma de vida, de otros importantes valores: consolidación del sentido crítico, la capacidad de juicio ciudadano, educación cívico-solidaria, deliberación, interacción comunicativa y acción concertada, etc. En resumen, la forma de vida construida alrededor de la categoría de participación tiende a producir una justificación legítima de la democracia, basada en las ideas de autonomía y autogobierno.

La visión del PCP se encuentra muy de la mano con el planteamiento de la participación expresado por el señor Daniel Filmus, ya que este en la elaboración de su pacto pretende generar cogobierno y ceder gobernabilidad, pero también se adhiere a una forma representativa – participativa; nos encontramos que para el Plan Congruente de Paz la Participación fortalece:

La interacción entre los ciudadanos y las esferas de la deliberación publica.
La toma democrática de decisiones dirigidas al logro del cogobierno y al establecimiento de la cogobernabilidad.
Creación de una sociedad civil con fuertes lazos de comunalidad y de identidad colectiva.
La solidaridad, la capacidad dialogíca, el juicio político y la habilidad para la transformación pacifica de los conflictos.

Nos encontramos con lo ya entendido y analizado por muchos, el cambio de una forma de democracia a otra en la carta de 1991; muchos de estos expertos que hablaron de esta transición tal vez fueron mal interpretados por aquellos quienes los escuchaban, pues se creyó que al cambiar de una forma a otra, una de dos desaparecería, pero hasta ahora se viene comprendiendo que las dos formas pueden darse y complementarse, que lo negativo seria excluir una u otra, ejercicio el cual recoge el PCP, pues se puede ser representante y participante al mismo tiempo, no se pretende instaurar una representación pasiva similar a la que se vivió durante mucho tiempo, por el contrario, este tipo de representación esta acompañada por el imperativo de confianza depositado en el individuo, es este quien ha participado en la construcción de lo llamado aquí CED , a su vez desempeña el cargo de representante de su municipio en el orden regional o Departamental, lo cual no lo exime de seguir aportando a su comunidad y su región, pierde ese sentido de individualidad recalcado párrafos mas arriba para transformarse en sentido de colectividad, donde no impera la competencia sino la compartencia.

Se plantea que los ciudadanos que vivan bajo este tipo de ejercicio democrático serán juiciosos, responsables y solidarios, únicamente si se les da la oportunidad de serlo mediante su implicación en diversos foros políticos de deliberación y decisión. Y por lógica se tiene que cuantos más ciudadanos estén implicados y sean incluidos en estas formas de procesos, mayor será la fortaleza de la democracia, la optimización del sistema permitirá que este funcione más eficientemente, la legitimidad se incrementara e, igualmente, mayor será su capacidad para controlar al gobierno e impedir sus abusos. La participación permitirá contar con mejores ciudadanos, mejores personas e individuos. Les otorgara la posibilidad de traducir en términos públicos sus deseos y aspiraciones, incrementará e incentivará la empatía y la solidaridad, permitirá que en la palestra publica los ciudadanos argumenten racionalmente ante sus iguales y asumir responsablemente las consecuencias de las decisiones. Tales efectos beneficiosos de la participación se conjugan con la propuesta de la democracia y sus prácticas.

Expresado de otra manera se puede notar que existe una conexión interna entre participación, democracia y soberanía popular, por un lado, y derechos, individualismo y representación, por otro. Ejemplo es el hecho de que estas últimas constituyen las condiciones legal-institucionales bajo las cuales las variadas formas de participación y deliberación política conjunta pueden hacerse efectivas. Así pues, la participación adopta un nuevo matiz en el que se contemplan sus efectos positivos en la creación de mutuo respeto, de comunalidad, de confianza interpersonal, de experiencia en la negociación, de desarrollo de valores dialógicos, de habilidades cognitivas y de juicio; en definitiva, de auto desarrollo personal en la las variadas plazas públicas que la democracia pone al alcance de los ciudadanos. Permitiendo al auto desarrollo entrar en los parámetros de la moral social y permite la reflexión ética.

La tendencia contemporánea para muchos sistemas democráticos esta en la necesidad de reforzar los movimientos ciudadanos de la sociedad civil y los nudos cívicos que ésta red crea. Los demócratas participativos aspiran a seguir y consolidar esa línea y a construir nuevos y variados ámbitos de participación democrática institucional y no institucional. De hecho, existe evidencia empírica de que el retrato del ciudadano ofrecido por el liberal-conservador no es del todo exacto. No es que la apatía sea funcional, es que no hay que confundir un seguimiento «de segundo orden» de la política con mera pasividad. En las circunstancias adecuadas, los ciudadanos reaccionan y se movilizan en defensa de sus intereses políticos y de lo que creen justo o necesario.

La débil voluntad de participación como sucede a menudo en los países de Latinoamérica, permite realizar un análisis sobre los defectos que presenta el sistema, pues la utilidad de la participación para los ciudadanos no siempre es evidente, ya que estos han interiorizado que la participación democrática se da solamente el momento del sufragio, reduciendo al mínimo la expresión de la democracia y dejando entre ver la poca educación y la poca cultura política en la que están adscritos. Así pues, cuanto mayores sean las expectativas de que la implicación política obtendrá resultados, mayor será la participación. Por último, el pluralismo de intereses y opiniones existente en nuestras sociedades hace que la participación no siempre deba seguir la senda institucional, por el contrario permite tomar una posición en el amplio panorama del horizonte participativo, muestra de ello esta en realizar una rápida mirada por los ámbitos que no necesariamente están relacionados con políticas de índole institucional que acogen las aspiraciones políticas ciudadanas, como cuando en otros lugares (los partidos, por ejemplo) ya no parecen ser los apropiados para hacerlo, ya que existe una creciente fuerza popular que deja como resultado la poca credibilidad en los mismo.

Así pues, la participación en la tradición democrático-participativa no debe ser entendida en términos exclusivamente institucionales o ligada de manera excesiva a los partidos como canales de participación, apreciación la cual hace ya mucho se desvirtuó, sin embargo, esta posee un valor esencial que es los mecanismos de educación cívica, pese a las dificultades de convertir en prácticas institucionales lo que se extiende a otros ámbitos no institucionales de tomas de decisiones tenemos a quienes opinan que esos nuevos lugares de participación, tales como el movimiento feminista o el movimiento ecologista, pueden resultar de enorme importancia para el desarrollo de una ciudadanía crítica y con capacidad de juicio autónomo, para el fortalecimiento de la sociedad civil y la consolidación de la capacidad que desarrollan las organizaciones para interlocutor ante las instituciones, es decir, el desarrollo de Su capital social.

Y la Asamblea Constituyente de Antioquia ha permitido que se genere capital social y se consolide el tejido social, esta obedece al juicio que se hace aun más fuerte cuando el movimiento es abanderado por la autonomía personal que por consiguiente se convierte en el factor común que es recogido en forma de movimiento y no pierde su carácter autónomo, tanto del movimiento como desde el individuo.

La Asamblea recogió todas aquellas iniciativas que se venían gestando, aplicando o trabajando en el departamento, para articularlas en una sola, lo cual se convirtió en valor agradado y la capacidad instalada del Plan Congruente de Paz, ya que este planteo un problema que ha sido llevado a la instancia máxima donde han participado varios movimientos, lo han madurado de tal forma que dejo de ser un juicio de movimiento y se convirtió en el juicio de la ciudadanía asamblearia, que ha desarrollado profundamente la critica de nuestros coterráneos y se canalizo en un nuevo espacio de deliberación democrática, donde los movimientos y los individuos no solamente llegan sino que se empolleran y saben canalizar este empoderamiento en el lugar que ellos consideran mas apropiado.

CONCEPTOS GENERALES

Vernon Lee Fluharty, en su libro La danza de los Millones realiza un análisis correspondiente al papel de la sociedad civil en la época del gobierno de Laureano Gómez "Todo lo que se desencadeno en aquel entonces no fue una guerra civil, pues no existía un frente de batalla no había una coordinación ni una visión militar hacia la conquista del poder, la violencia desbordaba la en lo económico y se manifestaba rompiendo la solidaridad y los graves fenómenos que acarrea al desplazo del centro de gravedad, pues el centro de gravedad política que era la zona rural se redujo a un tema de identidad partidista, y mas preocupante aun es que los gremios imponían sus necesidades y las hacían ver como si fueran de los demás reflejándolas y abanderándose como los representantes de una sociedad civil."

Se ha vuelto muy común en Colombia hablar de la "sociedad civil", aunque de manera confusa y abstracta, hasta el punto que una pequeña élite, conformada en lo esencial por representantes de los gremios económicos y de algunas instituciones, los que al fin y al cabo son parte del bloque de poder dominante, se arrogan de forma abusiva la representación en ocasionales eventos de paz y hasta en contactos con los jefes paramilitares.

El concepto de "sociedad civil" se ha venido discutiendo hace ya tiempo, en nuestro país se reactivo esta discusión en una forma más generalizada por las conversaciones del ELN con otros sectores de la sociedad civil, esta discusión no se da solamente en el sentido político sino también filosófico; y como ya puede resultar común en nuestro país, pareciera que no hay un punto de acercamiento y menos de unidad de lenguaje. Para el ya retirado excomandante de las Fuerzas Militares, general Bonett Locarno, "En Colombia la sociedad civil no existe. Eso si que es una entelequia" Para la Iglesia, los industriales -agrupados en los "gremios"- y los sectores de la tendencia socialdemócrata la sociedad civil son ellos, encontrándose con que a ese cognomento le hace el juego una parte de la insurgencia, quizá por la confusión que pueden entrañar dos términos parecidos, pero en ningún momento iguales: Sociedad civil y población civil.

La temática sobre el concepto es compleja, pero ello no implica que sea difícil de dilucidar, es comprensible que para algunos sectores de la población, más precisamente en los gremios económicos, los estratos altos y para la clase gubernamental, llegar a realizar una praxis en el exacto sentido del contenido y las formulaciones que datan desde el siglo pasado resultaría por demás inconsecuentes.

"Fue Hegel, siguiendo el precedente de los fisiócratas del siglo XVII, quien formuló (en su Filosofía del Derecho) la tesis de la "sociedad civil", basándola en la función de la estructura y la superestructura de las formaciones socio-económicas. Karl Marx en su Introducción General a la Crítica de la Economía Política retoma el concepto, fundándolo en la esencia de la economía. Lo desarrolla en La Cuestión Judía, Ideología Alemana, Crítica del Programa del Gotha y otras más. La sociedad civil -es para Marx- el conjunto de la estructura económica y social en un período determinado; se refiere a la concepción hegeliana de la sociedad civil que incluye el complejo de las relaciones económicas y la formación de las clases sociales".

Mas tarde el concepto seria retomado y reelaborado por Antonio Gramsci, quien realizaría un profundo análisis de la propuesta de Marx y Hegel, Gramsci dejaría sentada su percepción en los escritos que se conocen con el nombre de Cuadernos desde la Cárcel, él que la sociedad civil es "el conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados… que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad". Esta va en contraposición con la sociedad política (el Estado, en sentido estricto) en la cual se encuentran sus cimientos y principios básicos. Sigue desarrollando su teoría dentro del concepto más general sin perder de vista el conocimiento histórico en el que se desenvuelve la masa social, resultando de manera beneficiosa para las clases subalternas.

Las funciones que le atañen al Estado como sociedad política, permite realizar un análisis según lo expuesto en el párrafo anterior frente al ejercicio de la coerción, respecto a las instituciones sociales, componentes que al dividirlos arrojarían un resultado amorfo de la asociación de los ciudadanos. La sociedad civil que para este caso seria el órgano rector que permite la reflexión ética comienza por analizar sus componentes esenciales y la disección histórica. Permite Lo anterior poner de acuerdo a los teóricos para comenzar a comprender que la sociedad civil aparece en un momento determinado, en el período final del absolutismo, cuando se logran concretar en la actividad humana los estamentos y las corporaciones; y que la misma se profundiza con el advenimiento del capitalismo y el surgimiento de las organizaciones privadas (sindicatos, asociaciones, gremios, etcétera), que directamente no son controladas por el Estado.

La lucha entre la sociedad civil (organismos privados) y la sociedad política (Estado) se presenta en varios niveles, en los cuales las dos formaciones se imbrican lo que no implica que en algún momento dado una pueda cumplir perfectamente las funciones que le corresponden a la otra. Caso similar seria el del parlamento que es en una de sus formas sociedad política y a la vez sociedad civil. Respetando el sentido de la opinión pública. Otro ejemplo corresponde al de los partidos que son sociedad civil y también sociedad política cuando asumen el control del poder y pueden ejercer la "acción o dirección militar" para el mismo objetivo.

Encontramos igualmente el caso de los credos religiosos, mas concretamente el de la Iglesia, que como institución ha venido durante largo tiempo desempeñando ambas funciones, que para la mayoría de sus veces predomina más el carácter político y recientemente el de sociedad civil. Análisis que también se puede realizar para los grupos ilegales armados, que se organizan dentro de la sociedad civil aprovechando las coyunturas integrándose luego al Estado superada la etapa coyuntural.

La sociedad civil es gran protagonista si se encuentra en una forma estatal como lo es el liberal, el de derecho o el social de derecho, a un que en este tipo de Estados se pueda percibir cierto tipo de controles a las agremiaciones o sectores que la conforman, ejemplo de ello esta en el seguimiento que se le hace a los medios de información, los sectores populares, sindicatos, mutuales, cooperativas y demás. Por el contrario representaría una menor influencia en Estados como los autoritaristas, totalitarios, entre otros, las funciones de este tipo de Estados limitan la participación, encasillan a la sociedad civil un simple aditamento, muchas de estas sociedades incluso llegan a pigmentarse de caracteres fachista, que luego pasan a ser el control de la sociedad política. Es determinante para la formación de la sociedad civil el sentido de pertenecía, el manejo de la realidad, el interés por las diferentes decisiones políticas, el reconocer su historia, esto permite construir unos buenos cimientos para la edificación de la misma e incluso resulta determinante para la reestructuración de la sociedad.

La sociedad civil Antioqueña organizada en la mayoría del territorio en formas de asambleas constituyentes, ya sean departamentales o municipales, demuestran la construcción de un tejido social que esta comenzando a hilarse en Colombia, ello implica por obviedad que como sociedad civil están dando estas formas de construcción, pues son los gremios, sindicatos, la iglesia, negritudes, indígenas, las mujeres, los gays entre otros, quienes aportan a la construcción de las asambleas como ejercicio social, pero estos van de la mano del los estamentos gubernamentales quienes avalan procesos y por ende son legitimados.

Para el caso Antioqueño nos encontramos que al reunir a todos los sectores y territorialidades, e incluso a los grupos armados, con el fin de darle solución a un problema ya planteado – que no resulta ser en su totalidad el del conflicto armado- sino otras causas que generan la violencia muy diferentes a la guerra vivida en la actualidad, demuestra el poder de cohesión que se ha generado en la región, se convierte en un proceso de sociedad civil.

Prueba fehaciente de todo lo anterior es que la administración construyó una red de participación donde las administraciones municipales, las ONGs, y las organizaciones comunitarias ha promovido procesos donde se han construido 117 comités de impulso y/o centros de entrenamiento para la democracia, construcciones que ha allanado el camino para llevar a acabo las realizaciones de las asambleas Constituyentes Municipales, este tipo de construcción también da resultados como los de la construcción de agendas ciudadanas de paz y convivencia, con ejes que comprendían la: Inversión social y desarrollo, gobernabilidad local y legitimación del Estado, cultura de paz y conflicto armado y desplazamiento.

Por largo tiempo se ha creído que el no estar en un estado pacifico es culpa del Estado al no encontrar la manera de darle solución a la problemática actual y que este es el único que lo puede lograr, en el Plan Congruente de Paz es del pensamiento que este tipo de labor no solamente le corresponde al gobierno, sino que involucra a Cada uno de los miembros de la región y por lo tanto abre una nueva posibilidad a la participación donde se recogen las acciones y se conjugan en la Asamblea Constituyente de Antioquia La Asamblea Constituyente de Antioquia puede ser tomada como un proceso de acción directa noviolenta, además se encausa en la formulación de políticas publicas que estén enmarcadas en el problema de la convivencia y el desarrollo, adicionalmente formula un conjunto de decisiones relevantes donde confluyen La sociedad y el gobierno que por mandato constitucional adoptan el carácter de política publica de Estado, y también encontramos que se inscribe en los lineamientos de pacto social.

Es de tener en cuenta que Antioquia no es el único departamento donde se realizan ejercicios democráticos constituyentes, es conocido el de Mogotes como ente municipal y el de Cauca, Tolima, Nariño y la Guajira, estos otros departamentos que se encuentran o comienzan a realizar su proceso constituyente, tienen bien definida su operatividad, estructura y aplicabilidad; pero les hace falta un componente de carácter pedagógico, pues lo que se pudo investigar es, que estos procesos son soportados básicamente desde la jurisprudencia constitucional. Veremos pues los casos de Nariño y el Tolima, que como sus mismos miembros lo promulgan, casi no presentan relevancia para el orden nacional por ser "departamenticos", he aquí una nueva diferencia entre los departamentos, no pretendemos exaltar el carácter de regionalismo paisa, sino que por las diferencias geográficas y las autonomías departamentales, resulta inherente que se presenten este tipo de comparaciones entre los diferentes procesos.

Pero entre los departamentos y sus asambleas no existen solamente diferencias, se encuentran semejanzas como las de los procesos de convocatoria y demás formas en común, pero es de resaltar que todas piden procesos de descentralización, por ejemplo Tolima maneja la idea de Estados federados, republicas independiente en el caso de Nariño y Estados autonómicos que es la propuesta de Antioquia, también se encuentran en el punto que la paz no se fomentara por la vía del sometimiento forzado del enemigo, tampoco que esta es la ausencia de la guerra y se propende por los diálogos regionales, con o sin la venia o el beneplácito presidencial.

LA NO VIOLENCIA COMO COMPONENTE PEDAGÓGICO

En nuestro medio recientemente se popularizo el termino de noviolencia, aun existiendo como forma de lucha contra la violencia desde tiempo atrás, el no saber que realizábamos actos de carácter noviolento, no quería decir que ella no existiera, nuestra miopía a la hora de encontrar formas para la protesta, la denuncia publica, la objeción fiscal o de conciencia y desobediencia y resistencia civil, siempre finalizaba en una acción violenta. Es frecuente escuchar el argumento, que la noviolencia está muy bien pero que sólo es posible utilizarla como medio de lucha y de resistencia frente a regímenes democráticos, sensibles a los valores humanos. Gandhi, Luther King combatieron contra ingleses y americanos, es tal la atracción que nuestra cultura atribuye a la violencia, nosotros lejanos espectadores occidentales, apenas nos llegan del otro lado del océano otras luchas que no sean la guerrilla. Pese a su escaso éxito, aunque se ha intentado en casi todo el continente, pocos somos capaces de ponerla en cuestión como forma de lucha o al menos de saber que coexiste con ella otra forma que, por desconocida, no deja de ser tan arriesgada y valiosa.

Caemos así en un análisis simplista y en una adoración al Che Guevara o Camilo Torres que nos impide cualquier otra visión que no sea la del enfrentamiento entre un ejército y una guerrilla, dejando fuera de combate al menos a dos tercios de la población, los indios y las mujeres, ya que los primeros por su forma de vida y su estructura son ajenos al análisis marxista y al uso de las armas, las segundas aunque existan pocas combatiendo, el resto comprende la importancia que ellas tienen al ser las portadoras de vida, pues la consigna de las mujeres de negro hacen alusión al promulgar que ellas "no parirán hijos para la guerra".

"La Noviolencia es para optimistas y no para pesimistas. Pero para optimistas inteligentes. Tampoco es para ingenuos o para idólatras orillados a una especie de nueva secta de ángeles. ¡Vivimos en el mundo en que vivimos! Podemos y debemos seguir haciéndole críticas de lo que no nos gusta, de lo que es injusto y despreciable, somos personas, esto es: ni ángeles, ni demonios, somos seres en construcción, no concentramos la pureza química de la maldad o de la bondad; nos hacemos y nos hacen, tomamos decisiones y los demás nos observan y nos juzgan como semejantes que somos. Podemos seguir pensando y lamentándonos de lo descorazonador que es y está todo, pero como noviolentos hay que confiar –fíjense que no digo creer que es aceptar sin pestañear-, confiar en la capacidad innata para aprender, para superarse, para perfeccionarse, para mejorar, no como una creencia sino como un reflejo de la factibilidad de nuestras frágiles verdades y de nuestras no menos frágiles vidas. ¡Este es el optimismo antropológico de la Noviolencia! La valentía de aceptar que no todo está hecho, no caer en la fatalidad de que nada se puede hacer o cambiar. Antropológico, no sólo por la biología humana que nos dota de futuro para desarrollar muy libremente nuestro patrimonio genético, sino también desde el punto de vista cultural, como seres humanos la cultura nos dota de apéndices para llegar mas allá, para superarnos, para aprender qué es ser humano.

Los elementos promulgados por la noviolencia que parten de la existencia de un desequilibrio en el poder el cual puede ser superado equilibrando las partes a través de la acción directa con la pretensión de fortalecer la parte débil para llegar al momento de la reconciliación en igualdad de condiciones, basando su incremento de poder centralizándose en la acción directa siendo el fin de esta crear una nuevas bases de poder, tocando al status quo previniendo la violencia y manteniendo el postulado de la prevención de la misma a lo largo del tiempo.

En cuento a la resolución de conflictos que también parte por el desequilibrio de poderes encuentra en la mediación las condiciones a través de procesos para obtener soluciones equitativas, centrando su fin en encontrar soluciones por la vía del consenso, tomando medidas para sostener la solución encontrada al conflicto por medio del desarrollo, la planificación y el empoderamiento. Tomando de ambas formas de tratar la violencia sus semejanzas y diferencias, obteniendo de ello la teoría de la transformación de conflictos pues esta trabaja sobre las fuentes sociales y políticas del conflicto y transforma la energía negativa en energía positiva para el cambio social y político.

La noviolencia es entendida como una ciencia social por que contiene una filosofía que contiene principios y es sustantiva, un método por sus pasos y el carácter proactivo arroja unos resultados que al aplicar una serie de pasos concomitantes llevan al resultado esperado, es decir, que al aplicar sus principios y pasos arroja resultados predecibles. Todo lo anterior es un conjunto de variantes que fortalecen a los movimientos y estos son denotados como noviolentos, la filosofía de la noviolencia no busca oprimir o derrotar al adversario, sino ganarlo pero convenciéndolo sin ejercerle violencia alguna, se diferencia de la no violencia por que en ella exista una ausencia de la misma, es tomada como una apreciación y no un concepto, ya que describe un comportamiento, por lo tanto es adjetiva. Por el contrario la noviolencia es una forma sustantiva ya que se convierte para muchos en una forma de vida, pero no tiende a caer en el fanatismo, es vista como un antídoto a la paz negativa y al contrario de la no violencia, la noviolencia no permite que la violencia la detenga.

Martín Luther King, en su estudio de la violencia se encontró a Hegel y de este rescato la dialéctica, pues tomo la tesis, la síntesis y la antitesis para explicar a un mejor la noviolencia y como esta actuaba, King ubico las verdades de las situaciones en dos polos; la tesis (violencia) y la antitesis (no violencia), realizo un análisis en conjunto y como resultado ya en una análisis completo tomo la síntesis (noviolencia) como un enfoque o estrategia para abordar el conjunto. Además en su análisis de la forma en que las persona tienden a resolver sus conflictos King se encontró con que estas canalizaban sus agresiones hacia las personas, los cual devenía en agresión, pero que si se revertía este proceso de encausar la agresión hacia las condiciones, lo que se obtenía era la reconciliación.

La noviolencia como eje transversal y pedagógico de un plan de gobierno fue mal visto por varios ciudadanos, quienes no lograban asimilar la idea de que una institución gubernamental adoptase una filosofía la cual se conocía como para atacar a los Estados opresores, e incluso se veía de forma cínica que quien tiene el monopolio de las armas andará pregonando la noviolencia, pero lo que nunca se reflexiono fue el porque otros no apelaron mucho antes a este tipo de filosofía para tratar el conflicto, que quienes alguna ves fueron violentos y hoy pregonan la noviolencia también usaron armas, que el saber usar un arma lleva impregnada la responsabilidad de hacer uso de ella, y que es inherente a los Estados y a los Gobiernos ejercer el uso legitimo de las armas.

Y existe una critica aun más acérrima y es la de convertir una filosofía en una alternativa política, pero acaso la paz no es un derecho de obligatorio cumplimiento, y el Estado debe salvaguardarla para bien de todos sus súbditos, pero realizándolo de forma tal que no implique el mantenimiento de un estatus quo o un Gobierno pacificador y no pacifista. Al ser la paz un proceso dinámico y permanente que requiere de continuos esfuerzos, se convierte en una prioridad del sistema social, sistema el cual se encuentra instaurado por caracteres culturales, entre los cuales encontramos que la guerra no es una condición cultural humana y que los seres humanos no somos violentos por naturaleza.

La noviolencia posee en si misma razones que le permiten instaurarse como una alternativa, esta cuenta con una metodología activa para influir en el curso y en el resultado de un conflicto, esto requiere de un trabajo activo, participativo y transformador, esto implica que el trabajo de la noviolencia es una forma de ejercicio que crea en el individuo un poder integrador y un empoderamiento ciudadano, pero este tipo de poder no es el del fusil o el del cañón ni tampoco ningún tipo de poder destructivo, de sumisión o subordinación, sino un poder entendido como una capacidad para la acción.

"La noviolencia puede combinar la resistencia activa, incluyendo la desobediencia civil, con el diálogo; puede combinar la no cooperación, retirar el apoyo a un sistema de opresión, con el trabajo de construir alternativas en positivo. En algunas ocasiones, y como forma de comprometerse en el conflicto, la noviolencia intenta aportar elementos de reconciliación: reforzar el tejido social, dar poder a quienes se encuentran en los márgenes de la sociedad e implicar a gentes de distintos bandos a la hora de buscar una solución. Aún cuando no sea posible alcanzar tales objetivos de modo inmediato, nuestra noviolencia nos mantiene firmes en la determinación de no destruir nunca a otras personas." La investigación en los países de occidente sobre la noviolencia se concentra en el impacto que tiene la acción noviolenta sobre sus adversarios pero reconoce la necesidad del empoderamiento y la descentralización de la noviolencia como base para el empoderamiento.

ELEMENTOS PARA UNA SOCIEDAD PARTICIPANTE.

SOBRE EMPODERAMIENTO CIUDADANO

El empoderamiento ciudadano significa transformar las relaciones de poder (entendido este como el incremento de la capacidad de influencia) a través de la transformación de uno mismo, de las relaciones sociales y de la cultura.

El empoderamiento social significa que las personas vuelven a recuperar su poder para influenciar y diseñar su situación de vida, en contra de la exclusión, para la participación democrática la paz y los derechos humanos.

SOBRE CONTROL SOCIAL

El control social a la gestión pública es una forma de participación que permite a los ciudadanos influir en las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se desarrolla el proceso de gestión pública con el fin de regularlo, orientarlo y reorientarlo hacia el logro de los objetivos propuestos, la eficiente y transparente utilización de los recursos, la prestación equitativa de los servicios.

El control social supera la simple fiscalización posterior a la inversión y se constituye en proceso de inclusión permanente de los ciudadanos y organizaciones en los diferentes momentos del proceso de gestión pública.

El control social enmarcado dentro de la política pública de democratización del estado, se convierte en recurso y escenario de regulación de las actuaciones gubernamentales frente a lo que es de interés público.

CONCLUSIONES

En efecto, como ya es claro a estas alturas, el programa de educación cívica democrático y participativo como el Plan Congruente de Paz y las Asamblea Departamental Constituyente son fuertemente valorativos y morales. Aspira a la formación de un tipo muy específico de ciudadano, con rasgos extraordinariamente peculiares: autonomía, deliberación, juicio político y empoderamiento.
La seguridad democrática tiene mucho que ver con la normativa de los derechos humanos. Es más: la seguridad democrática se inscribe y forma parte de los mismos derechos humanos. Este es el valor de esa normativa. El Estado democrático, de derecho y social de derecho se defiende, tanto a corto, o mediano como a largo plazo, a través de métodos que respeten el principio de la identidad del valor de los mismos derechos humanos. De esta manera, el Estado se está defendiendo con métodos que aseguren su sostenibilidad, para el bien de todos los miembros de la nación.
Una visión integral del binomio Legitimidad – Eficacia implica entender la legitimidad tanto como la capacidad del régimen de promover actitudes positivas hacia el sistema político, como para crear estrategias para el ejercicio de una ciudadanía plena, sin exclusiones. Eficacia entendida tanto como el incremento de los niveles de racionalidad y eficiencia del Estado en torno a su funcionamiento y puesta en práctica de las políticas públicas, como en dirección a garantizar crecientes niveles de justicia social y de disminución de la pobreza y la marginalidad. Esta perspectiva también implica dejar de lado la idea de que existe sólo un factor dinámico en la construcción de las condiciones para la gobernabilidad democrática. Exige volver la vista hacia el conjunto de los actores sociales y apostar a la capacidad de organización y de articulación de demandas como mecanismos para posibilitar la participación ciudadana más allá del voto y del control de la gestión pública, el fortalecimiento de la sociedad civil pasa a desempeñar un rol fundamental dentro del concepto de gobernabilidad.
En el trabajo realizado durante año y medio en el Plan Congruente de Paz, fundamentados en su componente pedagógico – la noviolencia – que contiene elementos políticos, sociales, religiosos, antropológicos, históricos entre otros nos llevan a la conclusión de que unos de los pasos y tal vez el más relevante – la acción directa – es en el que enmarcamos la Asamblea Constituyente de Antioquia, por que antes de la acción se realizo:

La elección de los Objetivos.
Una forma de acción.
Durante la acción:
1. Se mantiene una postura activa.
2. Se aplican técnicas Noviolentas.
3. Se realiza en una comunidad definida.
4. Se encuentra cohesión grupal.
Una preparación técnica.

Y como resultado de esta acción encontramos que la comunidad en ejercicio soberano contextualiza una crisis con un trasfondo de grandes problemas de orden estructural, esta enfrentando dos retos:

Reducir la violencia.
Configurar un proyecto colectivo de región.

Donde todos sus habitantes enfrentan las carencias del pasado y las radicales transformaciones económicas, sociales, políticas y ambientales. Que arrojara como trascendental consecuencia una política social de paz emanada por el constituyente primario.

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OSCAR IVAN MUÑOZ GIRALDO

Sociólogo – U de A

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

MEDELLÍN