Factores condicionantes de la movilización étnica entre la población inmigrante extracomunitaria

• 1. Factores de índole económica
• 2. Factores de índole social
• 3. Factores de índole política

• 3.1. Cultura política de los inmigrantes marroquíes
• 3.2. Cultura política de los inmigrantes peruanos

• 4. Causas relacionadas con la configuración de las asociaciones
• Bibliografía
• Notas

Resumen

En este artículo se sistematizan algunos factores que condicionan la movilización étnica, esto es, la participación de los extranjeros extracomunitarios en España en asociaciones propias o movimientos más espontáneos de expresión colectiva. Analizamos las condiciones en que puede activarse la etnicidad como recurso político en el contexto receptor de cara a la obtención de beneficios —laborales, sociopolíticos—, lucha contra el racismo y la discriminación o mantenimiento y afirmación de la identidad de origen. Los factores referidos se agrupan en varios epígrafes —de índole económica, social, política y relacionados con la configuración de las asociaciones—, aunque su efecto sobre el objeto de estudio no se verifique independientemente del resto.

Palabras clave: movilización étnica, asociacionismo inmigrante, cultura política (marroquí y peruana), segmentación étnica, capital social, identidad pre-migratoria.

Abstract.

Key factors in third countries immigrant population ethnic mobilisation In this article we systematize some factors conditioning the ethnic mobilization, that is, the extracomunitarian immigrants participation in their associations or more spontaneous movements for collective expression. We analyse the conditions under which ethnicity can be activated as a political resource in receptor society for obteining material benefits, fighting against racism and discrimination or maintaining and affirming original identity. The mentioned factors are grouped in various headlines —economic, social, political and relatives to associations configuration—, although their effect upon our study subject is not independent of the rest of them.

Key words: ethnic mobilization, immigrant associationism, political culture (Moroccan and Peruvian), ethnic segmentation, social capital, pre-migratory identity

El objetivo de este artículo es sistematizar algunos de los factores que condicionan la movilización étnica1, esto es, la disposición de la población extranjera extracomunitaria en España a participar en asociaciones cuyo principal eje de identificación es la nacionalidad compartida (y/o su condición de inmigrante u otros registros de mayor o menor alcance relacionados, en todo caso, con su condición de extranjeros), o en movimientos más espontáneos y efímeros de expresión colectiva articulados en torno a tales registros2. En términos de Rex (2002), examinamos las condiciones en que se puede activar la etnicidad como recurso político en el contexto receptor, de cara a la «inclusión en un sistema institucionalizado de beneficios» (Melucci, 1994: 122) —mejoras laborales, acceso a derechos sociopolíticos—, a la lucha contra el racismo y la discriminación o al mantenimiento y afirmación de la identidad de origen en el mismo.

El contexto socioeconómico en que tal activación tendría lugar se caracteriza por la situación irregular de parte considerable de la población extracomunitaria3, por su inserción laboral en ocupaciones de baja cualificación y sectores de actividad poco regulados y por el rechazo social de ciertos grupos sobre los que pende en España un estigma social fuertemente arraigado en el imaginario colectivo. En términos generales, pues, la situación vital de estos inmigrantes muestra considerable grado de inestabilidad y de precariedad, características ambas del primer estadio migratorio. Es por eso que muchos de los condicionantes de la movilización étnica aquí examinados tienen que ver con la situación vital, fundamentalmente laboral, de estas poblaciones y que tal movilización se orientaría, precisamente, a la mejora de tal situación y no tanto a su afirmación cultural (propia de la segunda fase del proceso migratorio4).

A nivel político, no se reconocen los derechos de manifestación y reunión, sindicación y huelga y asociación (art. 7.1, 11.1. y 8 de la LO 4/2000 reformada por la LO 8/2000) a los inmigrantes en situación irregular ni el derecho a voto, siquiera a nivel local, para los ciudadanos no comunitarios sin nacionalidad española. En tal contexto, el recurso a la etnicidad como vector de acción colectiva podría interpretarse como acción racional (Hechter, 2002), más aún si asumimos con Rex (2002: 272) que «a diferencia de las clases […] (las etnias) comienzan como "etnias para sí mismas" y utilizan su etnicidad como recurso en su organización y en su lucha por los derechos sociales». Sin embargo, a mi juicio, la etnia no es siempre etnia «para sí», en tanto grupo consciente de su unidad de intereses y dispuesto a defenderlos colectivamente: la «liberación cognitiva» (McAdam, 1982: 49) que ello precisa no es un a priori, sino resultado (como en la clase trabajadora) de un proceso que puede o no darse en función de ciertos factores. Así, entre la visión esencialista y la situacional de la etnicidad, suscribo la situacional (Barth, 1969, en Rex, 2002: 265): las fronteras del grupo varían con la situación e intereses de los individuos.

La etnia será etnia para sí sólo en las circunstancias que la activen como recurso de movilización social.

El paradigma de análisis aquí utilizado es el de la elección racional, que «considera que el comportamiento individual es una función de la interacción de las limitaciones estructurales con las preferencias soberanas de los individuos » (Hechter, 2002: 238). Así, siendo la unidad de análisis en última instancia el individuo, los condicionantes (de su disposición a la movilización) que exponemos a continuación son en todo caso de índole estructural, ya que no sólo las limitaciones, sino también las denominadas preferencias resultan condicionadas por su entorno social —de origen y/o receptor—. Este escrito está estructurado en tres apartados: en el primero abordamos el examen de los condicionantes de índole económica —relacionados en su mayoría con la estructura de oportunidades del entorno receptor; en el segundo examinamos los condicionantes de índole social, vinculados algunos de ellos (redes relacionales, identidades pre-migratorias…) a las denominadas preferencias, forjadas en ocasiones en la estructura social de origen de los inmigrantes; finalmente, en el tercer apartado analizamos los condicionantes de índole política, donde se incluyen también referencias a las estructuras sociopolíticas receptora y de origen.

En este último apartado profundizamos en el concepto de «cultura política » (preferencia forjada en el entorno estructural de origen), y ello desde el estudio de los casos marroquí y peruano.

1. Factores de índole económica

Si la movilización étnica es inteligible como «necesidad táctica» (Geertz, 1963, en Rex, 2002: 265) para el grupo con intereses comunes, analizamos ahora la posibilidad de dicha comunidad de intereses, y ello desde la aplicación de las hipótesis y la metodología propias de la teoría económica, ya sea en el análisis de las dinámicas inherentes a los pequeños y grandes grupos (Oslon, 1992) o del establecimiento de los procesos constitucionales (Buchanan y Tullock, 1980), basados ambos en la interpretación del comportamiento humano en términos de maximización de utilidad —acción racional—, no sólo en el ámbito mercantil, sino también político. Desde este enfoque se interpreta que, en vista de sus objetivos y los medios alternativos disponibles para lograrlos, el individuo elige entre éstos últimos los más rentables relativamente: se adopta, pues, la perspectiva del individualismo metodológico (toda acción colectiva está compuesta de decisiones individuales). Este planteamiento implica que toda acción racional se refiere siempre al logro de un fin previamente aceptado y también que «todas las propuestas para la acción colectiva pueden ser traducidas en dimensiones conceptualmente cuantificables en términos del valor y del coste de los "bienes públicos" que se espera que resulten» (Olson, 1992: 61).

Es preciso advertir que la definición de los «bienes públicos» es estrictamente individual y esto es especialmente relevante por lo que a nuestros efectos importa. De ahí que resulte imprescindible conocer los intereses de las poblaciones consideradas y en qué sentido la acción colectiva, que implica costes seguros y potenciales beneficios, puede incrementar la utilidad individual.

Es necesario que la acción colectiva asegure beneficios externos no accesibles desde la acción estrictamente individual, pero también que tales beneficios no superen a los «costes de independencia» (ibídem, p. 71) de aquélla. Examinamos ahora algunos factores que condicionan el alcance de los costes y beneficios asociados a la acción colectiva para las poblaciones inmigrantes5.

— El primero de los factores a considerar es el nivel de precariedad vital del individuo. Tal precariedad no deriva necesariamente de la falta de trabajo o de la escasez de salario, sino que es producto muchas veces de la obligación de satisfacer deudas contraídas a partir del desplazamiento migratorio (deudas que acaparan el salario del trabajador durante al menos su primer año de estancia en España) y/o del compromiso de periódicos envíos de remesas a la familia en el país de origen, de modo que el trabajador aquí se reserva de su salario lo imprescindible para su subsistencia.

— En segundo lugar, el alcance del proyecto migratorio del individuo. Es evidente que, en función de sus motivaciones migratorias, el inmigrante desarrollará estrategias concretas en el país receptor (recuperamos aquí los conceptos de proyecto y estrategia tal como son analizados por Pérez Díaz (1971).

El alcance del proyecto migratorio incide no tanto en la propensión al asociacionismo como en el tipo de asociación elegida, sea cultural o política: la movilización para la promoción colectiva o reivindicación de derechos sociopolíticos sólo se da con perspectivas de instalación permanente6, mientras que si existe proyecto de retorno al país de origen, la asociación suele ser sólo lugar de expresión identitaria, de mantenimiento de la cohesión grupal y las formas originales de socialización7: el asociacionismo con marcada referencia a la identidad nacional (sin bilateralidad de referencias) y liderazgo personalizado se relaciona con una fase concreta de la inmigración que se vincula a las necesidades de la primera generación [integración funcional en la sociedad receptora mientras se planifica un hipotético retorno al país de origen (Hily y Poinard, 1987).

— El proyecto de retorno también tiene implicaciones en cuanto a la selección del grupo de referencia del inmigrante y al concepto de privación relativa (Stark, 19938), íntimamente ligado a dicha selección. Ambos factores pueden ser determinantes en la propensión a participar en iniciativas de promoción colectiva, ya que condicionan la autopercepción individual: si proyecto mi persona y mi identidad en el país de origen, puede que me sienta privilegiado en razón de mi nivel de vida en el receptor y que no vea la necesidad de luchar en él por mejorar mi situación; por contra, si mis referencias se anclan en el país receptor (existe un proyecto de asentamiento definitivo), tal vez mi situación de desfavorecimiento respecto al resto de la población me decida a intentar modificarla vía acción colectiva: tras la satisfacción individual de las necesidades primarias se lucha colectivamente por la consecución de derechos sociales y políticos en el nuevo entorno.

— Otro de los factores a considerar es la situación legal del inmigrante en España. Puesto que sólo para los inmigrantes en situación regular se reconocen derechos políticos (vide supra), la movilización pública puede no ser deseable para inmigrantes en situación irregular (de entrada o sobrevenida)9, ya que corren el riesgo de hacerse demasiado «visibles». El inconveniente es mayor si se trata de individuos huidos de su país por motivos políticos (la visibilidad puede resultar en expulsión), entre quienes, además, muchos sospechan que el gobierno del país de origen controla desde el Consulado sus actividades y temen por la situación de sus familias allí.

Ciertamente, la situación de irregularidad alienta en ocasiones la acción colectiva y en este sentido son interpretables los últimos encierros de inmigrantes (marroquíes y subsaharianos), orientados a obtener de la Administración permiso de residencia y trabajo. Tales gestos ejemplifican el recurso a la acción colectiva como vía de consecución de beneficios privados: no son proyectos de carácter permanente que asuman la etnicidad como recurso estratégico, sino manifestaciones espontáneas y coyunturales de individuos vinculados por su condición de inmigrantes extracomunitarios, conscientes de que, por tal medio, en el peor de los casos no ganarán nada.

— Por otra parte, la dureza de la vida cotidiana del inmigrante condiciona también decisivamente la asunción del compromiso asociativo. La falta de tiempo libre debida a la sobrecarga laboral —en muchos casos autoinfringida, sobre todo si la migración individual se inscribe en un proyecto de promoción familiar— no posibilita la dedicación a este tipo de proyectos10.

La realidad cotidiana que afronta el inmigrante a menudo cercena sus aspiraciones y potencialidades: en cierto sentido se opera un proceso de despersonalización y «mutilación» del individuo en sus dimensiones no directamente productivas, el inmigrante se olvida de sí mismo. Si el asociacionismo, en tanto vía de presentación pública del grupo y de intercambio personal, puede mitigar esta depreciación personal, es evidente que la mayoría no contempla por ahora esta opción.

— Además, la dispersión e inestabilidad ocupacional y geográfica de los inmigrantes puede obstaculizar de hecho la movilización colectiva. Como se sabe, en Francia y otros países europeos la concentración de los trabajadores inmigrantes en el sector industrial favoreció su socialización en las pautas de expresión y negociación pública, en buena medida gracias a la presencia de los sindicatos. En España, los sectores de actividad con mayor presencia de población extracomunitaria se caracterizan por un alto grado de precariedad e inestabilidad, sobre todo la construcción —sujeta a oscilaciones parejas al trasiego de la coyuntura económica— y la agricultura —igualmente inestable y que obliga a una elevada movilidad geográfica entre los trabajadores11.

— Paralelamente, la concentración de la población trabajadora inmigrante en determinados nichos laborales pudiera considerarse acicate para su movilización colectiva. De hecho, tal como señala Pedreño (2001), durante un tiempo el predominio en el campo español de los jornaleros marroquíes generó una situación próxima al monopsodio (único grupo ofertante frente a múltiples demandantes), de modo que este grupo, en buena medida regularizado debido a su considerable permanencia en España, se instaló en una posición de fuerza relativa que permitió leves mejoras en las condiciones de trabajo: la etnicidad se activó como recurso de negociación porque entonces era factible. Posteriormente, a finales de la década de 1990, la llegada de nuevos grupos de inmigrantes al campo —ecuatorianos, polacas… —, en buena medida arbitrada desde políticas de reclutamiento administrativas y en todo caso facilitada por la política española de extranjería (cuyo decisivo papel en la generación de una bolsa de inmigrantes irregulares, esto es, mano de obra vulnerable, flexible y dispuesta a todo, no puede obviarse12), neutralizó la capacidad de contestación de los marroquíes, que se han visto en muchas zonas relegados a condición de ejército de reserva de mano de obra en picos de campaña. En definitiva, la segmentación étnica de la fuerza de trabajo —«la etnificación del trabajo ha sido claramente la estrategia desplegada por las políticas de reclutamiento y gestión empresarial de la mano de obra» (Pedreño, 2001: 193)— ha permitido en el campo español que su dependencia del trabajo asalariado no haya «posibilitado a los trabajadores agrícolas un mayor control sobre sus condiciones de trabajo y de empleo, ni ha[ya] generado un movimiento organizativo de los mismos» (ibídem, p. 192).

— Así, la segmentación étnica de la fuerza de trabajo inmigrante neutraliza el efecto movilizador de la concentración de determinado grupo en un nicho laboral, de modo que puede ahogar la etnicidad como recurso político frente a la mayoría (aquí empleadores) cuando hay exceso de oferta de trabajo. Sin embargo, si la segmentación étnica se justifica también en términos étnicos y no económicos, tal como está ocurriendo en el campo español —«la atribución de actitudes laborales a individuos en función de su etnia o nacionalidad (tras 20 años en el campo español, los empresarios empiezan a encontrar a los marroquíes improductivos e indisciplinados…) son un tipo de prácticas o discursos (racistas) que responde a la necesidad de perpetuar continuamente una bolsa de trabajo barato y vulnerable », según Pedreño (2001: 195)13—, entonces sí pudiera alentarse la movilización «étnica», esto es, apoyada en registros de tal índole y no de otra (clasista…).

— El efecto de la concentración en determinados nichos laborales como activador de la movilidad étnica puede verse también neutralizado por la consideración de tal nicho como lugar de paso para el trabajador: «los trabajadores temporales evitan implicarse en disputas laborales prolongadas » (Bonacich, 2002: 210). Así, el servicio doméstico interno es ciertamente un nicho laboral de población inmigrante, pero en tal caso la etnicidad no se ha activado, creemos, porque hay pluralidad de ofertantes (diversidad étnica) y por la condición de «lugar de paso» del propio sector.

Esta ocupación, donde el gasto de automantenimiento del trabajador es mínimo, permite el pago de las deudas contraídas y la regularización de la propia situación legal, pasos previos al acceso al régimen externo14.

En este mismo sentido, opera el carácter complementario en la economía del hogar de ciertos trabajos (por ejemplo, el servicio doméstico por horas suele serlo).

— Finalmente, la eliminación de la relación directa entre empleado y empleador desincentiva también la movilización étnica, y ello porque hace invisible a éste último: la externalización de las funciones de reclutamiento, administración, gestión, transporte y disciplina en el sector agrario (Pedreño, 2001) merced a la sustitución del empleador por la figura del intermediario o contratista —que ha permitido la proliferación de «destajos unilateral e informalmente decididos» (ibídem, p. 193)— y en los servicios no cualificados mediante el recurso a las empresas de trabajo temporal, ilustran claramente el fenómeno.

2. Factores de índole social

Si los factores mencionados pueden asociarse a la conducta individual en tanto condicionantes «objetivos» de la misma, los que a continuación presentamos tienen que ver con la preferencia individual, que se forma «a través tanto de mecanismos de selección como de mecanismos de aprendizaje» (Hechter, 2002: 243). En cuanto a los primeros, dado un fin determinado, el individuo suele elegir el medio más adecuado, es decir, «las preferencias adaptativas tenderán a ser más seleccionadas que las inadaptativas» (ibídem, p. 243). Pero, además, «un factor determinante de la distribución de estas preferencias es la asociación diferencial […], que limita el conjunto de los modelos posibles o de personas cuyo comportamiento está disponible para su observación» (ibídem, p. 243): la socialización primaria —«mecanismos de aprendizaje»— es crucial en la formación de las preferencias. A tales «mecanismos de aprendizaje» nos referimos en adelante, mecanismos ligados al contexto sociopolítico de origen de los inmigrantes y condicionantes de su propensión a la participación pública.

Tal como subraya Inglehart (1991), el comportamiento político individual debe interpretarse no sólo desde el marco socioeconómico, sino también a partir de elementos de índole cultural —mecanismos de aprendizaje que conforman las preferencias individuales15.

— En primer lugar, el grupo básico de referencia del inmigrante suele ser el entramado de redes primarias (o redes comunitarias) que le rodea, fundamentalmente familiares, paisanos y amigos. En tanto red secundaria (o red social), la asociación no forma parte del universo del inmigrante medio, fuertemente vinculado a su familia por un sistema de lealtades y fidelidades y que, además, proporciona el apoyo material y emocional que precisa16.

La densidad de tales redes favorece el mantenimiento de la cohesión comunitaria y la reproducción de las pautas de conducta y valores de la sociedad de origen, dificultando la asunción de otras propias del nuevo contexto, entre ellas especialmente la organización colectiva como vía de defensa y promoción de los intereses del grupo (Rex y otros, 1987). La enorme distancia entre el Estado y la sociedad civil en buena parte de los países de origen de los inmigrantes extracomunitarios refuerza el recurso a dichas redes primarias como estrategia de supervivencia en el país receptor. Sin embargo, las necesidades cambian a medida que las poblaciones se asientan y la experiencia en otros países europeos muestra que, con el tiempo, se estimula el desarrollo de las redes sociales o secundarias. En España, en términos generales, la vía asociativa (laica) sirve sobre todo a la satisfacción de intereses individuales (acceso a servicios), y no a la promoción colectiva ni a la expresión pública identitaria [aunque hay muchas asociaciones latinoamericanas de carácter lúdico, cultural, deportivo…, se configuran sobre lazos primarios (paisanaje, etnia…) y son grupos cerrados sobre sí mismos].

Es importante considerar también los posibles efectos negativos del capital social17 que para el inmigrante constituyen las redes primarias: si bien son fuente de ayuda, también exigen contrapartidas a veces desmesuradas18 consistentes en el establecimiento de relaciones de patronaje al margen del Estado de derecho19, modelo que ampara cualquier iniciativa de movilización u organización ciudadana.

— La falta de cohesión de la población inmigrante puede considerarse también obstáculo a la movilización colectiva. Ciertamente, la situación de los inmigrantes extracomunitarios difiere en cuanto a requisitos de regularización legal, nichos laborales preferentes, imagen entre la población española… Además, la segmentación étnica del mercado laboral puede resultar en antagonismo étnico20. Así, lo que separa a unos grupos de otros no es sólo la diferencia de intereses, nacionalidad, etnia, ideología política, nivel educativo o clase social de origen. Es también importante considerar el lado subjetivo de la cuestión y su influencia en la posibilidad de que los inmigrantes extracomunitarios desarrollen acciones colectivas conjuntas: las poblaciones inmigrantes incorporan en su imaginario un sistema jerárquico que ubica a los diferentes grupos según su origen, y estas formas de autoconciencia parecen estrechamente relacionadas con el modo en que son tratados y se perciben contemplados por la población autóctona21. El discurso igualitario —«todos somos inmigrantes»— está más presente entre los marroquíes, grupo más desfavorecido, mientras los demás se perciben por encima ellos. Así, uno de los obstáculos a la movilización conjunta de los inmigrantes extracomunitarios es su resistencia a considerarse como colectivo: autopercepción elitista de ciertos grupos.

No sólo la comunidad de intereses resulta, pues, definitiva para la movilización colectiva, también es esencial la identidad compartida, el sentido de pertenencia al grupo (Rex, 2002). Sin embargo, tampoco la nacionalidad común garantiza la solidaridad interpersonal: en muchos grupos inmigrantes las «identidades pre-migratorias» (Rex, 2002: 267) combinan la identidad étnica (que se superpone con frecuencia a la zona de procedencia) con la identidad nacional, mientras en el país receptor la primera dimensión puede de hecho obstaculizar la adquisición de conciencia de «clase para sí» en el grupo con igual nacionalidad. Es éste otro de los efectos negativos del capital social (en forma de redes primarias) del inmigrante o, si se quiere, la contrapartida de sus efectos positivos: la exclusión social de los no miembros del grupo (Portes, 1998). Más allá de la nacionalidad, la cofradía religiosa a que se pertenece (senegaleses: Suárez, 1998), la etnia (marroquíes, senegaleses, latinoamericanos…), el sexo, la zona geográfica de procedencia (chinos: Beltrán, 2000)… son registros diferenciales importados de la sociedad de origen, «focos organizativos» en términos de Feld (1981), que muestran un doble efecto, centrípeto (sobre los miembros del grupo) y centrífugo (en relación a los no miembros): las asociaciones y movimientos étnicos se constituyen a menudo sobre estos registros diferenciales, que tienen efecto desintegrador en el conjunto del grupo nacional. Así, la diferenciación interna de clase reforzada y reforzadora del componente étnico mantiene en el exilio su potencial identitario y clasificador, actuando como uno de los obstáculos más importantes para la movilización de inmigrantes con nacionalidad común.

Es, por tanto, muy difícil que en las actuales condiciones la población inmigrante se constituya en «colectivo» inmigrante, puesto que la promoción grupal pierde fuerza como estrategia de supervivencia allí donde la individual o familiar demuestran utilidad. Como elementos potencialmente aglutinantes, pueden actuar la vivencia compartida de rechazo por parte de la población autóctona, la sensación de agravio comparativo frente a otros grupos de inmigrantes22…, todos ellos factores de orden externo y que afectan sobre todo a la población extracomunitaria y, en particular, a los grupos sin tratamiento preferente en la LO 8/2000. Registros como «inmigrante », «trabajador», «marginado»… pueden contrarrestar la influencia segregacionista de las identidades premigratorias.

Además, el peso de las identidades premigratorias puede relativizarse en el contexto receptor, merced, en primer lugar, a la «estructura multidimensional de las identidades» (donde el referente puede ser la nación, la religión, la lengua, la raza…) y al hecho de que el «difícil equilibrio de esas identificaciones alternativas y/o complementarias debe ser construido cotidianamente en función de los contextos de acción, de las circunstancias, de las situaciones, de los talantes, de los interlocutores» (Lamo de Espinosa, 1995: 26). Ciertamente, la migración modifica los referentes individuales y sociales del inmigrante y, por tanto, su autopercepción en el nuevo entorno.

En segundo lugar, «no hay una única identidad étnica compartida por todos los miembros de una minoría étnica inmigrante. […] están acostumbrados a la idea de identidades múltiples incluso antes de la migración y eligen las identidades de acuerdo a la situación» (Rex, 2002: 266). En definitiva, es posible que en el contexto receptor opere un proceso de reconstrucción de la identidad (Veredas, 1999), proceso que suscribe la perspectiva construccionista o social (frente a la esencialista o culturalista) en el estudio de las relaciones interétnicas y que implica definir la etnicidad como construcción social: la adhesión e identificación no es un a priori, se produce.

Además, la opción identitaria del individuo (como la elección del entorno de relaciones personales) incluye una dimensión instrumental no desdeñable, por cuanto la asunción de nuevos patrones valorativos y de comportamiento puede estar motivada por las previsiones acerca de su rendimiento individual en el nuevo contexto (donde registros de más alcance —nacionalidad o condición inmigrante— que la etnia o la cofradía religiosa, por ejemplo, pueden resultar más útiles).

— Finalmente, la estricta separación de sexos característica de determinadas culturas influye también en el arraigo del asociacionismo, limitando seriamente la participación de las mujeres en tales estructuras (por ejemplo, las mujeres marroquíes en las asociaciones de carácter islámico), pero fomentando también paralelamente el surgimiento de un movimiento asociativo femenino orientado a la atención a la problemática de esta población en el nuevo contexto —que a veces coincide con la de los hombres (por ejemplo, aprendizaje del idioma) y otras no (por ejemplo, empleo de medidas anticonceptivas)— y a la oferta de un espacio de socialidad específico.

3. Factores de índole política

— La previa trayectoria de activismo político y social en el país de origen es un factor crucial respecto de la disposición personal a la movilización pública en España, aunque no opera siempre en el mismo sentido: algunos antiguos militantes desean dejar atrás el tipo de actividad que, en ocasiones, les obligó a exiliarse de su país; otros no consiguen extirpar de sí el «veneno » de la política y lo proyectan aquí en nuevas causas.

— Política migratoria española, tanto en lo relativo al control y a la gestión de los flujos migratorios, como al trato con las asociaciones de inmigrantes: de la primera, resultan la fragmentación étnica de la fuerza de trabajo y el mantenimiento de una bolsa de irregulares; de la segunda, la cooptación de las asociaciones de proyección política y su transformación en diversas ONG. En ambos casos, se desincentiva la movilización étnica.

— Sin embargo, la relativa desatención sindical de la defensa de los trabajadores extracomunitarios en España puede alentar su autoorganización en asociaciones propias de tinte sindical (así ocurre entre los marroquíes).

La situación irregular de estos trabajadores (economía sumergida) y/o su ubicación laboral en nichos desrregulados (por ejemplo, servicio doméstico) les mantiene fuera del alcance de las negociaciones sindicales23. Además, se registran no pocos conflictos en el seno de los propios sindicatos, que se hacen eco de la competencia entre población autóctona e inmigrante y del argumento del dumping social (Veredas, 2000). Finalmente, hasta el momento, la actividad sindical (UGT y CC.OO.) orientada a la población inmigrante se ha concretado en la prestación de servicios financiados por el Estado, no tanto en la defensa de sus intereses como población trabajadora24.

— Además, la «oportunidad política» (McAdam25, 1982) necesaria para impulsar estas asociaciones viene dada por la necesidad, por parte de la Administración, de interlocutores frente a grupos en gran medida desestructurados [creación de foros consultivos (locales, autonómicos y estatal) donde se requiere la presencia de tales asociaciones] y por la política de desmantelamiento del Estado de bienestar y la transferencia de la prestación de servicios a diversas organizaciones (entre ellas, asociaciones de inmigrantes).

— Finalmente, hemos de considerar la cultura política de la población inmigrante, condicionante de su autopercepción como agente inmerso en un sistema social cuya lógica rige en buena medida los destinos de los ciudadanos: hablamos de nuevo de las llamadas «preferencias» en la teoría de la elección racional.

Una de las definiciones de «cultura política» más operativas ha sido formulada por Almond y Verba y se refiere a las «orientaciones específicas políticas, posturas relativas al sistema político y sus diferentes elementos, así como actitudes en relación al rol de uno mismo dentro de dicho sistema» (Almond y Verba, 1970: 130). Subrayan los autores la importancia de la socialización política26 —de modo que la cultura política de una sociedad o grupo social se forja en concretas condiciones socioestructurales (Verba, 1965)—, que tiene lugar en determinado sistema político pero también en estructuras no políticas (familia, escuela, trabajo), que constituyen otros modelos —«instituciones que potencian la asociación diferencial» (Hechter, 2002: 244)— de ordenamiento de los roles individuales y experiencias con autoridad.

El modelo de análisis propuesto por Almond y Verba (1970) define tres tipos ideales de cultura política a partir del análisis cruzado de las cuatro dimensiones de la orientación política —hacia el sistema como objeto general, hacia los objetos políticos o inputs (estructuras o roles, titulares y productos), hacia los objetos administrativos u outputs y hacia uno mismo como participante activo27— y de los modos de dicha orientación, tal como son definidos por Parsons y Shils (1951): orientación cognitiva, afectiva y evaluativa. Del referido análisis resultan, como se ha dicho, tres tipos ideales de cultura política: parroquial (donde los individuos no tienen ningún tipo de orientación política en ninguna de las dimensiones consideradas: estructura política tradicional)28, de súbdito (los individuos suelen estar orientados hacia el sistema político como objeto general y hacia sus outputs pero dicha orientación se aproxima a 0 en lo relativo a los inputs y hacia uno mismo como participante activo: estructura autoritaria centralizada) y de participante (los individuos tienden a estar orientados hacia el sistema como un todo y sus inputs y outputs y hacia un rol personal políticamente activo: estructura política democrática). El tránsito a esta última orientación sucede tras el proceso de «movilización cognitiva »29 que Inglehart (1991) considera previo a la participación política de la población y el arraigo de la democracia.

Almond y Verba completan la clasificación con otros cuatro tipos de culturas políticas mixtas: cultura parroquial-de súbdito, de súbdito-participante, parroquial-participante y cultura cívica30, de manera que reconocen la no-uniformidad de las culturas políticas (todas las culturas políticas son mixtas), pero además ofrecen una vía de explicación del cambio sociopolítico, puesto que tales culturas pueden o no ser congruentes con las estructuras del sistema político vigente, congruencia/incongruencia evaluada a partir de las actitudes —positiva, negativa, indiferente— observadas en la orientación cognitiva, afectiva y valorativa de los individuos hacia los objetos políticos.

Puesto que sobre el conjunto de la población extracomunitaria nada puede decirse al respecto, hemos elegido para ilustrarlo —a modo de estudios de caso— dos grupos con considerable antigüedad migratoria y muy diferentes entre sí: marroquíes y peruanos.

3.1. Cultura política de los inmigrantes marroquíes

Entre los inmigrantes marroquíes en España cabe distinguir diferentes tipos de cultura política en función de su origen geográfico y el nivel educativo31, variables que vienen a solaparse en sus efectos. Así, entre buena parte de los trabajadores procedentes del Rif la cultura política oscila entre la netamente parroquial y la parroquial de súbdito. La primera es propia de sociedades donde «no hay roles políticos especializados: el liderazgo, la jefatura del clan o de la tribu, "el chamanismo", constituyen roles difusos de tipo político-económico- religioso y para los miembros de estas sociedades las orientaciones políticas hacia dichos roles no se hallan separadas de sus orientaciones religiosas y sociales» (Almond y Verba, 1970: 34). En el aislamiento geográfico, económico y educativo de las aldeas bereberes rifeñas, la autoridad central apenas se percibe fuera del cobro de los impuestos y existe entre esta población una profunda desconfianza hacia el poder y las instituciones políticas centrales.

Gran parte de los rifeños no accede al sistema educativo ni conoce otro agente de socialización política que la familia, la tribu, donde el criterio de autoridad deriva de su organización patriarcal, de modo que la legitimación de la autoridad local se asienta sobre pautas bien distintas a las que respaldan el poder central del rey. De ahí la resistencia histórica en el Rif a la autoridad del Majzen32 —sistema de gobierno propio de Marruecos, que «asienta su poder sobre la base de unas redes de clientelismo al tiempo que asimila las técnicas del Estado burocrático occidental heredadas del despotismo administrativo colonial» (Desrues, 2000-2001: 176) —aunque su avance se muestra en el cese de la reacción (favorecido por la despoblación de la zona a partir de la expansión de la migración) y la relativa estabilidad de la confusa coexistencia de rasgos parroquiales y de lealtad a la autoridad central: hay que recordar el potencial integrador de la dimensión religiosa de la autoridad del monarca.

El mapa político en el Rif se caracteriza por la permanencia de las élites locales —sobre todo hombres de negocios— tras la independencia, élites alejadas de la Administración central establecida en la zona del antiguo protectorado francés. En cuanto a la tradición asociativa de esta población, Pascon y Ennaji (1986) muestran que entre los trabajadores asalariados del campo, unos obreros permanentes y otros mano de obra ocasional, existen más elementos de ruptura que de cohesión, dada su diferente situación objetiva, de modo que se obstaculiza la generación de sentimiento de pertenencia de clase.

A esto coadyuva la práctica inexistencia de sindicatos agrícolas.

Entre el resto de la población marroquí, la cultura política más extendida se aproxima a la del súbdito-participante. En este sentido, el Rey se ocupa de evocar frecuentemente su condición alauita para apuntalar la legitimidad de su mandato y también de orear con cierta frecuencia la «patata caliente » de la cuestión saharaui o la soberanía de Ceuta y Melilla para reforzar el espíritu nacional y, de paso, su propia legitimidad como cabeza de la nación.

El resultado es una gran frecuencia de orientaciones hacia el sistema político diferenciado (monarquía) y sus outputs (medidas políticas y elemento administrativo), pero un gran desconocimiento del proceso de toma de decisiones (inputs) y una relación pasiva con el sistema. En cualquier caso, la orientación hacia el sistema o sus outputs no implica la lealtad al mismo o puede ocurrir también que tal sí exista pero que aquéllos (outputs) provoquen reacciones negativas. De hecho, los episodios periódicos de protesta popular en Marruecos muestran una inestabilidad estructural que algunos interpretan como resultante de la tensión entre la cultura política de súbdito y la participante.

El ascenso al trono de Mohamed VI (1999) fue recibido con gran expectativa por la población, puesto que el nuevo monarca se había comprometido «a realizar cuantas reformas sean necesarias para instaurar el Estado de derecho, la cultura democrática, el liberalismo económico y la solidaridad social» (Desrues, 2000-2001: 172). Actualmente, sin embargo, tales esperanzas se han visto frustradas, por una parte debido al deterioro de la situación económica33 y también porque «la opción democrática cumple una función de legitimación del rey pero todavía se caracteriza por su sustancial falta de contenido» (ibídem, p. 183): Mohamed VI mantiene sobre sí la concentración de poderes que le convierte en el único actor de cambio posible. En tales circunstancias, no sorprende el ascenso islamista —el Partido de la Justicia y el Desarrollo ha triplicado sus escaños— ni la elevación del ya considerable nivel de abstención en las últimas elecciones legislativas34.

La debilidad de la sociedad civil es un hecho en Marruecos, pero desde mediados de la década de 1980 se asiste al surgimiento de una amplia gama de asociaciones —regionales, de vocación económica y social y de vocación política—, de modo que cabe preguntarse si asistimos a la gestación de procesos de estructuración de la sociedad civil o más bien a una forma de clientelización de la misma que acaso pudiera servir de punto de partida para nuevas formaciones políticas (Santucci, 1991). Para Gateau y Denoeux (1995: 39), las debilidades inherentes al movimiento asociativo, junto con la estrategia de control desarrollada por el Majzen «permiten hablar de vida asociativa pero no de sociedad civil» (la traducción es mía). Tampoco cree Camau (1991) en la efectiva democratización de la sociedad marroquí, al menos en un futuro próximo, dada la falta de cultura democrática entre la población. En todo caso, este desarrollo asociativo muestra que cierto sector de población manifiesta orientaciones políticas especializadas y se autopercibe como elemento activo del sistema político. Las cárceles de Marruecos siguen conociendo tales individuos.

En España, la población inmigrante marroquí constituye un perfecto muestrario de las diferentes culturas políticas presentes en Marruecos, desde la participante —sobre todo entre jóvenes urbanos universitarios— hasta la parroquial / de súbdito35. La contrapartida es clara respecto a la disposición pasiva o activa frente a las estructuras asociativas (u otras iniciativas de movilización colectiva), cuyas filas se nutren casi en exclusiva de individuos con cultura política participante. Aún así, la precariedad vital, su considerable antigüedad migratoria (que implica cierto grado de asunción, aún deficitario, de los parámetros participativos) y el agravio comparativo que sufre frente a otros grupos inmigrantes, hace de esta población la primera que se ha manifestado como tal en diversos puntos de España pidiendo a las autoridades un trato digno y justo. Que tales iniciativas superen el carácter de manifestación espontánea y lleguen a concretarse en organizaciones consistentes y verdaderamente participativas, es harina de otro costal.

3.2. Cultura política de los inmigrantes peruanos

La situación antes descrita es asimilable a la peruana, pero sólo en parte. Perú se ha visto envuelto durante la mayor parte de su existencia como Estado independiente en un trasiego de regímenes autoritarios y elitistas que adoptaron la forma de república aristocrática (1895-1919) o de populismo nacionalista (1950-1980)36. La distancia entre costa, sierra y selva es geográfica, económica y social: las comunidades indígenas (selva) mantienen su forma de organización comunitaria y permanecen aisladas del conjunto nacional, mientras las campesinas (sierra) articulan recursos comunitarios (comunidades autogestionarias…) e inserción en estructuras sindicales, a través de las que se vinculan a alternativas de carácter nacional37. Así, no es fácil hablar de cultura política «en un país donde esta práctica estaba desintegrada en numerosas subculturas, que recién empiezan a realizar su unificación en los últimos años, bajo el doble manto articulador del encuentro del populismo nacionalista y de la democracia representativa» (Lauer, 1990: 162)38.

El resquebrajamiento de la cultura patrimonial tradicional iniciado en la década de 1950 junto a los cambios en la estructura agraria y el desarrollo de las migraciones internas —antes del desmantelamiento del orden económico patrimonial a raíz de las reformas acometidas por el gobierno del general Velasco (1969-75)— y del Estado de derecho no implican la ruptura con la tradición elitista y autoritaria. De hecho, la institucionalidad establecida en 1979 (11ª Constitución en 150 años de historia republicana) no logra consolidarse debido a la «penuria económica y la pervivencia de prácticas autoritarias, clientelistas y personalistas [que son] una rémora para la democratización efectiva de la sociedad» (De León Naveiro, 1995: 128) e impregnan todo el sistema político39.

El empobrecimiento de la población y la ineptitud de la oficialidad (gobierno, partidos políticos y sindicatos) para canalizar y responder a las demandas sociales han acentuado el divorcio entre sociedad civil y Estado, de modo que éste último termina por «emerger con claridad, ante cada vez más amplios sectores de la población, como instrumento particular ligado a los grupos que ejercían el poder político» (Stein y Monge, 1988: 87). Así, cuando en 1992 quiebra el orden constitucional con el autogolpe de Fujimori, la respuesta social es apática, y es que el desencuentro entre gobernantes y pueblo es tal que desde la década de 1990 coexisten en Perú dos institucionalidades, una construida desde abajo —a veces desde la autoorganización de los actores sociales y otras de la violencia organizada en grupos revolucionarios— y otra oficial, que no es vía de participación real de la población (De León Naveiro, 1995). Tras la renuncia de Fujimori (julio de 2000) y el ascenso al poder de Toledo (elecciones de abril de 2001), la situación ha cambiado poco: Toledo ha obtenido del Senado (como su antecesor) poderes excepcionales en la lucha contra el terrorismo, mientras su política económica es ampliamente rechazada (paros contra las privatizaciones, manifestaciones…) e incluso hubo de afrontar la renuncia de su equipo de ministros (julio de 2002).

Así pues, el arraigo del elitismo —«que excede el ámbito de la cultura política para convertirse en una de las características culturales más notorias del país» (De León Naveiro, 1995: 160)— y del autoritarismo como ejes de ordenación de las relaciones sociales y políticas40 y la elevada valoración del liderazgo carismático entre la población, junto a cierta penetración de las formas participativas [sobre todo desde la apertura de cauces institucionales de participación durante el velasquismo (a través del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social) y del desarrollo de movimientos sociales en los medios rurales y suburbanos, enraizados en la tradición comunitaria de las culturas nativas], permiten hablar de un tipo de cultura política mixta que incluye elementos de los tres «tipos ideales» definidos por Almond y Verba: parroquial, de súbdito y participativa. De este tipo de cultura política mixta resulta (y ella misma resulta de) una inestabilidad estructural que impide el arraigo en el conjunto de la población de una actitud participante que la constituya «en un cuerpo competente de ciudadanos» seguro y experimentado y produce tendencias a la alienación en el sector participativo (Almond y Verba, 1970: 42).

En consecuencia, en Perú coexisten sectores de población con una cultura política participante orientada hacia la elaboración de un proyecto político alternativo y de alcance nacional (sobre todo universitarios urbanitas), con otros (poblaciones rurales aisladas económica, política y culturalmente) que «carecen de mayor apego a una democracia sin significado alguno para ellos» (Stein y Monge, 1988: 95). Entre ambos extremos, el grueso de la población, orientada a su propia supervivencia, en un «sálvese quien pueda» que prima los comportamientos individualistas sobre estrategias de promoción colectiva41.

En España, la implicación del grueso de peruanos y marroquíes42 en «sus» asociaciones [y la de la mayoría de la población extracomunitaria en asociaciones propias de proyección político-asistencial] es prácticamente nula, siendo observadas desde una perspectiva exclusivamente instrumental, mientras la proyección política está prácticamente ausente de su vida. En todo caso, en terreno español, estas poblaciones pueden soportar la politización de las cúpulas asociativas —a pesar del temor o del escepticismo respecto de «lo político »— si su esfuerzo les reporta beneficio43. Se evidencia así la relación entre cultura política y propensión individual a la participación pública y cómo la socialización política en el país de origen mantiene su peso en el receptor44.

En tales condiciones, el proceso de «secularización política» (Almond y Powell, 1966)45 precisará el aprendizaje (facilitado por el cambio de contexto tras la migración) de un talante abierto y negociador en el marco de un conjunto de reglas específicamente políticas y universalistas.

4. Causas relacionadas con la configuración de las asociaciones

Tal como venimos afirmando, la relación entre inmigrantes y asociaciones se caracteriza por la instrumentalización de las mismas, sobre todo si tales desarrollan (entre otras) labores asistenciales46. ¿En qué medida la dinámica interna de las propias asociaciones coadyuva a tal fenómeno? — El carácter inconcluso del proceso de modernización política entre los responsables asociativos se verifica en el predominio de la «cultura política ideológica» (Almond y Powell, 1966), estilo ideológico en que el individuo ha asumido determinada orientación política pero no es capaz de adoptar las actitudes negociadoras y abiertas propias de la secularización total47.

Este desencuentro entre ideología (democrática) y comportamiento real deriva, según creo, de la contradicción entre la asimilación meramente intelectual de criterios democráticos y las formas autoritarias de organización familiar y sociopolítica en que se ha crecido; es decir, del contraste entre lo que Almond y Powell denominan «socialización política manifiesta» —que suele tener lugar en la universidad o en partidos políticos— y «socialización política latente» —transmisión de contenidos no manifiestamente políticos pero con repercusiones en cuanto a la percepción de roles y funciones análogos en el sistema político. Dicha contradicción se manifiesta en el autoritarismo de algunos representantes y en la mentalidad «conspiradora» desde la que intuyen intrigas contra la propia asociación por parte de otras organizaciones, sindicatos, administración… Se percibe en otros casos una clara propensión al elitismo entre los responsables (que se autoperciben como élite con especial clarividencia respecto a asuntos sociopolíticos), cuya actitud refleja bien la máxima «todo para el pueblo pero sin el pueblo», y a veces también comportamientos caciquiles (patrimonialización de los recursos públicos obtenidos mediante subvenciones).

Siempre hay excepciones, pero creo que lo dicho responde a la norma. Por otra parte, tales comportamientos se dan también entre la clase política española, de modo que no ha de entenderse esta reflexión como relato de diferencias respecto de un «ideal» ejemplificado en las estructuras políticas españolas.

— Así, la escasa participación de los inmigrantes en las asociaciones de proyección sociopolítica deriva de varios factores: por una parte, del elitismo/ personalismo y/o caciquismo de sus responsables y también a veces de la conversión de la asociación en mera entidad prestadora de servicios (resultado del proceso de cooptación por parte de la administración), que puede impedir el desarrollo de la socialidad inmigrante en su seno; en segundo lugar, de su eventual rol como lugar de promoción personal de los responsables (sospecha ampliamente difundida entre la población inmigrante).

Todo ello, junto a los factores de índole económica, social y política antedichos, condiciona, según creemos, la posibilidad de movilización étnica entre la población extracomunitaria.

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Notas

 1. Este artículo incluye parte de las conclusiones de mi tesis doctoral Las asociaciones de inmigrantes marroquíes y peruanos en la Comunidad de Madrid (febrero de 1999) y del informe elaborado para la Comisión Europea en el marco del proyecto internacional Combating Social Exclusion: Minority Organisations in Civil Dialogue. A European Project (programa Preparatory Actions to Combat and Prevent Social Exclusion: Support for Cooperation between Charitable Associations) en que participé (diciembre de 1999-diciembre de 2000) como investigadora en España.

2. La información en que se basa este estudio incluye fuentes primarias —entrevistas a responsables asociativos, inmigrantes «de la calle», responsables administrativos (MTAS y áreas de servicios sociales de varios municipios de Madrid), observación participante y no participante en asociaciones, encuestas estructuradas a una muestra de 110 peruanos en Madrid (Pérez y Veredas, 1998)— y secundarias —documentos de las asociaciones, discurso público de sus representantes y de gestores administrativos… 3. En algunos grupos nacionales, se estima cercano al 50% del total. Ver VV.AA. (2003), Migración colombiana en España. Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Naciones Unidas.

4. Kepel (1992) interpreta el crecimiento exponencial de mezquitas y asociaciones islámicas en Francia como resultado de un proceso colectivo de asentamiento aleatorio, del convencimiento entre los inmigrantes de que su vida y la de sus hijos transcurrirá en lo sucesivo definitivamente en el país receptor.

5. He considerado la posibilidad de completar la explicación del tema con la aplicación de la teoría de juegos. Habiendo estudiado sus premisas, considero, sin embargo, que no es aplicable a este caso, porque el actor —aquí, el inmigrante extracomunitario— no conoce perfectamente las reglas del juego político ni orienta su actuación desde las expectativas acerca del comportamiento de los demás sujetos. La suya no es, pues, una acción estratégica —en términos de Olson—, sino meramente racional, manifiesta en la instrumentalización evidente de las asociaciones por parte de los inmigrantes. Al hablar de acción estratégica no quiero indicar que responda a un razonamiento explícito y claramente fundado por el actor; pero sí implica un conocimiento bastante certero de las reglas del juego de la negociación política. Por eso creo interesante el trabajo de Solé (1995), que aplica la teoría de juegos al análisis de la interacción entre empresarios, trabajadores autóctonos, trabajadores inmigrantes y sindicatos, pero no demasiado ajustado a la realidad, por cuanto en ella los supuestos de la teoría no siempre se dan.

6. Por otra parte, el problema del free rider es consustancial a este tipo de estructuras, de ahí la necesidad de arbitrar incentivos selectivos para los efectivamente participantes (Olson, 1992).

7. Paradójicamente, observa Layton-Henry (1990), ocurre que muchas de estas estructuras, creadas para preservar la identidad y la cultura de sus miembros, desempeñan un papel fundamental en su integración en la sociedad receptora, al contribuir al asentamiento adecuado de los mismos y alentar su participación activa en el nuevo entorno. Muchas de estas asociaciones acaban contactando con las instituciones y autoridades del país receptor y mediando entre ellas y los inmigrantes para la mejora de sus condiciones vitales. A su vez, Granovetter (1973) subraya el potencial integrador de los vínculos débiles característicos de las estructuras formales, en contraste con el riesgo de aislamiento social del grupo inherente al enclaustramiento individual en la red de vínculos fuertes (parentesco, paisanaje…).

8. El concepto fue enunciado por primera vez por Stouffer, Suchman, Devinney, Star y Williams (1949) y recogido por Merton (1949) en su reflexión sobre la teoría del grupo de referencia.

9. Ambrosini (1998: 122) refiere entre los inmigrantes una «predisposición a renunciar a la inclusión regular en nómina por una retribución mayor», y ello en la intención de maximizar envíos de remesas al lugar de origen o en función de la incertidumbre sobre el empleo de los servicios de la Seguridad Social, el desarraigo social o el deseo de trabajar por cuenta propia…, todo ello circunstancias que sitúan a esta población en «una posición sensible a las ventajas de la incorporación a la economía irregular».

10. En su reflexión sobre la participación en los partidos políticos, Michels refiere la «incompetencia perpetua de las masas» (1972: 194) y la existencia de constricciones vitales (sobre todo falta de tiempo libre) para la mayoría como límites a su participación y que resultan en la «ley de hierro de la oligarquía».

11. Según el colectivo IOÉ (1998: 161), el alto grado de rotación de la mano de obra en el sector de la construcción se constata en la reducida antigüedad en el puesto entre los trabajadores polacos y, sobre todo, marroquíes (42% menos de 7 meses), y ello aunque la mayoría de estos últimos entrevistados llegó a España antes de 1991, mientras más de la mitad de los polacos llegó tras 1994 (1998: 222). La situación es similar en el sector de la hostelería (IOÉ, 1999: 141), donde la antigüedad en el puesto es menor a un 1 año entre buena parte de los latinoamericanos y, en menor grado, de los marroquíes.

12. Es sabido que, a través del régimen general regulado por las sucesivas LO de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, no se tramitan desde años PRT (al margen de las situaciones especiales: reagrupación familiar, nacionales de países como Chile y Perú —por ejemplo— con convenios previos a la ley de extranjería…). Así, la regularidad legal de la mayoría de los inmigrantes extracomunitarios pasa por su acogida a un contingente anual (de facto procesos de regularización hasta el pasado año) o a regularizaciones extraordinarias arbitradas por la Administración, que, en este tema, hace de la discrecionalidad total norma de actuación.

13. La dinámica descrita por Pedreño es muy similar a la referida por Bourgois sobre la migración india a las plantaciones de plátanos (1910-20) en la costa caribeña de América central: en un contexto de sucesivas olas de inmigrantes muy diversos étnicamente, «l’idéologie raciste a joué un rôle décisif dans l’organisation sociale des plantations. Sous l’euphémisme de "liste d’or" et "liste d’argent", la compagnie avait institué un système de ségrégation comparable à celui du canal de Panamá» (Bourgois, 1993: 55). Situación similar se dio en Bocas de Toro (Panamá), donde los indios Guaymi (años 50) hacían siempre el trabajo sucio, reparto justificado en términos étnico-raciales que disfrazaban la explotación propiamente económica: «la diversité ethnique et les systèmes de représentation qui fondent la discrimination et la marginalisation sur la plantation s’imbriquent avec l’encadrement et la qualité de la production. Ces représentations sont reafirmées dans la réalité même du processus de production et soustendent la division hiérarchique du travail» (ibídem, p. 59).

14. El estudio del colectivo IOÉ sobre las mujeres extracomunitarias trabajadoras revela que no es tan fácil la promoción ocupacional: «Sobre la base de un punto de partida en exceso dependiente del servicio doméstico, del que resulta difícil dar el salto hacia otras ocupaciones, la movilidad ocupacional de las mujeres inmigrantes se dirige lentamente desde las ocupaciones con menos estatus (servicio doméstico, limpieza y hostelería) hacia las de más categoría laboral (oficina y cuenta propia)» (2001: 738). Pero sí es cierto que la antigüedad migratoria propicia el abandono de las posiciones laborales menos deseables y el acceso a otras preferibles (por ejemplo, entre las mujeres marroquíes se verifica el progresivo abandono del servicio doméstico interno y el paso al régimen de externas o por horas) (ibídem, p. 739).

15. Así pues, no sólo de las denominadas «limitaciones» cabe afirmar su carácter estructural, sino también de las «preferencias» individuales.

16. Tilly y Brown (1967) muestran la menor participación organizativa, relaciones de vecindad e información sobre la sociedad receptora entre individuos que emigraron bajo la protección de parientes o amigos (referencia en Gurak y Caces, 1992).

17. Asumo la definición de «capital social» de Coleman (1990: 300): «These social relationships which come into existence when individuals attempt to make best use of their resources need not only be seen as components of social structures. They may also be seen as resources for the individual: social capital».

18. Tal como señala Portes (1998: 16), «group or community closure may, under certain circumstances, prevent the success of business initiatives by their members». Las normas de solidaridad y reciprocidad en el seno de las redes primarias pueden de hecho obstaculizar la promoción social del inmigrante.

19. «[…] la economía irregular se cimenta en redes de relaciones informales, integradas por elementos que van más allá de las relaciones amistosas, familiares y comunitarias que se revelan como indispensables para transmitir las informaciones necesarias y garantizar la complicidad de cuantos están involucrados, previniendo comportamientos que quebrantan las reglas del juego» (Ambrosini, 1998: 122).

20. «El antagonismo étnico germina, inicialmente, en un mercado laboral segmentado a lo largo de fronteras étnicas. Para estar segmentado, un mercado laboral debe contener al menos dos grupos de trabajadores cuyo precio de mano de obra por el mismo trabajo sea distinto o lo fuese si desempeñasen el mismo trabajo» (Bonacich, 2002: 208). Así, «los empleadores intentan pagar lo menos posible por el trabajo, independientemente de la etnicidad y adaptándose a los recursos y a los motivos de los grupos de trabajadores. En la medida en que éstos varían a menudo según la etnicidad, es habitual encontrar mercados de trabajo étnicamente segmentados» (ibídem, p. 212). El precio del trabajo incluye, según Bonacich, el coste del mismo [determinado por el nivel de vida de la mano de obra, la información sobre el contexto receptor (ligada a su antigüedad migratoria) y los recursos políticos disponibles (grado de organización del grupo)] más el coste de los conflictos.

21. Este fenómeno limita seriamente la posibilidad de coalición intergrupos a partir de identidades étnicas previas —por ejemplo, el indigenismo— o posteriormente (tras la migración) construidas —por ejemplo, la negritud—. Ciertamente, tales procesos de reconstrucción identitaria operan a nivel individual (ver Veredas, 1999), pero su activación a nivel colectivo como mecanismo movilizador choca con el recurso al desmarcamiento como estrategia de salvaguardia de la propia autoestima (ver Goffman,1970), aunque podría verse favorecido si el «otro» —aquí, el español— activase tales registros como estigmatizantes.

22. Considera Rex (1987) que el potencial efecto disuasor sobre la organización colectiva que pueden tener tales condicionantes culturales y también la extensión del individualismo y de los valores consumistas, puede verse superado si las condiciones de vida en el país receptor se dificultan de forma extrema, ya que tal situación actúa de hecho como unificador de voluntades. Esto ocurrió en Alemania cuando el gobierno (1981) promulgó un decreto que prohibía la entrada de hijos mayores de quince años de inmigrantes extracomunitarios: los turcos —separados por su origen rural/urbano, pertenencia a las escuelas islámicas Sunni y Alevi…— protagonizaron amplias demostraciones de protesta y se pronunciaron como una sola voz por primera vez ante un tema que concernía al gobierno alemán.

23. Según el colectivo IOÉ, en el sector de la construcción «el 88% de los marroquíes y el 99% de los polacos se encuentra privado de la protección que pudiera obtener de la acción de los sindicatos de trabajadores en la propia empresa» (IOÉ, 1998: 164). Entre los trabajadores y trabajadoras en servicio doméstico «la pertenencia a sindicatos obreros es minoritaria y los colectivos con mayor afiliación son autóctonos (4,4%) y peruanos (3,7%)» (IOÉ, 2001: 341).

24. Actualmente, sin embargo, los responsables de CC.OO. afirman que la organización pretende en lo sucesivo y sobre todo «hacer de sindicato, es decir, atender por encima de otras prioridades a la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras y dejar a otras organizaciones de la sociedad civil otros ámbitos de actuación […] interviniendo cada cual en su ámbito natural» (López, 2003: 201).

25. La teoría del Proceso Político (McAdam, 1982) concibe el surgimiento del movimiento social como producto de factores de orden interno (examinados previamente) y externo, los arriba analizados.

26. En tanto «todo tipo de aprendizaje político, formal o informal, deliberado o no, en todos los estadios del ciclo vital, incluyendo no solo el aprendizaje político explícito sino también el nominalmente no político que afecta, sin embargo, al comportamiento político» (Greenstein, 1997: 21, en Benedicto, 1995: 231).

27. «Los objetos "input" incluirían los medios de comunicación, los grupos de intereses, partidos políticos, poderes legislativos y el ejecutivo en su aspecto político. Y los objetos "output" podrían ser clasificados de muy diferentes maneras. Subcategorías obvias incluirían el ejército, la policía y las numerosas variedades funcionales de los roles civiles, como las autoridades fiscales, de beneficencia, de educación y otras parecidas» (Almond y Verba, 1970: 54). Para Dowse y Hughes (1982: 285), el término input se refiere «a la corriente de demandas de las sociedades al sistema político», mientras el output consiste en «las conversiones de esas demandas en el seno del sistema político en declaraciones de autoridad».

28. Según Dowse y Hughes, en este sistema (denominado por ellos «cultura localista») «el ciudadano que no se relaciona con objetos nacionales puede, no obstante, estar intensamente implicado en la política local, tribal o del pueblo» (1982: 286).

29. Proceso de «difusión de las aptitudes necesarias para poder hacerse con una comunidad política extensa», que comienza con la alfabetización generalizada de la población de cara a la integración en organizaciones modernas y en extensas redes de comunicación (Inglehart, 1991: 379).

30. En este tipo, «los individuos se convierten en participantes en el proceso político pero no abandonan sus orientaciones como súbditos ni como parroquiales» (Almond y Verba, 1970: 49). La cultura cívica es una «cultura leal de participación» (ibídem) en que el individuo tiene ante sí oportunidades de compromiso con instituciones apolíticas y localistas que fomentan el sentido de la competencia y eficacia personal y la confianza en los demás. El ciudadano «cívico» puede asociarse si el gobierno actúa contra sus intereses pero muestra poco interés en general en «la política» y es más propenso al asociacionismo extrapolítico.

31. Almond y Verba (1970) encuentran una estrecha relación positiva entre el nivel educativo, el sentimiento de competencia individual a nivel político y la pertenencia a organizaciones voluntarias.

32. El comportamiento electoral en el Rif oriental —provincias de Nador y Alhucemas— desde la independencia hasta 1977 muestra el porcentaje mayor de abstención en todo Marruecos (De Mas, 1991). Sin embargo, cabría interpretar el hecho como postura totalmente politizada, porque existe en Marruecos la percepción casi generalizada de que son procesos amañados por un Majzen poco dispuesto a modificar su política.

33. «Marruecos ha duplicado el número de personas que viven en la indigencia en los últimos 10 años, que han pasado de 3,4 millones de personas en 1991 a 6 millones en la actualidad » (El Mundo, 4.VIII.2002).

34. Ya las elecciones legislativas de 1997 registraron alta tasa de abstención (42%) y más de 1 millón de votos nulos o en blanco, que reflejan «una desafección de la política e incluso un rechazo de las reglas actuales del juego político (Daoud, 1997, en Desrues, 2000-2001: 175)».

Si «hasta la fecha el modo de escrutinio y el control del Ministerio del Interior sobre las elecciones, así como la cultura política dominante marcada por el clientelismo y el populismo, desvirtuaron la naturaleza democrática de los comicios» (Desrues, 2000-2001: 175), parece que poco ha cambiado tras la entronización de Mohamed VI, pues las últimas elecciones legislativas (IX.2002) registraron, según fuentes oficiales, una abstención cercana al 50%, mientras fuentes extraoficiales referían porcentajes de participación entre el 20 y el 30% en las provincias de Casablanca, Kenitra, Larache, Taunat y Tánger. Diversas voces denunciaron también en esta ocasión «la violación de todas las directivas y [la práctica del] pucherazo». La Razón, 29-IX-2002.

35. El arraigo del despotismo patriarcal en Marruecos dificulta la asunción de parámetros democráticos entre los inmigrantes en España, dificultad manifiesta a veces en el respeto exagerado de las figuras de autoridad y en los problemas en el trato a los menores no acompañados: sin coerción no hay respeto.

36. Populismo como «articulación política precaria entre ciertos sectores de la burguesía urbano- industrial, de los sectores medios técnico-profesionales, y de las clases dominadas» (Quijano, 1971: 31). Los regímenes populistas utilizan las demandas populares de tipo económico atendidas en pequeña escala para crear ilusiones de participación política efectiva (aunque a veces hubo alianza real con organizaciones —partidos, sindicatos…— representantes de las clases dominadas).

37. Así, en Perú «lo político no se concibe de la misma manera desde una comunidad andina, una cooperativa agraria, desde una planta industrial o desde una barriada de la periferia de la capital y la modernización inconclusa de la sociedad ha venido a complicar aun más el proceso » (De León Naveiro, 1995: 119).

38. El actual populismo, «en sus vertientes del primer belaúndismo, el velasquismo civil, el aprismo o la Izquierda Unida, parte de la necesidad de legitimar a las diversas audiencias clasistas y culturales del país, en cuanto se ve a sí mismo como mediador y unificador de todas ellas […] Esa es su inteligencia política: el reconocimiento de la eficacia política de que en el Perú existe, o si se prefiere de que Perú es, una realidad diversa que necesita ser articulada» (Lauer, 1990: 165-166).

39. «Para poder tener políticos modernos, primero hay que tener una apreciación moderna de la política. Los peruanos no la tenemos, porque carecemos de una visión moderna de nosotros mismos. El siglo XVIII vive aún porque no nos queremos y no estamos reconciliados con nuestras diferencias étnicas, sociales, culturales, históricas, raciales y geográficas (Ugarteche, 1998).

40. «Hay una cultura autoritaria que se instala en el Perú desde las relaciones familiares, en los sistemas ahora superados del gamonalismo, latifundismo y oligarquías regionales; en las relaciones obrero-patronales; en la atención discriminatoria del Estado en razón de los atributos diferenciados de prestigio social, capacidad económica y cultura que reconoce en cada uno de los individuos que gestionan ante él; también en el machismo y otras expresiones de la conducta social oficiosa y a veces oficialmente aceptada. Todos estos elementos del autoritarismo tienen repercusión en el sistema político de participación y representación» (Comisión especial del Senado sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación en el Perú: Violencia y pacificación. Lima, 1989: 33).

41. «El discurso dominante se ha llegado a adoptar con la convicción de que todo está definido y no puede ser modificado. La única lucha posible es para obtener el "éxito individual" […] el tejido social se ha debilitado y el individualismo extremo ha emergido derivando en agresividad […] La mediación del Estado en los conflictos entre la sociedad, se ha reducido.

La interacción entre el Estado y la sociedad ha sido reemplazada por la concepción del mercado político, donde los actores sociales derivan individualmente en clientes […] Todo lo señalado excluye la posibilidad de la institucionalización de una democracia real en el Perú» (Ugarteche, 1998).

42. La estrecha vinculación en el imaginario marroquí entre cualquier asociación y un partido político responde a los esfuerzos del régimen alauita por feudalizar a las asociaciones para eliminar su potencial «subversivo»: «los marroquíes son conscientes de que la "sociedad civil" no ha conseguido nunca autonomía real en relación con el Makhzen y dudan que esto pueda producirse» (Gateau y Denoeux, 1995: 39, la traducción es mía).

43. Reconociendo el efecto negativo de la politización de las asociaciones en su potencial de «captación» (tantas veces se me ha expresado en el entorno inmigrante), me inclino a relativizar el peso de esta explicación, dado que la participación en asociaciones estrictamente culturales no es mayor y que, además, la «politización» de las primeras se ha atenuado en algunos casos tras su transformación en ONG.

44. Suscribo la reflexión de Almond (1966) sobre la relación bidireccional entre cultura y estructura políticas, de modo que el contacto con el modelo político de la sociedad receptora puede operar como nuevo agente de socialización que favorezca actitudes más participativas.

45. Definida por los autores como el surgimiento de una orientación pragmática empírica respecto a la política (de modo que pase a considerarse como un proceso de «toma y daca» donde los interlocutores negocian para conseguir objetivos limitados), junto al paso de las orientaciones difusas —propias de la cultura política parroquial— a las específicas, es decir, la adquisición de conciencia del sistema político como institución especializada, que asume roles concretos desde sus diferentes instancias, y de uno mismo como individuo susceptible de influir en aquél a través de canales determinados (estructura de insumo del sistema político).

46. Ocasionalmente, la población inmigrante (marroquí y subsahariana sobre todo) puede utilizar tales estructuras como plataformas de expresión pública —se han registrado en los últimos años varias manifestaciones públicas de protesta a causa de la precariedad legal y laboral, del abuso policial y de agresiones racistas—, pero tales iniciativas no significan, a mi juicio, tanto una identificación con los objetivos de la organización convocante como el aprovechamiento de la ocasión de mostrar el descontento acumulado.

47. El hecho de que la mayoría de las asociaciones más antiguas esté presidida —sobre el papel o de facto— en la actualidad por las mismas personas que han detentado el cargo desde su fundación (en ocasiones hace más de una década) responde a su incapacidad para delegar funciones que, supuestamente, ostentan a su vez por delegación pero que vinculan inexorablemente a su persona, que termina por identificarse con la asociación. También responde, sin embargo, a la falta de personal dispuesto al reemplazo.

El artículo publicado en /Papers/, revista de Sociología, vol. 72, pp.87-111. Ed. Universidad Autónoma de Barcelona, 2004. ISSN: 0210-2862.

Sonia Veredas Muñoz*

*Universidad Carlos III de Madrid