Nuevo modelo de seguridad policial (página 2)

 1.3.-Los 13 Conceptos Fundamentales de la Reingeniería

 1. Consiste en empezar de cero, en una hoja en blanco.

Se considera que prácticamente todo lo que hacíamos antes como personas, empresas, instituciones o gobierno parecería estar mal hecho, considerando los resultados obtenidos.

 2. Consiste en cambios radicales, brutales, espectaculares.

La reingeniería es enemiga de los cambios graduales, moderados e intrascendentes. Se habla de cambios de 100%, no de cambios incrementales de 20 o 30%.

 3. Está enfocada a procesos.

No a departamentos o áreas, trabajos, personas o estructuras. Los viejos principios de la administración que fragmentaban el trabajo en varias unidades ya no funcionan, ahora hay nuevos principios. Se define un proceso como una colección de actividades que reciben una o más entradas y generan una salida que es de valor para el cliente.

 4. Tiene una visión holística.

Observa todos los procesos desde una perspectiva integral. Ve el todo y no las partes. Tiene una perspectiva global.

 5. La división del trabajo ya no funciona.

La división de tareas que fue clave para la revolución industrial (pensamiento lineal) ya es obsoleta. Hoy día ya no procede trabajar en serie, sino en forma integrada y dinámica. Tenemos que reintegrar los procesos. Los actores de la reingeniería deben ser capaces de desempeñar más de un rol.

 6. Es enemiga de la especialización. Es multiespecialización (generalista).

La reingeniería es anti-especialización. La especialidad tiene virtudes pero su defecto es la pérdida de flexibilidad. En reingeniería lo que más requieres es flexibilidad.

 7. Se apoya en el principio de la incertidumbre (Teoría del Caos).

En reingeniería todo es "pulso y vista". Pura intuición pero no ciega. Parte del supuesto de que el determinismo no existe y por lo tanto no existe nada establecido ni predeterminado. Hay que aprender a administrar o manejar la incertidumbre. Hay que tener una tolerancia a la vaguedad, ya que no hay guías ni precisión. Es construir un puente al vacio sin conocer la otra orilla.

 8. Su herramienta principal es la destrucción creativa.

Lo anterior ya no funciona y por lo tanto hay que destruirlo, pero de una manera creativa, construyendo los nuevos procesos. Se basa en el principio de que en un espacio sólo cabe un edificio, para construir lo nuevo tiene que hacerse sobre las ruinas o cenizas de lo viejo. Tienes que destruir tu empresa ó tu viejo "yo" ó tu organización para hacer una nueva de cero, pero esta destrucción tiene que hacerse de manera sistemática en base a los principios de la transformación organizacional.

 9. No hay un "modelo de reingeniería". No hay un plan preestablecido.

El modelo es que no hay modelo. Cada quien tiene que hacer su propio proyecto de reingeniería. En el momento que rompas con lo anterior te quedas en el aire, por eso debes tener una tolerancia a la ambigüedad hasta que recompongas los procesos. Sin embargo, debes tener conciencia de que para realizar reingeniería necesitarías asesoría o consultoría externa. Tu sólo podrás avanzar en la mitad de la reingeniería, la otra mitad deberá contar con supervización externa, porque de lo contrario existe el riesgo de caer en la autocomplacencia, en el autoengaño. Sólo una auditoría externa evitará que sigas haciendo lo mismo de antes con un nombre nuevo. No cualquier cambio es reingeniería, sólo un cambio que cumpla y respete todos los conceptos y su metodología.

 10. Lo más importante es un cambio de mentalidad o de enfoque. Metanoia.

No debemos pensar en tareas aisladas, sino en procesos integrados. Si sigues viendo el mundo como era antes. Si piensas que no hay nada nuevo bajo el sol y que no debes cambiar tus actitudes, tus comportamientos, tu forma de trabajar o si no estás dispuesto a enfrentar la incertidumbre o la vaguedad, entonces la reingeniería no es para ti. El día que cambies de mentalidad, el día que tengas un cambio cultural, una Metanoia, ese día podrás hacer reingeniería. Un concepto fundamental es que no podrás hacer la reingeniería de una empresa o de un organismo o de una institución cualquiera si primero no haces una reingeniería de ti mismo. Si no cambias de mentalidad no estás listo para entrar al futuro.

 11. En un primer momento debe realizarse de arriba hacia abajo.

Debe ser iniciado por el líder de la organización ("líder transformacional"), porque si no hay voluntad y decisión, si no se canaliza poder y recursos, no prosperará.

 12. En un segundo momento, la reingeniería requiere un impulso en sentido inverso, de abajo hacia arriba.

Si no involucra a todos los miembros de la organización fracasará, porque estos lo boicotearán, lo sabotearán o lo harán más lento. El involucramiento debe hacerse por convencimiento o por "amor a la camiseta".

 13. Si uno no está convencido es mejor no hacer reingeniería.

Los resultados pueden ser desastrosos, ya que se desmantelaría lo que funcionaba en el pasado y no se acabaría de instalar los nuevos procesos. Nos quedaríamos en el peor de ambos mundos: todo lo malo del pasado sin lo bueno del futuro.

Si estás convencido de las bondades de la reingeniería, de sus conceptos y de su metodología, no esperes más, ponla en práctica cuanto antes. El mundo ya cambió, ahora falta que cambies tú o tu empresa o tu organización.

2.- METODOLOGÍA ESQUEMÁTICA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS

Como extremo ideal, se puede establecer una metodología de "papel en blanco", en la que se reinventa toda la estructura y funcionamiento del proceso o de la organización. Se mantienen los objetivos y estrategias básicas del negocio, pero se adopta una libertad total de ideas. Esta metodología se puede restringir aprovechando en mayor o menor medida los procesos ya existentes, haciéndose así un rediseño parcial del proceso.

En cualquiera de los casos, la reingeniería de procesos crea cambios directos y radicales que requieren unas circunstancias en la organización para adoptarse con éxito:

• Sensibilización al cambio.
• Planeación estratégica.
• Automatización.
• Gestión de Calidad Total.
• Reestructuración Organizacional.
• Mejora Continua.
• Valores compartidos.
• Perspectiva individual.
• Comportamiento en el lugar de trabajo.
• Resultados finales.

Las etapas de la reingeniería pueden ser las siguientes:

• Identificación de los procesos estratégicos y operativos existentes o necesarios, y creación de un mapa (un modelo) de dichos procesos.
• Jerarquización del mapa de procesos para su rediseño, y determinación de los procesos clave, aquellos que se abordarán primero o con mayor interés.
• Desarrollo de la visión de los nuevos procesos mejorados.
• Reingeniería (creación y rediseño) de procesos, realizada por consultores externos, especialistas internos, o una mezcla de ambos.
• Preparación y prueba de los nuevos procesos (procesos pilotos) .
• Procesos posteriores de mejora continua.

Sin embargo, varios autores opinan que no existe una metodología clara para llevar a cabo una reingeniería de procesos, sino que la metodología depende de las circunstancias de la organización: se puede emplear personal externo o interno, rediseñar toda la organización a la vez o por partes, implantar los procesos nuevos en paralelo a los antiguos o sustituirlos completamente.

3.- REDISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS

La puesta en practica de un plan de calidad, puede exigir el rediseño de los procedimientos de trabajo y de los puestos de trabajo. Para la puesta en práctica de este rediseño de los procesos es preciso:

· Analizar los procesos que desarrolla la empresa desde la perspectiva del cliente. Estudiando como los diferentes procesos y tareas aportan valor al cliente.

· Ciertos procesos que se desarrollan de forma rutinaria en muchas empresas no aportan valor al cliente y pueden ser eliminados.

· Analizar las diferentes tareas que componen los procedimientos. Estudiando con especial atención los incidentes críticos. Aquellas etapas de los procedimientos donde se producen los errores.

· Eliminar tareas. Ciertas tareas pueden ser eliminadas mediante una reorganización de los métodos de trabajo.

· Rediseñar tareas. Algunas tareas críticas deben ser rediseñadas para mejorar la calidad, la atención a los clientes y la rapidez en la respuesta.

· Establecer procedimientos. Fijar normas y procedimientos.

El análisis de los procesos y el establecimiento de procedimientos forman parte de los procesos de certificación de calidad que tiene los siguientes aspectos fundamentales:

1.El servicio se presta respondiendo a unas especificaciones establecidas.

2.Y mediante una organización orientada a la satisfacción del cliente.

3.Se establecen unos parámetros de exigencia.

4.Estos parámetros se van a medir y controlar de forma continua.

5.Que se van a adoptar medidas correctoras si procede.

6.Que existen cauces específicos para atender a los clientes en sus disconformidades e informarles de las acciones emprendidas.

El establecimiento de un sistema de calidad total no se queda en el establecimiento y análisis de unos procedimientos o normas sino que comporta un proceso continuo de control de calidad.

1.Investigación de usuarios finales para conocer cuáles son sus estándares exigidos a la calidad de cada producto o servicio.

2.Comunicar a los empleados las acciones para alcanzar el nivel de calidad Y comunicar los resultados que se van obteniendo.

3.Creación de incentivos y reconocimientos para motivar a los trabajadores. Fomentar la orientación al cliente no sólo como filosofía sino estableciendo incentivos y reconocimientos. Es preciso poner el dinero necesario para acompañar a las declaraciones de calidad.

4.Control periódico de las desviaciones. Medición continuada de los resultados obtenidos y comparación con los objetivos establecidos en el plan.

5.Compromiso de la dirección para solucionar los problemas. Es imprescindible el compromiso de la dirección con el sistema de calidad. El compromiso exige alinear los incentivos, formación, evaluación de los empleados con la satisfacción del cliente

4.- LA REALIDAD POLICIAL.

Comenzaremos reconociendo los diferentes factores que conforman y condicionan la realidad policial. Para arribar a este objetivo, imprescindible para formular las consideraciones necesarias y válidas para un cambio futuro; realizamos una lectura en su aquí y ahora como de su devenir histórico en cuanto a su pertenencia Estatal, a sus relaciones con la Comunidad y las actividades realizadas en contra de la delincuencia.

Consecuentemente, identificamos y citamos a continuación, una serie de presupuestos que en más o en menos, subdivididos o agrupados diferentemente, básicamente representan los más importantes y que necesariamente deben ser analizados en su conjunto.

• Conflictos con la comunidad. Distanciamiento.

• Desempeño exclusivo de tareas operativas. Eliminación de oportunidades y otras supletorias.

• Descontrol del accionar de la delincuencia. Desprotección.

• Casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción.

• Inadecuada estructura institucional. Disfuncionamiento.

• Precaria e inadecuada capacitación profesional.

• Pérdida de identidad.

• Influencia política.

• Falta de recursos financieros que atiendan debidamente a los funcionarios policiales en sus necesidades y decoro personales.

• Idem sistemas y medios logísticos para cumplir acabadamente su misión específica.

La Policía tiene conflictos con su comunidad, desde el preciso instante de su creación, lo cual tiene mucho que ver con los aspectos y características de la misión a cumplir como de la metodología tradicionalmente empleada para llevarla a cabo, aunque más adelante veremos la existencia de componentes más fuertes y profundos. Estos conflictos, se traducen preponderantemente en actos de violencia, corrupción, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, descontrol del accionar de la delincuencia y aún su aislamiento institucional; todo lo cual converge, en la desprotección ciudadana, en su distanciamiento y alto grado de cuestionamiento social.

En la generalidad, todas las formaciones policiales, se dedican por imperio de la Ley, al mantenimiento del Orden Público y la Seguridad Pública a la vez que la protección de su Comunidad contra el accionar de la delincuencia, de manera tal, que si bien ningún habitante reprocharía a priori, todos o alguno de estos máximos preceptos, en cambio sí lo haría, sobre la forma o manera que tiene la Policía de cumplirlos. Y a este aspecto, hay que agregar y dejar bien en claro, que la policía no hace lo que quiere, sino aquello que le es ordenado, por lo que sería mediatizar nuestro estudio, si nos cerráramos, y consideramos que la problemática referida a su cuestionamiento o mal funcionamiento, nace y muere con ella.

Con respecto a sus actividades en procura del Orden Público y la Seguridad Pública como razón de Estado para el bien común, fueron históricas y sistemáticamente tergiversadas por los diferentes gobiernos; orientándolas hacia un fuerte control y disciplinamiento social y enmascarando, detrás de la agencia policial, además de un marcado absolutismo, la realización de intereses ideológicos y político-partidistas. Efectivamente, sus potencialidades jurídicas y corporativas (humanas y de recursos logísticos y financieros), fueron desgastadamente distraídos para la contención y/o resolución de conflictos emergentes del campo social, donde la represión policial se observó como la repuesta oficial y de primerísima línea; en lugar de destinarlas a la protección de la ciudadanía y el desarrollo comunitario.

En cuanto a su accionar contra la delincuencia, cuenta con una estructura organizativa y funcional rígida, obsoleta y preponderantemente negada hacia todo avance tecnológico, producto de un marco legal inadecuado y tendencioso que la conminaran tradicionalmente, a impulsar y mantener un esquema de prevención basado exclusivamente en la eliminación de oportunidades, preponderando la saturación de objetivos en forma indiscriminada y eventual, como de precarias técnicas de investigación, requiriendo grandes aportes económicos por parte de la Comunidad, habida cuenta que se alimenta permanentemente de personal policial, de recursos materiales y financieros. La falta de actividades relacionadas a la conformación de una cartografía delictual con su correspondiente informe científico, permitiendo así, la identificación y el conocimiento de las causales del delito que le permitan colaborar en el desarrollo social; la ubican en desventaja y le impiden un trabajo efectivo y eficaz en los niveles pertinentes de la prevención. Es decir, que además de evitar que el delincuente delinca, se pretende lograr que el delincuente no sea tal y que la víctima no llegue a serlo; lo cual requiere de una planificación policial que incluya y permita una coordinación multisectorial e interdisciplinaria, orientada a la elaboración de un diagnóstico criminológico del territorio donde ejerce su función con todos los operadores del sistema.

A modo de ejemplo, una tradicional medida, fue siempre estructurar grandes despliegues de policías y patrulleros en su ámbito de responsabilidad como mega operativos puntuales y coyunturales; pero, si bien eliminaron muchas posibilidades de delinquir, en los lugares donde fueron fijados sus asientos; no le han asegurado el control de la delincuencia; es más, le producen el desconcierto de comprobar su aumento, muchas veces tildándolo de inexplicable, derivando en su fracaso institucional. Esta clase de esquemas preventivos, en el mejor de los casos, reacciona positivamente después de la comisión del delito y trabajando en sus efectos, pero con poca incidencia para evitarlo, aunque la realidad también nos demuestra que ni aún después, cumple acabadamente con su misión por la carencia de Planeamiento e Inteligencia como de personal, de medios y sistemas logísticos con los cuales responder, degenerando así en impunidad, desconcierto, reproche y desprotección social.

Y en este punto, nos apartamos de la doctrina del Derecho por cuanto el concepto de impunidad, desde la óptica del ciudadano común, que con sus impuestos sostiene un sistema que no le sirve, no lo asegura ni le brinda protección; comprende y se explica a través de la falta de calidad y cantidad de funcionarios, recursos y métodos para su contención personal y represión delictual, imputándosele al gobierno y preponderantemente a la Policía, una pasividad o actividad ineficaz contra el delito y no haber llegado a tiempo y dejarlo ser víctima.

Esta situación, se agudiza al absorber funciones supletorias que importan tareas que no le corresponde hacer y normadas en otros instrumentos jurídicos, pero convenientemente incorporadas por Ley como cuestiones de auxiliaridad para con otros organismos a la vez que demostrando, una clara falencia del Estado que llega a provocar la pérdida de identidad de sus miembros, los cuales constantemente se preguntan si en realidad son funcionarios policiales o custodios de detenidos, vigiladores y guardadores de vehículos automotores secuestrados, o empleados a pleno de los otros poderes del Estado. Así es, los detenidos en dependencias policiales como la custodia de secuestros producto de ilícitos, las notificaciones judiciales y otros trámites de efecto privado, son en realidad una deliberada y perversa delegación de funciones enmascarada en la auxiliaridad, distorsionando la misión policial y haciendo peligrar la seguridad ciudadana.

La ciudadanía entonces, se siente desprotegida y enfadada con la policía pues la obligan a ubicarse en primera fila de una obra de teatro en la cual observan como la delincuencia triunfa. El funcionario de policía por su parte, se siente también defraudado por el Estado, pues a diario observan, cuánto dedican en recursos y esfuerzos a otras tareas distintas a la policial, en desmedro de aquélla que le corresponde por mandato comunitario.

En la generalidad, el poder político demuestra una influencia perjudicial, avanzando sobre la institución policial con designios ideológicos, partidistas y coyunturales como en términos electoralistas, que nada tiene que ver con su misión, o teniéndola, la obligan a cumplir estrictamente sus órdenes, sin posibilidad de revisión e inspección, pero en cambio sí, a hacerse cargo de las responsabilidades emergentes de los futuros fracasos. Esto produce un condicionamiento que vulnera muy fuertemente su normal desempeño, pues el pretendido, es que el poder político, debe ser consecuente con las relaciones interinstitucionales y referidas estrictamente a la dependencia estructural, fijando los lineamientos gubernamentales para la Seguridad Ciudadana como de los sistemas de verificación o control. Evitará extralimitarse en sus atribuciones e incidir negativamente en la labor cotidiana de los cuerpos policiales, comprobándose que en muchas ocasiones, su perjudicial influencia ha llegado hasta niveles mínimos y primarios de neto corte policial, tales como ordenar traslados y designaciones de personal, servicios policiales, ubicación de patrulleros, formas de llevar a cabo procedimientos, custodias o paradas policiales, etc., desestimando la autoridad y disciplina internas, sin el pleno y necesario conocimiento profesional para ello.

En este mismo contexto y primando la necesidad de satisfacer meros intereses particulares y/o partidistas, se han generado megas estructuras organizativas y se han elegido funcionarios, en algunas agencias policiales con anterioridad a la creación de los cargos para ejercerlos, en contradicción con la doctrina más elemental y tradicional del Derecho como de la Organización, o caracterizándose por la falta de idoneidad y capacidad para asumirlos. Esto ha conducido a un generalizado disfuncionamiento y falta de control institucional, que en lo interno convergen en burocracia y en el relajamiento integral de la administración, y en lo externo, posibilitando diferentes situaciones que incluyen sistemáticas violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y de libre albedrío, incluyéndose el desamparo del trabajador policial y la negación y/o incumplimiento de sus derechos.

Entonces, nada nos sorprende si por regular de esta manera la vida de la comunidad, se produzca el distanciamiento y recelo de ella, a la vez que el descontrol en su lucha contra el delito. Pero esto no es todo, le debemos sumar el hecho de que nunca fue tratada como un área profesional, de la misma forma que fueron la salud, justicia o educación, entre otras. Siempre la Policía fue destinada a prestar un servicio, primero a la institución Estado y en segundo término a la Comunidad y en donde, la autoridad moral y técnica, rarísimas veces se concilió con la autoridad formal, tanto en las designaciones como en el ejercicio funcional. A modo de ejemplo, ningún gobierno designaría al frente del área de Salud a un abogado o en el área de Arquitectura y Urbanismo a un Odontólogo; menos aún para el área de Justicia, a quien no posea título de abogado, pero en cambio el área policial, fue siempre permeable para coronar a ciertos profesionales como abogados o integrantes de las Fuerzas Armadas, en franco desconocimiento y negación de la carrera policial. Pero esto no es casual, advirtiéndose en algunas agencias, precariedad o falta de una política de personal que conlleve a una buena selección y un soporte académico que los aparte de meras técnicas investigativas y del manejo de algunas armas como del seguimiento profesional de los funcionarios policiales para reaseguro de la Comunidad, de la Institución y de ellos mismos, ante la posibilidad de cualquier práctica inconstitucional. Volveremos sobre esta cuestión más adelante.

Un tema importantísimo es el salario de los funcionarios policiales, que representa un gran problema de Estado por resolver. ¿Hasta dónde se pretende explotar la lírica de la vocación de servicio, de la integridad, de la moral y de las buenas costumbres?; ¿Cómo puede exigírseles conductas poco menos que excepcionales y anticorruptas, a quienes en muchísimas ocasiones, no tienen para comer o se presentan al servicio dejando a sus familias sin dinero y además, bajo condiciones laborales deplorables?. Tengamos presente que el trabajo policial es riesgoso e insalubre, por lo que una jornada de labor mínima de conformidad a los contenidos de las legislaciones nacionales y además bien paga, es la adecuada, debida y aconsejada.

Las situaciones dramáticas propias de la función y vividas a diario por los agentes policiales, importan la necesidad de un seguimiento y apoyo psicológico que en la generalidad no se cumple (por no decir que no existe), generándose una falta de contención y atención que pueden derivar en peligrosas patologías, muchas veces exteriorizadas y canalizadas a través de sí mismo, de la comunidad en general, de los imputados en particular como del grupo familiar al cual deterioran y/o destruyen.

Por otra parte, la Policía es y funciona gracias al esfuerzo y patrimonio personal, tanto espiritual como pecuniario de sus trabajadores policiales; de lo cual, el Estado, se beneficia continua y cotidianamente, a la vez que le resulta vital para el sostenimiento del sistema imperante por cuanto funciona carente de toda clase de recursos oficiales. De igual manera y a escala institucional de las diferentes dependencias, que autofinancian su misión, en el mejor y lícito de los casos, con la colaboración de la comunidad.

Entonces, esta realidad no es peor, gracias a las personas de los funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley que nunca han bajado sus brazos y siempre, todos los días, se enfrentan contra el delito en defensa de la Comunidad, muy a pesar de sus vidas y de sus afectos y dentro de un esquema laboral, donde sus derechos como trabajadores so pretexto de la vocación de servicio, pocas veces o nunca, se han tenido o se tienen en cuenta.

5.- MODELO POLICIAL HEGEMÓNICO (MPH).

Como hemos visto, surge de la realidad policial, una serie de presupuestos que interactúan entre sí y dentro de un círculo vicioso, retroalimentado y conformando una problemática estructural y sistemática, como de carácter histórico.

Veamos a continuación, sus aspectos constructivos y de sostenimiento, que se corresponden con:

• Relación Estado-Sociedad.

• Respeto y acatamiento irrestricto -y hasta ciego- para con el Estado.

• Marco jurídico inadecuado y tendencioso. Legislaciones convenientemente orientadas hacia un fuerte control y disciplinamiento social.

• Metodología. Corte represivo. Efectos del delito.

• Estructura organizativa y funcional. Militarismo.

• Corrupción.

La problemática policial en Lara como en toda Venezuela, tiene que ver con la respuesta histórica de la Institución Policial, a un modelo utilitarista y hegemónico, que no es fortuito o espontáneo, sino deliberado y cuya génesis, se pierde con los años.

Con esto no estamos afirmando que fueran los conquistadores, quienes nos regalaran un modelo policial, de ninguna manera, aunque muchas características clásicas de tiempos coloniales aún persisten en la actualidad.

El modelo policial hegemónico, ya tiene más de cien años y aún se sostiene, pese a las fuertes pseudo reformas de corte gatopardista que se le han practicado. Un punto de partida posible para nuestro análisis, sería la conformación de los Estados en América Latina que en la generalidad y respetando las particularidades de los diferentes países involucrados, se producen a fines del siglo XIX con características muy similares.

Entonces, recordemos en principio, la constitución de los Estados Nacionales, emparentados con las institucionalizaciones de los Ejércitos Nacionales, habida cuenta de la necesidad, además de limitar sus fronteras, de impartir orden y poseer, a la vez que ejercer, el poder político interno.

Pero esta necesidad, iniciada con un marcado y enmascarado absolutismo, se legitimará sobre la base de la razón del Estado para el orden y el bien común en sus relaciones con la Sociedad.

En este cuadro de situación, sus primeras medidas estuvieron orientadas a su constitución y modernización, preponderando el fortalecimiento de la justicia, del ejército y de la policía e imponiéndoles, supletoriamente, una doctrina de alto potencial filosófico, donde su actuación, en pro del proceso de organización nacional, se emparentaba igualitariamente con lo patriótico.

Debe quedar bien en claro, que el modelo de Estado Nacional no fue meramente un conjunto de medidas orientadas hacia una meta; representó toda una ideología que derivara en una nueva cultura impuesta por la clase dirigente, poseedora del poder político y económico hacia el resto de la población, actora pasiva de su propio devenir histórico. Se sentaron las bases jurídicas para una sociedad violenta, donde unos pocos satisfacían sus intereses a expensas del resto de la población. El protagonismo oligárquico en este proceso, construyó primero y se valió después, de una serie de estructuras, entre las que se ubicó nuestro modelo policial, como también el de la instrucción pública, el modelo de salud, el de una justicia corporativa, lamentablemente aún vigentes; generando y tolerando la coexistencia de dos países en un mismo territorio, el legal y el ilegal; respetando la Ley pero con muchas excepciones. Prostitución-antiprostitución, aborto-antiaborto, matrimonio-concubinato, juego oficial-juego clandestino, etc., representan las controversias más claras y demostrativas de esta construcción; pero para todo caso, países con seguridad insegura, sin estructuras dirigidas hacia el bienestar social, particularmente referidas a la prevención del delito a la vez que altamente permisivos al avance del Estado sobre los derechos de las personas y con los reaseguros brindados por un sistema jurídico corporativista, por cierto injusto, reaccionando eficazmente ante cualquier reproche individual.

En este contexto, las condiciones de exclusión social que trajo aparejado las políticas impuestas, deliberadas por cierto, y la necesidad de contención de las masas reclamantes por parte del Estado, determinaron la necesidad de constituir un verdadero sistema de dominación por encima y a expensas de lo prevencional en materia delictual, en el cual la policía, fue siempre uno de sus soportes fundacionales y fundamentales, desarrollando notablemente, un fuerte y excesivo control y disciplinamiento social, desvirtuando su razón de ser.

Al modelo de Estado Nacional, sostenido hasta muy avanzado el siglo XX, le sigue el Benefactor, verificado en la década del ´40 y reeditado en los años ´70, el cual se caracterizó por orientar el ejercicio del poder político hacia el espectro social. Si bien constituyó un modelo de inclusión social que comprendió y movilizó a amplios sectores de la población, la metodología empleada lo llevó a situaciones comprometidas y reñidas con los aspectos básicos de toda democrática como la falta de representatividad de las minorías, derivando lógicamente, en reiterados reclamos y conflictos sociales.

Por su parte, el aparato policial, intacto y con la doctrina del modelo anterior, paradójicamente sedujo al modelo Benefactor, resultándole apto y muy conveniente para responder y aplacar estos reclamos y/o contener los conflictos suscitados, apoyándose en un vigente corporativismo jurídico dogmático, también heredado y permitiéndole continuar con un control y disciplinamiento, acordes al grado de conflictividad social emergente.

Un aspecto estructural y común de ambos modelos de Estado, fue el despliegue operativo cada vez mayor de personal y medios de la Policía, sobre todo en la vía pública de las ciudades, lo cual permitía la observación y control directo de la población, a la vez que lo propio para con la delincuencia. Esta situación generada, muy conveniente e importante, además de neutralizar en cierta medida el accionar delictivo, disimulaba perfectamente al modelo policial hegemónico, enmascarando el seguimiento ciudadano so pretexto de la investigación predelictual y descartando toda posibilidad de aislamiento, a la vez que aplacar considerablemente, un directo y permanente cuestionamiento a su organización.

Paradójica y felizmente, la Institución Policial fortaleció su condición de agencia social referencial por cuanto al existir un contacto e interacción cotidiana entre la gente y sus funcionarios policiales, tanto en las calles como en sus dependencias, encontró su verdadera identidad y cumplir con su verdadera misión que no es otra que contener y proteger a los habitantes y colaborar denodadamente en el desarrollo social, a la vez que lograr la resolución de muchos y variados problemas relacionados específicamente a la seguridad comunitaria.

El modelo que sigue es el denominado Burocrático-Autoritario que hace su aparición en las décadas de los ´60 y ´70 aproximadamente, siendo una mezcla perversa de intereses financieros internacionales con un alto grado de intelectualidad mecanizada pero con una propuesta concreta y necesaria para su puesta en marcha y mantenimiento: la contención y la represión popular.

Para ello, una estrategia basada en llevar una voz de mando a todos los niveles de la Comunidad y donde lo social, responda a postulados técnicos y formulaciones matemáticas, sin posibilidad alguna de intromisión perjudicial desde las ciencias sociales; fue su característica más evidente y la ejecutara, iniciándola con un potente shock social, de la magnitud que únicamente lo producen los golpes de Estado, y sustentándola continuadamente a través de un fuerte y excesivo control y disciplinamiento de la población, sin disimular la ilegitimidad e ilegalidad de su existencia, de su permanencia en el poder como de las medidas para destrabar los conflictos sociales emergentes.

Entonces y lamentablemente, necesitó de una corporación que lleve a cabo estos preceptos; y qué mejor que la policía, otrora creada para fines similares y formando parte de ese Estado que se pretende imponer para transformar la vida ciudadana. Pero la realidad sociopolítica, sobre todo a partir de la década de los años ´70, modificó la operatividad policial, verificándose un absoluto repliegue de personal y recursos logísticos hacia sus dependencias, provocando la pérdida del contacto diario con la gente, su aislamiento y el descontrol ciudadano a la vez que una cuota muy significativa en el fracaso de su lucha contra la delincuencia. Sus acciones, condicionadas ideológicamente desde el gobierno que usurpaba el Estado, para dar una respuesta armada hacia los movimientos terroristas, se hicieron cada vez más agresivas y represivas a la vez que indiscriminadas, llegando hasta niveles de crisis institucional inmanejables y con marcado desconocimiento funcional, lográndose para todo caso, la victimización de grandes y diversos sectores de la población como periódicas ocupaciones territoriales.

Finalmente llegamos al actual modelo, que intenta construir un Nuevo Estado sobre la base de racionalizaciones y profundas transformaciones. Se advierte que pretende cumplir con la premisa democrática de la representatividad, mas tiene serios inconvenientes con la participación integral de la población. Efectivamente, los fuertes y continuos ajustes en el plano económico, basados en la cara oscura de un neoliberalismo perverso y con influencia en todas las áreas de la vida comunitaria; construyen y sostienen un modelo de exclusión que abarca a grandes y diversos sectores de la población, derivándose inevitablemente, en conflictos sociales.

Y esto lo notamos a diario con la simple lectura de un periódico o la escucha de un noticiero, reproduciendo sucesos acaecidos en cualquier parte del mundo y especialmente en Latinoamérica; comprobándose como denominador común, que la respuesta primaria, dada por los gobiernos ante los diversos reclamos formulados por amplios sectores de la comunidad (estudiantiles, obreros, desocupados, jubilados, etc), se corresponde con la acción policial, muchas veces inusual, incontrolada y brutal.

No cabe la menor duda que la orientación de este nuevo Estado es el ansiado Estado de Derecho, pero las sucesivas etapas que debe sortear para su meta, traen consigo una radicalización de la marginalidad, conformando una plataforma permeable al conflicto social violento y que conlleva al escape delictual, situación que se ha verificado y es una constante en el tiempo, a la vez que también lo fue y es, la utilización del aparato policial con fines de aplacar la conflictividad social pero de neto corte represivo. Se pretende un esquema operativo y una apertura policial hacia la Comunidad como forma de revertir lo sucedido en la etapa anterior a la vez que disminuir y controlar el accionar de la delincuencia, lo cual implica una fuerte inversión espiritual y material para su puesta en marcha y sostenimiento, donde la vigencia del modelo hegemónico es el principal factor negativo.

Vemos entonces cómo el Modelo Policial Hegemónico, tiene su génesis en común con la formación de los primeros Estados en Latinoamérica, que no precisamente respondiera exclusivamente, a proteger al habitante de la delincuencia. Se construyó y sostuvo un aparato, al cual le fijaron una ideología preponderantemente represiva que condicionó su práctica policial hasta nuestros días, aunque en algunos casos, notablemente modificado y disimulado. De esta manera, se lograría la resolución de problemas tras la imposición de aquellas políticas oficiales que provoquen reclamos y conflictos por parte de la población; abordándolos sistemáticamente, mediante la fácil y rápida, aunque nada democrática, solución policial.

Esto no descarta, de ninguna manera, que este modelo haya tomado y sostenido como ya dijéramos, viejas características y doctrinas policiales de tiempos anteriores a su conformación y que datan desde la época misma de la Colonia. Tampoco representa una plantilla rígida que involucra a todas las fuerzas policiales de la Región, muchas de las cuales pueden haber tenido un devenir histórico-institucional distinto; pero sí responde, a una generalidad muy aproximada.

La fuerza policial, en el marco de su modelo hegemónico, fue creada para ser violenta y responder así, a una también creada sociedad violenta; operando inmersa en la violencia con violencia. Esta relación lograda por el Estado para con su Sociedad y en donde la Policía ocupara históricamente una posición intermedia, necesitó de un marco legal adecuado y conveniente que le fijara una organización perfectamente diseñada y una metodología funcional que respondiera con este modelo y sus fines. Este diseño institucional, poco refleja el sentir comunitario, asignándole deliberadamente una perjudicial estructura organizativa y funcional, de notable sobredimensionamiento a la vez que burocratizada, e impidiéndole promover o participar, en todas las acciones dirigidas a adelantarse a la comisión del delito.

Las legislaciones policiales, desde los tiempos mismos de su creación, no son el fiel reflejo de las expectativas de la comunidad. No existe en sus letras, una interpretación adecuada de la verdadera misión de la Policía como agente de control social, dedicada a la protección comunitaria y que la obligue a trabajar en todas las formas y niveles de la prevención. Y en esto, mucho tiene que ver el sostenimiento de políticas de gobierno por sobre las de Estado o existiendo éstas, su falta de sustentabilidad y la errónea consideración de separar aquéllas de corte social, económico y cultural con de las de orden criminológico; determinando un abordaje fragmentado de la problemática delictual desde lo ocasional y a través de un sistema que no le permitió combatirla correctamente sino provocar su descontrol. Por otra parte, la persistencia o reincidencia delictual, fue interpreta y afrontada de la misma forma, aportando así, una considerable cuota al fracaso policial.

En este contexto, la necesidad de funcionarios policiales con permeables personalidades, tal vez aquéllas de mentes empíricas y de moral utilitaria, se hacen imprescindibles para la sustentabilidad del Modelo. Normalmente y salvo excepciones, se recurre a un conservadorismo generacional que se refleja en la tendencia hacia quienes son adultos maduros en franca negación de los funcionarios jóvenes o de las nuevas generaciones, como del temor a sus potencialidades; salvo que éstas, aseguren con una labor obediente, la continuidad del sistema y el acatamiento irrestricto a las directivas oficiales en materia de control social. Es que el Modelo Policial, nunca deseó funcionarios de buen nivel cultural para ocupar cargos de conducción por el temor a que sean o se conviertan en inmanejables, para lo cual primó, una mala o improvisada selección y propiciando una carrera policial de resistencia personal y no de calidad profesional. A esta altura, dos preguntas se hacen interesantes:

¿Está preparado un gobierno para poseer un cuerpo policial que verdaderamente lo asesore profesionalmente en materia de protección ciudadana?.

¿Están preparados los gobiernos o mejor dicho, los gobernantes de turno, a que su cuerpo policial les manifieste que tal o cual medida o acción que la involucre, no pueda realizarse por causas técnicamente justificables o por qué constituye una violación a los derechos humanos?.

Personalmente creemos que no; no está el gobernante de turno preparado para escuchar realmente un informe asesor; quiere escuchar que todo lo que ordene se cumpla; quiere escuchar palabras mágicas como: sí, se puede, o déjelo en mis manos, o yo me ocupo, o quédese tranquilo que me hago cargo.

Entonces, esto requiere y hace, a un acatamiento ciego a las directivas gubernamentales, donde lo legal o ilegal, legítimo o ilegítimo, está determinado por el funcionario político del momento y donde los funcionarios policiales, son sustraídos o deliberadamente se sustraen ellos mismos de todo razonamiento, revisión o inspección de lo ordenado; quizás por temor, conveniencia o necesidad. Por ello, el ejercicio del mando, su verticalidad y autoridad, fueron convenientemente utilizados para permitir que muchos funcionarios policiales, algunos sin saberlo, otros por temor y el resto, felizmente los menos, plenamente conscientes, cumplieran ordenes que derivaran en delitos.

Pero no se quiere decir o pensar, en una policía deliberativa que no acate las órdenes oficiales del gobierno; de ninguna manera, el pretendido es deliberar para el correcto y democrático desempeño de sus funciones y la debida interpretación -a ultranza- de la Obediencia Debida o Deber de Obediencia, evitando hacer o dejar de hacer todo aquello que se le ordene y sea o represente groseramente, la comisión de un delito o falta administrativa.

La metodología empleada tradicionalmente por la policía genera conflictos, pero no es caprichosa y tiene su razón de ser, en las propias relaciones que el Estado promueve y sostiene con la Sociedad. En los niveles cotidianos de su trabajo contra la delincuencia, esta metodología le impone una prevención por eliminación de oportunidades que no es otra cosa que evitar que ¨la ocasión haga al ladrón¨; frase doméstica, a partir de la cual, se orienta su despliegue operativo con acciones para que el delito no se suceda y por ende, la delincuencia no prolifere; lo cual en principio, sería lo más lógico e importante y la comunidad se sentiría segura; pero lamentablemente, eliminando las oportunidades delictuales, no se elimina la existencia misma de la delincuencia ni se reduce su accionar, por el contrario, aumenta, pues sus exponentes se mantienen activos y fortalecidos, en permanente acecho y en procura de esa oportunidad, que les permita cometer delitos.

Esta forma de prevención, la lleva a cabo a través de una saturación de objetivos y de técnicas de investigación criminal, mediante tradicionales estrategias que implican tácticas de presencia policial real y efectiva en todos aquellos lugares susceptibles y posibles de comisión del delito como de indagaciones predelictuales. Nuevamente sería lo ideal, pero el delincuente que observa esa presencia, ese objetivo saturado, recurrirá a otro lugar en donde no se encuentre y pueda delinquir. De esta manera, se produce una movilización horizontal de la delincuencia de un territorio a otro (transdistritalización, transprovincialización y/o transnacionalización o internacionalización del delito). Por otra parte, las citadas investigaciones, ante la falta de eficaces y efectivos controles institucionales, tal vez inadecuados o tendenciosos, dieron lugar a la reunión de información que no fue empleada para una debida saturación de estos objetivos, sino para el seguimiento ideológico de las personas como a la manipulación o regulación de la propia delincuencia, en beneficio corporativo y personal.

Un esquema de estas características, además de ser económicamente insostenible para las comunidades, por cuanto se alimenta constantemente de más y más funcionarios policiales, recursos financieros y logísticos; genera una permeabilidad hacia la corruptela y no tiene incidencia, como señaláramos, en la disminución del delito, cuyas causas, si bien conocidas no son atendidas o neutralizadas; mientras que la delincuencia permanece activa y aún creciendo.

En el mejor de los casos, el éxito de estos sistemas, implica mayor infraestructura en materia judicial y penitenciaria, traduciéndose nuevamente en una cuestión de finanzas que la comunidad sostendrá a base de sus impuestos. Reiteramos entonces que únicamente se estaría evitando la producción delictual, que como ya dijéramos, si bien sería lo ideal no siempre es efectiva ni es lograda, muy a pesar de esta trilogía: policía-justicia-penitenciaría, sin olvidar que quien necesita y/o quiera delinquir, por las causas que fuesen, perfeccionará sus métodos para el cometido, tales como organizarse y aún llevar a cabo, tareas de inteligencia que le permitan planificar su producción ilícita.

La necesidad de contar con funcionarios para cumplir las tareas de presencia real en la vía pública e investigativas, que este modelo preventivo le impone; empeora aún más la situación institucional de la Policía, pues la condiciona negativamente, obligándola a subordinar, la calidad a la cantidad, y resultándole por demás impropio, toda exhaustiva selección unida a una profunda capacitación y seguimiento profesional, que conlleve a restar personal y provocando una conformación e integración indeseada de funcionarios en las agencias policiales.

La posibilidad de gastar siempre en recursos materiales, se hace imposible para las comunidades; entonces, se abandona paulatinamente el esquema de saturar objetivos para eliminar oportunidades, derivando en una realidad delictual que la supera y que por otra parte, su capacidad operativa le sea insuficiente ni siquiera para cumplir con la investigación postdelictual o la debida atención a las víctimas. Por ello, este sistema de prevención deriva en que la Policía dedique su trabajo, preponderantemente a delito cometido, disponiendo del personal y medios con que cuentan (nunca suficientes) para los efectos del delito y su posterior investigación, lo cual se torna también imposible.

La corrupción, es uno de los presupuestos de la realidad policial que no puede ni debe dejarse pasar por alto. Si bien no existen investigaciones globales que permitan concluir sobre el tema, casos aislados de origen judicial, periodísticos o porque no, del imaginario colectivo, nos permite inferir con cierto grado de convencimiento que no es coyuntural ni aislada, sino sistematizada y estructural. El Modelo la genera y la necesita para sus fines, pero como la Institución Policial, no es la corrupta (las instituciones son inmaculadas), sino corruptos son algunos de sus funcionarios; los cuales, se encuentran inmersos y aceptando las reglas de juego impuestas, haciéndolos vulnerables primero, y a posteriori, autores, partícipes o encubridores del escape delictual y/o figuras del orden administrativo o interno. Para ello, los agentes policiales fueron y son conminados permanente, pero subrepticiamente, a cometer directa o indirectamente delitos o a encubrirlos, bajo sus propias responsabilidades y para satisfacer las exigencias del Modelo vigente so pretexto de la aplicación de la Ley. Como mero ejemplo, si un superior ordena a un subalterno a cometer un delito, bajo cualquier circunstancia, y éste lo cumple, en la generalidad y sin perjuicio del encuadramiento referido a cada ordenamiento jurídico local, estamos ante el más amplio caso de corrupción, y por otra parte genera una zona negra e incontrolada, donde jamás podríamos conocer con certeza, cuántos delitos debió haber cometido el subalterno, para cumplir con aquél que le fuera ordenado.

Un agente policial mal pago y en condiciones laborales inadecuadas; una dependencia policial con escasez de personal, recursos materiales y financieros, pero obligada a trabajar como si los tuviera; un Estado que conoce perfectamente de la falta de recursos en general de su Institución Policial pues no los suministra, pero conminándola igualmente a cumplir su misión como si contara con ellos, a la vez que exigiéndole eficiencia, eficacia y responsabilidad; son aspectos generadores y regeneradores de corrupción. La trama se cierra con la existencia de una doctrina íntima e inconfesable, entre el Estado y la Policía, ejecutada por esta última y desconocida para la Sociedad, la cual además de impedirle toda participación en la cosa pública, la somete a su control y regulación.

Asimismo, se regeneran nuevas situaciones de shock entre el personal policial, quien comprueba en su labor cotidiana como sus esfuerzos extraordinarios contra el delito y el debido cumplimiento del deber, fueron y son en vano. En este desaliento por el resultado de su trabajo policial, mucho tienen que ver las demás instituciones involucradas en la resolución del conflicto delictual, asumiendo responsabilidades directas las autoridades judiciales y legislativas que ofrecen una labor lenta, ineficaz, improvisada, precaria y con claro desconocimiento funcional que hace peligrar a la Comunidad. Desde sus cómodos despachos estatales, están más preocupadas en la opinión publicada de la prensa o de los sectores de oposición política que de la opinión pública de la gente o del esfuerzo y la vida de los agentes policiales.

Y en este sentido, los agentes policiales, fueron siempre desde la propia institución policial, el peor enemigo del Modelo; pues la gran mayoría, llevan a cabo su tarea, respondiendo con notable profesionalismo, vocación y honestidad, comprendiendo perfectamente que la comunidad requiere de su protección y ésta, desde lo externo de la institución, reclamando al Estado, su derecho a vivir en seguridad.

El Modelo entonces, no contó con la forma tan particular de ser y comportarse de los policías, sin distinción de sexo, jerarquía o grado (como de los maestros, como de los médicos o enfermeros, etc., en sus áreas correspondientes), semejantes unos a otros cualquiera sea el lugar del mundo donde presten servicios y conformando una verdadera subcultura policial que trasciende lo nacional y absolutamente diferente y diferenciada de la ideología y práctica tradicional que ha caracterizado institucionalmente a este Modelo.

6.- ¿CÓMO APLICAR UN PROCESO PARA UN NUEVO MODELO DE SEGURIDAD POLICIAL?

Mucho se habla del incremento de la delincuencia, que genera preocupación e inseguridad en la población como del mal funcionamiento de la Policía, que conlleva a su alto cuestionamiento. Lo más llamativo de todo esto, es reconocer en algunos discursos oficiales, el reciente descubrimiento de que la problemática de la seguridad y la cuestión policial, hayan adquirido ribetes de tal magnitud, que se convirtieran en asuntos de Estado. Esto verdaderamente nos alarma, pues para los profesionales de la seguridad, tanto ésta en lo general como la agencia policial en particular, siempre fueron inequívocamente asuntos de Estado y sistemáticamente, fueron desoídas todas sus advertencias sobre un pronóstico oscuro y la necesidad y urgencia de promover un cambio en el sistema para no llegar justamente, a la realidad que estamos viviendo.

Pese a nuestras afirmaciones y determinaciones, no contamos con una fórmula mágica, aplicable para cualquier caso y que además tenga el éxito asegurado. Tampoco, proponemos modelos, pues entendemos y pretendemos que ello debe ser una construcción nueva y original, consecuente con la historia, la vida cultural, social y económica de cada país; entonces, a continuación ofrecemos una serie de consideraciones, orientaciones y recomendaciones para aplicar una situación de cambio policial.

Se:

• Tomar razón de la realidad policial y generar su profunda reversión.

• Rescatar el espíritu de la Sociedad en materia policial y de seguridad en términos de Ley.

• Fortalecer sus relaciones con la Comunidad.

• Cambiar el accionar y la metodología. Operatividad con cientificidad y tecnología.

• Establecer las bases necesarias para una transformación cultural de la Policía hacia la protección de los derechos humanos. Carrera policial.

• Definir una racional estructura organizativa y funcional de la policía.

• Instituir mecanismos de control de gestión y evaluación de la labor policial.

• Asignar y distribuir adecuadamente el presupuesto para el correcto desempeño de la Policía y el bienestar de sus integrantes.

Los temas tratados, nos permitieron tomar razón de la realidad policial, que si bien se nos presenta como una problemática emergente, es en verdad centenaria aunque urgentemente, hay que revertirla. Esta reversión, hacia un nuevo modelo policial no hegemónico y a la vez sustentable para un Estado de Derecho, no es imposible pero sí costosa, sobre todo en lo cultural y espiritual más que materialmente, a la vez que debe apoyarse necesariamente sobre una firme voluntad de realización por parte de todos los actores sociopolíticos, y donde el Estado cumple un rol fundamental, pues implica la destrucción de ese Modelo Policial Hegemónico, que convenientemente creara y sostuviera en América latina, a través de sus sucesivos gobiernos.

Para ello, se iniciará un proceso de reforma con la Policía y con los policías, y desde ningún aspecto, sin o contra ella y sus integrantes; que estará orientado a esa destrucción pero ejecutado muy cuidadosamente y mediante una estrategia de sustitución simultánea que evite los efectos perjudiciales y desalentadores, producidos a causa de los vacíos sistémicos.

Toda reforma, además de contar con un importante cuerpo axiológico del cual se emanan sus políticas; se sustenta sobre una serie de pilares o ejes principales a cuyo alrededor, giran las estrategias y tácticas que se pondrán en marcha.

En este sentido, y reconociendo a todos los trabajadores como los actores fundamentales, y el potencial más valioso de cualquier empresa o corporación; el eje director de cualquier reforma policial que se denomine como tal; tendrá entonces como protagonistas y sin lugar a dudas, a los funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley como sus condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, en el concepto más amplio posible: selección, formación, salario, salud y bienestar, capacitación y actualización, seguimiento del desenvolvimiento profesional como todo otro aspecto que haga a la defensa de sus derechos en complementación con su servicio comunitario.

Con relación al cuerpo axiológico que guiará a la empresa, determinándole su futuro perfil institucional, comprenderá y fijará claramente que el propósito fundamental del trabajo policial, es la prevención del delito y la protección de la vida comunitaria. Para ello, ejecutará un accionar sistemático, intercolegiado y multisectorial, a la vez que orientado hacia los niveles pertinentes de la prevención, ya sea en la eliminación de oportunidades como en la observación y reconocimiento de las causas culturales, sociales y económicas determinantes para la producción delictual, en coordinación con todos los organismos oficiales y privados comprometidos en la modificación del panorama social y aún más, con una respuesta profesional que permita indicar la oportunidad y grado de responsabilidad que éstos deban asumir.

Entonces, la Policía es un agente de control social de contacto y referencial, en lo externo y en el ámbito colectivo, importante y necesario, cuyas incumbencias van más allá de la preservación del orden público, la seguridad pública y la investigación de hechos delictivos, sino también, la determinación de sus causas generadoras, colaborando para mejorar la calidad de vida de la comunidad, virtud a una coordinación con todos los actores sociales. Volveremos en el tópico siguiente a tratar sobre la Policía y la Comunidad.

Esta coordinación se logrará a través del planeamiento policial que le permite un trabajo eficaz y eficiente ante los requerimientos de seguridad, asegurándole la correcta asignación y desempeño de sus funcionarios en tareas que le son específicas, a la vez que el buen uso de los recursos y de una adecuada estructura organizativa y funcional. De esta manera, se estaría ratificando lo dicho sobre la plena y necesaria consideración de sus funcionarios y sus condiciones generales de labor como de los sistemas y medios logísticos y financieros disponibles para que éstos, puedan cumplir con el mandado de la comunidad, expresado en términos de Ley.

Se comienza entonces con la producción de un diagnóstico de la realidad policial, imprescindible y pretendiendo definir un universo compuesto por todas las variables ordenadas conforme sus características y efectos (identificando particularmente las negativas) y agrupadas en: independientes, interdependientes y dependientes, permitiéndonos a partir de allí, producir un plan integral que establezca objetivos generales y operacionales como las políticas, estrategias y tácticas, necesarias para la puesta en marcha de una reforma policial sustentable.

Al decir diagnóstico, nos estamos refiriendo a la fase del proceso planificador donde se lleva a cabo la observación, selección y análisis de los signos (lo que se ve; lo objetivo) y los síntomas (lo que se siente; lo subjetivo) de la realidad a tratar. Esto hace necesario determinar una situación que será analizada integralmente para responder a preguntas tales como: ¿Dónde se está?. ¿Cómo se está?. ¿Qué se tiene?. ¿Dónde se quiere ir?. ¿Qué se necesita? y ¿Cómo se hace para llegar a la meta?.

En este contexto, está comprendida la realidad criminológica territorial donde la Policía lleva a cabo su misión; por ello, contará con los necesarios estudios de victimización y tendencias delictivas con la correspondiente cartografía delictual y los informes científicos sobre la delincuencia; conciliando para un futuro modelo prevencional, el tradicional esquema de eliminación de oportunidades con aquél que promueva el trabajo sobre las causas generadoras del delito. Efectivamente, esto quiere decir que la policía debe comenzar a trabajar sobre una prevención basada en políticas que hacen al desarrollo social y con el conjunto de los operadores del sistema porque de no suceder así y continuar como hasta ahora, las comunidades en general y la policía en particular, fracasarán en su lucha contra la delincuencia.

El público quiere seguridad, estar y sentirse seguro, como elementos fundamentales para su calidad de vida, y el Estado debe procurarlo, pero integralmente y no en exclusiva con la agencia policial, que representa aunque muy relevantemente, una de las muchas profesiones que han de interactuar, solamente una parte de ese todo que es la Seguridad. Esto requiere una apertura policial hacia una operatividad con cientificidad y notable apoyo tecnológico, empleando todas las posibilidades y potencialidades que ofrece la ciencia y la tecnología, desde la formación de personal policial hasta recursos materiales e informáticos, aplicadas hacia un sistema de prevención múltiple y de simultáneo abordaje, que no escatime gastos, evitando precariedades e improvisaciones, dirigido y potenciado hacia las causas y los efectos del delito, y descartando toda posibilidad de primar respuestas hacia una u otra unilateralmente.

Una pregunta emergente y desde lo práctico, es: ¿Cuál sería la formula polinómica que nos permita conocer, por ejemplo, la cantidad de personal policial o vehículos patrulleros necesarios para una ciudad y que responda a los cambios de la Sociedad que la habita?; cuya respuesta correcta es que no existe tal formula. Tradicionalmente, los cuerpos policiales dentro de su doctrina de planificación, cuentan con plantillas orientadoras que se refieren a la conformación en cantidad y calidad de sus Cuadros de Organización, de sus Mínimos Operacionales Necesarios, etc., para su despliegue operativo. Estos habrán servido en otras épocas y en el mejor de los casos, producto de identificar y considerar un determinado cuerpo de variables, pero que en la actualidad, el tema de la necesidad de funcionarios policiales o vehículos patrulleros como sus tácticas, estrategias y metodologías, forman parte del informe científico correspondiente al citado estudio de victimización y tendencias delictivas para un sistema de prevención como el tratado precedentemente y que toda institución, para no trabajar a ciegas, debe poseer referido al territorio al cual protege. El problema de estos estudios, es que a priori, suelen asustar a los gobiernos en los aspectos correspondientes a sus exigencias en materia policial que se traducen lógicamente en finanzas, no solamente para la puesta en marcha, sino para su mantenimiento, provocando, en la mayoría de los casos una suerte de abandono y desistimiento oficial, que deriva en el fracaso de la gestión. Pero en contrapartida, las ventajas que ofrece un sistema preventivo de un abordaje múltiple y simultáneo, es brindar la posibilidad que, cuanto más se invierta en políticas integrales, orientadas al desarrollo social para revertir las causas del delito, la inversión en recursos para la eliminación de oportunidades se hará considerablemente menor. Y estos presupuestos deben sopesar, pues justamente, de apoyarse en un esquema preventivo basado exclusivamente en la utilización de personal y recursos materiales; el tiempo comprobará su ineficacia para la neutralización del delito a la vez que imposible su continuidad; igualmente, si se elige un sistema preventivo, apoyado exclusivamente en el desarrollo social, se verificará que, mientras se llevan a cabo los estudios para identificar las causas, o ya identificadas para su reversión, la producción delictual será ilimitada e incontrolada.

El análisis normativo vigente en materia policial, en el contexto de la legislación penal y procesal penal de cada país, es de suma importancia para determinar, si corresponde o no su modificación en todo o en parte. Asimismo, se hará lo propio con su estructura organizativa y funcional, tendiente a comprender sus niveles de responsabilidad, sus vías de comunicación, las cuestiones inherentes a la autoridad, administración y metodología empleada en lo interno y externo, a la vez que detectar anomias, situaciones anárquicas y enárquicas, producto del sobredimensionamiento y la repetición funcional como la reformulación y/o actualización de funciones y tareas, muchas de las cuales enmascaran detrás de la auxiliaridad profesional, una contraproducente delegación funcional. El organigrama policial será racional, reducido, integral con demanda de poco personal para tareas administrativas, con miras a retomar la senda de la operatividad continua, efectiva y eficaz, propiciándose también, la privatización de actividades referidas por ejemplo, a talleres mecánicos como de obras y mantenimiento en general, archivo, impresiones y encuadernación, limpieza y aún las comunicaciones, entre otras.

Mucho se habla de la controversia entre: "garantismo-mano dura" que polariza la opinión de todos los sectores, en "garantistas y duros"; nuestra meta debe orientarse a comprender y practicar, que: "la única mano dura, es la que garantiza la Ley". El peso más pesado entonces, es el de la Ley; pero enmarcado no solamente en un fuerte y decidido enfrentamiento contra el delito, sino también contra sus causas motivadoras. En este mismo sentido, la Policía no es un organismo independiente a la cual se contrata para un servicio también independiente y que realiza a su antojo e incontroladamente; es el instrumento creado y sostenido por el Estado para la Defensa de su Comunidad, haciendo exclusivamente, todo aquello que la Ley determine que haga y no prohíba. Entonces, las atribuciones que la Ley le otorgue, serán por mandato y en defensa de la gente, comprendiéndose en ello, los mecanismos de anticorrupción y abuso de la función que la misma Ley fijare.

A riesgo de ser reiterativos, quede bien en claro que el poder es de la Ley y no de la Policía, esta última cumple con aquello que la Ley le ordena que haga y pueda hacer, como todo aquello que la misma no le prohíba hacer. Así también, determinará perfectamente la manera de enfrentar al delito y a sus causas generadoras.

De propiciarse una reforma en materia jurídico-policial, ésta contendrá en su espíritu, el de la comunidad que será convenientemente rescatado y en este aspecto, un mero acuerdo político-partidista no es del todo aconsejable. El tema policial, es tan suficientemente delicado e importante por su incidencia en la calidad de vida de los habitantes, que amerita sin duda promover un gran debate legislativo y aún llamar a la consulta popular vinculante; contemplándose además, las conclusiones de las encuestas, jornadas, seminarios y reuniones de expertos como consultas con todos los actores sociopolíticos per se o a través de sus organizaciones. Toda normativa, sentará las bases doctrinarias para una nueva cultura policial que se manifestará en su labor cotidiana y en virtud a una metodología orientada hacia la prevención del delito con promoción y respeto de los derechos humanos. Además, fijará una racional estructura organizativa y funcional absolutamente desburocratizada y con perfecta determinación de sus unidades y cargos, tanto en lo interno para los fines de la empresa como en lo externo, en su servicio de protección a la comunidad.

En este último aspecto, entendemos y recomendamos, una organización policial que cumpla claramente con la división del trabajo, separando entonces, a ¨los que operan de los que piensan¨, es decir, entre los elementos cuya misión y funciones se orientan a llevar a cabo las tareas físicas y operativas, de aquellos cuya misión y funciones, sean las de staff o asesoramiento. De esta manera, no aportamos nada nuevo, pues estamos ratificando el tradicional Sistema de Organización, conocido como Mixto o Lineal de Estado Mayor (también conocida como de supervisión doble o múltiple), sin pretender con ello, retroceder en el tiempo u olvidarnos de la época en que vivimos con respecto a la moderna concepción de la empresa; pero es el que mejor responde a regímenes estatutarios y jerarquizados de carácter oficial como son los policiales en América Latina y El Caribe. Ahora bien, este sistema es el que tiene la mayoría (por no decir todos) de los cuerpos policiales, los cuales lamentablemente, no supieron ni pudieron explotarlo debidamente, a raíz de su acatamiento fiel al Modelo hegemónico, que lo convirtió en la cara opuesta y perversa de lo militar y de un militarismo perjudicial; impidiéndole así, desarrollarlo en su real magnitud y potencialidad, desplazando continuadamente o bien restándoles importancia, a las áreas de staff o planeamiento, so pretexto de fortalecer las operativas, en el marco de una realidad criminológica descontrolada y desbordante, que los superaba.

Desde la óptica estrictamente técnica y organizacional, en toda estructura policial, deberá verificarse la existencia primero, y sus efectos después, de todos los elementos que hagan a una organización administrativa inequívocamente democrática. La cuantificación y cualificación de estos componentes, varía conforme con el criterio de análisis empleado, no obstante lo cual, podemos considerar que en la generalidad, deben estar presentes, el elemento activo de toda organización, representado por las personas y sus actos, el vínculo asociativo, la coordinación, el elemento finalista como así también, los aspectos relacionados al tipo de organización, a la horizontalidad y la división del trabajo, la verticalidad, responsabilidad, autoridad y jerarquía, la consultoría y la auxiliaridad, el control de gestión y la capacitación interna.

En principio, debe reconocerse e identificarse, correcta y adecuadamente la condición de organización compleja de todo sistema policial que se pretenda instaurar y/o reformar. Seguidamente y como ya expresáramos, el punto de partida esencial y principal, son las personas que integran la organización policial, y preponderantemente los actos que éstos realizan dentro, y para la misma.

Contendrá además, un potenciado vínculo asociativo, producto de la previsión de mecanismos para las relaciones internas y ejecutados conforme a una coordinación racional y sistemática.

Hablar del elemento finalista, sobre la base de lo dicho precedentemente, quiere decir que las acciones llevadas a cabo en la organización por el personal policial, están dirigidas a la realización del propósito fundamental de la misma, que en nuestro caso, es la Seguridad Pública de los habitantes.

Las cuestiones de horizontalidad y distribución del trabajo, deben encontrarse igualmente previstas, mediante la existencia de espacios institucionales propicios para la especialización policial como la existencia de una escala jerárquica, y la necesaria subordinación de quienes son los ejecutores del trabajo propiamente dicho para con aquellos que constituyen el centro de coordinación o vértice piramidal de la conducción; o dicho de otra manera, entre los que operan de los que piensan. Debe verificarse también, la debida aplicación de principios de unicidad y uniformidad, característicos en toda organización, sobre todo en las policiales, en el marco de la correcta división del trabajo, evitándose así, la sobrestructuración y clonación funcional.

En cuanto a la verticalidad como las cuestiones inherentes a la responsabilidad, autoridad y jerarquía, igualmente estarán comprendidas, al reconocerse inequívocamente, un tipo de organización que concilie la jerarquía de mando con la supervisión doble y múltiple, o dicho de otra forma, de línea y staff, compatible y aconsejada en virtud de la condición de compleja y formal que tienen los sistemas policiales en general, permitiendo cumplirse simultáneamente, con los aspectos relacionados a la disciplina y la autoridad pero con asesoramiento y supervisión, desde y entre los diferentes niveles, y a través de canales técnicos. En este mismo contexto, estará bien determinado, el orden de prelación de los elementos que componen la estructura del sistema policial, lo cual, además de especificar los diferentes niveles de responsabilidad de la conducción, cumple con la verticalidad de la línea de la orden, en sentido descendente de arriba hacia abajo y por ende, la consecuente respuesta inversa, de abajo hacia arriba. Además, en cada unidad orgánica determinada en todo anteproyecto, se especificará su rango y misión, cumpliéndose de esta manera con la doctrina tradicional del derecho y la organización, en cuanto a la anterioridad del cargo al funcionario que ha de ocuparlo y de todo aquello que la Ley pretende que éste último, ejecute en su nombre. Esto hace a la autoridad formal necesaria dentro de la organización, para disponer el cumplimiento de todas las acciones tendientes al logro de los fines policiales, y que se complementará con la legislación vigente en materia de personal.

Con relación a la función consultiva y auxiliar, representada a través de los organismos de staff, esto se cumplirá plenamente a la luz del tipo de organización elegido. Efectivamente, dentro de la estructura policial, quedarán establecidas convenientemente dos áreas ocupadas respectivamente por la consultoría y la auxiliaridad. En la primera, se contemplan fundamentalmente, dos unidades tradicionales para el asesoramiento de la conducción, y con sus funciones bien delimitadas para la operatoria policial como son, la jurídica y la técnica. En la segunda, la auxiliaridad estará reconocida mediante la determinación de unidades orgánicas características para el cumplimiento de funciones como las de Personal, Logística, Comunicaciones, Informática, Administración, Sanidad, etc, que serán agrupadas convenientemente. Sin perjuicio de ello, la génesis y espíritu de la norma legal que formalice la estructura policial, obligará también a todos los diferentes elementos especializados que integran la organización del sistema policial, a aportar su cuota de asesoramiento y auxiliaridad.

Un tema medular, es el control de gestión interno que necesariamente debe existir en todas las estructuras organizativas y funcionales democráticas, con su base filosófica orientada a ese propósito y contando con los mecanismos de sustento para la prevención, mediante la detección, identificación y neutralización, a través de actos ejecutivos, de cualquier situación de carácter organizacional y/o jurídica que condicione o posibilite el fracaso de la labor operativa policial. En este sentido, todo anteproyecto ofrecerá el espacio institucional interno, adecuado para cumplir con este ineludible requisito de toda buena administración, sin perjuicio de otros sistemas estatales provinciales, previstos para el acceso externo y fluido, hacia la organización policial, con propósitos similares.

De corolario, todo futuro sistema policial, dentro de uno mayor que es el de la Seguridad Ciudadana, cumplirá con las exigencias y formalidades técnicas, inherentes a una organización administrativa democrática, permitiendo una correcta operatoria en un Estado de Derecho, tanto en lo interno, externo, discrecional, como del control de gestión.

No falta quienes, por interés, utilitarismo, desconocimiento o convicción, confunden al sistema de organización policial mixto como perteneciente a un militarismo perjudicial, lo cual es incorrecto, pues si bien se reconocen aspectos tradicionales de clara doctrina militar, de ninguna manera debe tildárselo de inadecuado o antidemocrático, y si está aplicado a pleno, se concilian perfectamente todos los aspectos relacionados con el ejercicio libre de la profesión policial en materia de protección ciudadana, a la vez que aportando conocimientos especializados, originalidad y creatividad para el asesoramiento de los diferentes elementos con tareas operativas, sobre la mejor manera de llevarlas a cabo y en un ámbito donde debe existir necesariamente, la unidad de mando, la autoridad, la disciplina y la estabilidad. Estamos convencidos que coadyuvará a la generación de una democrática cultura policial sustentable, y con esto lamentamos muchísimo alarmar a quienes inequívocamente confunden autoridad y disciplina, con autoritarismo o militarismo perjudicial; únicamente pretendemos que aprendan sobre instituciones policiales. Si durante mucho tiempo, gracias al Modelo Policial imperante, autoridad más obediencia haya sido igual a delito e impunidad, gracias a los intereses inconfesables de unos pocos, felizmente muy pocos; no podemos ni debemos permitirlo más y decir basta. Las instituciones como dijimos, no son las corruptas sino los hombres; obediencia más autoridad, a los fines del trabajo policial, no son malas palabras sino condiciones de ética profesional que conllevan a la protección de la vida de las personas. En este mismo contexto, desde un punto de vista académico y teórico, el sistema de organización mixto, por sí solo, no implica un perverso militarismo; a esta ideología, lo llevaron aquellos funcionarios, partidarios del Modelo Hegemónico, que por otra parte, les resultaba altamente beneficioso en lo personal. De igual forma, tampoco lo estrictamente militar implica militarismo perjudicial o totalitarismo, sino que son los hombres que la dirigen, que promueven prácticas antidemocráticas; aunque no obstante ello, sea incorrecto y nada ideal su aplicación en las agencias policiales, pues lo militar es de génesis diferente a lo policial.

Podemos avanzar un poco más, considerando que toda agencia policial, debajo de su nivel más alto de conducción (Jefe policial de carrera), necesariamente conformará su Plana Mayor, en función de mínimos organismos superiores para atender integralmente las áreas de: Prevención del Delito y Protección Ciudadana, Planificación, Control de Gestión y Opinión Pública. La primera, dedicada a lo explicitado en su misma denominación y es la que desarrollará el trabajo operativo proyectado para la tutela de la comunidad. La segunda, fijará la más amplia doctrina institucional en función de las políticas de seguridad formuladas por la autoridad de gobierno. La tercera, dedicada a detectar, corregir y/o neutralizar situaciones psicosociales conflictivas y/o delictivas dentro de la organización, y la cuarta, con incumbencias en las relaciones con la comunidad en el concepto más amplio posible, desde la publicidad de los actos institucionales para conocimiento de la población, hasta responder concretamente a la necesidad que ésta, participe e interactúe en la formulación de propuestas públicas para su propia seguridad. Algunos ordenamientos jurídicos, determinan funciones judiciales a la Policía, en consecuencia, nada impide que sean intercalados los estamentos necesarios para el cometido. Por otra parte, este esquema general, debe desarrollarse convenientemente, estableciéndose los mecanismos de comunicación y coordinación para responder al sistema de prevención elegido.

Otro eje fundamental en todo proceso de reforma, lo constituye la determinación de una Carrera Policial que haga posible y sea el soporte académico-profesional de esa transformación cultural.

En cuanto a su ubicación en el espectro gubernamental, entendemos que debe poseer la vinculación más directa posible con el poder político, evitando innecesarias intermediaciones y con ello, no aportamos nada nuevo al reconocer que toda agencia policial por su devenir, características, amplitud y calidad de su misión, debe conformar un organismo con rango de Secretaría de Estado.

Los funcionarios designados para la conducción de una nueva Policía, serán funcionarios de carrera, exhaustivamente seleccionados, exigiéndoles la idoneidad y el conocimiento suficientes para ocupar sus cargos en cuanto a la función y tareas a desarrollar; lo cual quiere decir que además de la autoridad formal, posean autoridad técnica o moral, evitando lamentables improvisaciones a expensas de los contribuyentes, quienes tendrían que subvencionar a funcionarios con notable desconocimiento sobre como brindarles seguridad y protección, o que éstos, pretendan aprender o llevar a cabo un postgrado académico desde tales cargos, para todo caso no es posible permitir que se ¨aprenda sobre la marcha¨. En este mismo contexto, la estructura determinará el mecanismo de relación con los funcionarios policiales en situación de retiro, a los fines de mantenerlos informados sobre el devenir institucional, como si es voluntad de éstos, y salvo que expresamente no estuviera normado en los respectivos regímenes locales de personal, se constituyan de manera individual o grupal, en fuentes permanentes de asesoramiento integral.

La Inteligencia Policial, está convocada a desarrollar un papel de significativa importancia en la determinación de la realidad criminológica del ámbito de responsabilidad territorial donde se ejerza la misión policial. Debe trabajar también, en la investigación criminal mediante la reunión y análisis de toda la información correspondiente, a las sucesivas etapas del ¨iter criminis¨, preponderando las predelictuales, y consecuentemente la postdelictual. Así también conocer al oponente, determinar su modo de operar para adelantarse a sus acciones y neutralizarlo. Su producción laboral, tendrá incidencia directa en el despliegue operativo y metodológico policial con el propósito de lograr una saturación de verdaderos y potenciales objetivos para la delincuencia, accionando para evitar su proliferación, adelantándose a la comisión del delito y/o neutralizar su producción.

Pero la falta de ésta, conlleva, en el mejor de los casos, a un trabajo improvisado y a ciegas, realizando una saturación indiscriminada y desesperada de objetivos, que torna insostenible todo esquema de prevención por lo costoso y desgastador; y además, sin incidencia en la disminución del accionar de la delincuencia la cual, en contraposición, aumenta.

En suma, la Inteligencia Policial conciliará la teoría repetitiva del delito, conformando un mapa criminal que ubicará en tiempo y espacio al delito como su desplazamiento histórico con la teoría del raciocinio delictual, considerando entonces la posibilidad de la planificación criminal por parte del sujeto que aporta con ello una situación imponderable.

La cuestión financiera es de suma importancia. Todo sistema policial en el marco del más amplio sistema integrado de seguridad, es caro y no admite regateos. Así como en un hospital, resulta inadmisible la falta de un médico o un medidor de presión para la atención de la salud de la población; una dependencia policial jamás puede carecer de personal, patrulleros o insumos para la protección comunitaria. Un despliegue policial requiere de funcionarios policiales a los que hay que pagar y bien, como de sistemas logísticos que comprendan recursos materiales suficientes para evitar toda posibilidad de improvisación o corrupción. Por ello, la asignación como la distribución de estas finanzas, requiere de un alto grado de profesionalidad y responsabilidad (por ello, los elementos de staff en su organización) como del control de gestión.

CONCLUSIÓN

Es importante que la Orden Policial sea a su vez la expresión más pura de la Ley. Y que esta Ley, sea la mejor posible.

Entonces, debemos formar personas para una cultura democrática pues así tendremos policías con cultura democrática a quienes se capacitará en lo específico de la misión a cumplir para que sus órdenes guarden el espíritu de la Ley a la vez que interpretar rápidamente aquellas que guardan rasgos ilegales como también ilegítimos.

Pero esta formación debe corresponderse también con la situación que se plantea en los regímenes policiales; por un lado la no deliberación, es decir no deliberar en cuanto al apego, respeto y cumplimiento de la Ley, pero por el otro, mostrar nuestra condición de profesionales que nos obliga a repasar su letra y verificar en el plano institucional la posibilidad de que su aplicación, pueda implicar injusticias o consecuencias graves que escapan a su marco tutelar.

La Policía está obligada a responder ante estas situaciones por los canales establecidos porque de esta manera responderá a su compromiso con el orden democrático. Vale aclarar que no es nuestra misión proponer leyes, eso es inequívoco de la Legislatura quien detenta el "poder de policía" pero sí, su repaso y alertar sobre consecuencias injustas que su aplicación pueda ocasionar.

Vean como la selección de personas para ser Policías como su capacitación y formación para la función y el seguimiento personal, revisten carácter de excelencia. Por que cada policía formado y egresado de los correspondientes institutos, es quien deberá discernir en el aquí y ahora de una calle cualesquiera de nuestra Patria, virtud a mérito, oportunidad y conveniencia y con la autoridad que emana de la Ley qué conducta adoptar frente a determinada situación en la que esté involucrado un cohabitante, incluyendo la factibilidad de regular sus derechos constitucionales.

Es por ello que tratándose de Agencias Policiales no sería inadecuado hablar de Aplicación de la Ley para los Derechos Humanos con lo cual sentenciaríamos que ninguna Policía como alguno de sus integrantes, pretenda ubicarse por encima o más allá de la Ley. La Institución Policial o alguno de sus integrantes que sustente una cultura que importe Aplicar la Ley a expensas de la comisión de algunos delitos, en realidad además de no estar aplicándola, la está violando mediante la adopción de conductas ilícitas o mafiosas.

Dicho esto, debemos reconocer a la Institución Policial como la Defensora Oficial de los Derechos Humanos de los habitantes de su Comunidad y consecuentemente llevar a cabo todas las acciones orientadas a la generación de una nueva cultura donde Aplicar la Ley por parte de la Policía sea ni más ni menos la respuesta a una estrategia y tácticas de respecto a los Derechos Humanos. Si no fuera así, tendríamos cualquier cuerpo, formación o banda, pero nunca una Policía.

Para ello y como dijimos, es imprescindible generar una nueva cultura policial, es decir un cambio filosófico que se traduzca en mentalidad y metodología diferentes, donde el habitante se sienta protegido como regla general y no como suceso extraordinario.

Pero además, Aplicar la Ley en el marco de respeto y protección de los Derechos Humanos, es también velar por las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo donde cada funcionario policial se sienta plenamente protegido por el Estado en su condición de tal.

Esto significa entonces, el inexcusable compromiso estatal de sustentar en adelante una conducta policial de transparente constitucionalidad y de protección laboral de sus trabajadores.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.

Cheves, Raúl Marcelo; "Policía en Naciones Unidas II", Segunda Edición Actualizada (2000)

Autor Rony Martinez

CURSO DE FORMACIÓN DE OFICIALES Nº 4

CÁTEDRA: GERENCIA POLICIAL

FACILITADOR: COM (PEL) Ldo. YULI ALBERTO ARTEAGA

BARQUISIMETO; Noviembre del 2007

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA

SERVICIO AUTÓNOMO ESCUELA DE POLICÍA

GRAL. DIV JUAN JACINTO LARA

IUPM-LARA