- Juan Francisco de León
- Arriaga y Rivero
- Don Felipe Ricardos
- Juicios acerca del movimiento de León
- Consecuencias del Movimiento de León
- Fin de la Compañía
- Juicios sobre la Guipuzcoana
Antecedentes:
La Oposición armada a la Compañía Guipuzcoana tuvo su primera expresión en el alzamiento del Zambo Andresote, quien se levantó en armas en 1732, y contó con el apoyo de los holandeses y con las simpatías de la provincia, particularmente de los notables de la ciudad.
En 1734, el obispo Valverde protestó por los excesos cometidos por los comisionados de la Compañía en Coro.
En 1736 fueron sometidos a juicio los representantes de la Compañía por delitos y resistencia de a la autoridad.
En 1741 se produjo un motín en San Felipe por el nombramiento de Ignacio Vasasábal, como teniente y justicia mayor, conocido agente de la Compañía. Pero el movimiento de mayor envergadura fue el capitaneado por Juan Francisco de león en 1749.
Juan Francisco de León:
Juan Francisco de León, de los fundadores de Panaquire, desempeñaba el cargo de teniente cabo de guerra y juez de comiso en dicha población. Fue destituido sin causa aparente, pero en realidad por manejos de la Compañía Guipuzcoana, que necesitaba en esos cargos a sus agentes. El encargado de sustituirlo fue el vizcaíno Martín de Echeverría.
La población se opuso a ese nombramiento y León representó ante el Gobierno pidiéndole el nombramiento de quien no tuviera vínculos con la Guipuzcoana. Este incidente no tardó en convertirse en un gran movimiento político contra la Compañía. A ello no fueron ajenas las instigaciones de los nobles caraqueños, según declaraciones de aquel tiempo. Con los pobladores de Panaquire, Guarenas, Guatire, Caucagua y otros pueblos del Tuy marcharon sobre Caracas. El 19 de abril de 1749 llegaron a Chacao, y representaron ante el gobernador "en nombre de la nobleza y la plebe". Las pretensiones de León, cabecilla del movimiento, las resume así: "El intento directo es la destrucción total de la Compañía Guipuzcoana, se entiende no solamente a privar las mercaderías o factorías de la gente vizcaína, sino también el que no ejerzan éstos empleos de los tenientes o ministros de justicia que actualmente ejercen, no tal solamente con privación, sino que en toda la provincia no ha de quedar de esta raza persona alguna, que todas se han reembarcar en el primer viaje o nao que se hallare en la bahía y en defecto se aprontará, a costa de dicha gente vizcaína, nao para el asunto"
El movimiento se transformaba en un movimiento político de mayor trascendencia. El cabildo designó una delegación para investigar las razones de la presencia de León. Lo mismo el Gobernador, quien pedía que León se situara en la plaza de Candelaria. Esta marchó hasta la plaza mayor y allí se asentó.
El movimiento se realizó con toda la formalidad. El Gobernador Castellano designó un abogado a León para que tramitase el asunto. Este pidió Cabildo abierto para discutir la actuación de la Compañía. El 22 de abril se reunió el Cabildo y allí suscribieron los daños que ocasionaba a la provincia dicha Compañía. En nombre del común, León pidió la expulsión de los vizcaínos. El gobernador simuló realizar el pedimento y León se volvió a Panaquire. No tardó en regresar al saber que el gobernador se había trasladado a La Guaira y no había procedido a la expulsión. Se entrevistó con Castellanos y nuevamente logró la confirmación de la expulsión de Compañía. Castellanos, después de haber logrado documento del Cabildo, donde elogiaba su conducta, se dirigió al Rey describiendo el movimiento como una insurrección.
León, con ejército de 8.000 hombres volvió nuevamente a La Guaira con el objeto de acelerar la expulsión de los vizcaínos. Castellano tomo medidas para hacerlo, por lo que León dispersó su ejército y volvió a Panaquire en agosto del mismo año.
Arriaga y Rivero:
La Real Audiencia de Santo Domingo envió a un comisionado, doctor Francisco Galindo Quiñones, con objeto de aquietar los ánimos. León fue oído en juicio presentando abundantes informes de los asuntos de la Compañía. Estaba abierto el proceso cuando llegó como designado real, con plenos poderes, don Julián de Arriaga y Rivero, con mil quinientos infantes y un piquete de caballería. Arriaga concedió un indulto general que trajo la paz a la provincia y esperaron que la Corona decidiera de la suerte de la Compañía.
En 1750 representó ante Arriaga pidiendo el cumplimiento de las promesas que le había hecho Castellanos. El documento es la más fiel expresión de las finalidades del movimiento.
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