La revolución de la Ciudadanía. Participación Ciudadana y Desarrollo en América Latina
Enviado por azonaim
Ensayo Crítico Conflictual
"…la soberanía política no es sino una burla
sin los medios para hacer frente a la pobreza, a
la ignorancia y a la enfermedad…"
John Fitzgerald Kennedy
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La razón de ser de América Latina no está circunscrita sólo al crecimiento económico o a la superación de la marginalidad y pobreza en que se ven envueltos la mayoría de sus países. Va más allá. Existe como realidad civilizatoria y su tendencia es a seguir existiendo, por lo cual se hace necesario el ejercicio constante de descubrirla y explicarla, al menos antes de que algún fenómeno natural o social influya en su escenario actual.
Noam Chomsky (1928, lingüista, profesor y activista político de perfil anarquista, de origen estadounidense), en su investigación publicada en 1979 con el título de "The Washington connection and the third world fascism", en colaboración con Edward S. Herman, expresaba que el modelo de desarrollo norteamericano"…aplicado por los socios es tan abiertamente explotador que ha exigido el terror y la amenaza del terror para asegurar la necesaria pasividad" (Washington y el fascismo en el tercer mundo, México, Editorial Siglo XXI, Traducción al español de 1981: 34). Y esta versión es confirmada veintidós años después, en el 2001, con el cambio de juego político que impulsó el gobierno de G. Bush j.r., tras el atentado a las torres gemelas de la ciudad de New York, como parte de las represalias del sector radical musulmán y que detonó las invasiones a Afganistán e Irak. El modelo de desarrollo fue adquiriendo un sentido estratégico, puesto que la única vía para imponer una hegemonía política y económica, al parecer, sigue siendo el miedo: el miedo a que los alemanes invadieran los espacios de interés económico de EE.UU. en Europa trajo consigo el detonante de la II Guerra Mundial; el miedo a que Afganistán fuera un mal ejemplo para los demás países árabes trajo consigo el ataque al Gobierno Taliban y con él a la euforia religiosa que se estaba esparciendo por los países de la región; y el miedo a perder la cuota de petróleo en el medio Oriente trajo consigo la invasión a Irak. Ese temor, hoy justificación de lo que en el pasado fue la Guerra Fría, ha invadido la toma de decisión política en el nuevo orden mundial, el cual se caracteriza por ser global, interactivo y hegemónico, puesto que se impone, hasta en la orbe comunista de China, el capitalismo de estado como premisa de bienestar, progreso, éxito.
Para Gilles Kepel (La Yihad. Expansión y declive del islamismo Barcelona, España, Editorial Círculo de lectores, 2001), en un basto estudio acerca del islamismo y las consecuencias de este en el nuevo orden mundial, detalló con claridad el sentido del terrorismo en el espectro del nuevo ordenamiento global, enfatizando que el daño causado por el modelo de desarrollo capitalista terminó de doblegar la conciencia de los líderes y por ello la reacción hostil y desenfrenada de quienes no contando con políticas de estado prosperas e igualitarias, tenían que ocupar la mente y el ánimo de sus conciudadanos con esquemas de inestabilidad y guerra.
Esto nos lleva a la idea medular, o "causa primera", en el argó de los filósofos, que moviliza o da sentido a las políticas de estado del y para el desarrollo. Es decir, el hombre, con su dimensión política y humana, la cual lo representa como ciudadano, membresía de un Estado, arte y parte de la razón de ser de la sociedad contemporánea. Por esta razón para iniciar un análisis que involucre las teorías de desarrollo, su desenvolvimiento y sus nuevas tendencias, es necesario partir de una definición precisa y contextualizada, que no dé motivo a dudas, menos aún a divagaciones.
Las revoluciones políticas de finales del siglo XVIII, efectuaron un movimiento terminológico que aparentemente da reemplazo al término súbdito por el término ciudadano. Innegablemente este cambio en el discurso político está asociado a un punto de ruptura real en la historia de la institución de ciudadanía. Está asociado a la transición a un segundo y moderno modelo de ciudadanía. La discontinuidad revolucionaria sin embargo, no debe impedirnos ver una continuidad tal vez más profunda y fundamental en el desarrollo del concepto desde fines de la época medieval. El sujeto se volvió de nuevo ciudadano pero en un mundo de aparatos de estados crecientes y reforzados, que a través de sus técnicas específicas produjeron un ciudadano disciplinado.
Esto último implica, según nos dice Roland Anrup y Vicente Oieni (2003), entender a la ciudadanía como un proceso de sujetivización y personificación que regula, enseña y forma al ciudadano. Nace en 1789 con la Revolución Francesa y su principal fundamento es reconocer como ciudadano francés a cualquiera persona a condición de que aprendiera la lengua y obedeciera las leyes francesas. La ciudadanía francesa desde entonces, ha aparecido como la representación del estado abierto, libre y tolerante el cual no tenía problemas en adoptar a los individuos que quisieran ser parte de él. Esta ciudadanía encuentra su fundamento en una idea central de la modernidad: aquella que concibe al hombre como un individuo que es libre e independiente y toma decisiones sobre su propio destino y con su voz contribuye políticamente al bienestar de la sociedad. En lo fundamental es esta imagen del ciudadano la que se ha convertido en un ingrediente importante para la fórmula a través de la cual, las sociedades occidentales se conciben a sí mismas. Al mismo tiempo, es evidente que esta idea presupone un ciudadano activo que apenas ha existido, y que si hubiera existido los estados
probablemente lo hubieran considerado como un problema. Tampoco se ha realizado la idea de la ciudadanía abierta como la libertad de la que los individuos hacen uso para moverse libremente, residir donde quieran y allí gozar del estatus de ciudadano.
La nacionalidad y la ciudadanía muchas veces se conciben como sinónimos, como conceptos que se corresponden; la ciudadanía se define así en relación a la nacionalidad o como efecto de ella; bajo esta óptica es difícil imaginar una ciudadanía no nacional. Sin embargo, se hace necesaria la distinción. Si alguna lección nos dejan los últimos acontecimientos en América Latina (entre los que se puede citar las acciones revolucionarias en Venezuela luego del intento de Golpe de Estado del 11 de abril del 2002, así como los sucesos sociales en Bolivia a finales del 2003 que terminaron con la renuncia del Presidente) ésta sería que el nacionalismo y el pensamiento en torno a la nacionalidad puede constituirse en un peligro incluso letal para el ciudadano y para la ciudadanía.
Cada día que pasa se ve que es imprescindible salvar a la ciudadanía de la ola nacionalista que amenaza con ahogarla. Detrás del pensamiento nacionalista hay una concepción de la ciudadanía que está en contradicción con la concepción abierta de ciudadanía de la Revolución Francesa. Esta concepción nacional de la ciudadanía se articuló durante las guerras napoleónicas sobre todo por filósofos y pensadores políticos del romanticismo alemán; en ellos hay un rasgo decisivo anti-individualista, los individuos se vuelven verdaderos y reales sólo incorporados a una unidad más grande y esta unidad es el estado.
El debate que en los últimos años se ha desarrollado sobre la identidad y extensión del capitalismo de estado, en gran medida puede remitirse a estas dos concepciones de ciudadanía. También en el entusiasmo y respectivamente escepticismo frente a la integración política de los países inmersos en la hegemonía del capitalismo que suelen ser partidarios de los ideales de la ciudadanía francesa; los escépticos en cambio se adhieren a una ciudadanía nacional. Estos paradigmas también podemos encontrarlos en las tipologías que ahora son comunes en la investigación sobre el nacionalismo. En éstas se suele distinguir entre un nacionalismo territorial que tiene su referente en la Revolución Francesa y por otro, un nacionalismo ético-cultural que tiene sus raíces en el Romanticismo. A dichas tipologías corresponden una ciudadanía territorialmente basada -jus solis- y una que se basa en la comunidad sanguínea -jus sanguinis.
El nuevo concepto de ciudadano entró en el vocabulario del mundo colonial, según lo expresara Darcy Riveiro (El Proceso Civilizatorio. Caracas, Ediciones de la UCV, 1984) casi al mismo tiempo que se desatara el proceso de independencia, perfilándose en el imaginario colonial urbano de comienzos del siglo XIX.
En él se concentran significados múltiples y más o menos difusos, estuvo claramente asociado a la idea de posesión de una identidad nueva: americana, nacional, patriótica; definitivamente diferente a la repudiada y negada madre patria convertida, en el proceso, en madrastra. La introducción de la institución de la ciudadanía, según nos expresa el conocido filósofo venezolano José Manuel Briceño Guerrero (Discurso Salvaje. Caracas,Fundarte, 1979), no fue sólo retórica sino que cumplió la función de sumar fuerzas para garantizar el triunfo frente a España. Esta debía ser el soporte de los nuevos estados que no se fundaban ya en el derecho divino, sino en el principio de representación política de ciudadanos autónomos. La ruptura del orden colonial en la esfera política se produjo generando en lo interno, una alteración institucional del estatuto étnico gestado durante tres siglos de dominación colonial; en lo externo, el desmembramiento de la unidad política colonial, dio lugar al nacimiento de nuevas naciones políticamente soberanas que se incorporaban a un orden internacional dominado por las ideas liberales. La revolución de independencia y la creación de la institución de la ciudadanía, buscó integrar en la nueva etapa a indígenas, mulatos, negros, e incluso a los españoles que así lo deseasen.
Pronto el discurso de amplia ciudadanía entró en contradicción con las estructuras socio-políticas heredadas de la colonia y también con el nuevo proceso social y político generado por la independencia. Para Celso Furtado se fueron ejecutando sucesivos recortes a la amplia y concesiva institución de la ciudadanía de la primera hora. En los no infrecuentes períodos de abierta dictadura o guerras internas, se suspendieron los derechos políticos; pese a todo, los fundamentos filosóficos del discurso de la ciudadanía no se modificaron.
En el caso de las dictaduras se apeló al principio de estado de excepción, figura jurídica de la que ninguna constitución carece. Así, los derechos y obligaciones del ciudadano no quedaron abolidos sino que se suspendieron. La ficción del discurso liberal por lo general, se mantuvo en pie. Desde ese proceso fundador, hasta hoy, el mecanismo es el mismo. Desde el proceso de independencia a nuestros días, en América Latina siempre circularon las ideas occidentales dominantes sobre la ciudadanía y los derechos humanos que emergen de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.
Las constituciones latinoamericanas están moldeadas sobre la matriz de las constituciones liberales de tradición francesa y norteamericana. Aún en nuestros días, la ola de reformas constitucionales que se llevan adelante en América Latina están influidas, como desde los orígenes, por los debates teóricos de los países europeos y los EEUU. La constatación de esta realidad corre paralela a otra: en la actualidad, se experimenta un replanteamiento en el plano teórico de las bases sobre las que se asentó tanto la ciudadanía en las democracias liberales, como las de otras formas de ciudadanía surgidas de las revoluciones de carácter socialista. En los debates se dirige la mirada tanto hacia el horizonte del pasado que dio origen a la tradición demoliberal, como hacia el horizonte de futuro en el que el proceso de globalización se hará más intenso y demandará respuestas para la que esa tradición resulta insuficiente.
Hoy se plantean interrogantes como: ¿Cuál es la extensión de los derechos? Educación, salud, vivienda digna, respeto por el ambiente, acceso a la cultura, ¿son derechos inalienables del ciudadano? ¿Lo son los derechos de los niños, de los ancianos, de las minorías étnicas y otras minorías? ¿Son derechos de los ciudadanos el control frente a poderes corporativos que se imponen por encima de los intereses de las comunidades? ¿Cuál debe ser el balance entre los derechos individuales y los de la comunidad? entre otros; es decir, ya no es un asunto de definición, sino de ejecución real acerca del rol de la ciudadanía: ¿de qué vale condimentar la sociedad de ideales sino es posible materializarlos en respuestas concretas y en beneficios palpables?
En el contexto de las ideas y aspiraciones democráticas, y buscando identificar el estado real del concepto, el ciudadano corresponde a los hombres y mujeres que se asumen como sujetos llamados a la libertad, que reconocen para sí y para los demás los derechos propios de su dignidad humana, que movidos según sus identificaciones y diferencias acuerdan privadamente variados ámbitos de interacción, que eligen autoridades a las que perciben como sus representantes y que se asocian para participar colectivamente en la deliberación de las decisiones públicas.
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El significante ciudadano, al igual que el de democracia, se refieren al sujeto que se trasciende a sí mismo y se conecta con los otros en una nueva forma de existencia: la comunidad. Ambos conceptos nos hablan de la proyección desde el sujeto hacia algo que no es él mismo y que lo hace ser de otro modo, y esto nos introduce en el tema de la dimensión ética de la práctica de la democracia.
Distintas épocas y tradiciones de pensamiento han formulado respuestas diferentes acerca de las finalidades, es decir, de los valores que se realizan en este trascender y dar lugar a algo nuevo.
En la polis griega y su filosofía, aquello hacia lo que se trasciende son valores puramente ideales, cuya existencia no depende de lo que hagan los individuos y, por el contrario, se imponen sobre éstos compeliéndolos a la acción. Esos valores son: el bien común, lo universal, el ser esencial del hombre, su concepto: el zoon politikon.
La tradición de pensamiento judeo cristiana, tiene en Dios el horizonte de esa trascendencia. La vida de la comunidad es trascendencia hacia Dios, es la realización de su designio; por esa vía, el individuo se vuelve uno con lo infinito, se hace Persona.
En el pensamiento de la Ilustración, las realidades trascendentes a que da lugar la vida de la comunidad son: la libertad, la historia, la voluntad general; mediante ellas el individuo se convierte en ciudadano. Como vemos, tanto en la idea moderna de ciudadanía, como en la judeo cristiana o la griega, se responde al problema de los valores que se realizan en la vida de la comunidad con una noción abstracta o extraterrenal de la vida colectiva, con una idea de la comunidad colocada más allá de las comunidades realmente existentes y de los beneficios reales que esa interacción humana alcanza.
Estas respuestas no reflejan ni la heterogeneidad de las comunidades realmente existentes ni lo que realmente constituye su aporte a la vida de los individuos que la componen y a la humanidad en general, en términos de enriquecimiento mutuo. Los movimientos comunitaristas actuales ya han insistido bastante en que la verdadera realidad social está en las comunidades efectivamente existentes y en que el problema de lo que se consigue con la vida en común ni puede tener un concepto abstracto como referente ni necesita abarcar a la humanidad completa. Es un hecho que, al menos a lo largo de la segunda mitad del pasado siglo XX, se fue perfilando el completo desvanecimiento de la significación histórica de las nociones de comunidad, ciudadanía y democracia de la modernidad. Muchas voces se han hecho oír desde entonces, apuntando a la falta de perspectiva histórica de dichas nociones y han proclamado su desencanto de la cultura moderna, su visión del mundo, sus estructuras sociales y, sobre todo, de sus promesas de libertad, bienestar y felicidad.
El incumplimiento de las promesas de la modernidad, el deterioro de la calidad de vida de un número cada vez mayor de hombres y mujeres en el mundo, la crítica radical del carácter mítico de los fundamentos y de las esperanzas, generaron un desencanto y un pesimismo que cada día parece cobrar mayor presencia entre nosotros, y que, ante la falta de perspectiva, reivindica como valores máximos la realización individual, el placer y la comodidad. Para el individuo posmoderno, sólo resulta importante la no-sujeción a nada que contravenga su interés; se trata sólo de estar bien y disfrutarlo, desde la sensualidad y la sensoriedad, mientras dure. Se ha venido imponiendo así, lo que Ronald Inglehart (1994) llama el síndrome cultural posmoderno y que es aplicable a la pauta de conducta de hombres y mujeres, sobre todo en los países avanzados, cuyas opiniones, criterios y sentimientos asumen un sistema de valores distinto de aquel que fue clave en el surgimiento de la sociedad industrial. El éxito económico, la racionalidad, la sujeción a la voluntad mayoritaria en la conducción de la vida colectiva, la idealización del progreso y el avance de la ciencia, han perdido importancia para estos nuevos ciudadanos que hoy prefieren subordinar el crecimiento económico a la protección del ambiente, que privilegian la realización personal frente al éxito económico o el imperio de la voluntad general. La autoridad jerárquica, la centralización y la grandeza del Estado (dice Inglehart) han caído bajo sospecha y han alcanzado el punto en que su eficiencia se vuelve menor y resultan menos aceptables. La mentalidad posmoderna refleja una disminución creciente de la importancia que se acredita a toda autoridad y una pérdida de la confianza en las instituciones burocráticas y jerárquicas típicas del estado moderno.
Según Fernando Ponce (en Ponencia presentada en la Conferencia regional "Globalización, migración y derechos humanos", organizada por el Programa Andino de Derechos Humanos, PADH. Quito – Ecuador. Septiembre 16, 17 y 18 de 2003), el fenómeno del multiculturalismo ha dado lugar a un gran número de análisis y propuestas teóricas, sobre todo en países de habla inglesa, acerca de la idea de ciudadanía y la razón de ser de sus derechos. Los derechos humanos no son un sueño de utópicos; ya funcionan como parte del imaginario colectivo y desempeñan una función reguladora en la globalización. A pesar de lo que digan los etnocentristas, a la hora de la verdad el relativismo no se lo cree nadie. Quien tiene por irracional quitar la vida, dañar física y moralmente, privar de libertades, o no aportar los mínimos materiales y culturales para que las personas desarrollemos una vida digna, no lo cree sólo para su sociedad, sino para cualquiera. Los derechos humanos constituyen un camino de salida de las falacias del relativismo cultural y ético, aunque no estén exentos de dificultades. Una consecuencia práctica de pensar la ciudadanía desde los derechos humanos se refiere directamente a la inmigración: las naciones receptoras tienen que responder con más coherencia al desafío de este ideal.
Como es sabido, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) protege la libertad de circulación: "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado". También conviene recordar aquí el artículo 3º, aunque su sentido sea mucho más general: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". Frente a estos imperativos, las legislaciones de estos países se quedan cortas porque "en la práctica, el derecho de cada Estado a regular y limitar esta libertad[de circulación] prevalece sobre el derecho de los migrantes, y lo que debería ser un derecho inalienable se ha convertido, de hecho, en una excepción que los diversos Estados conceden a regañadientes y con muchas reticencias". Junto a los derechos humanos, la ciudadanía en un mundo globalizado tiene que construirse a partir de la noción de solidaridad. Por solidaridad no debería entenderse únicamente el deber moral de acoger al inmigrante o compadecernos de sus sufrimientos. La solidaridad se refiere a una de las dimensiones de la ciudadanía: la responsabilidad cívica. El ser ciudadano de una comunidad política significa también el deber de construir el ámbito de lo público y de buscar el bien común por encima de los intereses particulares. Sin embargo, este deber cívico, que no se identifica ni de lejos con el patriotismo, está muy venido a menos últimamente. La ciudadanía parece haberse reducido en todos las naciones únicamente al reclamo de los derechos políticos y sociales que ella garantiza.
En la configuración de este nuevo concepto de ciudadano, continua Ponce, los derechos humanos juegan un papel que puede parecer paradójico a primera vista. Por un lado refuerzan las demandas de más derechos y más beneficios socio-económicos para los inmigrantes, pero al hacerlo parecieran dar a entender que la ciudadanía es únicamente un soporte de derechos y beneficios. Por este motivo, un nuevo concepto de ciudadanía debe integrar también la solidaridad, como responsabilidad cívica por el bien común.
Derechos humanos y solidaridad pueden entonces dar una identidad renovada a las naciones que, con razón o sin ella, se preocupan por el rostro cada vez más multicultural de sus sociedades.
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Esta visión general del concepto de ciudadano y ciudadanía, contextualizándolos en la realidad histórica de América Latina, nos permite marcar la guía en razón de la cual se exponen los idearios en la cultura occidental acerca de los modelos de desarrollo. Porque si bien es cierto que la interpretación de la sociedad se esgrime en razón de las acciones de sus miembros, es decir el hombre, no es menos cierto que el desenvolvimiento de esas teorías del desarrollo aparece rodeando y condicionando al hombre libre, portador de derechos y deberes que configura el ciudadano moderno. Ese ciudadano nutre de insumos a las teorías para que estas graviten en razón de él y de sus expectativas. No puede existir una teoría del desarrollo que no se piense primero en un bienestar concreto y directo para el ciudadano. Sea a corto, mediano o largo plazo, pero siempre la brújula ha de ser el bienestar del ciudadano. Si la historia, o los propios teóricos dicen lo contrario, es porque no entienden en qué planeta están, peor aún, cuáles son las realidades que les rodean.
En definición de Gustavo Esteva (W. SACHS, editor, Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder, PRATEC, Perú, 1996 ,primera edición en inglés en 1992, 399 págs.) al decir desarrollo, la mayor parte de la gente dice actualmente lo contrario de lo que quiere expresar. Todo mundo se confunde. Por usar sin sentido crítico esta palabra sobrecargada, ya condenada a la extinción, se esta transformando su agonía en una condición crónica. Han empezado a emanar todo género de pestes del cadáver insepulto del desarrollo. Ha llegado el tiempo de revelar su secreto y verlo en toda su desnudez.
A finales de la segunda guerra mundial, EE.UU era una maquina productiva formidable e incesante, sin precedente en la historia. Constituía sin disputa el centro del mundo. Todas las instituciones creadas en esos años reconocieron ese hecho: hasta en la Carta de las Naciones Unidas se escuchó el eco de la Constitución norteamericana. Pero los norteamericanos querían algo más, necesitaban hacer enteramente explícita su nueva posición en el mundo; querían consolidar su hegemonía y hacerla permanente. Para esos fines, concibieron una campaña política a escala global que portara claramente su sello. Concibieron incluso un emblema apropiado para identificar la campaña y eligieron cuidadosamente la oportunidad de lanzar uno y otra (el 20 de enero de 1949). Ese día, el día en que el presidente Truman tomó posesión, se abrió una era para el mundo: la era del desarrollo.
Debemos emprender dijo Truman, un nuevo programa audaz que permita que los beneficios de nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial sirvan para la mejoría y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas. El viejo imperialismo la explotación para beneficio extranjero no tiene ya cabida en nuestros planes. Lo que pensamos es un programa de desarrollo basado en los conceptos de un trato justo y democrático.
Al usar por primera vez en este contexto la palabra subdesarrollo, Truman cambió el significado de desarrollo y creó el emblema, un eufemismo, empleado desde entonces para aludir de manera discreta o descuidada a la era de la hegemonía norteamericana. Nunca antes una palabra había sido universalmente aceptada el mismo día de su acuñación política. Una nueva percepción, de uno mismo y del otro, quedó establecida de pronto. Doscientos años de construcción social del significado histórico-político del término desarrollo fueron objeto de usurpación exitosa y metamorfosis grotesca. Una propuesta política y filosófica de Marx, empacada al estilo norteamericano como lucha contra el comunismo y al servicio del designio hegemónico de Estados Unidos, logró pernear la mentalidad popular, lo mismo que la letrada, por el resto del siglo.
El subdesarrollo comenzó, por tanto, el 20 de enero de 1949. Ese día, dos mil millones de personas se volvieron subdesarrolladas. En realidad, desde entonces dejaron de ser lo que eran, en toda su diversidad, y se convirtieron en un espejo invertido de la realidad de otros: un espejo que los desprecia y los envía al final de la cola, un espejo que reduce la definición de su identidad, la de una mayoría heterogénea y diversa, a los términos de una minoría pequeña y homogeneizante.
Truman no fue el primero en emplear la palabra. Wilfred Benson, quien fuera miembro del Secretariado de la Oficina Internacional del Trabajo, fue probablemente la persona que la inventó, cuando se refirió a las áreas subdesarrolladas al escribir sobre las bases económicas de la paz en 1942. Pero la expresión no tuvo mayor eco, ni en el público ni en los expertos. Dos años más tarde, Rosenstein-Rodan siguió hablando de áreas económicamente atrasadas. Arthur Lewis, también en 1944, se refirió a la brecha entre las naciones ricas y las pobres. A lo largo de la década, la expresión apareció ocasionalmente en libros técnicos o en documentos de Naciones Unidas. Sólo adquirió relevancia cuando Truman la presentó como emblema de su propia política. En este contexto, adquirió una virulencia colonizadora insospechada.
En expresión de Hernando Agudelo Villa (La revolución del desarrollo. México, Editorial Roble, 1966), el desarrollo connota por lo menos una cosa: escapar de una condición indigna llamada subdesarrollo. Cuando Nyerere propuso que el desarrollo fuera la movilización política de un pueblo para alcanzar sus propios objetivos, consciente como estaba de la locura de seguir las metas que otros habían establecido; cuando Rodolfo Stavenhagen propone actualmente el etnodesarrollo o el desarrollo con autoconfianza, consciente de que debe mirarse hacia adentro y buscar en la propia cultura, en vez de seguir adoptando puntos de vista prestados y ajenos; cuando Jimoh Omo-Fadaka plantea el desarrollo de abajo hacia arriba, consciente de que ninguna de las estrategias basadas en el diseño de arriba hacia abajo ha logrado alcanzar sus objetivos explícitos; cuando Orlando Fals Borda y Anisur Rahman insisten en el desarrollo participativo, conscientes de las exclusiones practicadas en nombre del desarrollo; cuando Jun Nishikawa propone "otro" desarrollo para Japón, consciente de que la era actual esta terminando; cuando ellos y muchos otros califican el desarrollo y emplean la palabra con advertencias y restricciones, como si se estuvieran refiriendo a un campo minado, no parecen estar al tanto de la contra productividad de sus empeños.
Para que alguien pueda concebir la posibilidad de escapar de una condición determinada, es primero necesario que sienta que ha caído en esa condición. Para quienes forman actualmente las dos terceras partes de la población del mundo, pensar en el desarrollo, en cualquier clase de desarrollo, requiere primero percibirse como subdesarrollados, con toda la carga de connotaciones que esto conlleva. En la actualidad, para dos terceras partes de la gente en el mundo, el subdesarrollo es una amenaza cumplida; una experiencia de vida subordinada y llevada por el mal camino, de discriminación y subyugación. Dada esta condición previa, el simple hecho de asociar con el desarrollo las intenciones propias las anula, las contradice, las esclaviza. Impide pensar en objetivos propios, como quería Nyerere; socava la confianza en uno mismo y en la cultura propia, como exige Stavenhagen; solicita la administración de arriba hacia abajo, contra la que se rebeló Jimoh; convierte la participación en un truco manipulatorio para involucrar a la gente en la lucha para obtener lo que los poderosos quieren imponerle, que era precisamente lo que Fals Borda y Rahman trataban de evitar.
Según Eugenio Ortega Riquelme, el fracaso del pensamiento único sobre las formas de crear desarrollo y bienestar en una economía de mercado es puesto en evidencia por las propias autoridades del Banco Mundial que en su propuesta Un Marco Integral de Desarrollo , en 1999, señalaba que si bien es cierto que la economía mundial ha abierto muchas nuevas oportunidades para muchos pueblos y personas, no podemos darnos por conformes cuando hay tres mil millones de personas que siguen subsistiendo con US$ 2 al día, se registra creciente desigualdad entre ricos y pobres, degradación de los bosques ( a la razón de un acre por segundo), hay 130 millones de niños que todavía no asisten a clases, 1.500 millones de personas que siguen sin tener acceso a agua apta para el consumo y otros 2.000 millones sin acceso a alcantarillado. Y más adelante agrega que todo lo anterior debe preocuparnos aún más al constatar que para el año 2025 tendrán que alimentarse otras 2.000 millones de personas.
En América Latina, continua Ortega Riquelme, todos los países, unos más radicalmente que otros, impulsaron sus reformas en la lógica de la naturalización de las recetas económicas. Desviarse de la ortodoxia, se nos pronosticaba, iba a ser penalizado con el retraso, con la expulsión de la globalización, con la ausencia de inversión extranjera o con malas calificaciones de riesgo país. Lo que otros hacen en el mundo de los países emergentes o desarrollados a nosotros muchas veces nos cae como amenaza. Y, lo más insano, es que muchas veces nosotros mismos nos negamos a interrogarnos si no hay más espacio para mejores alternativas que sirvan para políticas económicas que logren aumentar el crecimiento y, al mismo tiempo, disminuir la pobreza y la desigualdad. Dani Rodrick hace al respecto una afirmación que pocas veces se traduce en políticas públicas: "ahora disponemos de considerable evidencia empírica que indica que la fragmentación social va en detrimento de los logros de la economía…y la desigualdad de renta reduce el rendimiento económico subsiguiente".
Para el Nobel Joseph E. Stiglitz, en su obra El malestar en la globalización (Traducción de Carlos Rodríguez Braun. Madrid: Taurus, 2002. 314 págs.), la percepción del desarrollo en el contexto de la globalización, en que todas las economías nacionales se encuentran en constante interacción, ha de estar en sintonía con el crecimiento económico de los países menos desarrollados; pero para que ello sea posible, no basta con que las instituciones económicas supra-nacionales se apliquen a proporcionar recetas de crecimiento, sino que éstas deben de respetar las secuencias y los ritmos que exigen algunas economías con un débil grado de desarrollo. Por otra parte, la ideología neoliberal que supone el abandono de las ideas sobre el papel desempeñado por los Estados en el fomento de las economías nacionales, tal como se había propuesto a partir del final de la II Guerra Mundial, para, regresando a la línea del pensamiento liberal de Adam Smith, dejar actuar a dichas economías según las leyes del libre mercado, según las cuales la motivación del beneficio constituye la fuerza que dirige la economía hacia resultados eficientes como si la llevara una mano invisible.
Stiglitz ahonda sus percepciones afirmando que la globalización actual no funciona. Para muchos de los pobres de la Tierra no está funcionando. Para buena parte del medio ambiente no funciona. Para la estabilidad de la economía global no funciona. La transición del comunismo a la economía de mercado ha sido gestionada tan mal que -con la excepción de China, Vietnam y unos pocos países del este de Europa- la pobreza ha crecido y los ingresos se han hundido. Sin embargo, Stiglitz concluye que, a pesar de todo ello, la globalización puede ser una fuerza benigna. Puede ayudar a generalizar el conocimiento y el intercambio de ideas, puede contribuir a la transmisión de concepciones sobre la democracia y promover una sociedad civil más justa; y puede beneficiar a los países que, sin confiar en la noción de un mercado autorregulado, reconozcan el papel que puede cumplir el Estado en el desarrollo, y que, en consecuencia, estén en condiciones de resolver sus propios problemas. Y al hablar que la globalización no funciona sino que tiene potencialidad de funcionar, no nos dice más que las nuevas teorías del desarrollo aún no han madurado su estancia en el nuevo orden mundial.
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Las primeras grandes teorías económicas del desarrollo, según expone ampliamente D. Lal en su obra The Poverty of Development Economics (Institute of Economic Affairs, Londres,1983), formuladas en los años 50, preconizaban, siguiendo el modelo del Plan Marshall, grandes transferencias financieras internacionales en favor de los estados del tercer mundo, de manera que pudieran acumular el capital necesario para atravesar un umbral de inversiones considerado decisivo para abordar una modernización industrial acelerada. Los economistas occidentales del desarrollo esperaban que esta masa de inyecciones financieras rompiera el "círculo vicioso de la pobreza" (teoría de Ragnar Nurkse), que acelerara la transferencia en masa de la mano de obra de la agricultura hacia la industria (teoría de Arthur Lewis), que iniciara el "gran empujón" del crecimiento industrial (teoría de Paul Rosenstein-Rodan) y más en general que provocara el "despegue" mundial de la sociedad hacia la era industrial (la tercera etapa en la famosa teoría del desarrollo en cinco etapas de Walt Rostow).
Mientras que la mayoría de esos economistas liberales anglosajones limitaban la función del Estado a la asignación eficiente de las inversiones en una economía abierta, los heterodoxos europeos recomendaban un mayor intervencionismo estatal en un sector industrial protegido. La idea central era que los Estados del tercer mundo debían llevar a cabo una inversión pública voluntarista y selectiva en favor de los sectores industriales considerados más estratégicos por sus repercusiones económicas: se habló entonces de efectos de arrastre (Albert Hirschman), de polos de crecimiento (François Perroux) y de industrias industrializantes (Gérard de Bernis). En cuanto a la actitud con respecto al mercado mundial, este desarrollo industrial planificado se concibió en general como una conquista prioritaria del mercado interior por las políticas de sustitución de importaciones (influencia de las tesis de Paul Prebisch).
Dentro de la tendencia de un intervencionismo teñido de socialismo planificador, el economista Paul Baran iba a preconizar la apropiación y rentabilización por parte del Estado del "excedente económico" existente en potencia en las economías subdesarrolladas (recursos del suelo y del subsuelo, inversiones extranjeras) gracias a una enérgica política de nacionalización de esos sectores productivos estratégicos.
Por último, culmina D. Lal, otros heterodoxos como el social-demócrata sueco Gunnar Myrdal, tempranamente preocupado de convertir el crecimiento económico en desarrollo social equitativo, apelaban a la emergencia en el tercer mundo de Estados redistribuidores según el modelo de los Estados-providencia nacientes en Occidente. Muy rápidamente fueron las estrategias más intervencionistas las que obtuvieron el favor de los Estados del tercer mundo, por lo menos, de los Estados más influyentes en el liderazgo ideológico de los países no alineados: la planificación económica argelina iba así a inspirarse en la teoría de las industrias industrializantes, una versión india de ésta (modelo de crecimiento Mahalanobis) orientó el segundo Plan Quinquenal de la India (1956-61), mientras que las nacionalizaciones de los recursos del subsuelo incluidos los intereses occidentales (canal de Suez) se extendían por todos los estados del Medio Oriente. En América Latina, las tesis de la CEPAL fomentaban las estrategias de sustitución de las importaciones.
En el origen de estas teorías de desarrollo hubo grandes diferencias entre todos los economistas, tanto por sus tesis como por su formación intelectual, (hay un mundo entre los anglosajones liberales como Lewis o Rostow y los heterodoxos franceses como Perroux o de Bernis), no es excesivamente simplificador decir que la teoría económica del desarrollo de los años 50 a 60, en su conjunto, se articuló en general en torno a una concepción que atribuía a los Estados del tercer mundo una capacidad de producir, por medio de una modernización industrial acelerada, un desarrollo económico y social prometeico.
Para François Perroux en 1962, basta con que surjan minorías capaces de asumir los intereses de varias naciones y de servir a estos intereses, sin olvidar nunca que es inherente a la expansión histórica de la industria y a su destino racional, servir a todos los hombres. Quizá fuera el sueco Gunnar Myrdal el único, en la comunidad de los economistas del desarrollo, que daba muestras de un cierto escepticismo planteando la cuestión de la naturaleza de los Estados del tercer mundo como posible obstáculo para el desarrollo: en efecto, insistió en varias ocasiones en el riesgo que suponía la existencia de Estados ya fueran demasiado "blandos" para emprender políticas de desarrollo eficientes, o demasiado autoritarios, o demasiado corruptos para llevar a buen término las políticas necesarias para redistribuir los frutos del crecimiento. Pero estas llamadas a la vigilancia fueron ahogadas en el optimismo de la época, sobre todo en el economicismo dominante que dejaba fuera del campo económico este tipo de cuestionamiento político.
Luisa Fernanda Velasco, en un trabajo amplio y riguroso titulado: Lo "etno" del desarrollo: una mirada a las estrategias y propuestas del desarrollo indígena, publicada en la dirección web www. unimag. edu. co, expone que el desarrollo, desde un punto de vista más bien general se entiende como "…impulso progresivo y afectiva mejora cuando de los pueblos y sistemas políticos y económicos se trata." Se enfoca el desarrollo de un modo evolutivo, como en una etapa superior al subdesarrollo y a la que todos deben llegar como meta única. Van Kessel hace una diferenciación entre el desarrollo que se relaciona a grandes procesos revolucionarios vividos por la humanidad y el creado por el sistema capitalista europeo que presenta como contradicción la aparición del subdesarrollo, del que se encargan hoy en día los estudiosos.
Así mismo, Velasco afirma que desarrollo es el esfuerzo que pone una sociedad para asegurar y optimizar el bienestar integral de sus propios miembros por medio de un proceso de emancipación material, social y humana, idealmente proyectada en el pasado mitológico o en el futuro utópico.
Esa definición, basada en la teoría del desarrollo autocentrado de D. Senghaas, introduce el concepto de bienestar, pretende evitar el etnocentrismo expresado en muchas teorías desarrollistas y lo relaciona por un lado al bienestar humano, por otro pretende garatizar la autodefinición de grupos socio-culturales acerca de su propio concepto de bienestar. Las concepciones del desarrollo podrán darse ya sea como crecimiento económico, como etapas para conseguir bienestar general o como proceso de transformación desde las estructuras propias de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, un proceso de cambio social con la finalidad de igualdad de oportunidades sociales, políticas y económicas. Todas estas maneras de desarrollo pretenden homogeneizar a la población.
Por lo general, la idea del concepto desarrollo, se centra en un proceso permanente y acumulativo de transformación de la estructura económica y social, resultando transformaciones profundas y cambios estructurales e institucionales. Para la citada autora, el objetivo del desarrollo debería ser, no solamente "tener más" sino de "ser más". El desarrollo es cambiante según la época, "es relativo en el tiempo" y lo que alguna vez se consideró desarrollo, en el caso que permanezca sin cambios puede convertirse en subdesarrollo. Se lo considera, entonces, como un problema de dinámica social y económica.
La teoría de la modernización, que planteaba que los países "menos desarrollados" debieran seguir los mismos pasos de desarrollo que los industrializados, la teoría de la dependencia que tiene como origen la revolución cubana decía que al provenir la materia prima para la gran producción en los países desarrollados gracias a la avanzada tecnología, en los no desarrollados, se crearía la dependencia. Surge como contrapropuesta a esta la teoría crítica de la dependencia que plantea que el contacto de los países no desarrollados con los del "primer mundo" les ha traído beneficios y no solamente imposiciones no deseadas. Por último, la teoría del desarrollo desigual se refiere a la existencia de diferentes niveles de desarrollo según las regiones y el acceso desigual a diferentes recursos.
El desarrollo humanista e integral, parecería ser la solución al problema de la pobreza desigual en diferentes sectores sociales, se lo ha tomado poco en cuenta en políticas públicas. De alguna manera se sabe que las teorías desarrollistas puestas en práctica no cumplieron del todo con el objetivo deseado de acabar con la pobreza y más bien funcionaron de manera paliativa y a veces etnocida. En este sentido, y preocupados por un enfoque más integral desde una pespectiva culturalista, surge el planteamiento del etnodesarrollo, que pretende agrupar en una teoría de desarrollo, con un enfoque más bien integral, elementos socio-culturales, políticos, económicos desde la perspectiva local, puesto que plantear en este tiempo histórico (año 2004) una macro-teoría del desarrollo sería volver a cometer el error de mirar los espacios de los ciudadanos como esquemas globales de participación, la idea es fortalecer en micro el poder del ciudadano, de la organización política, el municipio, para evidenciar qué posibilidades reales tenemos de impulsar un verdadero criterio de desarrollo. En el futuro la sumatoria de micro teorías del desarrollo hará posible el nuevo paradigma desarrollista.
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En el nuevo orden mundial, ese mismo que los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 cambiaron radicalmente los puntos de interés político, social, económico y cultural, se circunscriben en tres líneas de pensamiento: 1) Los debates de filosofía política, en sus diferentes corrientes; 2) Las formulaciones sobre Desarrollo; y 3) La reafirmación de lo humano en el campo de los valores y los derechos humanos.
Un referente para desarrollar las ideas centrales de esta reflexión, se ubica en dos interpretaciones muy actuales la de Michael Walzer y la de Amartya Sen. En la discusión de Walzer, la justicia está intrínsecamente relacionada con los problemas de distribución y redistribución de los bienes sociales; esta distribución a su vez implica tres dimensiones: La igualdad de tratamiento, el tratamiento según merecimiento y el respeto por los derechos inalienables de cada quien, siendo estos derechos: la vida, la libertad y la propiedad.
La sociedad moderna ofrece diferentes esferas y tipos de servicios, a los cuales los individuos acceden de manera equitativa o inequitativa. Aunque cada comunidad produce (y define) sus propios bienes sociales. El concepto de igualdad compleja que Walzer contraponer al de igualdad simple (todos los seres humanos son en cuanto humanos, iguales), en el que al reconocer el conjunto heterogéneo de bienes que produce y ofrece una sociedad, los diferentes sujetos sociales tienen posibilidad de acceder y competir por determinados conjuntos de bienes, y así ocupar distintas jerarquías en cada sector, según su necesidad, su merecimiento, y el ejercicio de sus derechos. La igualdad compleja, entendida dentro de principios de distribución justa se puede equivaler con ciudadanía y se ilustra como tener poder, mando, en algunos sectores, mientras en otros, es sujeto de obediencia, donde mandar no significa ejercer poder sino disfrutar de una porción mayor sea cual fuere el bien distribuido. Quien se vea a sí mismo como un desvalido en todas y cada una de las esferas de la justicia no puede contemplarse como un ciudadano igual, un miembro pleno de su comunidad política.
Los significados sociales de algunos bienes son múltiples y a veces conflictivos; y persisten consideraciones morales que atraviesan las esferas distributivas, sobre la equidad, la responsabilidad individual, la igualdad de ciudadanía y la dignidad de las personas que influyen sobre el modo en que se piensa la distribución de los bienes.
En otro orden, pero con la misma intencionalidad de redimensionar la visión paradigmática del desarrollo, Amartya Sen define ésta percepción como el proceso que busca la superación de los problemas centrales que enfrenta cada sociedad, los cuales en mayor o menor intensidad en cada sociedad, hacen referencia a la pobreza y la miseria, las necesidades básicas insatisfechas, las hambrunas y el hambre, la violación de las libertades políticas y básicas, la falta de atención a las mujeres, y las amenazas al entorno.
En síntesis, el desarrollo debe permitir la expansión de las libertades reales de los individuos, las cuales dependen de las instituciones sociales y económicas. Pese a la opulencia alcanzada, el mundo contemporáneo niega libertades básicas a una gran mayoría de personas y familias, en especial en bienes, servicios y ciudadanía. Según Sen, "la libertad de participar o la oportunidad de educación y asistencia sanitaria, son los elementos constitutivos del desarrollo".
En el contexto de la reflexión de Sen, las libertades a su vez pasan a constituirse en derechos, exigiendo la presencia de tres condiciones: 1.-La legitimidad: Para que los derechos trasciendan el plano retórico (muy característico de la discusión actual) se requiere que adquieran un status real a través de los derechos sancionados por el Estado. Es decir, los derechos se adquieren por su definición en una legislación; 2.- La coherencia: La sola definición legal no es suficiente para garantizar su cumplimiento, por ello, al reconocimiento de los derechos debe corresponder la asignación de una obligación definida para una agencia ó institución específica; y 3.- La ética social: implica la consideración de aquello que define cada cultura en sus marcos valorativos, pero que si bien reconoce la particularidad cultural, parte del principio que lo ético, en su especificidad, no puede causar daño a nadie en su aplicación.
En este aspecto volvemos a Joseph E. Stiglitz, quien en una conferencia en la Universidad de Oxford, en mayo del 2003, denominada "Clarendon", sobre la puesta al día de la teoría de Keynes para el siglo XXI, dijo de manera contundente que la nueva percepción de las teorías de desarrollo se apreciaban en el marco de la brecha entre la teoría pionera sobre las asimetrías de la información y las recetas políticas para el Banco Mundial, la Casa Blanca y el FMI. Stiglitz agregaba que se ha quebrado el intríngulis de décadas de cómo proporcionar bases microeconómicas (supuestos sobre el comportamiento individual) a la visión macroeconómica de Keynes. La convención económica actual, expone Stiglitz, supone la existencia de un "agente representativo", una persona cuya conducta económica puede ser modelizada mediante ecuaciones matemáticas y luego trasladadas a millones para deducir los efectos macroeconómicos de las diferentes políticas. Esos modelos impregnan los errores de las políticas de Bush y el FMI. El problema con esa teoría es que no existe ese representante singular de la conducta económica del hombre. En realidad, accesos diferentes a la información guían la toma de decisiones económicas.
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El capitalismo que se le vendió a Occidente a comienzos del siglo XX, tenía como características: autonomía en la vida económica, descentralización de las decisiones económicas en manos de los individuos como unidades de producción y la subordinación de las decisiones económicas, principalmente las que tenían que ver con las fuerzas del mercado; la propiedad privada de los medios de producción; el ejercicio sin control de los derechos privados que darían un máximo de bienestar a la comunidad, como producto de la competencia; y la ideología política basada en la libertad individual, la democracia representativa y los derechos del individuo.
A finales de la década de los veinte, según expresa Hernando Agudelo Villa (1966), el panorama fue muy distinto: el sistema capitalista tuvo que ser redimensionado producto de su fracaso en el colapso económico de 1929. Se planteó así la tesis de Keynes, quien entendió que existía una profunda contradicción entre una alta tasa de capitalización y una desigual distribución del ingreso, pues la baja capacidad de compra de las masas impedía la adquisición de los bienes de consumo que producía la creciente maquinaria industrial.
El capitalismo del siglo XX, introdujo como premisa de su credo que era necesario un consumo en masas, si se quiere sostener la producción que impuso la revolución industrial. Tal consumo no puede existir a menos que haya una distribución en masa del poder de compra y a su vez, que se puedan crear condiciones de inversión que repercutan en la oferta de mayores empleos. Esta realidad, que se torna evidentemente materialista y económica, es un elemento directo de la esencia de una teoría del desarrollo, que edificándose en el marco local hace posible esbozar un primer acercamiento a lo que debería constituirse en teoría del nuevo desarrollo.
¿Es posible aumentar del bienestar material de las generaciones actuales de un modo compatible con la conservación de la naturaleza y del medio ambiente? Si atendemos al importante debate que sobre esta cuestión tuvo lugar en el último cuarto de siglo, podría decirse que la humanidad recorrió el largo camino que va desde el pesimismo radical de quienes, como los autores de los primeros informes del Club de Roma, veían en la detención del crecimiento económico la única manera de mejorar el grado de conservación de los activos ambientales, hasta la proyección ingenua de buenos deseos de quienes veían en el concepto de desarrollo sostenible, entendido como el tipo de crecimiento que satisface las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, la definición de una estrategia ganadora en la que los objetivos de crecimiento y conservación dejan de ser incompatibles.
Esta percepción de la realidad, en la cual la tarea es considerar todo el espectro de bienestar que sea posible para promover tendencias de desarrollo palpables e inmediatas, nos lleva, guiados por los aportes teoréticos de Giovanni E. Reyes, de la University College, Universidad de Pittsburgh, EE.UU, a enmarcar el nuevo escenario desarrollista en una interpretación sobre el desarrollo alcanzado por los países no desarrollados.
El Escenario actual tiene las siguientes características:
A) Los países latinoamericanos que relativamente han cambiado su estructura de exportación han sido Ecuador (petróleo), México (petróleo e industria), Brasil y Haití (industria). Este último ha desarrollado una industria manufacturera liviana especialmente en la línea de ensamblaje y maquiladoras;
B) Las condiciones de mayor estabilidad durante los sesenta, en términos de las condiciones internacionales, estuvieron asociadas al patrón monetario dólar-oro. Durante ese tiempo Latinoamérica experimentó un sostenido crecimiento económico;
C) Aún cuando las naciones latinoamericanas tuvieron que enfrentar alguna inflación durante los sesenta, los valores de la misma en esa época fueron significativamente menores que los niveles registrados en los ochenta;
D) Desde 1974 y debido principalmente al efecto del alza de precios del petróleo, y a los regímenes más liberales de la región en cuanto al manejo de las políticas cambiarias, los países enfrentaron mayores problemas para mantener estables sus coeficientes de crecimiento económico;
E) A fin de evitar los procesos de ajuste económico en los países sin capacidad de exportación de petróleo en la región, varias naciones se embarcaron en la generación del problema de la deuda externa, algo que llegaría a hacer crisis durante los ochenta. Por lo tanto, la década de los setenta tuvo un crecimiento económico producto de la incorporación de recursos de acreedores debido a la alta liquidez del sistema financiero internacional;
F) Durante los ochenta, las medidas de ajuste económico fueron inevitables. Estas medidas vigorizaron el papel de las exportaciones como eje de la recuperación económica que se buscaba, más que la aplicación tradicional de las políticas fiscales y monetarias;
G) El factor más evidente para la crisis, dentro de las condiciones domésticas de la región, fue la necesidad del pago de la deuda externa. Entre 1978 y 1981, Latinoamérica cosechó los beneficios de mejores términos de intercambio en el mercado internacional y de un notable y fácil acceso a recursos financieros en el sistema financiero mundial, especialmente de la banca privada;
H) Durante los ochenta, las devaluaciones de monedas que tuvieron lugar en la región fueron unas de las principales causas para que se establecieran los procesos de "importación de inflaciones" en las economías. Esta situación se basa fundamentalmente en la dependencia que la región tiene respecto a importación de insumos de otros países;
I) Los problemas con la inflación fueron particularmente importantes en los casos de Perú, Bolivia, Costa Rica, Argentina y Brasil;
J) Los procesos de ajuste económico hicieron posible reducir el déficit fiscal en 5 ó 6 puntos del PIB en la mayor parte de los países de la región. Con unas pocas excepciones, esta situación, sin embargo, no produjo totalmente los beneficios que se esperaban fundamentalmente cuando se mantuvieron condiciones adversas en la esfera de la economía internacional;
K) Una comparación entre las condiciones existentes entre la segunda parte de los años ochenta y los noventa revela importantes cambios en el ambiente macroeconómico, tales como un moderado aumento de la actividad económica, menor nivel de déficit fiscal en los gobiernos, una menor expansión de las masas monetarias, así como recuperaciones en los niveles de inversión y relativo descenso en los niveles de desempleo;
L) Más aún, las tasas reales de cambio en las monedas se elevaron menos dramáticamente que como lo hicieron durante los procesos de ajuste en los ochenta. Esto fue favorecido por nuevos flujos de recursos financieros que llegaron a la región. En muchos países que basaron sus políticas de estabilización en el uso de recursos externos, se llegó a registrar ciertas apreciaciones en las monedas, algo que ocurrió en algunos casos a mediados de los ochenta, como por ejemplo en Costa Rica y Honduras;
M) Hasta cierto punto, el grado de inequidad en términos de los mercados de trabajo menguó en la década de los noventa en sólo dos países: Colombia y Uruguay. En el resto de la región la inequidad laboral continuó siendo la misma o empeoró;
N) En todos los países el porcentaje de hogares bajo el nivel de pobreza aumentó durante los ochenta, aún cuando al principio de esta década algunos países consiguieron aliviar el problema. Pero muchas economías se estancaron, entraron en recesión o bien no crecieron lo suficiente para disminuir los niveles de pobreza. Durante los noventa, algunas naciones manifestaban al menos estabilización y alguna mejora en la superación de la pobreza, tales los casos de Chile y Uruguay;
O) Las condiciones económicas regionales jugaron un papel significativo para atraer inversiones. De 1991 a 1995, solamente Chile, Costa Rica y El Salvador mantenían niveles de inversión directa que eran cercanos o superiores a los observados en el período 1978-1981. Por el contrario, en el otro extremo, Brasil, Ecuador y Venezuela tenían niveles de inversión menores que los registrados en el período de crisis;
P) Durante los noventa y comienzos de la década del dos mil, ha sido posible observar un cambio positivo en la inversión bruta como porcentaje del PIB. Este cambio refleja y a su vez ha contribuido a la consolidación de los procesos de estabilización en varios casos. Aún cuando este indicador comenzó en niveles bajos a principios de los noventa, sus índices han tendido a mejorar a lo largo de los diez últimos años, aún con los efectos de la crisis financiera del sudesteasiático de 1997;
Q) Especialmente durante los ochenta y hasta cierto punto en los noventa, la liberalización comercial y las reformas en los mercados de trabajo llegaron a tener efecto en el aumento de los niveles de desempleo en la región. Las empresas que fueron incapaces de competir con las firmas extranjeras en los mercados nacionales, incurrieron en despidos de trabajadores a la vez que los gobiernos reducían su propio personal y muchos de los contratos, especialmente aquellos de corto plazo;
R) Respecto al salario mínimo, tanto las reformas a los mercados laborales como las transformaciones fiscales influyeron en la reducción del salario mínimo real. Esta situación agravó las condiciones sociales si se toma en cuenta que, paralelamente, se reforzaba el desempleo, el subempleo y como consecuencia se expandía la economía marginal;
S) A pesar de que los salarios mínimos reales disminuyeron durante la crisis, los mismos, en algunos casos, aumentaron conforme se alcanzó un mayor crecimiento económico, como en el caso de Chile;
T) El impacto de las reformas fiscales, la liberalización del comercio y de los mercados de capitales, además del flujo creciente de capitales foráneos, hizo posible que aumentara la riqueza de los sectores capitalistas y empresariales en particular;
U) Durante la fase de ajuste económico estructural, el sector informal de la economía ha tendido a expandirse en la medida en que más y más unidades de producción entran a las condiciones de ninguna regulación. Esta ha sido una característica básicamente observada en la marginalidad de los sectores urbanos.
Esta realidad latinoamericana nos induce a pensar que América Latina no ha podido terminar de ajustar a su realidad regional una política de desarrollo desprendida del capital del primer mundo, por lo cual vale interpretar su realidad desde una perspectiva del desarrollo que sucintamente señale las principales consideraciones desarrollistas como producto de los resultados de una búsqueda de bienestar más que de un bienestar propiamente alcanzado.
Existe en la región un alto nivel de concentración de poder económico y un sistema social de la región basado fundamentalmente en la exclusión. Aún durante la década de los sesenta, cuando la estabilidad y el crecimiento fueron más evidentes, los patrones de alta concentración de la riqueza y exclusión de beneficios operaron en el área. El sistema económico general de América Latina ha demostrado que, a fin de funcionar, concentra beneficios y excluye de oportunidades a los sectores mayoritarios de la sociedad, lo que profundiza su condición de pobreza, de marginalidad y de vulnerabilidad. Estas condiciones debilitan las instituciones de los sistemas democráticos y disminuyen la efectividad de la consecución de estados de derecho basados en legitimidad concreta, más allá de la legalidad de los sistemas jurídicos en que se amparan los gobiernos. América Latina mantiene ante sí el permanente desafío de enfrentar el desempleo y el subempleo. Muchos de los más severos problemas sociales tienen su raíz en esos componentes. El subempleo está caracterizado por la carencia que tienen las personas o grupos sociales de una actividad remunerada permanente. Este fenómeno se manifestaba en la región aún antes de la crisis de los años ochenta. La aplicación de los programas de ajuste estructural, a la vez que mejoraron en cierta forma las cifras macroeconómicas, han tendido a agravar los problemas ocupacionales. Se estima que para fines del año 2005 el desempleo en la región llegue como mínimo al 16 por ciento, mientras el subempleo alcance la redonda cifra de un 30 por ciento de la población económicamente activa.
Las políticas de ajuste económico implementadas en la región han tenido limitaciones estructurales en términos de la naturaleza de las exportaciones. Los procesos de ajuste macroeconómico favorecieron el estímulo a las exportaciones como medios para activar la economía, más allá de la aplicación tradicional de solamente políticas monetarias y fiscales. No obstante, una de las más significativas limitaciones fue la naturaleza de las exportaciones del área. Las mismas continúan basándose en los mismos productos, con poco valor agregado, y con casi inalteradas estructuras productivas en los países de la región. Esto es particularmente claro en el caso de las economías pequeñas con exportaciones basadas en productos primarios con poco procesamiento, tales los casos de América Central, Bolivia y Paraguay. América Latina como región está enfrentando, más que un fenómeno de globalización basada en la integración, un proceso de marginalización de los sistemas económicos internacionales. En 1960 la región participaba con un 8 por ciento del comercio internacional. Esa participación era de 4 por ciento en 1995. Esto refleja un proceso de globalización segregativo en la esfera económica mundial. Los sectores sociales que no logran integrarse en la nueva dinámica económica, dentro de las naciones, y los países que no logran una mejor inserción en lo internacional, son sujetos de marginalización. Las condiciones de pobreza tanto extrema como no extrema ilustran dramáticamente esta condición en América Latina.
La necesidad de estabilización implica también una mejora en las condiciones sociales y económicas de muchos sectores. Esa mejora es vital para la credibilidad y la representatividad de las instituciones sociales. Los grupos sociales que están llamados a apoyar políticamente los regímenes requieren de mejoras en las oportunidades para elevar su calidad de vida. Si esas condiciones están ausentes, los gobiernos pueden mantener la legalidad formal de los sistemas, pero pierden el apoyo social en la aplicación de muchas medidas políticas. En América Latina ha tenido lugar en los últimos veinte años una seria y rica producción teórica acerca de lo autoritario de los regímenes "democráticos", y Venezuela es un ejemplo de ello, los que fueron requeridos para ejecutar las políticas de ajuste económico. Debido a la carencia de oportunidades de mejora para los sectores mayoritarios de Latinoamérica, se ha establecido una atmósfera de inestabilidad y de inquietud social en muchas naciones del área.
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Para Roberto Jiménez (América Latina y el Mundo Desarrollado. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 1977), el problema de la falta de la ausencia de germinación de una política de desarrollo que sea consecuente con el valor humano y productivo de la región Latinoamericana, se debe al "efecto colonizador". El efecto colonizador de la inversión, es decir, su efecto alienante, por la transferencia a los extranjeros del control sobre los procesos productivos de un país, está en el meollo mismo, recalca Jiménez, de lo que los partidarios de la teoría de la dependencia han llamado nueva forma de dependencia en América Latina, o utilizando un término más descriptivo, perteneciente al economista Pedro Paz, "la desnacionalización de la industria interna". Y es que el cúmulo de intereses transnacionales ha marcado huella en el intento independiente de los países latinoamericanos para volcarse a premisas propias de desarrollo regional, limitante que se traduce en un crecimiento sostenido de la pobreza y un desgaste de los regímenes políticos vigentes.
Esta visión cruda de la realidad Latinoamericana nos centra en una interrogante urgente: ¿a quién le interesa si hay o no desarrollo en América Latina? Los habitantes de este hemisferio nos hemos vuelo indiferentes a lo que pudiese ser el aseguramiento de nuestro futuro. Aceptamos de forma indómita que hay un índice desfavorable para el bienestar y lo tomamos como garantía de que siempre seremos inferiores y que no hay manera de cambiar esta realidad. El latinoamericano se ha cimentado en el conformismo y por ende no tiene caminos alternativos ni creativos para inducir nuevas fórmulas que le permitan ver la realidad de la región de una manera más generosa con la sapiencia que en ella existe.
Esto nos lleva a otra interrogante: ¿qué futuro nos aguarda? El capitalismo salvaje, según Francisco Javier Guerrero ("Del internacionalismo proletario al turismo rojo". Revista Universo de El Búho, México, año 3, número 28, marzo 2002, pág. 11) será responsable de millones de muertes infantiles en un futuro próximo, así como el hambre y desnutrición de grandes masas en el mundo. Como de costumbre, explotará y oprimirá a innumerables hombres y mujeres. Para combatir esa peste no basta tomar conciencia, es indispensable tomar las riendas de una nueva cultura democrática, en donde lo fundamental no sea imponer un orden autoritario nacionalista, sino una auto gestión laboral, bregar por las autonomías indígenas, paliar la explotación si no es posible erradicarla totalmente, combatir la opresión en todas sus formas; incluirnos en el orden capitalista sin que este nos utilice, porque pensar en el siglo XXI bajo la premisa de un "bloque continental" anti-imperialista no sólo es descabellado, sino suicida.
Si llevamos la realidad de América Latina a una visión cuantitativa, el muestrario nos presenta, según informe de la CEPAL del año 2000, que la pobreza alcanzó en 1997 el 45 % de su población contra un 48% en 1990; es decir, al año 1997 existían 204 millones de personas, no obstante que durante los ocho primeros años de la década la incidencia de los pobres se redujo en un número importante de países y especialmente en las zonas urbanas. En los menores de 20 años se mantuvo la proporción de pobres en ese período en alrededor de 100 millones y con la crisis de los últimos años esa cantidad podría elevarse a los 117 millones.
Es decir, más de la mitad de los pobres son niños y adolescentes con las consecuentes patologías sociales como la droga y la criminalidad. En otros términos, no pueden los líderes, lo intelectuales y la sociedad latinoamericana darse por satisfechos frente a esta realidad después de años de reformas.
El proceso globalizador y la revolución tecnológica ya no produce sólo explotación sino también exclusión. Los excluidos aumentan. Se trata de aquellos que no logran trabajo por mucho tiempo y que sólo pueden sobrevivir de la caridad. No lograron ni siquiera entrar a la cola del cambio técnico; pero lo más grave aún, y allí podemos citar nuevamente como ejemplo a Venezuela, es que esa masa de excluidos está siendo alimentada por gobiernos deslegitimados para mantenerse en el poder. Y no precisamente con apertura de plazas de empleo, sino con financiamiento subsidiado por el Estado para que sirvan al Gobierno como milicia, aspecto que ha deteriorado hondamente las posibilidades de desarrollo en estos pueblos.
Ralf Dahrendorf describe esta categoría en aumento, también en los países desarrollados y que algunos denominan como "indigentes", como "aquellos que la sociedad no necesita de ellos". Agrega Dharendorf: "Si se me perdonan la crueldad de la expresión, el resto podría ( y querría) vivir sin ellos. En consecuencia, ellos no pueden ayudarse a sí mismos y muchos quieren terminar con todas las instituciones de la solidaridad. Más aún, la exclusión no abarca a aquellos que se encuentran en la base de la pirámide de la estratificación social. La cuestión es que sus miembros no pueden siquiera alcanzar a poner sus pies en el primer escalón".
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América Latina buscando hacerle frente a los problemas del subdesarrollo, que esta íntimamente relacionado a las necesidades básicas de cada uno de sus habitantes, ha unido esfuerzos desde finales de la década de los setenta para determinar un enlace favorable en las condiciones imperantes dentro del sistema Capitalista Mundial, del que forman parte todos los países latinoamericanos. A esa búsqueda de salidas se le ha llama, como se hizo referencia anteriormente, Modelos de Desarrollo. Dichos Modelos de Desarrollo han partido de la tesis de que sus propuestas constituyen reacciones del sistema frente a las situaciones de crisis, mediante los cuales se intenta lograr reacomodos para enfrentar sus dificultades en los planos económicos, políticos, sociales e ideológicos. Podemos encerrar en cuatro aspectos a través de los cuales se manifiesta la crisis dentro del mundo capitalista: 1. Disminución significativa en los niveles de empleo, tanto de materia prima, como de fuerza de trabajo; 2. Contracciones de las tasas de ganancia que pretenden lograr los empresarios; 3. Bajos niveles de productividad; y 4. Niveles profundos de deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población de los países, tales como salud, educación, vivienda, alimentación.
La búsqueda del desarrollo y el progreso económico, es el objetivo de todos los países, sobre todo en el presente siglo, para apreciar esta realidad valga la contextualización de las concepciones que nos ofrece la doctrina, acerca de lo que debemos entender por Desarrollo. Sergio Bagú, historiador argentino, manifiesta sobre el particular:"…Que es en medio de las crisis que las sociedades comienzan a mirarse críticamente a sí mismas, en su conjunto, en su contexto internacional y en su trayectoria histórica de largo plazo".
En efecto, en los momentos de crisis es cuando aparece con mayor énfasis el tema del Desarrollo, pero este tema no es posible visualizarlo sin concatenarlo con las propuestas puntuales de deberes y derechos de los ciudadanos, ante lo cual se nos presentan dos variantes teoréticas que se unen en la formulación de una teoría del desarrollo que involucra directamente al ciudadano: Desarrollo es sinónimo de crecimiento económico, a partir de la medición de ciertos indicadores económicos, que encierran el producto interno bruto PIB, el ingreso económico por habitante, el poder adquisitivo de los mismos entre otros; lo cual le da un lugar legitimo a la persona que ejerce su ciudadanía participando en los asuntos públicos de la sociedad; y el Desarrollo apreciado sobre la base de una concepción integrada que comprende además de los principales agregados económicos de productividad y crecimiento, elementos de poder político y económico, sociales, tecnológicos, sectoriales y regionales.
Otro teórico que ha estudiado con precisión el fenómeno de desarrollo en América Latina es Osvaldo Sunkel, el cual nos ofrece una definición más completa del término, al considerarlo como "un proceso de transformación de la sociedad", que se caracteriza por: La expansión de su capacidad productiva; La elevación de los promedios de productividad por trabajador y de ingreso por persona; Cambios en la estructura de clase y grupos en la organización social; y Transformaciones culturales y de valores; Modificaciones en las estructuras políticas y de poder. Claro esta, que todas estas transformaciones deben llevar a la elevación de los niveles medios de vida, lo que indica claramente que el Desarrollo está dirigido hacia las personas.
El Desarrollo de los Estados puede determinarse por medio de indicadores, los cuales consideramos necesarios para establecer modificaciones y transformaciones dentro de sus políticas económicas, encaminadas a la elevación de los niveles de vida, lo que nos indica que el desarrollo debe estar proyectado hacia las personas. Puede que esta afirmación tenga sus críticas en el ámbito académico latinoamericano, pero no hay que cerrar realidades: el Desarrollo tiene que verse, palparse; que incida sobre un colectivo que gravita entre la esperanza y la democracia. No podemos edificar teorías que compensen abstracciones, puesto que allí no estaríamos ganados a concebir un búsqueda teorética del Desarrollo, sino del desarrollismo hegemónico propuesto por los países desarrollados.
En apreciación de Giovanni Carrión Cevallos, a finales de la década de los ochenta y comienzo de los noventa, la gran mayoría de países latinoamericanos habían adoptado el modelo neoliberal, el cual se reflejaba en programas de "ajuste estructural" y de estabilización, sugeridos por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas reformas tanto económicas como políticas son las que caracterizan al modelo neoliberal: "apertura completa de las economías a los mercados y al capital internacional, recorte del gasto público y eliminación de los subsidios sociales, privatización de las empresas estatales y, en general, el establecimiento del clima más propicio para la inversión extranjera", en apreciación de Ahumada (1998).
La deuda externa es una responsabilidad compartida tanto de quienes contrataron la deuda, es decir, los gobiernos latinoamericanos, así como de quienes facilitaron los créditos, éstos últimos interesados en ubicar sus capitales en una región que por su dinamismo económico ofrecía la posibilidad de tasas de retorno importantes a sus inversiones. Esta tendencia perniciosa estuvo también presente en la década de los noventa cuando "la especulación financiera en los mercados de valores se ha convertido en el tipo de inversión de mayor rentabilidad para las grandes multinacionales: Los países del Tercer Mundo se volvieron el centro de atención de los principales mercados de capitales, por cuanto eran los que ofrecían tasas de interés más altas. Fue así como entre 1990 y 1993 los inversionistas de Estados Unidos compraron acciones en diez países asiáticos y nueve latinoamericanos por un valor neto de 127.000 millones de dólares" (Ahumada, 1998).
Keynes, en su momento, advirtió que el cáncer del capitalismo era la especulación y vaya que esa predicción no se aparta de la realidad. O si no cómo explicamos las crisis financieras de México (efecto tequila), Brasil (efecto Zamba), Argentina (efecto tango) y crisis asiática, si no por la existencia de las llamadas economías de casino o burbujas financieras en las que la velocidad del dinero supera irracionalmente la velocidad de los bienes en el circuito económico; economías sostenidas por capitales golondrinas e inversiones cortoplacistas que permanecen en un país mientras la economía les ofrece tasas elevadas de retorno; y, la segunda, que los países latinoamericanos se habían acostumbrado para esa época a vivir en forma artificial, esto es, que el gasto era superior a sus ingresos, brecha que fue cubierta con deuda externa que hoy en día constituye la peor rémora para alcanzar el desarrollo de la región y ha propiciado, por otra parte, la venta de los activos nacionales en cada uno de los países latinoamericanos.
América Latina ha cumplido, de cierta manera, con el propósito de alcanzar un CRECIMIENTO económico (aunque muy heterogéneo en la región), controlar la inflación y el manejo del déficit fiscal, no ha facilitado a Latinoamérica encontrar su DESARROLLO, esto como resultado de la desigual distribución del ingreso, los vergonzosos niveles de pobreza e indigencia y la falta de empleo que afrontamos los latinoamericanos. Esta fuerte contradicción entre crecimiento económico por una parte y desigualdad y exclusión social, por otra, rompen aquellos paradigmas, como el de la teoría de la modernización, que señala que el crecimiento nos llevará al goce de la democracia. Lo que se advierte, principalmente, a lo largo de la década con la implementación del modelo neoliberal es la existencia. Por otra parte, no podemos dejar de destacar el hecho de que las economías latinoamericanas antes de la crisis de la deuda en los ochenta, concretamente en la década de los setenta, estaban gastando más de lo que producían y que ese déficit se lo venía cubriendo con empréstitos, por lo que era lógico pensar en la necesidad de que los países entraran en un programa de "ajuste".
Osvaldo Sunkel corrobora esta percepción: "Debo insistir en que es preciso reconocer definitivamente, asumir plenamente, y por todos los sectores y actores sociales, que el paso por el purgatorio de la reforma económica es tanto inevitable como necesario… Lo que no es inevitable y necesario es una reforma económica ultraneoliberal, con sus gravísimos costos económicos y sociales" (Sunkel, 1995: 12-13).
A todo esto: ¿cuál ha sido el problema del neoliberalismo en América Latina? La respuesta es contundente: la aplicación del modelo neoliberal ha sido su inmediatez y su visión cortoplacista de las cosas. En el plano conceptual una de sus peores consecuencias ha sido que "su centro de atención casi exclusiva son los equilibrios en los diferentes mercados y en los balances macroeconómicos en el corto plazo. Todo esto es muy importante, pero implica desviar la atención de los problemas estructurales determinantes del desarrollo a mediano y largo plazo. En el fondo se suponía que esa problemática se arreglaría más o menos automáticamente con las políticas de liberalización" (Sunkel, 1989: 22).
"El supuesto implícito o incluso explícito en algunos, de que con liberar los precios, controlar el déficit del gobierno y abrir la economía, todo lo demás -la distribución del ingreso, el subempleo, el ajuste estructural externo, la acumulación, las reformas estructurales, la inserción asimétrica en la economía internacional- o sea, lo que consideramos lo central de la problemática del desarrollo vendría, por añadidura, a resolverse solo" (Sunkel, 1989:23).
La década de los ochenta fue la llamada "década perdida" mientras que la del noventa es la década de la "exclusión social", la misma que ha tenido rostro de injusticia, de pobreza, de deuda externa, de racismo, de violencia, etc., en la que los ajuste económico si bien equilibró, en algunos casos, las cuentas fiscales de los países, ha determinado, en una forma más amplia y generalizada, el desajuste social. La década del dos mil, primera del siglo XXI, tiene connotaciones de ser la "década del terror", en la cual bajo la égida del miedo se modelará la propuesta desarrollista para América Latina.
Ante esta realidad: ¿qué necesitamos para impulsar una visión de desarrollo integral para Latinoamérica? Necesitamos una sociedad con un fuerte capital social donde las relaciones de confianza, reciprocidad y compromiso cívico como lo anota Norbert Lechner, deben ser "los rasgos de la organización social que mejoren la acción colectiva" (Lechner, 2000). Lo que urge en los países latinoamericanos es la existencia de una sociedad civil robusta, responsable y articulada, promotora de discursos alternativos; pues, sin sociedad civil no hay ciudadanos con capacidad para reclamar una identidad, así como sus derechos y obligaciones dentro de un marco legal y político. Con la existencia de una sociedad civil saludable se puede romper aquello que John Keane denomina "sociedad incivil", es decir, esa sociedad que vive en la incivilidad. Sólo así podemos pensar en la existencia, aunque a largo plazo, de un sistema lo más democrático posible. De otro lado, Latinoamérica debe estar consciente que "no es suficiente hoy en día enarbolar filosofías de denuncia, hacen falta filosofías de anuncio; una filosofía matinal. En lugar de filosofías de protesta, a los latinoamericanos les hacen más falta filosofías de propuesta". Este argumento se apoya en la posición de Eduardo Galeano para quien "es desde la esperanza y no desde la nostalgia, que hay que reivindicar el modo comunitario de producción y de vida, fundado en la solidaridad y no en la codicia, la relación de identidad entre el hombre y la naturaleza y las viejas costumbres de libertad" (citado por JARAMILLO, 1995).
La caída del bloque socialista no sólo ha corroborado las dificultades internas de las economías estatalizadas, sino que además constituye para los pueblos pobres el punto final de una estrategia de liberación cuyo eje era la conquista del poder político del Estado. Esto no es, en sí mismo, ninguna confirmación de la bondad del sistema capitalista, pues los problemas estructurales de la pobreza, la desigualdad económica y la injusticia social siguen vigentes e incluso se agravan.
Los movimientos de liberación están adoptando nuevas estrategias de lucha, en las que lo local y lo global se entrelazan, al mismo tiempo que lo estatal adquiere una función más bien complementaria. La sociedad civil global, y las estrategias que en ella aparecen (como la nueva economía popular), adquieren una importancia decisiva. La perspectiva de una sociedad mundial ya existente permite que tales luchas se funden, no en apelaciones a los sentimientos solidarios o caritativos de los más poderosos, sino en la exigencia de unos derechos que les corresponden a todos. Por ello, el fin de ciertas estrategias no disminuye la radicalidad y urgencia de la lucha, sino que en realidad la aumenta. Y es que no se trata sólo de resistir al Imperio, de salirse de él, o de pasarse a un Imperio concurrente. Se trata más bien de transformar internamente al único Imperio existente, en el que estamos. Por ello lo que se ha denominado "revolución de la ciudadanía" no es más que la consideración, a título formal, de la realidad latinoamericana desde los centro primario de organización política y social, es decir los municipios. La implementación de planes de desarrollo local es una muestra de la nueva tendencia a ser impuesta en la teoría desarrollista del futuro, porque eso sí tiene que quedar claro: se mantiene la idea de una teoría del desarrollo.
Esos lineamientos desarrollistas en el ámbito local tienen que estar elaborados en función al marco jurídico y presupuestario de cada localidad, preferiblemente obedeciendo a planes nacionales de inversión, los cuales al ir materializándose den forma a una macro teoría desarrollista.
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En un contexto general la presencia de las teorías de desarrollo en América Latina tiene concomitancia con la teoría de la Participación Ciudadana. Antes que nada porque las teorías de desarrollo modelan el sentido organizacional del aparato Estado, induciéndolo a tomar mecanismos alternativos que acerquen el consenso colectivo a los proyectos o propuestas de desarrollo. Uno de estos mecanismos alternativos es la Participación Ciudadana a través de los diversos canales de manifestación social en que se han venido presentando en el marco normativo e institucional del estado en los países latinoamericanos.
Acerca de estos canales de Participación Ciudadana se ahonda en el escrito titulado "El Fortalecimiento de los canales de participación ciudadana frente a los retos de la desigualdad social", cuyo autor es Félix Bombarolo, consultor en la Organización Poleas de Buenos Aires (Políticas Públicas, inclusión social y ciudadanía, compilador Klaus Bodemer, editor, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 2003, págs. 257-282.). El enfoque de Bombarolo esta realizado sobre países de América Latina que se han volcado normativa e institucionalmente a impulsar la Participación Ciudadana.
Bombarolo presenta en una primera aproximación una visión general de las causas que llevaron a la América Latina a volcarse hacia un modelo participativo y de inclusión de los ciudadanos en la ejecutoria de leyes y asuntos atinentes al Estado. Estas consecuencias iniciales el autor las clasifica en seis causales directas: La Presión Continua a la que ha estado expuesta Latinoamérica después de la Segunda Guerra Mundial; el debilitamiento de las Economías Nacionales; la necesidad por parte de los Inversionistas Extranjeros de propiciar mejores condiciones jurídicas a sus concesiones y contratos; la aceleración del desmejoramiento de la trama social; las presiones del Bloque de países desarrollados de Occidente por motorizar a través del Fondo Monetario Internacional las políticas económicas y sociales de los pueblos latinoamericanos por la vía de recetas; y el evidente cierre de los canales de Participación Ciudadana que han propiciado una acción directa de rebeldía y violencia en la búsqueda de respuestas institucionales que le den espacio en la toma de decisiones políticas al emisor de la voluntad de Gobierno, es decir, al pueblo.
Esta situación ha dado como respuesta una revisión del Estado en América Latina, siendo Colombia en 1991, la que primero daría el paso propiciando una Ley Suprema que resguardara la Participación de los ciudadanos en los asuntos de índole público del Estado; le siguieron Perú en 1993, Argentina y República Dominicana en 1994, Nicaragua en 1995, Costa Rica en 1997, Ecuador en 1998 y Venezuela en 1999. Esta primera apertura es denominada Espacios de Participación Instituidos en la legislación vigente.
Las nuevas legislaciones latinoamericanas se han caracterizado por: Inclusión de Mecanismos para acrecentar la injerencia ciudadana en los Asuntos Públicos; Reorientación del Sistema Político Institucional; y transformación de la vigente y débil Democracia representativa en una versión de participativa.
Bombarolo le da importancia igualmente a la figura del proceso de descentralización en los pueblos latinoamericanos, como una vía de creación de vínculos directos con el Estado por el camino de una política nacional pre-establecida. Y una de las bases que ese proceso ofertaba a la política nacional era precisamente la Participación Ciudadana.
El Ciudadano es un individuo perteneciente a la sociedad política o a un Estado determinado, al que debe lealtad y al que puede exigirle a cambio protección y bienestar. Esta definición es rígida, por lo cual vale entender que el ciudadano es aquel que se encuentra involucrado con un Sistema Social y Político, el cual le exige cumplir con los deberes.
Cuando se habla de participación ciudadana, expresa Bombarolo, se hace alusión a organizar a los ciudadanos para que participen en la acción de Gobierno encaminada a su beneficio. Las asociaciones de vecinos, los grupos ambientalistas, los gremios profesionales, entre otros; son el ejemplo de organizaciones ciudadanas que han de coordinarse conjuntamente con el Gobierno para dar acción y seguimiento a políticas nacionales de Estado.
En otro orden de ideas, Bombarolo expresa que el otro nudo de nuevos canales de Participación Ciudadana lo dan los Espacios de la Participación en la definición, ejecución y control de las políticas públicas. Redefiniéndose en carácter estratégico de los Planes de Gobierno, las Políticas y los Programas Sectoriales. Esta redefinición se inicia por darle un sentido técnico y concreto a los Planes de Gobierno, especialmente a los de índole local; estos planes son asumidos bajo el marco metodológico de la Planificación Estratégica. Así mismo, las políticas y Programas Sociales, ya no sólo son apreciados como instrumentos de impacto para el colectivo, sino como cisiones y métodos que paulatinamente irán transformando buena parte de la acción del Estado en muchas de sus áreas.
Para propiciar un mecanismo más fluido y menos burocrático en lo concerniente a las políticas y Programas Sociales, Bombarolo expresa que se aprecian tres estrategias muy de la localidad para generar nuevos espacios participativos: los consejos consultivos, los planes estratégicos locales y los programas de formación para la participación ciudadana.
En el ámbito de la Participación Ciudadana el modelo de desarrollo ha de ir enfocado hacia adentro, muy en concordancia con postulados de la Escuela Cepalina de los cincuenta, sesenta y parte de los setenta, la cual centró su énfasis en el tema de las supuestas ventajas que una "industrialización acelerada" (y por ende, forzada) sobre la base de reducir importaciones, sustituyendo comercio exterior por actividades locales, iba a tener en fases sucesivas tasa de crecimiento nacional, creación de empleos productivos y distribución factorial de los ingresos.
Hacia la década de los setenta (u ochenta, a más tardar), ya eran decenas los países que se tensionaban con formas insospechadas de desequilibrios macroeconómicos y sectoriales, producto del fracaso de la mencionada estrategia de "industrialización forzada y hacia adentro". El estancamiento, las crisis de balanza de pagos, el conflicto social, y el retraso en las organizaciones de producción, terminaron creando pocos y malos empleos.
La otra gran "cara" del desarrollo económico-social, estuvo más bien enfocada en la macro temática político-redistributiva. Nos referimos a los grandes experimentos de Juan e Isabel Perón en la Argentina, de un Velasco Alvarado en Perú, de Joao Goulart en Brasil, del General Torrijos en Panamá, y tantos otros países del Caribe. Podríamos, a riesgo de caer en una fuerte simplificación de los asuntos históricos efectivos, caracterizar estas experiencias como las de "los planificadores sociales" que imbuídos por políticos y economistas con fortísimo approach sociológico para mirar el mundo, intentando toda clase de políticas públicas que rompieran los "monopolios del poder", y masificaran en cortos tiempos, el acceso a puntos neurálgicos básicos, del esquema económico (tierras agrícolas; hospitales públicos; empleos fiscales; industrias de primera necesidad, entre otros), a las clases medias y al mundo obrero (proletariado) de ciudades y regiones enteras. El enfoque fue el de enfatizar la equidad social; la redistribución acelerada de los frutos del crecimiento; el status y las oportunidades políticas efectivas del mundo sindical y popular organizado por vía del sistema partidista.
En una palabra, los elementos que han influido en la compleja Latino América de la segunda mitad de siglo XX, mostraron superposiciones y tensiones entre el tema del crecimiento económico per se, las estrategias de generación de empleos, la redistribución, la equidad social, y los resultados político-institucionales. Hay allí toda una gama de factores que debemos confrontar y analizar, para intentar acercar nuestra propia conceptualización del proceso de Desarrollo. En consecuencia, e intentando sintetizar esta primera aproximación al concepto de Desarrollo en su relación con la Participación Ciudadana, se hace necesaria una visión humanista que contenga dinamismo, perspectiva y equilibrio, al tratar tratar el término.
Dinamismo, porque el tema del Crecimiento Económico (su aceleración, su desaceleración, su estancamiento, sus ciclos) constituye una característica central del tema del Desarrollo. El Crecimiento Económico constituye una condición necesaria (aunque no suficiente) para los logros del Desarrollo. Por su propia naturaleza, el factor de Crecimiento envuelve un elemento dinámico (cambiante en el tiempo). Segundo, que envuelva una Perspectiva, en el sentido de una Visión del país generada por sus ciudadanos a través del sistema político. No puede hablarse del desarrollo de un pueblo, sin inscribir ese proceso dentro de una visión histórico-cultural.
No sería necesariamente lo mismo el concepto socio-cultural de Desarrollo visto hoy día desde la ciudad de Miami, que visto desde Sao Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Kuala Lumpur (Malasia), o Concepción (Chile). Hay factores históricos, de costumbres, de tradiciones, de valores culturales diversos (valorables en su diversidad), de trayectorias étnicas y de lenguajes, que hacen diferencias para cada una de las comunidades locales y nacionales aludidas.
En resumen, el Desarrollo en su relación con la Participación Ciudadana, se ha de concebir en este primer acercamiento, como un proceso dinámico, inscrito en una visión cultural de país, donde se persigue un equilibrio virtuoso entre las necesidades humanas y la plusvalía producto de los negocios económicos internacionales. ¿Qué se persigue en el proceso?. Se persigue igualar las oportunidades, avanzar en la base productiva, y abrir todos los espacios necesarios para la felicidad individual y colectiva.
La visión teorética de Nuria Cunill Grau, es bastante puntual al respecto, destacando "…la primacía de la política en la conducción de los asuntos públicos y la recuperación del papel de la sociedad en su definición y gestión, imponen la necesidad de recuperar el triangulo de poder concernido al respecto: los representantes electos, la administración pública y los propios ciudadanos. La reforma administrativa debería poder fortalecer a la segunda e, indirectamente, a los primeros, apuntando a su democratización y estimulando su orientación de servicio a la ciudadanía. La participación ciudadana, por su parte, debería proporcionar una voz directa a los últimos". (CURILL GRAU, 1997: 307)
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En los últimos 50 años, el mundo latinoamericano sufrió grandes transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales; originadas, en buena parte, por la aplicación de los modelos de desarrollo de industrialización sustitutiva y el neoliberal. A continuación presentamos, de forma resumida, la manera cómo se presentan cada uno de estos dos modelos, el papel del estado en el desarrollo de cada modelo y los efectos que sobre él tuvieron y han tenido en términos de la producción, los recursos naturales, pobreza, ingresos, entre otros aspectos.
A partir de 1950 y hasta mediados de los setenta, en los países de América Latina se aplicó el modelo de industrialización sustitutiva, en el cual la idea de progreso descansaba en el desarrollo del sector industrial, al considerarlo como el sector líder del desarrollo, pues se asumía que era el más productivo y tenía mayores posibilidades de generación de empleo para absorber la sobre-población rural, con miras a un mejoramiento de sus condiciones de vida. Este modelo de desarrollo ponía especial énfasis en los procesos de urbanización y de modernización técnica para el mejoramiento de los índices de producción y productividad.
En este modelo de industrialización, el estado necesitaba un sector agrícola dinámico que produjera una mayor oferta de alimentos y materias primas para suplir la demanda interna. Así mismo, se esperaba que generara capital y divisas o que al menos permitiera ahorrar estas últimas.
Esto condujo al desarrollo de varios problemas, entre otros:
· Se perdió la claridad de las acciones que le correspondía asumir al estado;
· El sector privado se mantuvo con un bajo perfil;
· Hubo fuerte Inhibición de formación de mercados, tanto de recursos como de bienes;
· Se privilegió el abastecimiento del mercado interno; y
· Sólo se desarrollaron los mercados externos de productos tropicales y de algunos commodities como granos y carnes.
Por otro lado se tiene el modelo liberal, cuya aplicación se hace en diferentes momentos y de manera diversa en los distintos países de América Latina, aunque las medidas y la motivación para su implementación, en general, fueron las mismas. La apertura comercial se empieza a hacer en algunos países a finales de la década de los setenta, pero se generaliza en los ochenta para toda la región. A mediados o finales de la década de los ochenta, los primeros ya se encuentran en una situación de alta o media liberalización comercial. Por su parte, otros países inician más tarde este proceso, haciéndolo de manera muy rápida en los noventa.
Las tendencias se orientan a que el estado no determine directamente las variables macroeconómicas ni sectoriales, sino que deje operar los mercados de recursos y bienes. Se espera que las tasas de interés, la tasa de cambio y los salarios sean determinados por el mercado respectivo.
De manera especial, el estado deja de jugar un papel activo en la producción y comercialización y se busca un proceso amplio de privatización de la economía, que se advierte en la venta de agroindustrias y agro comercios públicos en los países donde existían.
Todos los aspectos anteriormente mencionados, no solo se han mantenido, sino también se han agudizado y consolidado en la última década. Vale la pena resaltar algunos procesos que han sido el origen de muchas de las grandes crisis que están viviendo algunos de los países del continente, en la actualidad:
· La disminución del tamaño del estado, entendida como la reducción de las entidades públicas, de manera especial, las que prestaban servicios al sector rural;
· Los procesos acelerados de descentralización político – administrativa, dándole un aparente papel protagónico a los municipios, sin garantizar su estabilidad económica, ni la creación de las bases de Sostenibilidad financiera;
· La privatización de los servicios públicos y la libre concurrencia para el desarrollo de la infraestructura básica;
· El debilitamiento de las organizaciones sociales, en general, y las del sector rural, en particular. Esto es contradictorio con un amplio desarrollo de leyes y normas de participación ciudadana;
· Resquebrajamiento de las democracias y de la gobernabilidad en casi todos los países de la región; y
· Nadie ha llenado el vacío dejado por el retiro del estado para el cumplimiento de las funciones en investigación, crédito, asistencia técnica, entre otros.
Para apreciar en el contexto real la relación entre los fundamentos o principios de la Participación Ciudadana y los Modelos de Desarrollo que han influido en la conformación del estado latinoamericano los últimos cincuenta años, se hace necesario ubicar bajo qué perfil tiene cabida esa Participación Ciudadana en las decisiones que como Estado se toman en el marco de los modelos antes señalados. Se aclara que esa conexión es producto de la interpretación de los escenarios que han presentado en América Latina y los cuales muestran, sin lugar a dudas, la ausencia de condiciones ideales para que se desenvuelva y fortifique la Participación Ciudadana, ante lo cual es válido afirmar lo difícil de ver con factibilidad un Gobierno que asuma como bandera los elementos de ciudadanía que acerquen al colectivo a la toma de decisiones, siempre va a existir, mientras prevalezcan estos modelos de desarrollo, obstáculos técnicos y de información que harán cada vez más "cuesta arriba" una sociedad involucrada con sus políticas públicas y con las decisiones de sus gobernantes.
En el caso de Venezuela, estamos ante la presencia de un Sistema Político adherido al modelo neoliberal, quizás con mayor lazos comunicantes que otros gobiernos del hemisferio, y esto en razón de que se han cerrado las brechas para una sustitución de las importaciones, así como se ha disminuido superlativamente la capacidad de inversión en la industria, quedando un parque industrial en el país deteriorado, desactualizado e improductivo.
En conjunto, se puede afirmar que, desde hace cuarenta años en América Latina, la teoría económica del desarrollo viene movilizando, a la medida de sus necesidades de demostraciones y prescripciones sucesivas, otras tantas categorías del Estado en desarrollo. Categorías cuya función política, paradójicamente, no es neutra puesto que todos han contribuido a determinar los comportamientos de las minorías y a dar forma a las "políticas de desarrollo" de varios decenios. De todas formas, se puede destacar una cierta evolución de la condición del Estado en la teoría económica del desarrollo. El Estado desarrollador en los decenios de 1950 y 60, después el del Estado fantoche en el de 1970, fueron el producto de un economicismo teoricista que incorporaba el "factor estatal" de una forma bastante impensada por sí misma. Con la concepción del "gobierno" transmitida por el Banco Mundial, el paradigma neoclásico desemboca quizá por primera vez, extendiendo la teoría del desarrollo, en la cuestión del Estado. Sin embargo, el análisis estructurado esencialmente en torno a un discurso normativo que moviliza la figura de un Estado liberal-democrático que no existe en esta forma típica ideal en ninguna democracia de mundo. Al igual que los paradigmas precedentes de la teoría del desarrollo, tampoco el paradigma neoclásico escapa, pese a todo, al recurso a un Estado moderno, construido a la medida de las necesidades de su gente, es promover cambios en el modelo de desarrollo asumido para dar mayor participación al colectivo, puesto que si bien es un riesgo para el Estado, en virtud de que se verá asediado por los miembros de la sociedad civil organizada, no es menos cierto que garantiza la transparencia del acto de Gobernar y permite ciertos márgenes de tolerancia conque un gobierno "no transparente" no podría contar.
Bien lo expresa Rafael Merchán, en su artículo "Participación Ciudadana" (Revista Perspectiva, Bogotá, Nº 2, 2002, págs. 44-47), la participación ciudadana es un valor agregado para el Estado, puesto que "…cada uno de los individuos y comunidades que participen en los procesos de toma de decisión, van a estar concentrados en defender sus intereses particulares y por ende va a ser supremamente difícil la construcción de una racionalidad colectiva que se sobreponga a la racionalidad individual. Si las demandas son amplias y los bienes que se van a repartir son escasos, la única forma de que la decisión sea lo suficientemente legítima y racional es que ésta obedezca a un criterio colectivo que, al menos parcialmente, trascienda las visiones, expectativas y necesidades estrictamente particulares".
CUADRO DESCRIPTIVO-COMPARATIVO
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El Desarrollo Rural en el actual marco de la globalización. 24 – 26 de Octubre de 2002. Rioja Alavesa. España.
**.- Rafael Merchán le da la connotación a estos principios de: Relevancia, el involucrar a la discusión política nacional temas que toquen las necesidades inmediatas del colectivo; Transparencia, que la autoridad explique cuál va a ser el impacto de la participación ciudadana en las políticas públicas; Integralidad, que se involucre a todos los sectores en las etapas de la formulación, ejecución y vigilancia de las políticas públicas; Continuidad, hacer de la participación ciudadana un compromiso de formación continua, en el cual la institucionalidad oriente y brinde nuevos espacios al colectivo; Progresividad, que las cuotas de participación ciudadana sean abiertas en rigor a los alcances de cada sector y no de manera abrupta, porque ello desencadenaría trastornos significativos en el sistema; Universalización, involucrar a la mayor cantidad posible de participantes; y Concientización, mostrar y hacer comprender al colectivo que la participación es útil para motorizar el aparato productivo de un país.
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Por:
Ramón E. Azócar A.
Politólogo, Msc. Administración; Candidato a Doctor en Estudios del Desarrollo por el CENDES-UCV; docente e investigador universitario.